La Cámara de Diputados, en su sesión extraordinaria, aprobó el proyecto de ley que modifica el Código Penal referente al homicidio culposo que aumenta de 5 a 8 años la pena de cárcel por el agravante de conducir bajo los efectos del alcohol; además, se establece la suspensión de la licencia.
La propuesta de modificar la normativa surgió ante la gran cantidad de accidentes, varios de ellos que derivan en la muerte de una o más personas por consecuencia de la imprudencia de manejar con alcohol en sangre.
La suspensión de la licencia va de 2 a 5 años, a ser computados desde el día siguiente en que queden en libertad. El documento pasa a la Cámara de Senadores para su tratamiento, el mismo será remitido a las diferentes comisiones asesoras de la institución con la finalidad de emitir un dictamen ya sea a favor o en contra del documento para su posterior análisis en el plenario.
Los senadores podrán dar luz verde a la iniciativa aprobada por los diputados o incluso realizar nuevas modificaciones. De concretarse este último planteamiento, el proyecto de ley será nuevamente remitido a la cámara de origen.
Te puede interesar: Salomón recula y recorta aumentos de salario otorgados
Dejanos tu comentario
Diputados vota que Hambre Cero se mantenga en las gobernaciones
La Cámara de Diputados le dijo no a la intención del Senado de trasladar al Ministerio de Desarrollo Social la administración de Hambre Cero en Concepción y Alto Paraná.
- HOY.COM.PY
En la sesión extraordinaria del día martes, la Cámara de Diputados trató el proyecto originado en la Cámara de Senadores que propone modificar la ley que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar Hambre Cero en las Escuelas, a fin de sacar la administración del programa a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná.
Durante el debate, una mayoría se mostró en contra de la iniciativa, ya que implicaría un retroceso pretender centralizar en una sola institución una responsabilidad tan grande, en lugar de apostar a la descentralización.
En el mismo sentido, la diputada Rocío Vallejo opinó que si existen cuestionamientos hacia una gobernadora, esto no implica modificar todo el programa. En la misma línea se pronunció el diputado Carlos María López.
Otros como Raúl Benítez y Johana Ortega sentaron postura en contra del programa, alegando que fue mal concebido y que no hay posibilidad de controlar los recursos.
Finalmente, el proyecto fue rechazado a las 13:16 de ayer y devuelto a la cámara de origen, por lo que, por ahora, no prospera la intención de modificar el programa.
Cuando el proyecto fue aprobado en el Senado, para el caso de Concepción, el senador Silvio Ovelar utilizó el argumento de la fastuosa fiesta de 15 años de la hija de la gobernadora Liz Meza, aunque no mencionó una denuncia concreta. En tanto, respecto a Alto Paraná, la legisladora proponente Lizarella Valiente señaló que recibió llamadas telefónicas de muchos padres quejándose del programa, pero tampoco citó nada específico.
Después de estas idas y vueltas de acusaciones, la Contraloría General de la República inició una auditoría a las 17 gobernaciones. La evaluación continúa en curso.
Dejanos tu comentario
Comisión dictamina a favor de la modificación de la ley de reforma de Caja Fiscal
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable a la modificación de la ley que reforma la Caja Fiscal y que incluye a los magistrados judiciales.
Específicamente se refiere a la propuesta “Que modifica el artículo 14 de la Ley N° 7633/26, Que establece la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público (De la reforma de la Caja Fiscal)”.
Esta iniciativa busca equiparar los criterios establecidos para los magistrados judiciales con los estipulados, en el artículo 13 de la normativa, para el magisterio nacional, los institutos de educación superior y los docentes universitarios, eliminando requisitos que no se aplican a otros sectores.
Te puede interesar: Peña destaca las inversiones de la Itaipú que benefician a los paraguayos
El documento sostiene que resulta incongruente que dentro del mismo cuerpo normativo se adopten criterios distintos para el acceso a la jubilación transitoria.
Actualmente la Ley 7633/26 establece que los magistrados judiciales que deseen acceder a la jubilación ordinaria transitoria deben contar con veinte o más años de aporte y haber cumplido cincuenta y ocho años de edad a la fecha de entrada en vigencia de la normativa, condición que no se exige en el régimen transitorio previsto para el sector docente.
“En la Comisión de Presupuesto consideramos el proyecto que modifica el artículo 14 de la Ley 7633 que establece medidas para la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público de la reforma de la Caja Fiscal. Especialmente nos enfocamos en lo que es el requisito de acceso a la jubilación para los magistrados”, señaló la diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto en entrevista con TV Cámara.
La legisladora recordó que la ley se promulgó, pero hubo un compromiso de la Comisión de Presupuesto con el gremio de los magistrados “para volver a tocar este tema y cumplir con este sector en las modificaciones especialmente haciendo la equiparación del artículo 13 que habla del sector docente”.
Leé también: Taiwán desembolsó aportes para construcción de viviendas
Dejanos tu comentario
Por ley buscan declarar el 14 de junio como Día Nacional del Donante de Sangre
Un grupo de diputados presentó este martes un proyecto de ley que busca declarar el 14 de junio como Día Nacional del Donante de Sangre.
Los legisladores fundamentan que mediante esta normativa se podrá institucionalizar las campañas de concienciación, además de movilizar recursos del sector público y privado.
Asimismo, se pretende “reconocer formalmente a aquellos ciudadanos que, con un gesto sencillo y altruista, sostienen el sistema de salud del país”.
Los proyectistas manifiestan que la promoción de la donación como una responsabilidad social y necesidad permanente, requiere de una fecha emblemática que sirva de plataforma para la educación ciudadana desde edades tempranas.
Te puede interesar: Trump posterga ultimátum a Irán por dos semanas
Se establece que el Ministerio de Salud Pública, a través del Programa Nacional de Sangre, promoverá y coordinará actividades de difusión, sensibilización y captación de donantes voluntarios en todo el territorio nacional.
El proyecto se fundamenta y complementa de manera directa con la Ley N° 3441/2008 “De Sangre”, la cual establece en sus artículos 22 y 23 la esencia de la donación como un acto de honor, libre, voluntario y altruista.
Son promotores de la iniciativa los diputados: Saúl González, Santiago Benítez, Carlos Godoy, Fabiana Souto y Jatar Fernández.
Leé también: Taiwán desembolsó aportes para construcción de viviendas
Dejanos tu comentario
Hambre Cero: Diputados frenan cambios y mantienen gestión en gobernaciones
Durante la sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados rechazó y devolvió al Senado el proyecto de ley “Que modifica el artículo 9° de la Ley N° 7264/24, Que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la universalización equitativa de la alimentación escolar (Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo), y sus modificatorias”.
El proyecto original, que contaba con media sanción de la Cámara Alta, pretendía que el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), además de Asunción, Central y Presidente Hayes, asuma también la administración de la alimentación escolar en los departamentos de Concepción y Alto Paraná, hasta ahora gestionada por sus respectivas gobernaciones.
Sin embargo, la Cámara de Diputados rechazó esa pretensión e introdujo las modificaciones necesarias para que ambas gobernaciones continúen al frente de la administración del programa en sus departamentos.
Apuestan a la descentralización
Al respecto, el diputado Miguel Del Puerto, líder de bancada de Honor Colorado, ratificó su postura a favor de la descentralización. “Hambre Cero es uno de los ejes del gobierno de Santiago Peña, y aprobar lo que proviene del Senado sería un retroceso”, sostuvo.
En tanto, el diputado colorado Roberto González también acompañó el rechazo al proyecto y abogó por una descentralización plena. Además, hizo un llamado a la reflexión para que los departamentos de Central y Presidente Hayes puedan, en el futuro, asumir igualmente la administración de los recursos del programa, actualmente a cargo del MDS.
Por su parte, el diputado Adrián Vaesken cuestionó la constitucionalidad del programa Hambre Cero, al considerar que centraliza fondos del Estado y decide discrecionalmente a quiénes beneficiar.
A su turno, el diputado colorado Hugo Meza calificó la decisión del Senado como una represalia política contra la administración del presidente Santiago Peña. “Acá vemos una vendetta política y no vamos a formar parte de ello. Es la postura de la Cámara de Diputados rechazar, rotundamente, este proyecto porque consideramos a Hambre Cero como un programa emblemático que va a ser recordado por mucho tiempo; es patrimonio de los niños y jóvenes de nuestro país”, afirmó.
Asimismo, señaló que, si existieran irregularidades en el manejo de fondos por parte de la Gobernación de Concepción, lo que corresponde es una investigación formal. “Sin embargo, en este caso ni siquiera hay una denuncia formal”, acotó.
En este sentido es importante recordar que la Cámara de Senadores había aprobado retirar la administración de los fondos de Hambre Cero a la Gobernación de Concepción, encabezada por Liz Meza, en medio de la polémica suscitada por la ostentosa fiesta de quince años celebrada por su hija en una de las zonas más empobrecidas del país.
Modificaciones puntuales
Luego del análisis que realizó el plenario, el documento fue puesto a consideración y fue aprobado conforme al dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros que sugirió algunas modificaciones.
El artículo 6° establece que la gestión de las políticas, programas y proyectos de alimentación escolar en Asunción y en los departamentos de Central y Presidente Hayes estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.
En tanto, la administración del programa en Concepción, Alto Paraná y los demás departamentos del país recaerá en cada una de sus respectivas gobernaciones, restituyendo así la autonomía de gestión a las dos gobernaciones en cuestión.