Guillermo Bae Ki, jefe de Taller del Ministerio del Interior, ratificó que una camioneta fue reparada en el taller del narco Marcus Vinicius.

En el marco del juicio oral y público contra el exministro del Inte­rior, Arnaldo Giuzzio –acusado por cohecho pasivo agravado tras presuntamente recibir favores del supuesto narco­traficante Marcus Vinicius– declaró el jefe de Taller del Ministerio del Interior, Gui­llermo Bae Kim. El funcio­nario confirmó al Tribunal de Sentencia que uno de los vehículos pertenecientes al Gobierno, que estaba en uso de la cartera estatal, fue trasla­dado a Ciudad del Este y repa­rado en el taller Black Eagle SA) del presunto capo narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. Este testimonio, sumado a las declaraciones del exviceminis­tro Pablo Ríos y de otros altos exfuncionarios de la institu­ción robustece la hipótesis del Ministerio Público. La audien­cia oral continuará el próximo 2 de octubre a las 11:00.

Por su parte, la fiscala Veró­nica Valdez señaló que Bae Kim explicó detalladamente el procedimiento adminis­trativo utilizado para solici­tar las reparaciones de la flota institucional. Valdez aseguró que “el testigo confirmó que una camioneta Dodge RAM del Ministerio del Interior fue llevada hasta Ciudad del Este para ser reparada en la empresa vinculada a Marcus Vinicius”. Asimismo, adelantó que todos los testimonios y elementos probatorios deba­tidos en el juicio serán expues­tos formalmente durante los alegatos finales de la fiscalía.

El juicio está a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por los magistrados Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel. En la audien­cia previa del 22 de setiembre, la declaración del exdirector administrativo y financiero Victoriano Benítez también sumó elementos al proceso de la acusación.

Durante su comparecencia, el testigo admitió –tras ser confrontado con documen­tos exhibidos por el tribunal– la existencia de tres vehículos blindados en el ministerio y confirmó que las reparacio­nes y trabajos de blindaje se realizaban en el taller de la firma Ombú SA (vinculada al grupo Black Eagle SA), pro­piedad de Vinicius en Ciudad del Este.­

El juicio oral y público contra el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, se reanudó este martes con la declaración testifical del jefe del departamento de Transporte del ente estatal. Guillermo Bae Kim, jefe de Servicios Generales del Ministerio del Interior, mencionó que uno de los vehículos del ministerio fue llevado a Ciudad del Este al taller perteneciente al presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua para su reparación, durante la gestión del exsecretario de Estado.

Giuzzio está acusado por cohecho pasivo agravado por presuntamente haber recibido favores de Marcus Vinicius cuando se desempeñaba como ministro, entre mediados de 2021 hasta febrero de 2022. El juicio está a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel. La agente fiscal Verónica Valdez señaló que se aguarda la declaración de más testigos y la producción de pruebas clave, como el informe derivado de la extracción de datos de los teléfonos celulares de Marcus Vinicius.

En la pasada audiencia del 22 de setiembre, la declaración del exdirector administrativo y financiero de la cartera estatal, Victoriano Benítez, complicó la situación procesal del acusado. Durante su comparecencia, el testigo admitió —tras ser confrontado con documentos exhibidos por el tribunal— la existencia de tres vehículos blindados en el ministerio y confirmó que las reparaciones y trabajos de blindaje se realizaban en el taller de la firma Ombú S.A. (vinculada al grupo Black Eagle S.A.), propiedad de Vinicius en Ciudad del Este. No obstante, Benítez evitó precisar la forma en que se financiaron dichos trabajos, lo que refuerza la tesis de la Fiscalía de que los servicios constituían “favores” patrocinados a favor del entonces ministro.

La fiscal Valdez destacó en aquella ocasión que las manifestaciones del testigo confirman que los arreglos mecánicos no se limitaban a los móviles blindados, sino a cualquier vehículo de la institución que requiriera mantenimiento. Asimismo, el exadministrador reveló que hacia el año 2021 la cartera ministerial ya sospechaba de irregularidades en el taller, donde se sobrefacturaban o adulteraban los repuestos figurantes en las planillas.

Los juicios del exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, y del destituido exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se reanudan este martes. La primera audiencia está prevista a las 8:00, donde el exsecretario de Estado está procesado por cohecho pasivo agravado; mientras que el exjefe comunal vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados a las 11:00, por presunta lesión de confianza y asociación criminal en el caso “Tía Chela”.

En el juicio oral y público contra Arnaldo Giuzzio, la anterior sesión del 22 de setiembre tuvo el testimonio de Victoriano Benítez, exdirector administrativo del Ministerio del Interior, quien explicó que el proceso para la reparación de vehículos institucionales de dicha cartera, aclarando que, en teoría, estos trámites dependían de la Dirección Administrativa y no del ministro directamente.

También se abordó la gestión de vehículos específicos, como una camioneta Hyundai Santa Fe y una camioneta Dodge RAM (propiedad de Senabico), mencionando un convenio para tareas de inteligencia. El proceso judicial por presunto cohecho pasivo agravado sigue su curso en la etapa testifical y testificación de pruebas documentales, con las declaraciones pendientes de los últimos testigos presentados por la Fiscalía.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos agendó para la jornada de hoy la continuación de la audiencia con la lectura y exhibición de las pruebas documentales presentadas por la Fiscalía en el proceso que involucra a Miguel Prieto y otros diez acusados, señalados por un esquema de licitación simulada y facturación falsa por vía de excepción para la adquisición de 25.000 kits de alimentos destinados a familias de escasos recursos en la pandemia de covid-19 en 2020.

En la última sesión del 21 de setiembre, los abogados defensores presentaron sus teorías del caso, argumentando, entre otras cosas, que la gestión de su defendido se dio en un contexto de emergencia por la pandemia del covid-19 y cuestionaron la objetividad de la fiscalía y plantearon la existencia de una supuesta persecución penal selectiva.

Además, las defensas solicitaron medidas para evitar que la fiscalía introduzca referencias innecesarias a la vida íntima y familiar de los encausados. Igualmente, se dio lectura a diversos documentos, incluyendo actas de allanamiento, contratos (como el contrato n.º 14/20), facturas y documentos de constitución de la firma “Tía Chela”. La sesión se centra en el análisis detallado de la legalidad de los procedimientos y contratos realizados por la Municipalidad de Ciudad del Este.

La declaración del exalto funcionario del Ministerio del Interior complica más el escenario jurídico de Arnaldo Giuzzio.

En el marco del juicio oral y público que enfrenta el exmi­nistro del Interior Arnaldo Giuzzio –acusado por cohe­cho pasivo agravado tras pre­suntamente recibir favores del supuesto narcotraficante Marcus Vinicius–, declaró Victoriano Benítez, exdirec­tor general Administrativo y Financiero de la cartera esta­tal, y reveló datos que com­prometen el escenario pro­cesal del acusado.

Benítez aseguró ante el tribu­nal de sentencia –integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Mathías Garcete– que un vehículo que estaba al servicio del Ministerio del Interior fue trasladado hasta la firma Black Eagle Group SA (también ligada a Ombú SA) para su respectiva repara­ción. Esta declaración com­plica aún más la situación del acusado en el presente pro­ceso penal.

Asimismo, el testigo indicó que varias facturas de la firma Black Eagle Group SA se pudieron haber pagado con gastos reservados, debido a que, al momento de visuali­zar los documentos en el jui­cio oral, constató que dichos montos no fueron abonados por la Dirección Administra­tiva a su cargo.

Por su parte, la fiscala Veró­nica Valdez indicó que el testigo prestó aclaraciones sobre la adquisición de bienes y los pagos de servicios, entre ellos, las reparaciones vehi­culares. Sostuvo que el exdi­rector confirmó el traslado de un rodado estatal hasta el taller de la firma pertene­ciente a Marcus Vinicius en Ciudad del Este.

La audiencia oral proseguirá el martes 29 de setiembre con la declaración de más testi­gos. Una vez concluida esta etapa, se ingresará a la fase de alegatos finales, donde el Ministerio Público soli­citará los años de cárcel para el exalto funcionario del gobierno de Mario Abdo Benítez.

En este juicio ya han decla­rado numerosos testigos, incluido el propio Marcus Vinicius y exfuncionarios de la firma Black Eagle SA. Entre ellos, el exgerente de la empresa Gilberto Enciso aportó datos que comprome­ten la situación procesal de Giuzzio. Igualmente, declaró el exviceministro de Seguri­dad Interna Pablo Ríos, quien afirmó haber recibido órde­nes directas de Giuzzio para negociar con Marcus Vini­cius Espíndola Marqués de Padua el blindaje de patru­lleras de la Policía Nacional.

Ríos indicó que la firma Ombú SA, a través de su gerente Gilberto Enciso, presentó una nota de pre­supuesto al Ministerio del Interior. Dicho documento fue recepcionado por el pro­pio Ríos, quien luego se lo entregó al entonces minis­tro. Asimismo, se constató que el acusado visitó las ins­talaciones de Ombú SA en Ciudad del Este, donde se tomaron varias fotografías dentro del taller y una foto general con los empleados de la empresa.