El senador liberal Víctor Ríos presentó un proyecto de ley que propone suspender inmediatamente el pago de la deuda pública contraída por el Estado paraguayo. “Es urgente liberar medios financieros, pero recurriendo lo menos posible a nuevas deudas. Existe un medio simple de liberar recursos financieros: consiste en suspender inmediatamente el pago de deuda pública”, sostiene el proyectista de la ley.
El proyecto facultaría al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a suspender durante el ejercicio fiscal 2021 el pago de los servicios de la deuda pública tales como amortización de la deuda pública externa, intereses de la deuda pública externa y comisiones y otros gastos de la deuda externa.
En la exposición de motivos, el senador Ríos se basa en el estudio económico del economista Amílcar Ferreira, en el cual se indica que la deuda externa durante el gobierno Mario Abdo tuvo un aumento de 24,3%, con una cifra que ascendió a los US$ 8.984 millones a abril del 2020.
En lo que respecta a la deuda de la Ley de Emergencia, de los US$ 1.600 millones del préstamo realizado por Paraguay, unos US$ 77 millones fueron destinados al pago de los servicios de la deuda externa (intereses y comisiones), indica el proyecto de ley.
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¿Qué es la deuda pública?
Por deuda pública o deuda soberana se entiende al conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a los particulares u otro país. Se divide en deuda pública interna y deuda pública externa. Se considerará deuda pública interna aquella contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la República del Paraguay, cuyo pago puede ser exigible dentro del territorio nacional.
Se entenderá por deuda pública externa aquella contraída con otro Estado u organismo internacional o con cualquier otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en la República del Paraguay, cuyo pago puede ser exigible fuera del territorio nacional.
¿Cuál es el destino de los fondos provenientes de la deuda pública? De acuerdo con la Subsecretaría de Estado de Economía, el crédito público podrá utilizarse para inversiones productivas, para atender casos de evidente necesidad o emergencia nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses, comisiones y gastos respectivos. Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes.
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Diputados promueven primer proyecto para regular el uso de drones
En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley que por primera vez busca establecer un marco jurídico integral para el uso de drones en el país, conocidos técnicamente como Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) y Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS). Son firmantes del documento los diputados Diego Candia (ANR-Central); María Ida Cattebeke (ANR-Pdte. Hayes); Yamil Esgaib (ANR-Capital); Pedro Ortíz (ANR-Central); y Francisco Petersen (ANR-Boquerón).
La iniciativa es el resultado de una Mesa Técnica Interinstitucional que funcionó durante cuatro semanas, integrada por representantes de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno de Diputados, la Fuerza Aérea Paraguaya, la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), la Policía Nacional y la Dirección de Técnica Legislativa de la Cámara Baja, explican los proyectistas.
La normativa apunta a establecer el registro obligatorio de los drones ante la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la Fuerza Aérea Paraguaya o la Digemabel, según el tipo de aeronave y su uso; así como la identificación electrónica remota (Remote ID), que permitirá rastrear en tiempo real la ubicación de cada equipo.
Otro aspecto destacado es la categorización de drones por peso y por tipo de operación, que van desde el uso recreativo hasta operaciones de seguridad y defensa. Igualmente, la habilitación de pilotos, con distintos niveles según la complejidad de la operación, y la creación de centros de instrucción supervisados por la Dinac; así como fijar zonas restringidas, como los alrededores de aeropuertos, instalaciones militares, centrales eléctricas, cárceles y zonas fronterizas, donde el vuelo de drones estará prohibido salvo autorización expresa.
Infracciones y neutralización
Un apartado importante aborda los sistemas de mitigación y neutralización, que quedarán bajo control de la Digemabel y la Fuerza Aérea, incluyendo la creación de un Sistema Integrado de Detección y Neutralización de Aeronaves Pilotadas a Distancia (Sidenrpa). Además de un régimen de sanciones, que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con multas, decomiso de equipos y suspensión o cancelación de habilitaciones, además de la posible remisión de casos a la justicia penal.
El proyecto “que regula el uso de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) y Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) en la República del Paraguay” define que Dinac se encargará de la regulación técnica y la habilitación de pilotos; la Fuerza Aérea Paraguaya, de la defensa del espacio aéreo; Digemabel, del control de los componentes de doble uso; la Policía Nacional, de la fiscalización en tierra; y el Mitic junto con Conatel, de la gestión del espectro radioeléctrico que utilizan estos equipos.
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Paraguay hará reconocimiento público de responsabilidad del caso Santiago Leguizamón
La Vicepresidencia de la República reafirma su compromiso con los derechos humanos y el cumplimiento de sentencias internacionales.
En ese marco extiende una invitación al Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional en memoria del periodista Santiago Leguizamón Zaván y otros vs. el Estado paraguayo.
Al respecto, la directora general de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, informó en comunicación con La Nación/Nación Media, que este acto se llevará a cabo el próximo lunes 27 de julio a las 8:30 en el salón “Serafina Dávalos” de la Corte Suprema de Justicia, encabezado por el titular del Poder Judicial, el ministro Alberto Martínez Simón, quien representará al Estado paraguayo durante la ceremonia oficial.
El acto será transmitido en vivo por todos los medios de comunicación oficial, de tal modo a dar cumplimiento con la sentencia para que llegue la comunicación a toda la ciudadanía en general.
La directora Peralta destacó el compromiso institucional en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado paraguayo, en el marco del acto de reconocimiento público a los familiares del periodista Santiago Leguizamón Zaván, conforme a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Remarcó que este tipo de acciones representan un paso importante en el fortalecimiento del Estado de derecho y en la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos.
“Detrás de cada sentencia hay personas y familias que durante años esperaron una respuesta del Estado. Este acto de reconocimiento es una muestra de respeto hacia la memoria de Santiago Leguizamón Zaván y de compromiso con sus seres queridos”, expresó.
Cumplimiento de compromisos
Recordó que el 26 de abril de 1991, Santiago Leguizamón fue asesinado durante un atentado donde en la ciudad de Pedro Juan Caballero. En noviembre de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia, en la que uno de los puntos establecía que el Estado paraguayo debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
“Una vez más el Estado paraguayo va cumpliendo sus compromisos, porque ya cumplimos con la publicación de la sentencia que lo hicimos el año pasado; también se cumplió con el pago de la indemnización a los familiares, así como la construcción del monolito uno en Asunción y otro en la plaza ubicada en Pedro Juan Caballero, que fueron declarados como sitios de memoria, de acuerdo con lo establecido en nuestra normativa”, precisó.
Resaltó el rol que cumple la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI), impulsada por la Vicepresidencia de la República, para garantizar que las decisiones de los organismos internacionales se traduzcan en acciones concretas.
“El vicepresidente Pedro Alliana ha dado instrucciones permanentes para que la CICSI impulse el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales del Paraguay, porque cree que una democracia se fortalece cuando reconoce sus deudas y trabaja para repararlas”, afirmó.
La directora Peralta agregó que el cumplimiento de las sentencias internacionales no solo responde a un deber jurídico del Estado, sino que también constituye una oportunidad para fortalecer las instituciones, honrar la memoria de las víctimas y generar garantías de no repetición.
El acto forma parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Santiago Leguizamón Zaván vs. Paraguay, reafirmando el compromiso del Estado con la verdad, la memoria, la justicia y la protección de los derechos humanos.
“La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en relación al caso Santiago de Leguizamón que el Estado paraguayo violó el derecho a la vida, la libertad de pensamiento y de expresión, así como la de su esposa e hijos.
También determinó que se violó el derecho a las garantías judiciales, y la protección judicial y a la integridad personal. Hecho que ocurrió, recordemos en 1991. En base a esa sentencia recaída contra el Estado paraguayo, se está dando cumplimiento los puntos de la sentencia", concluyó.
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Pindó solicita profundizar investigación sobre posible nexo entre atentado y grupos armados
La empresa Agroganadera Pindó S.A. emitió un comunicado en el cual realiza un exhorto a las correspondientes autoridades del Estado para investigar si el ataque ocurrido en el puesto policial en Canindeyú guarda relación con estructuras criminales que invadieron su propiedad, hecho que vienen denunciando desde hace más de 10 años.
En su pronunciamiento señalan que el ataque armado contra el Puesto Policial N.° 4 de la colonia Naranjito, del distrito Ybyrarobaná, que dejó dos policías y un civil fallecidos, evidencia el fortalecimiento de organizaciones criminales en el departamento de Canindeyú. Ante esto, solicitaron al Estado paraguayo investigar si existe alguna vinculación entre ese atentado y las estructuras delictivas denunciadas en la causa judicial impulsada por la firma.
Recordaron que la empresa agroganadera desde hace más de diez años viene denunciando ocupaciones ilegales en el establecimiento conocido como Estancia Pindó, así como la presencia de grupos armados, cultivos ilícitos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural, deforestación y otras actividades atribuidas al crimen organizado.
“La utilización de la violencia como mecanismo para consolidar el control territorial constituye un elemento de especial preocupación, pues evidencia una forma de actuación destinada no solamente a ocupar ilegalmente un inmueble privado, sino también a impedir mediante la intimidación el ejercicio de los derechos de sus legítimos propietarios y de las personas que trabajan en el establecimiento. ¿Estamos frente a las mismas estructuras criminales? Esa es la pregunta que hoy el Estado paraguayo tiene la obligación de responder", menciona parte del documento.
Consolidación de grupos armados
Asimismo, recuerdan que en todos estos años se denunció la consolidación de organizaciones armadas, asentamientos ilegales, cultivos de marihuana, laboratorios clandestinos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural y control territorial dentro de inmuebles privados en Canindeyú.
“Hoy, un puesto policial fue atacado con un nivel de organización y violencia que demuestra la capacidad operativa de grupos criminales que desafían abiertamente al Estado. No corresponde anticipar conclusiones, pero sí exigir que el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Senad, el Ministerio del Interior y las Fuerzas de Tarea Conjunta investiguen con profundidad si existe relación entre estos hechos y las organizaciones que desde hace años operan en la zona. Cuando el modus operandi, el territorio y los patrones de actuación coinciden, investigar esa posible conexión deja de ser una opción: es una obligación del Estado”, remarca el pronunciamiento.
No obstante, aclaran que este análisis no pretende afirmar que los responsables del ataque al puesto policial sean necesariamente las mismas personas investigadas en la causa Pindó. Teniendo en cuenta que esa determinación corresponde exclusivamente al Ministerio Público y a los órganos jurisdiccionales.
“Sin embargo, resulta jurídicamente legítimo advertir que ambos escenarios presentan características que justifican una investigación exhaustiva sobre eventuales vínculos, considerando la presencia de organizaciones criminales, el uso de armamento, la ocupación prolongada de territorios y las actividades ilícitas detectadas en la misma región”, acota el comunicado.
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Proponen crear sistema de alerta temprana para evitar desabastecimiento de fármacos
Un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley “De garantía de continuidad terapéutica y prevención de desabastecimiento de medicamentos esenciales”, iniciativa que busca fortalecer el sistema nacional de abastecimiento de medicamentos esenciales mediante la implementación de mecanismos preventivos, reservas estratégicas, sistemas de alerta temprana y mayores estándares de transparencia y control.
El documento fue presentado por los legisladores de varias bancadas: los colorados Hugo Meza, Mauricio Espínola; los liberales María Constancia Benítez, Adrián Vaesken, Diosnel Aguilera y el independiente Raúl Benítez. La propuesta busca asegurar a los pacientes del sistema público el acceso oportuno e ininterrumpido a los medicamentos, de manera a evitar que deficiencias administrativas o logísticas pongan en riesgo la vida y la salud de los mismos.
La presentación se enmarca en lo que establecen los artículos 46 y 68 de la Constitución Nacional, referidos al principio de igualdad y al derecho a la protección integral de la salud; y en los compromisos internacionales asumidos por el Estado paraguayo, según se expresa en la exposición de motivos.
De acuerdo a la exposición de motivos, señala que se establece que las disposiciones de esta ley serán aplicables para las instituciones que administren medicamentos financiados con recursos públicos, tales como el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; el Instituto de Previsión Social; el Hospital Militar; el Hospital Policial; así como el Hospital de Clínicas.
A través de esta iniciativa, los proyectistas proponen la creación del Sistema Nacional de Alerta Temprana para el Abastecimiento de Medicamentos Esenciales (SINATAME), el cual deberá emitir alertas automáticas cuando exista una disminución en el stock de fármacos.
Principales alertas
A su vez, la alerta será emitida cuando existan retrasos en procesos licitatorios, incumplimientos contractuales; riesgos de desabastecimiento internacional, así como medicamentos con vencimientos próximos. Los avisos deberán comunicarse simultáneamente a la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo; la DNCP; el Ministerio de Salud y la Presidencia del IPS.
Los legisladores proyectistas solicitan que las instituciones elaboren anualmente un Plan Integral de Abastecimiento de Medicamentos basado en el consumo histórico, la demanda proyectada y la información epidemiológica. Además, plantean la creación del Portal Nacional de Transparencia del Abastecimiento de Medicamentos, el cual publicará informaciones sobre el stock disponible, los medicamentos agotados, medicamentos críticos; y la fecha estimada de reposición.
A su vez, proveerá información sobre los contratos vigentes; las empresas proveedoras; los procesos licitatorios; además de la ejecución presupuestaria. Establece, igualmente, que el Poder Ejecutivo incorporará en el Presupuesto General de la Nación los créditos necesarios para la implementación de esta ley.
Medicamentos esenciales
En el documento se definen como medicamentos esenciales aquellos incluidos en el Cuadro Básico Nacional de Medicamentos, y aquellos declarados críticos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social o por el Instituto de Previsión Social. Estos son los fármacos para enfermedades oncológicas, hematológicas, trasplantes, VIH/SIDA, tuberculosis, enfermedades autoinmunes y la hemofilia.
Asimismo, son incluidas las enfermedades raras; diabetes insulinodependiente; insuficiencia renal crónica; y de salud mental cuando la suspensión del tratamiento implique riesgo para la vida o la integridad del paciente.