El diputado Carlos Rejala recordó que la primera denuncia de corrupción se dio en abril del 2020, en el inicio de la era de pandemia que golpeó al país y al mundo. El parlamentario manifestó en sus redes sociales que hace un año atrás se destapaba la olla del mayor caso reciente de corrupción, y que fuera denunciado después por un grupo de diputados.
“Un día como hoy, pero del año 2020, destapábamos la olla del mayor caso de corrupción de los últimos años en nuestro país. La famosa compra de insumos chinos, tapabocas sobrefacturados, en plena pandemia. ¿Dónde están los delincuentes de ese hecho hoy?”, cuestionó Rejala.
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Un grupo de legisladores de la oposición de la Cámara Baja emprendió la denuncia de licitaciones de compras de insumos y medicamentos que se realizaron en el marco de la Ley de Emergencia Sanitaria con el COVID-19. Este grupo de parlamentarios opositores promovió las investigaciones que terminaron con la cancelación de los procesos licitatorios para la compra de insumos de Salud Pública.
El grupo de diputados, la multibancada, integrada por Sebastián Villarejo, Sebastián García y Rocío Vallejo del Partido Patria Querida (PPQ); Carlos Rejala, independiente, y Tito Ibarrola, del Partido Hagamos, además de Kattya González y Norma Camacho del Partido Encuentro Nacional (PEN); presentaron las primeras denuncias contra el extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar Melgarejo, y de Petróleos Paraguayos (Petropar), Patricia Samudio.
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Un par de meses después, los legisladores realizaron la ampliación de la denuncia ante la Fiscalía contra el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) sobre la adquisición “fraudulenta” de los insumos chinos en pleno conflicto sanitario por el COVID-19.
Estas licitaciones públicas para el combate al COVID-19 realizadas en el 2020, tuvo como protagonistas a las empresas privadas Insumos Médicos SA (Imedic) y Eurotec. El cargamento proveniente de la China a cargo de la empresa Insumos Médicos SA, que se rechazó contenía 40.000 mascarillas, 30.000 protectores oculares, 6 millones de máscaras quirúrgicas, mamelucos, trajes protectores, entre otros. Todos fueron adquiridos por el Estado por la suma de US$ 14 millones a través de las firmas Imedic SA y Eurotec SA, ambas vinculadas al empresario Julio Ferreira, que se encuentra imputado y procesado.