Digna Morilla y otros referentes de la comunidad acudieron hasta el Senado y ampliarán la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Foto: Gentileza.
Familiares de integrantes del EPP siguen amenazando a indígenas en Pedro Juan
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Líderes de la comunidad indígena Yvypyte, ubicada en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, denunciaron nuevamente este viernes ante los miembros de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado un supuesto atropello de Ernesto Villalba, hermano de Carmen Villalba, y el abogado argentino Germán Dalmiro Lovari.
“Ernesto Villalba se va a amenazar a la comunidad indígena y ya habíamos hecho la denuncia el 17 de marzo pasado. Mis hermanos indígenas siempre llegan junto a mí y nos fuimos hasta la Fiscalía de Pedro Juan Caballero”, explicó Digna Morilla, líder de la comunidad, a los medios de prensa.
Explicó que Villalba y Lovari acusan a los nativos de tener retenida supuestamente a la hija de Carmen Villalba, presuntamente desaparecida en la zona, luego del último enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y los integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Morilla indicó que Villalba y Lovari amenazaron a los indígenas en caso que no aparezca la hija de una de las cabecillas del grupo criminal que opera en la zona norte del país. De acuerdo a la versión de los nativos tras la denuncia realizada ante el Ministerio Público, los familiares de los integrantes del grupo criminal dijeron que el abogado argentino es de Derechos Humanos.
“Ellos están mintiendo, por eso vine (hasta el Senado), voy a hacer mi denuncia y voy a pedir pruebas. Esta es la tercera vez, la primera fue cuando le secuestraron a Adelio Mendoza, después fueron otros familiares y esta es la tercera vez. Queremos tranquilidad y que no invadan nuestro patrimonio cultural”, agregó.
En su momento, el Ministerio Público, por medio de la agente fiscal Katya Estela Uemura, solicitó al comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que disponga los medios necesarios para brindar seguridad a los habitantes de la colonia indígena Yvytype de la localidad de Pedro Juan Caballero, en el departamento de Amambay, por la denuncia de los nativos.
Los directivos de Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) presentaron denuncia penal contra ueno bank, ante el Ministerio Público. Foto: Archivo
Conatel presenta denuncia penal contra ueno bank ante la Fiscalía
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La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) promovió una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se investiguen los hechos denunciados con la situación financiera de ueno bank y sus responsables.
Asimismo, se solicita determinar las consecuencias penales de sus actos en el manejo de los fondos institucionales, conforme a los procedimientos legales correspondientes.
Los directivos de Conatel fundamentan su petición en el artículo 28 numeral III del decreto número 14.135/1996 por el cual fuera reglamentada la Ley número 642/95 “De Telecomunicaciones” y, “el deber de denuncia ante las autoridades competentes al tomar conocimiento de presuntas actuaciones delictivas”.
En el petitorio se solicita “disponer la realización de las diligencias necesarias a fin de determinar los hechos punibles cometidos e identificar a sus presuntos autores”.
En ese orden, se pide además, reconocer a la Conatel en condición de víctima de los hechos denunciados conforme lo determina el artículo 67 del Código Procesal Penal, debiendo consecuentemente ser informada sobre el resultado del procedimiento.
Asimismo se plantea al Juzgado Penal de Garantías la adopción de todas las medidas necesarias a fin de resguardar el patrimonio público institucional de la Conatel.
“La institución ratifica su compromiso con la transparencia, la responsabilidad en la gestión pública y protección de los recursos del Estado, en ese sentido, continuará impulsando acciones administrativas y legales pertinentes”, expresa un comunicado oficial.
Itaipú Binacional realiza denuncia penal por afectación de fondos en ueno bank
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La medida obedece a la afectación directa de los fondos que la entidad mantenía depositados en ueno bank SA, así como a la exposición patrimonial de los recursos transferidos a la Fundación Parque Tecnológico Itaipú - Paraguay (FPTI-PY) para la ejecución de proyectos específicos.
La representación legal de la binacional está ejercida por el abogado Óscar Adolfo Bogado Rolón, bajo el patrocinio de la directora jurídica ejecutiva, Abg. Iris Magnolia Mendoza Balmaceda.
En el escrito se fundamenta la legitimación activa de Itaipú tanto por la titularidad de los depósitos directos como por su condición de instituyente del origen de los fondos transferidos a la FPTI-PY, cuya indisponibilidad o pérdida impacta directamente sobre sus intereses patrimoniales y la continuidad de las obras convenidas.
Tipificación penal y conexidad de causas
La acción penal se fundamenta en la presunta comisión de los hechos punibles de estafa (artículo 187 del Código Penal), lesión de confianza (artículo 192), conducta indebida en situaciones de crisis (artículo 179) y violación del deber de llevar libros de comercio (artículo 181).
Itaipú solicitó formalmente la incorporación del pedido a la causa conexa N.º 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros”, con el fin de evitar la duplicación de actuaciones y preservar sus derechos dentro del proceso.
Asimismo, la entidad hizo expresa reserva de promover querella adhesiva, ejercer la acción civil resarcitoria y ampliar la denuncia a medida que se acceda a los resultados de las pericias contables y la documentación bancaria.
La Fiscalía imputa a Peña y requiere su prisión preventiva
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Los fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez formalizaron el Acta N.º 7 contra el exmandatario y el extitular del BCP.
En un nuevo giro dentro del entramado judicial que rodea la quiebra de ueno bank SA, el Ministerio Público presentó en la mañana del sábado la imputación formal contra el expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en la Causa Penal N.º 92/2026.
La investigación fiscal sitúa a ambos exfuncionarios en el centro de un esquema de irregularidades en la canalización, renovación y mantenimiento de fondos estatales y previsionales hacia la mencionada entidad bancaria, además de cuestionar la omisión o adulteración de informes de fiscalización del sistema financiero.
Los hechos atribuidos el rol de los imputados
La Fiscalía imputó a Santiago Peña por la supuesta comisión de administración en provecho propio (en calidad de autor) y lesión de confianza (en calidad de instigador).
La hipótesis del equipo investigador señala que, durante su mandato presidencial, Peña influyó directamente en la colocación e inmovilización de recursos públicos en ueno bank, entidad con la que mantenía vínculos económicos y accionarios a través de ueno Holding SAECA.
Entre los elementos recabados figuran registros de reuniones con directivos del Instituto de Previsión Social (IPS) para direccionar inversiones financieras hacia la firma.
Por su parte, a Carlos Carvallo se le atribuyen los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, todos en calidad de autor.
El Ministerio Público indaga su gestión al frente del BCP por presuntamente flexibilizar la supervisión y omitir alertas sobre límites de exposición crediticia y préstamos a empresas vinculadas del grupo. Asimismo, se analiza una nota remitida al Senado el pasado 7 de octubre de 2026, cuyo contenido habría alterado datos técnicos concluyentes de la banca matriz.
Volumen de fondos y severidad de las medidas cautelares
Reportes de la Dirección General del Tesoro Público (MEF) revelan que, a setiembre de 2026, los depósitos de organismos estatales en ueno bank sumaban aproximadamente G. 3,6 billones (G. 3.608.550.782.201) y USD 233,4 millones.
Ante la magnitud del perjuicio patrimonial estimado y los riesgos procesales, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva para Peña y Carvallo, sumada a la inhibición general de vender y gravar bienes, la localización de activos y el bloqueo preventivo de todas sus cuentas bancarias e inversiones.
Expresidente seguirá en el Escolta Presidencial
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva.
Un fuerte contingente de seguridad hubo ayer en Palacio de Justicia. Foto: Matías Amarilla/LN
Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.
Itaipú formula denuncia penal por afectación de sus fondos y de FPTI-PY en ueno bank
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Itaipú Binacional formalizó la presentación de una denuncia penal en calidad de víctima ante los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. La medida obedece a la afectación directa de los fondos que la entidad mantenía depositados en ueno bank S.A., así como a la exposición patrimonial de los recursos transferidos a la Fundación Parque Tecnológico Itaipú - Paraguay (FPTI-PY) para la ejecución de proyectos específicos.
La representación legal de la binacional está ejercida por el abogado Oscar Adolfo Bogado Rolón, bajo el patrocinio de la Directora Jurídica Ejecutiva, Abg. Iris Magnolia Mendoza Balmaceda. En el escrito se fundamenta la legitimación activa de Itaipú tanto por la titularidad de los depósitos directos como por su condición de instituyente del origen de los fondos transferidos a la FPTI-PY, cuya indisponibilidad o pérdida impacta directamente sobre sus intereses patrimoniales y la continuidad de las obras convenidas.
Tipificación penal y conexidad de causas
La acción penal se fundamenta en la presunta comisión de los hechos punibles de estafa (artículo 187 del Código Penal), lesión de confianza (artículo 192), conducta indebida en situaciones de crisis (artículo 179) y violación del deber de llevar libros de comercio (artículo 181).
Itaipú solicitó formalmente la incorporación del pedido a la causa conexa N.º 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros”, con el fin de evitar la duplicación de actuaciones y preservar sus derechos dentro del proceso. Asimismo, la entidad hizo expresa reserva de promover querella adhesiva, ejercer la acción civil resarcitoria y ampliar la denuncia a medida que se acceda a los resultados de las pericias contables y la documentación bancaria.
La denuncia de la entidad binacional se dirige inicialmente contra integrantes del directorio y síndicos de ueno bank S.A. individualizados por la Fiscalía en el acta de imputación del pasado 4 de noviembre de 2026:
1. Federico Miguel Vázquez Villasanti (Integrante del Directorio)
2. Juan Manuel Gustale (Integrante del Directorio)
3. Julio Daniel Rey Fernández (Integrante del Directorio)
4. Diana Leticia Mongelos González (Integrante del Directorio)
5. Marian Torres Rubiani (Integrante del Directorio)
6. Alejandro Gómez Abente (Integrante del Directorio)
7. Diego Fernando Duarte Schussmuller (Integrante del Directorio)
8. Miguel Ángel Almada Frutos (Síndico)
La representación jurídica aclaró que la nómina no limita las investigaciones respecto a otros directivos de sociedades vinculadas, beneficiarios finales, funcionarios, auditores o clasificadores que hubieren intervenido en la captación, ocultamiento o desvío de los fondos.