El senador Dionisio Amarilla realizó una evaluación de lo que ha sido esta campaña electoral de cara a las Municipales 2026 y sostuvo que estos comicios permitirán medir la capacidad de organización y presencia territorial del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), pero que los resultados no deben evaluarse únicamente por la cantidad de intendencias obtenidas, sino que por la capacidad de que se respeten los acuerdos alcanzados durante todo el proceso electoral.

En una entrevista concedida para La Nación/Nación Media, sostuvo que la confianza será determinante para avanzar en futuros proyectos políticos comunes. Para el legislador, los compromisos asumidos no deben limitarse al día de las elecciones. Afirmó que, después del 4 de octubre, la oposición deberá evaluar los resultados y discutir sus próximos desafíos.

Indicó que el PLRA puede consolidar el trabajo que han venido haciendo los candidatos y dirigentes en todo el país. Resaltó que el partido tiene una presencia territorial importante y debe traducirse en resultados concretos en las intendencias y juntas municipales.

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“Un resultado importante no se mide solamente por la cantidad de intendencias que podamos conquistar, sino también por la capacidad de fortalecer a nuestros concejales, recuperar espacios y demostrar que el liberalismo sigue teniendo una estructura política y territorial vigente. Después de las elecciones internas, nosotros asumimos el compromiso de acompañar a los candidatos y eso es lo que estamos haciendo”, remarcó.

El senador Amarilla, mencionó que las internas pasadas dejaron un nuevo escenario dentro del partido. Hubo diferencias y cuestionamientos que son de público conocimiento, pero una vez terminada esa etapa, el desafío era no trasladar esas diferencias a las elecciones municipales.

“Tenemos que entender que la elección interna terminó y que ahora debemos concentrarnos en fortalecer al PLRA. También considero que esta elección nos va a permitir evaluar qué tan organizada está nuestra estructura y qué debemos corregir de cara a los próximos desafíos electorales”, precisó.

Por otra parte, el legislador liberal señaló que los acuerdos pueden ser una herramienta importante cuando se construyen sobre la base de compromisos claros y del respeto entre las partes. “Hay experiencias en distintos municipios donde sectores de la oposición entendieron que era necesario dejar de lado las diferencias para construir candidaturas comunes”, resaltó.

Amarilla destacó la construcción de acuerdos entre sectores opositores como una herramienta para competir electoralmente en distintos municipios. Puso como ejemplo, el caso de Mbuyapey, donde tres sectores liberales pudieron alcanzar un consenso y presentar una candidatura única.

“La coordinación no significa que cada partido tenga que perder su identidad. Significa entender que existen objetivos comunes y que, cuando se establecen reglas claras, se puede trabajar juntos”, acotó.

Por ello, remarcó que es fundamental que estos acuerdos alcanzados traspasen el día de las elecciones. “La palabra empeñada en política tiene valor. Si construimos acuerdos y después de obtener un resultado electoral una de las partes pretende desconocer lo pactado, se destruye la confianza y se vuelve mucho más difícil construir cualquier proyecto colectivo”, enfatizó.

El legislador insistió en que los acuerdos deben ser respetados. “La oposición necesita demostrar que puede construir confianza, cumplir compromisos y trabajar con responsabilidad. Y esto no termina el 4 de octubre. Después de las municipales vamos a tener que sentarnos a evaluar lo ocurrido, reconocer los resultados y comenzar a discutir los próximos desafíos nacionales”, remarcó.

El senador Amarilla realizó además una mirada más allá de los comicios, y remarcó la importancia de recuperar el protagonismo de la principal fuerza de la oposición, así como fortalecer su estructura política, financiera y electoral, para acompañar a los dirigentes y formar nuevos liderazgos.

“El PLRA tiene que volver a organizarse desde sus bases, recuperar la participación de su dirigencia y, fundamentalmente, volver a discutir los grandes temas nacionales. El partido debe recuperar protagonismo y tener una posición clara sobre cuestiones que interesan al país. También necesitamos fortalecer nuestra estructura política, financiera y electoral, acompañar a nuestros dirigentes y formar nuevos liderazgos”, remarcó.

Finalmente, remarcó que la oposición necesita un PLRA fuerte, organizado y con identidad propia. “A la vez, el partido debe tener la capacidad de dialogar y construir acuerdos con otros sectores cuando existan objetivos comunes. De cara al 2028, la discusión debe ser seria, institucional y basada en propuestas, no simplemente en acuerdos circunstanciales”, concluyó.

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“Creo que, una vez más, Abc Color penosamente se extralimita en su distorsión de las informaciones”, dijo este jueves el senador liberal Dionisio Amarilla, tras rechazar las publicaciones del medio de comunicación que califica como un “apriete político” un proyecto de declaración aprobado por la plenaria del Senado que guarda relación con el caso Atlas-Conmebol.

La iniciativa manifiesta preocupación por la demora de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en resolver una recusación en la causa judicial vinculada a hechos punibles de lavado de activos que salpica al titular del Banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, junto a otros cinco directivos de la entidad bancaria, además de tres acusados vinculados con el fallecido exdirigente deportivo Nicolás Leoz (1928-2019).

“Todo el santo día se pregona que necesitamos una justicia pronta y barata, entonces si hay un expediente que guarda relación con lavado de activos, que afecta a un banco del sistema, todo el mundo pide informes de aquí para allá. No sé por qué tanto escándalo por una mera declaración cuando en verdad hay varios antecedentes donde el Senado no solo ha pedido remoción de jueces, renuncia de ministros de la Corte”, refirió el legislador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Agregó que “no hubo absolutamente nada fuera de lugar, todos los colegas votaron en la misma línea y veo que en una sección del medio ya le califica a unos de sus mejores cortesanos, Eduardo Nakayama, de saltimbanqui. Están nerviosos los Zuccolillo”. Amarilla indicó que seguirá dando seguimiento a la causa en espera de que sea destrabada y que “estos personajes sean procesados como cualquier mortal; viven la vida de jeques árabes en el Paraguay”.

El legislador señaló que “si hay un grupo acostumbrado al apriete es el grupo Zuccolillo, cuántos periodistas estuvieron siempre ahí gestionando sentencias y entre otras cosas raras. Yo tengo clara la película, deben dejar de hablar de moral, son unos falsos, de qué apriete van a hablar, si yo presenté el proyecto por escrito, lo expliqué, que se les haya desatendido sus propios cortesanos porque seguro no liberaron algunos pesitos para oxigenar la semana es problema de ellos, no mío”.

La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo. De acuerdo con el acta de impu­tación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dóla­res, guaraníes y firmó contra­tos de fideicomisos, por valores de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los con­tratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.

En la denun­cia impulsada por la Conmebol se mencionan publicacio­nes periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relaciona­dos con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.

Además de Zaldívar en la causa también se encuentran imputados Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.

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Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.

“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, aseguró el texto. “Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, añadió.

“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado”, advirtió el comunicado. El gobierno conservador boliviano vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente.

Colombia acaba de elegir a un presidente, Abelardo de la Espriella, que se presenta a su vez como aliado de Trump, tras una reñida campaña electoral y acusaciones contra la oposición de izquierda de haber intentado impedirle llegar al poder. Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora tras otra reñida campaña.

Esos cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de países de la región. Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar “medidas colectivas”, con una primera batería de sanciones contra 24 grupos criminales.

El fiscal general boliviano, Roger Mariaca, asumió su cargo a finales de 2024 tras ser nombrado por la asamblea legislativa anterior. Durante su postulación a fiscal general fue cuestionado por el retraso de varios casos judiciales cuando era fiscal de Santa Cruz, entre ellos el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas de Bolivia”, explicó el comunicado. Mariaca aseguró en una declaración a la prensa el lunes que la decisión es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones. “No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando (...) sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”, dijo.

También son sancionados en Bolivia el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero y Martín Irusta, fiscal que ejerció antes de abogado del expresidente Evo Morales. Otros sancionados son el juez instructor Rodrigo Vedia, así como los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, ambos de Santa Cruz, la juez Rosario Flores (Santa Cruz), el fiscal Alvaro Nava (Chuquisaca) y el empresario José Luis Iriarte.

El sancionado coronel de Policía Frans Cabrera ha sido investigado por organismos de inteligencia de la misma policía boliviana, por supuestos nexos con el narcotráfico y por ralentizar investigaciones. Otros nueve bolivianos quedaron imposibilitados de recibir la visa en caso de solicitud.

Cuatro ciudadanos ecuatorianos que el comunicado no identifica también quedaron sancionados. El Departamento de Estado tiene la potestad de anunciar o dejar en el anonimato a las personas a las que se revoca la visa de entrada al país. De Colombia, los afectados son Euclides Torres, un empresario del sector energético, relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del ahora expresidente Gustavo Petro, y la senadora Martha Isabel Peralta, del movimiento indígena Mais.

“La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas” advirtió el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en la red X. En Perú, el sancionado es Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional de Lima, conocido por una sentencia que favoreció a Cosco Shipping, una empresa china que opera el puerto de Chancay, al norte de la capital.

Fuente: AFP.

El mandatario recordó la importante inversión sin precedentes en la historia del Paraguay.

El jefe de Estado des­tacó que una de las prioridades de su ges­tión de gobierno ha sido el área de Salud desde el inicio de su mandato. Al respecto, recordó el incremento presupuestario que ha logrado en estos años, así como la mejor infraestruc­tura sanitaria.

“Los números están a la vista, cuando nosotros llegamos el presupuesto de medicamen­tos y insumos llegaba a cerca de 250 millones de dólares. Este año, el presupuesto que enviamos al Congreso y espe­remos se apruebe tiene insu­mos y medicamentos por 750 millones de dólares, tres veces más. El presupuesto de medi­camentos para el Instituto del Cáncer llegaba a 50 millones de dólares, el presupuesto que enviamos para el próximo año tiene 200 millones de dólares, cuatro veces más”, enfatizó.

Asimismo, destacó la impor­tante inversión sin preceden­tes en la historia del Paraguay, en lo que respecta a la amplia­ción de la red sanitaria con la construcción de grandes hos­pitales. Señaló que está en pro­ceso de construcción el Gran Hospital de Concepción, tam­bién en Canindeyú, lo mismo en Curuguaty. Por primera vez el Chaco central contará con un Hospital General, que se está construyendo en Maris­cal Estigarribia.

Asimismo, señaló que se está construyendo un hospital de referencia sin precedentes en Asunción, mientras que en el departamento Central, espe­cíficamente en el distrito de Itauguá, avanza la edificación del nuevo gran centro asis­tencial. “El Hospital de Itau­guá no será solamente el más grande en el Paraguay, sino que va a ser una referencia a nivel regional también, por­que trabajamos en alianza con la Fundación Albert Einstein de Brasil, que es uno de los hospitales más presti­giosos de América Latina y del mundo, están trabajando con nosotros en este nuevo modelo de atención médica”, remarcó.

Finalmente, destacó que la ciudadanía seguirá viendo el enorme impacto que está teniendo la inversión que se hizo para la construcción del gran hospital de Coronel Oviedo, así como el gran hos­pital de Itapúa. “Estamos pro­yectando para culminar esta distribución geográfica y com­pletar cerca de 500 millones de dólares de inversión hospitala­ria, el gran hospital del Este en Ciudad del Este, un lugar que está creciendo muchísimo”, concluyó.

Santiago Peña pidió un poco de tiempo y paciencia de la ciu­dadanía para ver los primeros resultados del ministro de Salud Pública, Isaías Fretes.

Recordó que los cambios no se dan de la noche a la mañana, ase­gurando mantener altas las expectativas en su gestión, aunque pidió dar un tiempo para que las instituciones puedan funcionar.

Esta mañana el mandatario respondió a una serie de consultas de la prensa en la que fue consultado sobre la gestión del Dr. Fretes al frente de la cartera sanitaria.

Ante eso, el mandatario defendió la trayectoria y el enorme prestigio que mantiene el actual ministro de Salud Pública.