El Consejo de Presidentes de Seccionales de la Asociación Nacional Republicana (ANR), que aglomera a 19 presidentes de seccionales del país y del exterior, presidido por Édgar López, exhortó a los miembros de la Junta de Gobierno a emitir un pronunciamiento contra el planteamiento de juicio político al mandatario Mario Abdo Benítez y al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
“Ellos son las autoridades superiores. Les recomendamos que se expidan por el no al juicio político y el rechazo, repudio de todos los hechos de vandalismo. Nosotros nos quedamos vigilantes y si esto no se calma, tendremos que escuchar a nuestra gente que quiere salir a movilizarse, a empezar una marcha pacífica, nosotros les estamos atajando. Queremos la tranquilidad a la vez queremos una mesa de diálogo entre todos los sectores del poder”, sostuvo.
“Los colorados de bien seguiremos apoyando su gestión”
Señaló también que existen aproximadamente 200 mil colorados que están dispuestos a salir a las calles para llevar adelante una contramarcha a favor del mandatario, indicando que solo aguardan instrucciones de Abdo Benítez para concretar el planteamiento.
“Si el presidente de la República nos dice que debemos salir a las calles, lo haremos, pero vamos a estar vigilantes para custodiar. Mínimo 200 mil colorados vamos a sitiar toda la ciudad de Asunción. Vamos a esperar instrucciones porque estamos en una situación de pandemia y Abdo fue muy claro, busca sanar a su pueblo, Paraguay es el primer país que fue felicitado para que puedan hacerse inversiones. La mayoría de los colorados de bien vamos a seguir acompañando su gestión hasta terminar los cinco años”, sentenció.
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Manifestantes chocan con policía en Argentina por proyecto de ley a favor de propiedad privada
Miles de personas marcharon este jueves en Buenos Aires contra un proyecto de ley a favor de la propiedad privada impulsado por el presidente Javier Milei, en una protesta que derivó en choques con la policía.
La fuerza pública se dispersó con balas de goma, gases lacrimógenos y chorros de agua a los manifestantes que arrojaron piedras a los uniformados en medio de corridas frente a la sede del Congreso, según periodistas de la AFP.
Previamente, el gobierno debía retirar de la iniciativa un punto polémico que liberaba la venta de tierras a extranjeros, el cambio más rechazado.
Aun así, los manifestantes se movilizaron. “Yo quiero que caiga la ley completa”, dijo a la AFP Roxana Parapugna, una socióloga de 51 años frente a la sede del legislativo.
Para Carlos Miño, un jubilado de 67 años, “casi todo el proyecto está en la misma dirección: entregar de una u otra forma nuestros bienes, nuestras cosas”.
“La patria no se vende”
La iniciativa que comenzó a debatirse este jueves en el Senado busca dificultar expropiaciones del Estado, facilitar desalojos ‘express’ y destrabar el cambio de uso y venta de tierras rurales afectadas por incendios.
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Convocada por sindicatos, partidos de izquierda y movimientos sociales, la protesta más importante se registró frente al Congreso, en el centro de una Ciudad de Buenos Aires pese al día de intensas lluvias.
“La patria no se vende” fue la principal consigna de los manifestantes que se multiplicó en cánticos y banderas.
El denominado proyecto de “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” llevaba semanas sin poder tratarse por el apartado que flexibilizaba la Ley de Tierras Rurales para extranjeros.
El Gobierno de Milei sostiene que las restricciones de la ley actual, vigente desde 2011, desalienta inversiones. La norma limita al 15 % la proporción de tierras que pueden venderse a extranjeros, porcentaje que se aplica a cada provincia y cada municipio individualmente.
El gobierno quería liberarlo, luego propuso ampliarlo a 25% y sobre el total de cada provincia. Pero resolvió quitarlo del proyecto por falta de apoyos.
Según datos de un estudio de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet, el organismo estatal de investigación científica de Argentina, más de 13 millones de hectáreas del país (superficie similar a Inglaterra), pertenecen a extranjeros.
Aunque en ninguna de las 23 provincias argentinas se supera el 15% de la ley, según el Registro de Tierras Rurales 31 departamentos ya pasan ese límite, en algunos municipios de Misiones (noreste) llega al 80%.
Tras el rechazo social generalizado, gobernadores aliados habitualmente al gobierno sumaron su rechazo y el oficialismo suprimió el cambio. La ley aún debe debatirse en la Cámara de diputados. El resto del proyecto también genera críticas.
Otros capítulos buscan reforzar las barreras para la expropiación de tierras o inmuebles o acelerar los desalojos por impagos de alquiler. También propone eliminar o flexibilizar la Ley de Manejo del Fuego, que restringe la venta de tierras incendiadas.
- Fuente: AFP
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Jubilados se movilizan frente al Congreso y reclaman bonos de auxilio
Los jubilados que pertenecen al sistema previsional del Instituto de Previsión Social (IPS) exigieron hoy durante una manifestación frente al Congreso Nacional, la aprobación del proyecto de ley que declara emergencia sanitaria en el IPS, presentado por el senador Juan Afara.
El Licenciado Elvio Brun, vicepresidente de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP), mencionó que el principal reclamo es que el Estado cumpla con la deuda histórica con el IPS mediante la emisión de bonos perpetuos.
En ese marco, el gremio amenazó con presentar una demanda internacional que afectaría la calificación crediticia del país.
“No estoy satisfecho de ninguna manera con el resultado de hoy en la reunión del Senado entre las autoridades del IPS y la comisión de Hacienda. El Estado debe honrar su deuda, vemos que el Estado no quiere honrarla por el problema del déficit fiscal.”, dijo Brun.
“Ese grado de inversión tiene el riesgo de perderse, y al gobierno le interesa más el pergamino, si pagan la deuda al IPS se va a superar el nivel déficit fiscal sobre el PIB”, sostuvo.
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Igualmente, el directivo gremial exigió a las autoridades del IPS que expliquen el significado y los alcances de esa reingeniería financiera planteada hoy el titular de la previsional, Dr. Isaías Fretes.
Por su parte, el presidente de la UNJP, Gustavo Canata aclaró que si el proyecto de ley de emisión no bonos no es aprobado “haremos una demanda internacional para el cobro del IPS y esto le va a dar mayor problemas porque una vez que el Estado paraguayo no cubra su deuda interna se le van a cerrar los créditos internacionales”, dijo.
Afirmaron que el Gobierno tiene para construcción de rutas, sin embargo hace caso omiso a la vida. “Este problema de IPS está trayendo muertes sucesivos, debido a la falta de atención y medicamentos”, remarcó Canata.
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El TSJE deberá destrabar la crisis en Ypané tras la elección de dos intendentes paralelos
El conflicto en la Municipalidad de Ypané, lejos de encaminarse hacia una solución, se intensifica cada vez más. Desde este lunes, la comuna del departamento Central cuenta con dos intendentes que fueron proclamados por distintos sectores de la Junta Municipal: un concejal colorado y una concejal liberal, profundizando la disputa por el control de la administración comunal.
La controversia surge tras decisiones adoptadas en sesiones separadas y cuestionamientos sobre la legalidad de los procedimientos, lo que mantiene abierta la crisis institucional y anticipa que el caso deberá ser resuelto por las instancias competentes.
Es decir, ahora queda a cargo del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) definir cuál de los dos jefes comunales sería el que corresponde culminar el mandato de este periodo.
Esta nueva coyuntura, se dio en medio de una fuerte trifulca donde una turba liderada por el exintendente liberal Horacio Ortiz, hermano del presidente de la Junta y candidato a intendente por el PLRA, Jacobo Ortiz, arengó para que ningún concejal colorado abandone la sala de sesiones, dejándolos encerrados, o como lo calificó el líder de la bancada colorada concejal Eduardo Domínguez, “secuestrados” dentro de la sala sesiones donde la bancada Liberal continuó con la sesión ordinaria aprobando todas las actas de las sesiones pasadas.
En conversación con La Nación/Nación Media, mencionó que la sesión ordinaria se lleva a cabo cada lunes a las 11:00, y si bien, señaló que inició con normalidad, aprobando la primera acta de la sesión pasada. al pasar a la segundo punto comenzaron las discusiones que rápidamente fueron subiendo de tono.
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Explicó que la bancada liberal quiso ratificar su designación de la concejal liberal Mirtha Oviedo, lo que rechazó la bancada colorada y resolvió retirarse de la sala de sesiones para dejar sin quórum la sesión.
“Estamos con dos intendentes, nosotros elegimos la semana pasada a nuestro colega Inocencio Amado Cáceres. Mientras que ellos volvieron a elegir hoy a una intendente a la concejal liberal Mirtha Oviedo, pese a la nulidad que dispuso el TSJE a la resolución del pasado 3 de julio. No sé cómo quedó la votación, nosotros no votamos, ellos estaban ahí entre seis, pero necesitaban de 7 votos, y no sé cómo hicieron, no entiendo. O sea, que nosotros estábamos dentro secuestrados pero ninguno de nosotros votó”, explicó.
Obligados a dar quórum
Domínguez indicó que no pudieron salir de la sala, porque la puerta de blindex fue bloqueada por una turba de adherentes al clan Ortiz. “Nosotros intentamos levantarnos y salir de la sala, pero nos atropella una turba totalmente descontrolada, como 200 personas, en la puerta de blindex, que no nos permiten salir. Fuimos coaccionados, secuestrados, a la fuerza nos mantuvieron dentro de la sala de sesiones; en nuestra casa, prácticamente fue un atropelló a domicilio”, denunció.
El edil colorado confirmó que ya están trabajando con sus asesores legales para presentar una denuncia formal ante la Fiscalía, contra personas nominadas y bien identificadas por este atropello que sufrieron. Además, mencionó que en un momento incluso el atropello llegó a los golpes, donde dos concejales colorados Rubén Cabral y Alberto Alonso tuvieron que ser trasladados de urgencias debido a que sufrieron graves contusiones y traumatismo de cráneo.
Denunciarán al exintendente
El concejal Domínguez mencionó que la denuncia formal ante el Ministerio Público, se presentará de forma nominal ya que están bien identificados como agresores el exintendente y candidato a concejal Horacio Ortiez, algunos concejales y algunos funcionarios municipales que fueron partícipes de este atropello.
“Nuevamente será la Justicia Electoral que determinar cuál de las dos designaciones a intendente que culminará este mandato, es válida. A partir del 3 de julio pasado donde salió la resolución de la Justicia Electoral que no fue válida esa sesión, y todo lo que vienen haciendo hasta ahora. Para mí particularmente son inválidas todas las acciones que hicieron. Pero ahora tenemos que esperar la intervención nuevamente de la Justicia Electoral y vamos a recurrir nuevamente a esta instancia”, concluyó.
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Juicio a Giuzzio: etapa crucial con nuevas declaraciones de testigos
El tribunal de sentencia que juzga a Giuzzio está integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Mathias Garcete.
A las 8:00 de este martes continuará el juicio oral para el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, acusado por presunto cohecho pasivo agravado tras recibir supuestos favores del presunto narcotraficante Marcus Vinícius. La audiencia oral seguirá con la declaración de Adolfo D’Ecclesiis, funcionario de la empresa Ombú SA (propiedad del presunto narco brasileño Marcus Vinícius Espíndola), y otros testigos.
Con la declaración de D’Ecclesiis se ingresa a una etapa crucial y clave para el presente caso, donde ya declararon varios testigos que complicaron la situación procesal del acusado Giuzzio.
Días atrás declaró Gilberto Enciso, gerente de Ombú SA, quien fue tajante al mencionar que Marcus Vinícius y el entonces ministro del Interior conversaron en varias oportunidades sobre licitaciones para el Estado. Sostuvo que la empresa Ombú pretendía ser proveedora de chalecos antibalas y encargarse de la reparación de vehículos blindados.
Añadió que “Marcus Vinícius era quien tenía el contacto en el Ministerio del Interior, y sus enlaces eran el ministro Giuzzio y el viceministro de Seguridad, Pablo René Ríos”. Del mismo modo, el testigo aseguró que Giuzzio utilizó una camioneta de la firma Ombú SA para realizar un viaje familiar de vacaciones a Brasil, prestada directamente por su dueño. Además, el gerente afirmó que “Giuzzio firmó un pagaré simbólico de 700 dólares que nunca se cobró”.
Por su parte, el Ministerio Público sostiene que tanto los testigos como las pruebas documentales están probando su tesis acusatoria contra el exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo Benítez.