La Comisión Transitoria para Investigación de Lavado de Activos y Delitos Contra el Patrimonio, presidida por el senador liberal Dionisio Amarilla, entregó este lunes a la Presidencia de la Cámara Alta su informe final.

“Hemos cumplido con la misión. Nosotros habíamos trazado los ejes de investigación, el primero guardaba relación con el financiamiento político, la Justicia Electoral había accedido a datos sobre fondos que fueron a los partidos y candidatos políticos desde las oenegés. La otra guardaba relación con el lavado de activos a través del tráfico de armas y el sistema financiero. Con esto confirmamos que el Congreso tiene un rol relevante en efectuar la tarea de control“, comentó Amarilla en una entrevista con los medios de comunicación.

Agregó que el informe final también emite una serie de recomendaciones para diversas instituciones como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Contraloría General de la República (CGR), la Fiscalía entre otros. “Son recomendaciones de mejoras de gestión, no está en nuestro ánimo interferir en los trabajos que hacen estas instituciones que tienen su carta orgánica, autoridades, lógica y dinámica de acción, pero hay cuestiones que se pueden mejorar”, dijo.

Entre los puntos más resaltantes discutidos fue la necesidad de establecer un control riguroso sobre los fondos manejados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), tanto los recibidos del interior como del exterior, teniendo en cuenta las sospechas de que los recursos terminaron siendo utilizados para costear campañas políticas.

Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.

Durante su vigencia, la comisión también se interiorizó sobre el contrato de fideicomiso firmado entre la previsional y el Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo por valor de G. 828.000 millones, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser utilizada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

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Mediante una consultoría externa impulsada por la actual administración del IPS se detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

Entre los grandes temas que fueron indagados por la comisión se encuentran las denuncias impulsadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que pudieran afectar a bancos y financieras por posibles hechos punibles de lavado de activos. Respecto a este caso, también estuvo en la mira la citada entidad bancaria.

Esto teniendo en cuenta la existencia de causas judiciales abiertas por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas y al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.

El Banco Atlas acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lavado de activos entre otros delitos. Desde la Conmebol refieren que la entidad bancaria no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.

También el bloque bicameral se interiorizó sobre el intento de despojo de la estancia Cielo Azul, por parte del Grupo Zuccolillo. La propiedad perteneciente al narco brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, se encuentra localizada en el distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción, cuenta con 5.945 hectáreas y está valuada en USD 18 millones.

También fue objeto de estudio el caso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. El dirigente político de Amambay, sindicado de mantener vínculos con el narcotráfico había asegurado que aportó USD 1 millón para costear la campaña política del movimiento Fuerza Repu­blicana, del exmandatario Mario Abdo Benítez.

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El expresidente de la República, Federico Franco, se refirió sobre la situación del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), rumbo a las elecciones municipales del 2026 y las presidenciales del 2028. El dirigente político lamentó que la nucleación opositora aún no haya logrado apaciguar las disputas entre los movimientos internos.

“Ojalá que el PLRA se presente con candidato propio para el 2028 y con posibilidades de ganar buscando la alternancia, pero está en un periodo de crisis, el que no reconoce y no acepta esto sencillamente no vive la realidad del momento, está en el termo", dijo el exvicepresidente de Fernando Lugo y exmandatario, a la 1330 AM.

Las afirmaciones de Franco surgieron tras cumplirse, el pasado 10 de julio, 138 años de fundación de la agrupación. Una vez más, el PLRA festejó dividido su aniversario, en medio de denuncias por presuntas deudas, falta de transparencia en el uso de los recursos partidarios y acusaciones de corrupción.

“Hay una crisis dirigencial muy importante, gente que confundió el partido con una financiera y en donde encontró soluciones para sus problemas económicos”, lamentó Franco.

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Asimismo, Franco instó a sus correligionarios a ejercer el rol de opositores, recordando que esa fue la decisión de la voluntad popular expresada en las urnas en los comicios generales de abril de 2023.

“Nosotros tenemos que entender que este es el momento de buscar la máxima unidad posible dentro del disenso y, al mismo tiempo, entender que somos oposición. Los votos que obtuvimos nos dio la credencial para actuar como opositores, contralores y no asumir posturas genuflexas", refirió.

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El senador Dionisio Amarilla instó a sus correligionarios a abandonar la “mezquindad” política y abrir un diálogo con el Gobierno y el Partido Colorado, con la finalidad de construir consensos en base a una agenda país. El requerimiento surge en la víspera de los 138 años de fundación del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que se celebrará mañana jueves 10 de julio.

“El PLRA debe instalar el diálogo con el partido que está en función de gobierno de manera coyuntural, construir consensos, mirando hacia el futuro y enarbolando en primer lugar la bandera paraguaya, después los intereses mezquinos que llevaron a nuestro partido a la banca rota”, dijo.

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El legislador acotó: “El tiempo se ocupará de aquellos que han tenido actitudes miserables, que removieron de espacios simbólicos a las personas que dieron mucho por el partido por el solo hecho de pedir transparencia al interior del partido. Si revisamos bien las finanzas del PLRA encontraremos que siguen las demandas”.

Las afirmaciones de Amarilla surgieron tras ratificar su intención de pujar por la presidencia de la nucleación política. “Voy a buscar reorganizar al partido, bajar las líneas de acción”, manifestó durante su intervención en la sesión ordinaria de la Cámara Alta.

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El director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Christian Ruiz Díaz, informó que la próxima semana se iniciará la verificación de las máquinas de votación de las tres empresas que se presentaron en la licitación pública para la adquisición de las 28.000 máquinas. Este proceso se reanuda con el levantamiento de una medida cautelar, por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de una firma que no cumplía con los requisitos.

“A partir de ahora tenemos en frente el proceso de verificación técnica de las máquinas de votación. Hay que recordar que cada una de las tres empresas que están en carrera hoy día presentaron cinco muestras de las máquinas que están ofreciendo. Entonces, el equipo técnico de la Justicia Electoral, a pedido del Comité de Evaluación, va a proceder a partir de la próxima semana a la verificación técnica de cada una de estas máquinas”, refirió Ruiz Díaz en conversación con la 1020 AM.

El proceso de verificación consiste en las pruebas de votación, de resistencia de batería, pruebas de calor, prueba del lector, de impresora, las máquinas serán desarmadas para revisión, un trabajo intenso que dura alrededor de 12 horas para cada máquina, por lo que se estima que esta etapa tendrá una duración de tres semanas, aproximadamente.

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Posterior a la verificación técnica se debe realizar la apertura de los sobres económicos entregados por las empresas. Luego, el grupo evaluador emite un informe al Comité de Evaluación, que realiza el análisis en conjunto de la parte documental con el resultado de las pruebas técnicas, y emite una recomendación al Tribunal Superior de Justicia Electoral, de la cual ”puede resultar que pasen las tres empresas o que alguna de ellas quede por el camino”, de acuerdo a las explicaciones del alto funcionario electoral.

A partir de ahí, el Tribunal Superior emite su resolución para adjudicar a una de las empresas, lo que se estima ya se estaría cerrando el proceso de licitación para finales de este año. Estas máquinas ya serán utilizadas en las elecciones internas partidarias, previo a las elecciones municipales del 2026.

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