La Cámara de Diputados estudió este martes, en sesión extraordinaria, el proyecto de ley por el cual se crea el seguro de desempleo. Los legisladores coincidieron en que la iniciativa sea devuelto a comisiones para un nuevo estudio y emisión de dictámenes, dado que consideran que como está planteada la propuesta, generará una carga adicional al sector formal.

El diputado Miguel Del Puerto fue el primero en hacer uso de la palabra y solicitó su aplazamiento indefinido, posteriormente, su colega, Hugo Meza, indicó que como proyectista considera que este proyecto es una herramienta necesaria dentro de nuestro país, no obstante, también se adhirió al postergamiento de su estudio.

“Quiero invitarle a los colegas a que puedan colaborar a construir un proyecto que tenga mayores insumos, que abramos el debate, porque reitero, es una ley necesaria y que necesitamos en el marco jurídico del país entonces quiero comprometer a los colegas a iniciar una mesa de trabajo y audiencias públicas para poder tener un proyecto de ley en la brevedad posible, mucho más abarcante y que se le involucre a todos los sectores”, añadió Meza.

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Por su parte, la diputada Rocío Vallejo manifestó que considera que la actual redacción de la iniciativa debería ser retirada y en su lugar, presentar un nuevo texto, dado que así como está planteado, supone una nueva carga para el sector formal. “No desconozco la importancia de este proyecto, pero que se analice algo que pueda ser aplicado correctamente”, expuso.

Finalmente, el diputado Jorge Ávalos Mariño fue quien realizó la moción de vuelta a comisión, de modo que los legisladores puedan emitir nuevos dictámenes al respecto. “Nos allanamos a ese pedido de vuelta a comisión”, sostuvo Del Puerto y se dio paso a la votación, donde los parlamentarios respaldaron la última moción planteada.

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El proyecto de seguro de desempleo no contaba con un parecer positivo de parte de varias instituciones, entre ellas, el Ministerio del Trabajo, quien advirtió que mediante esta ley se aumentaría el porcentaje de aporte, tanto de los trabajadores como de los empleadores, lo cual podría desalentar la formalización, por lo que se instó a un nuevo debate entre todos los sectores involucrados.

Asimismo, expertos en la materia indicaron que el monto del seguro fijado en el proyecto es un porcentaje altísimo al cual ni siquiera llegan los países de primer mundo, por lo cual habría que analizar nuevamente la cifra de modo a que sea un programa sostenible y que no desaliente al empleo.

La Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria de mañana martes, tratará 16 puntos incluidos en el orden del día. En el primer punto, figura el proyecto de ley que crea el seguro de desempleo, presentado por los diputados Jazmín Narváez y Carlos Núñez, que será financiado por el incremento del aporte obrero patronal bajo la argumentación de ofrecer un “salvavidas” a despedidos permitiendo seguir cobrando sus salarios por el periodo de 6 meses.

Esta iniciativa tiene el objetivo de aumentar el 2 % el aporte conjunto al Instituto de Previsión Social (IPS), que actualmente es del 22,5 %, mientras que la propuesta legislativa ascendería al 27,5 %, con una distribución equitativa del 1 % a cargo del trabajador y el otro 1 % a cargo del empleador.

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La legislación actual establece que el aporte a la previsional del 22,5 % del salario mínimo vigente, de los cuales el 9 % corresponde al empleado y el 16,5 % al empleador. Este proyecto, aumenta al 27,5 %, por lo que quedaría de la siguiente manera: 10 % del empleado y 17,5 % por parte del empleador.

Esta iniciativa causó controversias, principalmente desde los sectores sindicalistas que mostraron su postura contraria a que esta propuesta sea llevada adelante o aprobada en la instancia legislativa.

Así también, desde el IPS, el propio presidente de la institución, Jorge Britez, ya expresó que no está de acuerdo con este aumento, afirmando que no es factible.

Por otra parte, también se prevé el tratamiento del proyecto de ley que aprueba la decisión Marcosur/CM/DEC relativo al mecanismo para el ejercicio temporario; como así también el proyecto de ley que enmienda al protocolo de Montevideo sobre el comercio de servicios del Mercosur.

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La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.

En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.

La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.

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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.

Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.

“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.

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El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.

“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.

Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.

“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.

A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.

“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.

Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.

Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.

“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.

Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.

“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.

Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.

• Víctor Pavón (*)

Paraguay se caracteriza por una deuda pública contraída a tasas fijas con tipos de interés bajos. Esto comparado con otros países es una ventaja, aunque la mayor parte de los empréstitos se encuentran en dólares.

Esto último es un riesgo de seguir concentrándose la deuda en la citada moneda, hecho que, es de destacarse, el Gobierno viene tratando de corregir con la diversificación a nuestra moneda, el guaraní. En este momento el endeudamiento llega al 41 por ciento con relación al producto interno bruto (PIB).

El servicio de la deuda con las amortizaciones o pagos de capital, intereses, comisiones y otros se vienen cumpliendo. Sin embargo, se ha llegado a un punto donde el espacio fiscal se ha comprometido.

Por este motivo, se hace necesario cortar con el endeudamiento y cuanto antes mejor. Para empezar se deben dar más incentivos a la inversión privada como las Alianzas Públicas-Privadas con el que ya se cuenta con un régimen normativo. De no procederse de este modo, la imagen y el bajo riesgo país que transmiten una fortaleza nacional tendrá fisuras en su cimiento.

De continuarse con el endeudamiento se terminará inexorablemente por aumentar los impuestos y/o a crear nuevos, contraer cada vez más deudas así como apelar a políticas de emisión monetaria.

Las finanzas públicas, primero, se volverán dependientes de nuevos empréstitos; segundo, los nuevos impuestos o la elevación de los ya existentes afectarán la creación del ahorro interno y; tercero, se perderá la inflación de un solo dígito. Cualquiera de estos casos son dañinos no solo para las finanzas estatales, sino sobre todo para la economía privada, la que crea riqueza real.

Además, el país perderá activos estratégicos claves con los que dispone para atraer el capital nacional y extranjero, como su sistema tributario todavía sencillo y de bajas alicuotas como porcentaje aplicado a la base imponible.

Las políticas de endeudamiento sin reformas profundas provocarán el debilitamiento de los bonos soberanos con relación a los mercados financieros. Se podrán seguir emitiendo deudas, pero los mercados no los compensarán debido a la incertidumbre de los nuevos títulos de deudas.

Se iniciará una “burbuja” sin correspondencia con el pago en tiempo y forma de la deuda porque la economía privada ya no podrá responder a los nuevos requerimientos. Después de todo, es el sector privado el único y verdadero pagador.

Lo expresado aquí en esta nota tiene como objetivo alertar a las autoridades sobre lo que se viene. Deudas sin reformas de fondo es igual a estancamiento y a la caída del crecimiento cuyo correlato se da en el empleo y los salarios reales. El Estado tratará de impedir consecuencias todavía más graves, pero siempre y en todo momento el costo lo paga la población.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.