Cumpliendo el plazo establecido para la intervención de la Municipalidad de Asunción, el economista Carlos Pereira entregó este viernes su informe final de la fiscalización a la administración del intendente suspendido Óscar Rodríguez, que se había iniciado el pasado 24 de junio.

El documento fue presentado en las oficinas del Ministerio del Interior, cumpliendo así el mandato que recibió del Poder Ejecutivo, y tras su chequeo de conformidad a las normativas, será remitido a la Cámara de Diputados para su consideración.

En la mañana de este viernes 22 de agosto, Pereira había adelantado que su dictamen desarrollado en 700 páginas abarca tres puntos centrales, respondiendo en primer lugar a las seis observaciones cuestionadas por la Contraloría General de la República (CGR), que fue lo que motivó el pedido de intervención.

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También contempla un análisis de la gestión administrativa, aspectos de control interno, hallazgos de inconsistencias contables, operativas, administrativas y observaciones de gastos. Por último, contempla cinco denuncias que fueron presentadas ante el Ministerio Público, entre ellas, sobre falsificación de planos y alteración de software.

Al respecto de las observaciones de la Contraloría, Pereira explicó que el resultado de la intervención ha coincidido con las 6 observaciones; haciendo la salvedad que en el punto 1 y 6 cuentan con mayor profundidad de estudio. Teniendo en cuenta que la CGR tuvo limitaciones en el acceso a la información. En cambio, él con su equipo tuvieron mayor acceso y pudieron analizar en profundidad.

“A pesar del tiempo hemos podido reunir toda esa información para poder hacer la trazabilidad desde la emisión de los bonos, hasta la percepción de los mismos, en cada una de las cuentas que en la administración del municipio se han manejado bajo la cuenta única; que por una confusión ha permitido que se haya mezclado de diferentes fuentes y orígenes los recursos financieros”, explicó.

Pereira indicó que esta situación llevó a que el 97 % de esos recursos se usaran en gastos corrientes y solamente el 3 % se destinó a obras de infraestructura. Esto fue lo que la CGR observó como una transgresión al artículo 197 de la Ley N° 3.966 Orgánica Municipal, que ha sido confirmado por la intervención que le tocó encabezar.

“Ese endeudamiento ha permitido llevar a una situación de infracapitalización financiera al municipio. Lo que significa que todos los recursos que hoy cuenta la comuna, son absolutamente insuficiente", explicó.

Añadiendo que la recaudación que obtiene a diario por el cobro de los tributos resulta insuficiente ante el enorme caudal de obligaciones en el corto plazo que hace que las exigencias, vencimientos recurrentes y sucesivos hoy el municipio de Asunción esté en constante reprogramación de los pagos”, comentó.

El interventor Pereira mencionó que el informe también contempla otros hallazgos y otras debilidades halladas en distintas direcciones de la comuna. Pero también se plantean distintas soluciones a los problemas. Además, indicó que dejan plasmado un programa de proyectos de cómo el municipio podría comenzar a salir adelante de esta situación difícil financieramente hablando.

“Creo que hoy inicia otra etapa, y deberíamos ayudar a nuestro municipio; necesitamos restaurar la municipalidad, organizar reestructurar esta administración después de toda esta situación complicada. Se debe cambiar la forma de administrar, que se achiquen los gastos, que se reestructure todo el aparato administrativo que hoy está excesivo para lo que debería ser el municipio de Asunción”, acotó.

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En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, se estudió el proyecto que pretendía crear un fondo especial para accidentados. La iniciativa ya había sido estudiada por la Cámara Alta, donde votaron por el rechazo, y en esta oportunidad, los legisladores se ratificaron en su postura por lo que la iniciativa pasó al archivo.

“En la Comisión de Hacienda en la primera vuelta ya se había rechazado tomando en cuenta el informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La Comisión de Hacienda tuvo dictamen por el rechazo y queda a disposición del pleno”, dijo el senador Natalicio Chase.

La propuesta legislativa tampoco contaba con el visto bueno de otras comisiones como la de Legislación y de Cuentas y Control, que aconsejaron mantener la postura en el sentido del rechazo. Esta iniciativa tenía como proyectista al diputado colorado Hugo Meza.

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La intención del proyecto era la creación de un fondo nacional para cubrir gastos de atención y de rehabilitación de víctimas de accidentes de tránsito, debido a la alta incidencia de estos siniestros y su impacto en el sistema de salud.

En este sentido, pretendía distribuir los ingresos provenientes de cuatro fuentes distintas, que iban a ser distribuidos entre el Ministerio de Salud, la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) y la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), quienes debían canalizar la ayuda para las personas afectadas.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, convocó a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Enrique Bogarín González y César Rossel, a una reunión con legisladores este jueves 21 de agosto de 2025, a las 09:00.

La reunión se desarrollará en la sala de sesiones del Congreso y la nota remitida señala lo siguiente: “El motivo radica en la importancia de abordar el trámite electoral respecto al proceso licitatorio para la adquisición de las máquinas de votación llevada adelante por la institución a su cargo”.

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Según informaron desde la cuenta de X de la Cámara de Senadores, las altas autoridades de la Justicia Electoral ya confirmaron su presencia. El TSJE lleva adelante el proceso de licitación para adquirir 28.000 máquinas de votación, de las cuales se espera contar con una partida ya entre noviembre y diciembre de este año.

El objetivo es emplear estas primeras máquinas para la capacitación con miras a las próximas elecciones municipales, cuyo cronograma ya fue dado a conocer. Las internas simultáneas tiene como fecha el 7 de junio del 2026 mientras que las municipales en sí se desarrollarán el 4 de octubre.

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El ministro de la Niñez y Adolescencia, Wal­ter Gutiérrez, anun­ció que el Poder Ejecutivo se encuentra analizando la posibilidad de imple­mentar dentro del sistema penal paraguayo la prisión permanente revisable, una alternativa que sí permite la Constitución y que difiere de propuestas que se encuen­tran en el Congreso.

“Estoy de acuerdo con que se puede incorporar la pri­sión permanente revisable, y lo estamos debatiendo en el Poder Ejecutivo. Está par­ticipando una eminencia del derecho como es la exminis­tra de la Corte Suprema de Justicia Alicia Pucheta”, explicó.

Detalló las diferencias entre ambas figuras. Cuando se habla de cadena perpetua, no hay posibi­lidad de que el individuo pueda reintegrarse a la sociedad; en cambio, con la prisión permanente revisa­ble sí es posible, pero está sujeto a constantes análi­sis que determinen si real­mente la persona está en condiciones de reinsertarse o si es mejor que continúe privado de su libertad.

“Por ejemplo, si se le con­dena a una persona por 30 años en el marco de la pri­sión permanente revisable, cuando se cumplan los 30 años, lo que va a suceder es que un equipo especializado va a hacer un análisis pro­fundo desde lo psicológico, psiquiátrico, socioambien­tal y otras aristas, verá si al momento del cumplimiento se encuentra en condiciones de ser reinsertado; si no es un peligro, recién ahí se le inserta”, añadió.

Señaló que esto no va en contra de lo que establece la Constitución, que en su artí­culo n.° 20 sobre el objeto de las penas habla de dos pun­tos, de la reinserción de la persona privada de liber­tad, pero también de la pro­tección a la sociedad. “Acá uno no cae en una contradic­ción porque le estás dando la posibilidad de que pueda ser reinsertado”, sostuvo.

Esta propuesta en análisis es diferente al del diputado Rubén Rubin, que estipula incluso 90 años. El minis­tro fue enfático ante la 1020 AM que la iniciativa del legislador; si bien fue pre­sentada como una prisión permanente revisable, no lo es. “No lo digo solamente como ministro ni parte del Poder Ejecutivo, sino como profesional del derecho. Así como está planteada la pro­puesta, es inconstitucional”, aseveró.