El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, presentó un proyecto que busca dejar sin efecto la declaración n.º 924/2025, en la cual se instaba al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a publicar en todos los hospitales públicos los nombres, especialidades, horarios y números telefónicos de los profesionales médicos tratantes.

La iniciativa original, aprobada el pasado 29 de abril, generó una fuerte reacción de gremios y sociedades científicas, que manifestaron su rechazo por considerar que la publicación de datos personales de los médicos representa un riesgo para la privacidad, la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema de salud pública.

En su exposición de motivos, Latorre recogió los argumentos del Círculo de Médicos del Paraguay, que alertó que dicha medida “desvincula la relación institucional entre el paciente y el sistema de salud”, y puede derivar en “presiones indebidas, hostigamiento o interrupciones fuera del horario laboral” hacia el personal médico.

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Asimismo, se señala que la propuesta desconoce derechos fundamentales como la intimidad, el descanso y la desconexión laboral, lo que la convierte en “una propuesta impracticable, desorganizada y riesgosa para la calidad y seguridad de la atención sanitaria”.

Por su parte, las sociedades científicas expresaron su preocupación por la intención de “exponer datos personales y sensibles sin criterios técnicos claros”, lo que podría afectar gravemente el derecho a la intimidad y al ejercicio profesional en condiciones dignas.

El proyecto de resolución fue remitido a la Cámara Baja, acompañado de un llamado al diálogo respetuoso con los distintos sectores de la sociedad para atender las observaciones razonables que puedan surgir en materia de salud pública.

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Luego de un intenso debate, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de sistema nacional de pagos. Esta iniciativa ya fue sancionada por la Cámara de Senadores, por lo que ahora será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

La propuesta legislativa contaba con el visto bueno de la Comisión de Presupuesto y de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros. Ambos estamentos se pronunciaron a favor del proyecto dado que manifestaron que este actualizaba la normativa vigente y la adecuaba a las nuevas tecnologías, generando beneficios para los ciudadanos.

“Nuestro marco legal debe acompañar el cambio para que todos podamos acceder a sistemas financieros seguros y confiables, con las modificaciones estamos definiendo los roles de los nuevos actores en el sistema de pagos, promoviendo la transparencia y la seguridad en cada transacción, va a significar menos riesgos, menos fraudes”, expresó el diputado Carlos Núñez, de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros.

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La diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, expuso que los cambios tecnológicos, la aparición de nuevos actores y el avance de la digitalización, han generado la necesidad de actualizar la normativa vigente que en adelante se denominará, sistema nacional de pagos y que abarcará los sistemas de liquidación de valores, de custodia, de registro, sistema de pago y el servicio de pago.

También contemplan los acuerdos, procedimientos relacionados con el sistema y/o servicio, los administradores de los sistemas, los participantes, proveedores y cualquier tercero que actúe en nombre de estos, ya sea como corresponsal mediante acuerdos de externalización operando parcialmente o totalmente en el territorio nacional.

“Este proyecto busca actualizar el marco normativo vigente, a fin de integrar nuevos actores de servicios y tecnología en el sistema de pago, consolidar al Banco Central del Paraguay como ente regulador, supervisor y operador clave de infraestructura de pagos, fortalecer la interoperabilidad competencia, seguridad jurídica, eficiencia del sistema de pagos, impulsar activamente la inclusión financiera y la adopción de medios de pagos digitales”, argumentó.

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Igualmente, la diputada aseguró que este proyecto tendrá un gran impacto en el bienestar de la ciudadanía, fomentando la inclusión financiera, la adopción de pagos digitales y la libre competencia entre proveedores de servicios de pagos, lo que reducirán los costos para los comercios y mejora la calidad del servicio.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados dictaminó a favor del contrato de préstamo por USD 200 millones entre la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y el Export-Import Bank (Eximbank) de la República de China (Taiwán), destinado a la financiación del programa habitacional “Che Róga Porã”.

Durante reunión, los miembros de la comisión, presidida por la diputada Cristina Villalba, recibieron al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, quien acudió acompañado de su equipo técnico para exponer los alcances del proyecto.

El programa está dirigido a familias cuyos ingresos no superen los cinco salarios mínimos, y propone préstamos de hasta 500 millones de guaraníes con una tasa de interés anual del 6,5 %, y plazos de financiación de hasta 30 años. Según las autoridades, el objetivo es facilitar el acceso a la vivienda propia para sectores de clase media emergente y de bajos ingresos, a través de entidades financieras locales que actuarán como intermediarias.

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En su primera etapa, “Che Róga Porã” financiará unas 1.500 viviendas y generará aproximadamente 15.000 empleos directos e indirectos, de acuerdo con los datos proporcionados por el ministerio. La diputada Villalba valoró positivamente la iniciativa, señalando que el programa no solo atiende una necesidad social urgente, sino que también representa una oportunidad para dinamizar la economía.

“Las condiciones del préstamo son favorables y el proyecto tiene nobles objetivos, necesarios desde todo punto de vista, lo que lo convierte en un plan digno de apoyo y respaldo por parte de la comisión”, expresó. El dictamen favorable allana el camino para que el contrato pueda ser analizado próximamente por el pleno de la Cámara Baja.

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La semana pasada la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de modificación de las leyes que castigan los delitos cometidos por menores, especialmente por adoles­centes. En lugar de la pena máxima de 8 años de cárcel que rige en la actualidad será de 15 años para los que cometan deli­tos graves. La norma sancionada pasa a la Cámara de Diputados para que la estudie y le dé el tratamiento correspondiente. Lo que hace pensar que estamos en vísperas del aumento del castigo para los menores que incurran en crímenes de gravedad.

La medida tomada en la Cámara Alta es parte de la respuesta de los legisladores a dos hechos criminales recientes en que los presuntos asesinos serían personas menores de edad, como el caso de la ado­lescente María Fernanda Benítez, muerta en Coronel Oviedo, y del trabajador deli­very Alfredo Duarte Flores, ejecutado en el barrio San Francisco de Asunción.

Son dos homicidios muy publicitados y que golpearon con fuerza la sensibi­lidad de la ciudadanía. Esto ha impul­sado a muchos legisladores que sostienen que aumentando las penas de los críme­nes habrá menos asesinatos. La idea está generando una amplia discusión entre los que creen que con leyes más duras pueden disminuir los delitos y los que sostienen otra doctrina.

Los especialistas en la formación de las personas afirman que no se trata de casti­gar con más rigor a los jóvenes que come­ten delitos para que terminen o disminu­yan los crímenes. Se trata de que reciban una educación y formación de mayor calidad que les impida delinquir y actúen como personas de bien. Afirman que, si aumentando las penas se solucionara la sucesión de delitos, se tendría que aprobar el máximo castigo, la pena de muerte, a los hechos delictivos, y todo estaría solucio­nado. Pero la experiencia demuestra que no es así.

La corriente humanista sostiene que una educación más completa, con mayor vigor en el aprendizaje de los buenos hábitos y mejores remedios a las dificultades de la vida, es el camino adecuado para que niños y adolescentes vayan adquiriendo una mejor formación humana.

La fórmula sería: más educación de cali­dad y cantidad para mejorar la aptitud de los individuos, y no más años de cárcel por los delitos. Los especialistas entien­den que la educación es el proceso conti­nuo de aprendizaje y desarrollo perso­nal, social y cultural, que va más allá de la simple transmisión de conocimien­tos. De acuerdo con ese pensamiento, la educación se debe centrar en la forma­ción integral de la persona. Para ello se deben fomentar las habilidades y valores que se necesitan para que se pueda des­envolver adecuadamente en la sociedad y hacer frente a los desafíos. Según este concepto, la educación es un derecho fundamental de los niños y adolescentes que les permite adquirir las habilidades y conocimientos que necesitan para desa­rrollarse como adultos, que les pueda dar elementos para conocer y ejercer los demás derechos.

Hablando sobre el tema, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, dijo que la sociedad debe apostar por un modelo educativo sólido que actúe desde la prevención, mirando más allá del cas­tigo. Que no hay que creer que el castigo es la solución más eficaz, aunque en algunos casos pueda servir. Indicó que un sistema de desarrollo que está “desprovisto del modelo educativo, del desarrollo social, de generar comunidad y contención, no será suficiente”.

Resaltó el aporte fundamental de la fami­lia en la formación de los chicos, cosa que se nota en la descomposición del tejido social básico. “La ausencia de los padres a veces se intenta compensar con dinero o comodidades, cuando lo que realmente falta es la parte humana”, manifestó. El responsable de la educación hizo un lla­mado para hacer más sólido el sistema educativo nacional como herramienta de transformación social y prevención. “Debemos dar un salto como sociedad y trabajar más en la prevención. Esto no se soluciona con una sola medida, sino con un conjunto de acciones coordinadas que generen oportunidades reales para nues­tros jóvenes”, enfatizó.

Si la sociedad paraguaya quiere menos violencia en la juventud, no puede recurrir solo a la creación de nuevas leyes. Tiene que articular un sistema social y político, con hondas raíces en la familia y en la edu­cación, que influya con mucha fuerza en el pensamiento y la acción de los jóvenes.