El líder de bancada de Honor Colorado de la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Del Puerto, anticipó que una vez que el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal reciba la aprobación con modificaciones en la Cámara Alta, convocarán al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, a técnicos de esa cartera y a los distintos sectores involucrados, con el fin de analizar los alcances de la iniciativa antes de su tratamiento en plenaria.

El legislador brindó declaraciones tras la reunión de la mesa directiva de la Cámara Baja, explicó que tiene conocimiento de que la Cámara de Senadores estará introduciendo importantes modificaciones al proyecto que fue aprobado por Diputados, dándole la media sanción.

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No obstante, el legislador no ocultó su malestar ante el rumbo que tomó el debate, y cuestionó la contradicción entre las advertencias que técnicos del MEF formularon ante Diputados y el contenido del proyecto que ahora se estudia en el Senado.

“Los técnicos vinieron a decirnos que si se aprobaban las modificaciones pretendidas, la reforma básicamente no serviría para nada, quedamos como si no tuviéramos intenciones de seguir modificando el documento”, lamentó.

El diputado también lamentó el costo humano del proceso, marcado por semanas de incertidumbre y presión sobre los sectores afectados. Recordó que desde Diputados se habían mantenido reuniones con representantes de diversos gremios, con la intención de respaldar una propuesta construida en conjunto —muy similar a la que finalmente se analiza el Senado—, pero que fueron precisamente los reparos técnicos los que truncaron ese camino, lo que hace aún más difícil de explicar el contraste con la postura actual.

Finalmente, subrayó que no está prevista ninguna sesión extraordinaria en Diputados para tratar el tema, sin antes celebrar esas reuniones, que calificó como impostergables.

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La bancada del movimiento Honor Colorado en la Cámara de Diputados analizará el lunes 16 de marzo el pedido de interpelación al titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez. La solicitud es impulsada por el sector de la oposición y la disidencia colorada.

“Siempre y cuando tenga la confianza del presidente de la República, Santiago Peña, nosotros depositamos la confianza también en el titular de IPS, pero sí va ser un tema a tratar en la próxima reunión (de bancada) del próximo lunes”, manifestó el diputado Miguel Ángel Del Puerto, en conversación con los medios de prensa.

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Del Puerto, quien ejerce el liderazgo de la bancada oficialista, acotó: "Por supuesto que existen fallas, existen falencias, hay que invertir más en la parte de la atención médica, fortalecer los hospitales, las unidades sanitarias en el interior del país, hay mucho por hacer, por eso queremos analizar en bancada cuáles son las respuestas o las decisiones que está tomando el presidente del IPS para mejorar las condiciones".

El pedido de interpelación que se tratará el martes 17 de marzo también va dirigido al gerente de Salud, Derlis León. “Queremos analizar serena y responsablemente en bancada, pero acá hay que entender también que influye mucho el tema político, hay sectores que insisten en la destitución, son posiciones políticas, es por eso que se debe analizar como un todo”, dijo.

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Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, la administración del IPS exoneró el pago de sumas millonarias a la empresa de su familia política. Los documentos sobre el cobro del Instituto de Previsión Social (IPS) a la empresa hotelera muestran una verdad irrefutable: la exoneración de multas e intereses millonarios por parte del ente, pese a litigios ganados. En la administración de Jorge Brítez la situación se revirtió y de G. 5.557 millones “arreglados” en la era Abdo se logró ingresar G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Los hechos son muy claros y hablan por sí solos, pese al redireccio­namiento de cuestionamientos que se quiere hacer del sonado caso del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, propiedad de la familia política del expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, que arrastraba multimillonarias deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de aporte obrero patronal.

Después de un largo litigio por el cobro de la mencionada deuda y pese a los juicios ganados para cobro de capital, intereses y multas, por una resolución de fecha 6 de diciembre de 2018, el entonces Consejo de Adminis­tración perdonó estas obligacio­nes a la empresa de la familia de la esposa de Abdo Benítez. Con esta decisión, el monto a perci­bir por la previsional se redujo a G. 5.557 millones, con facilida­des de pago en cómodas cuotas para la firma deudora que apro­vechó sus privilegios al punto de incumplir hasta lo acordado. La situación mencionada cambió en el 2024 cuando la Dirección Jurídica de la previsional veri­ficó el incumplimiento y exigió el pago correspondiente por medio de ejecución de cobro, logrando así el IPS cobrar en una primera instancia la suma de G. 7.500 millones y posterior­mente la suma de G. 1.891 millo­nes, sumando así un ingreso total de G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Se impulsó igualmente una causa penal por evasión, habiéndose verificado que se descontaba a los empleados, pero no se aportaba al IPS, pri­vando así el Consorcio, familia política de Abdo Benítez, a sus trabajadores de las prestacio­nes médicas y del derecho a la jubilación, pese a los descuentos que les realizaban en concepto de seguridad social.

Así, surgió un primer acuerdo con la empresa Consorcio Hotelero en 2018 con el com­promiso de cancelar la deuda a noviembre de ese año, pero esto iba atado a millonaria exone­ración de G. 5.224 millones, es decir, casi el 50 % de la deuda, incluso de obligaciones que ver­saban al año 2003. Por si fuera poco, desde noviembre del 2018 hasta el inicio de la ejecución en febrero de 2024, el Consorcio Hotelero no cumplió con nin­gún punto del acuerdo homolo­gado, pese a todos los beneficios. Con la actual administración se revirtió la concesión que le dieron en el gobierno ante­rior a la empresa de la familia política de Abdo Benítez y el IPS logró el cobro de G. 7.500 millones inicialmente y luego, en el primer semestre de 2025, se canceló el total adeudado a la fecha de pago, lo que llevó a que en menos de un año se cobre la suma de más de G. 9.391 millo­nes a favor de los asegurados. Es importante remarcar que, si es que se aceptaba el acuerdo ante­rior del 2018, IPS iba a tener G. 1.900 millones menos en recur­sos y deja en evidencia a quienes intentaron sacrificar los dere­chos de los asegurados con rega­lías que constituyen un saqueo a la previsional.

Además del pago de millonarias multas e intereses, el Consorcio fue obligado a pagar las costas del juicio, decisión judicial uti­lizada como revancha mediá­tica del abdismo y redireccionó el tema colocando en centro de escándalos al exdirector jurí­dico y su equipo. Los tiroteos mediáticos ignoran que el pro­pio Consorcio realizó propues­tas de pago, e incluso de dación en pago de inmuebles, que fue­ron rechazadas por no ser con­venientes a los intereses del IPS. La empresa tuvo que asu­mir lo que correspondía, el pago del capital que adeudaban con intereses. En la misma pro­puesta presentada, solicitaron el pago del 5% (mínimo legal) a los abogados, todo ello abo­nado y pagado por el Consorcio. Si el propio Consorcio moroso planteó este pago, conforme a las costas que veía venir y con­siderando todo el regateo a la previsional para esquivar deu­das históricas, ¿que presunción puede haber sobre su sorpresiva iniciativa de cubrir los gastos que conlleva cualquier juicio?

Los costos que recayeron en la parte perdidosa, ejecuta­dos conforme a propuesta de la misma en el marco de la Ley, se convirtió en gigantesca cam­paña mediática con medias verdades. La prensa sangra por la herida de la empresa de la familia política de Abdo Bení­tez antes que defender el interés de los asegurados e IPS.

La Cámara de Diputados sancionó este martes en sesión extraordinaria, el proyecto de ley que ratifica el acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) suscrito entre la República del Paraguay y los Estados Unidos de América, instrumento que establece el marco jurídico para regular la presencia temporal de personal militar y civil estadounidense en territorio nacional en el marco de actividades de cooperación bilateral.

El “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América Relativo al Estatuto de las Fuerzas” es una iniciativa que tiene como objetivo principal definir reglas claras, previsibles y recíprocas respecto a aspectos operativos, jurisdiccionales y administrativos vinculados a misiones conjuntas, entrenamientos, asistencia técnica y acciones de cooperación en materia de seguridad y defensa.

Según la exposición de motivos, el acuerdo busca fortalecer las capacidades del Estado paraguayo frente a desafíos contemporáneos como el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el terrorismo internacional y los riesgos emergentes vinculados a ciberataques y nuevas tecnologías, amenazas que, según se argumentó, requieren de una cooperación internacional más estrecha.

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El documento establece disposiciones relacionadas con jurisdicción penal, privilegios e inmunidades, movilidad del personal extranjero, reconocimiento de licencias profesionales y operación de vehículos, señalando que dichas actividades deberán desarrollarse con respeto a la soberanía nacional y al ordenamiento jurídico paraguayo.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Añazco, explicó durante la sesión que, desde el punto de vista jurídico, el acuerdo se fundamenta en principios del derecho internacional y en la facultad soberana de los Estados para celebrar tratados, conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Asimismo, sostuvo que este tipo de instrumentos son habituales en esquemas de cooperación militar y humanitaria entre países.

Por su parte el diputado Pedro Ortiz, presidente de la Comisión de Defensa, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno destacó el fortalecimiento de las capacidades militares mediante entrenamientos conjuntos, transferencia de conocimientos, asistencia técnica y preparación ante emergencias y desastres, además de mejorar la respuesta estatal frente a redes criminales transnacionales que operan en la región.

A su turno, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, sostuvo que la lucha contra el narcotráfico requiere de un esfuerzo conjunto entre el Estado y la comunidad internacional.

“No podemos solos, quiero ganar la guerra a las drogas y ofrecerles un país seguro a mis hijos”, expresó, al remarcar la necesidad de fortalecer la cooperación en materia de seguridad y combate al crimen organizado

El acuerdo también apunta a otorgar seguridad jurídica a las operaciones de cooperación internacional, evitando vacíos legales mediante reglas claras sobre responsabilidades, jurisdicción e inmunidades del personal extranjero.

Durante el debate parlamentario, legisladores de la oposición manifestaron inquietudes respecto a las disposiciones vinculadas a privilegios e inmunidades contempladas para el personal estadounidense, particularmente, en lo referente a la jurisdicción penal y eventuales limitaciones para que ciudadanos extranjeros sean juzgados por tribunales paraguayos.

La aprobación del proyecto se sustenta en el artículo 202, inciso 2, de la Constitución Nacional, que faculta al Congreso Nacional a dictar, modificar y aprobar leyes y tratados internacionales, consolidando así la cooperación entre estados en materia de seguridad y defensa.

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