Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, la administración del IPS exoneró el pago de sumas millonarias a la empresa de su familia política. Los documentos sobre el cobro del Instituto de Previsión Social (IPS) a la empresa hotelera muestran una verdad irrefutable: la exoneración de multas e intereses millonarios por parte del ente, pese a litigios ganados. En la administración de Jorge Brítez la situación se revirtió y de G. 5.557 millones “arreglados” en la era Abdo se logró ingresar G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Los hechos son muy claros y hablan por sí solos, pese al redireccio­namiento de cuestionamientos que se quiere hacer del sonado caso del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, propiedad de la familia política del expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, que arrastraba multimillonarias deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de aporte obrero patronal.

Después de un largo litigio por el cobro de la mencionada deuda y pese a los juicios ganados para cobro de capital, intereses y multas, por una resolución de fecha 6 de diciembre de 2018, el entonces Consejo de Adminis­tración perdonó estas obligacio­nes a la empresa de la familia de la esposa de Abdo Benítez. Con esta decisión, el monto a perci­bir por la previsional se redujo a G. 5.557 millones, con facilida­des de pago en cómodas cuotas para la firma deudora que apro­vechó sus privilegios al punto de incumplir hasta lo acordado. La situación mencionada cambió en el 2024 cuando la Dirección Jurídica de la previsional veri­ficó el incumplimiento y exigió el pago correspondiente por medio de ejecución de cobro, logrando así el IPS cobrar en una primera instancia la suma de G. 7.500 millones y posterior­mente la suma de G. 1.891 millo­nes, sumando así un ingreso total de G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Se impulsó igualmente una causa penal por evasión, habiéndose verificado que se descontaba a los empleados, pero no se aportaba al IPS, pri­vando así el Consorcio, familia política de Abdo Benítez, a sus trabajadores de las prestacio­nes médicas y del derecho a la jubilación, pese a los descuentos que les realizaban en concepto de seguridad social.

Así, surgió un primer acuerdo con la empresa Consorcio Hotelero en 2018 con el com­promiso de cancelar la deuda a noviembre de ese año, pero esto iba atado a millonaria exone­ración de G. 5.224 millones, es decir, casi el 50 % de la deuda, incluso de obligaciones que ver­saban al año 2003. Por si fuera poco, desde noviembre del 2018 hasta el inicio de la ejecución en febrero de 2024, el Consorcio Hotelero no cumplió con nin­gún punto del acuerdo homolo­gado, pese a todos los beneficios. Con la actual administración se revirtió la concesión que le dieron en el gobierno ante­rior a la empresa de la familia política de Abdo Benítez y el IPS logró el cobro de G. 7.500 millones inicialmente y luego, en el primer semestre de 2025, se canceló el total adeudado a la fecha de pago, lo que llevó a que en menos de un año se cobre la suma de más de G. 9.391 millo­nes a favor de los asegurados. Es importante remarcar que, si es que se aceptaba el acuerdo ante­rior del 2018, IPS iba a tener G. 1.900 millones menos en recur­sos y deja en evidencia a quienes intentaron sacrificar los dere­chos de los asegurados con rega­lías que constituyen un saqueo a la previsional.

Además del pago de millonarias multas e intereses, el Consorcio fue obligado a pagar las costas del juicio, decisión judicial uti­lizada como revancha mediá­tica del abdismo y redireccionó el tema colocando en centro de escándalos al exdirector jurí­dico y su equipo. Los tiroteos mediáticos ignoran que el pro­pio Consorcio realizó propues­tas de pago, e incluso de dación en pago de inmuebles, que fue­ron rechazadas por no ser con­venientes a los intereses del IPS. La empresa tuvo que asu­mir lo que correspondía, el pago del capital que adeudaban con intereses. En la misma pro­puesta presentada, solicitaron el pago del 5% (mínimo legal) a los abogados, todo ello abo­nado y pagado por el Consorcio. Si el propio Consorcio moroso planteó este pago, conforme a las costas que veía venir y con­siderando todo el regateo a la previsional para esquivar deu­das históricas, ¿que presunción puede haber sobre su sorpresiva iniciativa de cubrir los gastos que conlleva cualquier juicio?

Los costos que recayeron en la parte perdidosa, ejecuta­dos conforme a propuesta de la misma en el marco de la Ley, se convirtió en gigantesca cam­paña mediática con medias verdades. La prensa sangra por la herida de la empresa de la familia política de Abdo Bení­tez antes que defender el interés de los asegurados e IPS.

El líder de la bancada de Honor Colorado, de la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Del Puerto, señaló que posterior a lo que resuelva el Senado este miércoles respecto a la Reforma de la Caja Fiscal, estarán reiniciando las conversaciones con el vicepresidente Pedro Alliana, que es el nexo más importante entre el Legislativo y el Ejecutivo.

El parlamentario colorado aseguró que estarán dialogando con los diferentes gremios que son afectados por esta reforma, para tener su parecer respecto a las modificaciones que serán introducidas este miércoles en sesión extraoridinaria de la Cámara Alta.

“Nosotros estamos expectantes a lo que resuelva la Cámara de Senadores en cuanto a las modificaciones y seguramente nosotros nos tomaremos el tiempo necesario también para escucharles a todos los gremios si están de acuerdo o no con las modificaciones realizadas por el Senado", comentó.

Por otra parte, el nuevo líder de bancada oficialista se refirió a la propuesta de la administración del programa Hambre Cero a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná. Indicó que en una opinión muy personal, está a favor de la descentralización, aclarando que aún el tema no fue analizado en bancada.

No obstante, aseguró que estarán tomando la propuesta del Senado con tranquilidad, para analizarla fríamente y con los documentos y argumentos sobre la mesa.

“No tenemos una posición tomada todavía al respecto y tampoco vamos a tomar con celeridad eso lo resuelto por Cámara de Senadores. Queremos tomarla con tranquilidad, analizarla fríamente y con los documentos y argumentos sobre la mesa. En una opinión personal, una posición personal, no como líder de bancada, pero yo apuesto a la descentralización”, concluyó.

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El diputado colorado Alejandro Aguilera, criticó duramente el aumento en el precio de los combustibles por parte de los emblemas privados y requirió a Petróleos Paraguayos (Petropar), ser un actor clave para poner límites a los abusos y proteger el bolsillo de la ciudadanía.

“La guerra empezó hace algunos días, pero los emblemas privados ya suben el combustible. Petropar es clave, para poner límites a estos abusos y evitar que algunos ganen millones a costa de la gente. El argumento que están utilizando algunos emblemas privados para justificar el aumento del precio del combustible es la guerra en Medio Oriente y eso como mínimo es discutible", indicó Aguilera a La Nación/Nación Media.

El parlamentario acotó: “Es cierto que los conflictos internacionales pueden generar volatilidad en el precio del petróleo, pero también hay que decir que el combustible que hoy se está vendiendo en Paraguay no fue comprado después de que estallara este conflicto, sino que forma parte de stock adquirido previamente, con precios anteriores. Por lo tanto, trasladar inmediatamente una supuesta suba internacional al consumidor paraguayo genera dudas".

El conflicto bélico inició el pasado 28 de febrero, luego de que Estados Unidos e Israel hayan tomado la decisión de lanzar una operación conjunta preventiva con el objetivo de derrocar al régimen islámico en Irán.

“De hecho los propios gremios del sector anunciaron aumentos de entre G. 350 y G. 700 por litro, atribuyéndolos al conflicto en Medio Oriente y a la cotización internacional del petróleo. El problema es que, en muchos casos, la reposición del stock todavía no ocurrió, lo que abre el debate sobre si estas subas responden realmente a costos o a decisiones comerciales anticipadas“, puntualizó.

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Aguilera agregó: “Por eso es tan importante la presencia de Petropar como empresa estatal en el mercado, porque cumple un rol regulador de hecho, cuando mantiene o modera precios, evita abusos y protege el bolsillo de la gente frente a movimientos especulativos del mercado".

El legislador añadió que “en síntesis, Paraguay necesita un mercado de combustibles competitivo y transparente, pero también un actor público fuerte que funcione como referencia de precios, justamente para evitar que cualquier crisis internacional sea utilizada como argumento para aumentos inmediatos que no siempre reflejan los costos reales".

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El diputado Rodrigo Gamarra expresó que se debe preservar lo que ya logró el gobierno de Santiago Peña con el emblemático programa Hambre Cero en las escuelas, al referir su postura sobre la decisión del Senado de retirar la administración de la alimentación escolar a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná.

“Vi lo que ocurrió en Cámara de Senadores y vi también lo que está ocurriendo a nivel nacional, y acá lo primero que hay que hacer es preservar lo que se logró y se conquistó porque el programa Hambre Cero es un programa demasiado emblemático para el Gobierno nacional, creo que ya debe ser una política de Estado que tiene que perdurar en el tiempo”, indicó el legislador, este viernes, en entrevista con el programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Está demostrando con hecho que es absolutamente exitoso, logramos mayor asistencia de los niños en las escuelas, que los niños se alimenten como corresponde. La gente respondió positivamente, la generación de empleo también es un factor determinante en zonas alejadas, éxitos en cuanto al programa”, manifestó Gamarra.

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Gamarra apuntó a varios puntos logrados con éxito desde su aplicación, no solo en el ámbito escolar, sino también social. “Está demostrando con hechos que es absolutamente exitoso, logramos mayor asistencia de los niños en las escuelas, que los niños se alimenten como corresponde, la gente respondió positivamente, la generación de empleo también es un factor determinante en zonas alejadas, éxitos en cuanto al programa”, manifestó.

Sin embargo, el diputado sostuvo que este éxito debe ser cuidado: “Para que nosotros podamos cuidar tenemos que ser muy cautelosos con la administración de los recursos y que no haya nunca ningún manto de duda sobre eso, porque es lo que puede poner en peligro a la larga y a corto plazo. Entonces, cuidando el programa, nosotros tenemos que disipar todo tipo de dudas”.

El diputado ratificó su opinión que la administración de todos los departamentos sobre el programa sea centralizado en el Ministerio de Desarrollo Social (MDS). “Yo no veo ningún problema con que ocurra eso porque a hoy, porque a final de cuentas por más que las gobernaciones son las que estén designando qué empresa sea la adjudicada o el desarrollo del programa en cada departamento, Desarrollo Social es el que hace siempre el trámite final de corroborar las planillas, de saber qué se cumplió o qué no se cumplió y poder efectuar el pago para cada departamento”, manifestó.

El documento aprobado por el Senado debe ser tratado por la Cámara de Diputados. “Es una posición personal, pero sí muchos de los colegas también la comparten y creo que cuando llegue a la Cámara de Diputados vamos a debatirlo entre todos y tratar de encontrar lo que más conviene, y tratar de asegurar siempre, por sobre todas las cosas, donde se administre, este programa se mantenga y que esté blindado”, concluyó Gamarra.

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