Miles de estudiantes chilenos protestaron ayer jueves en Santiago contra el gobierno ultraderechista de José Antonio Kast, que evalúa un ajuste a la gratuidad de las universidades luego de que redujo el presupuesto del Ministerio de Educación, constató la AFP. Los manifestantes, en su mayoría escolares vestidos con sus tradicionales uniformes de secundaria, marcharon por varias cuadras de la céntrica avenida Alameda. En su paso tuvieron algunos enfrentamientos con la policía, que los dispersó con chorros de agua.

Apenas asumió el gobierno, Kast ordenó un recorte del 3 % de los gastos corrientes de los ministerios, sin exceptuar el de Educación, para cumplir con su anunciada política de austeridad. Su gobierno además evalúa establecer un límite al acceso a la educación universitaria gratuita para los nuevos estudiantes mayores de 30 años. Y los manifestantes temen que se propongan más ajustes.

“Queremos que respeten los derechos sociales que hemos ganado en todos estos años”, dijo a la AFP Benjamín Traslaviña, un estudiante universitario de 22 años, durante la manifestación. Kast tiene como meta rebajar el gasto fiscal en unos 6.000 millones de dólares en los próximos 18 meses, pero sus opositores dudan que lo consiga sin afectar beneficios sociales.

“No nos merecemos este Kastigo”, se leía en algunos carteles levantados por los manifestantes, en un juego de palabras con el apellido del mandatario.

“Mi mamá va a cumplir 50 y siempre quiso estudiar. Nunca se le dio porque tuvo hijos y no se pudo financiar (...). Uno debería tener la oportunidad”, dijo Sofía Díaz, universitaria de 18 años.

El gobierno de Kast ya dio señales de que el ahorro fiscal va en serio. Desde ayer jueves la gasolina subió su precio en 30 % y el diésel en 60 %, luego de anunciar un duro ajuste al subsidio estatal que impedía fuertes alzas por la guerra en Medio Oriente.

La marcha pasó frente al palacio presidencial de La Moneda cuando el gobernante promulgaba su primera ley de “Emergencia Energética” para mitigar los efectos del alza de precios. La medida incluye un bono de 110 dólares para los taxistas y choferes de vehículos escolares.

Fuente: AFP.

Al menos 14 personas están detenidas por el asalto a la sede del gobernante Partido Comunista, el único autorizado en Cuba, en una ciudad del centro del país, informó este lunes una autoridad local citada por un medio estatal. Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado cuando un grupo de manifestantes indignados por los prolongados apagones y la falta de alimentos asaltó la sede del Partido en el municipio de Morón, 460 km al este de La Habana.

En un acto celebrado este lunes en Morón, el primer secretario del PCC en esa zona, Julio Heriberto Gómez, precisó que hay 14 detenidos por esos hechos, según el diario provincial Invasor. Este periódico había reportado inicialmente cinco detenidos. “Han usado una vez más a un grupo de delincuentes que no representan al pueblo de Morón, están los testimonios y se sabrá en los próximos días”, añadió Gómez.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció el sábado el “malestar” social en la isla, pero denunció los actos vandálicos y aseguró que “no habrá impunidad” para estos hechos. “Es comprensible el malestar que provocan en nuestro pueblo los prolongados apagones como consecuencia del bloqueo energético de EE. UU.”, pero “para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad”, escribió en su cuenta en X.

Cuba, de 9,6 millones de habitantes, atraviesa una profunda crisis económica con escasez de alimentos, medicinas y combustible, agravada tras la suspensión del suministro de crudo de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense, y amenaza de Washington de sancionar a otros países que le vendan combustible a la isla. Los apagones y la falta de alimentos también fueron el detonante de las manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021, las mayores registradas en Cuba desde que la revolución llegó al poder en 1959.

Fuente: AFP.

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, presentó ante la Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado del Senado los avances del proyecto del Tren de Cercanías, junto con el cronograma previsto para su ejecución.

Durante la reunión, encabezada por el senador Arnaldo Samaniego, la titular del MOPC explicó que el proyecto se encuentra en una etapa clave desde el punto de vista técnico. Detalló que los equipos de la empresa emiratí Etihad Rail ya se encuentran en Paraguay y que la ingeniería del proyecto está en marcha, con un plazo estimado de finalización de cinco meses.

En cuanto al cronograma, señaló que el gobierno prevé iniciar el proceso de licitación de las obras hacia finales de este año. Si se cumplen los plazos establecidos, las primeras movilizaciones para trabajos preliminares podrían comenzar en aproximadamente un año.

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Centurión destacó los beneficios del sistema ferroviario, especialmente por tratarse de un tren 100 % eléctrico. “La externalidad es positiva, no solo para el usuario, sino para el entorno en general”, afirmó, al referirse al impacto ambiental y urbano del proyecto.

En ese sentido, indicó que el Tren de Cercanías permitirá reducir la contaminación y el ruido, además de contribuir a disminuir los accidentes de tránsito, al ofrecer una alternativa de transporte más segura y ordenada.

Otro de los puntos resaltados fue la mejora en los tiempos de traslado. La ministra explicó que el sistema contará con horarios programados, lo que permitirá mayor previsibilidad para los usuarios y un cambio importante frente a las condiciones actuales del transporte público.

El proyecto del Tren de Cercanías es una de las principales apuestas del Gobierno en materia de infraestructura y movilidad urbana, con el objetivo de mejorar la conectividad en el área metropolitana y modernizar el sistema de transporte.

Con este avance, el MOPC busca encaminar una obra que apunta a tener impacto tanto en la calidad de vida de los usuarios como en la eficiencia del transporte en el país.

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Héctor Ortiz, representante de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Sindicato Nacional (OTEP-SN), dijo que este martes nuevamente los docentes llegarán hasta Asunción con la finalidad de seguir el tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal en la Cámara de Diputados, aguardando por la sanción de la versión del Senado.

Detalló que el punto de encuentro será la plaza Uruguaya para luego dirigirse hasta la plaza de Armas, localizada frente al Congreso Nacional. “Estaremos vigilantes, avanzamos un poco con el aporte patronal”, indicó Ortiz al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Señaló que la convocatoria es para las 8:00 y que el sector aguarda que los diputados sancionen las modificaciones aprobadas el pasado 11 de marzo por la Cámara de Senadores. Los diputados habían dado media sanción al proyecto del Ejecutivo, también con importantes ajustes, el pasado 5 de febrero.

“El punto de concentración también será en las cabeceras departamentales, en mi caso estaré en la ciudad de Caaguazú y esperamos reunir cerca de 3.000 a 5.000 docentes, mientras que otros irán a Asunción”, refirió.

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Entre las principales modificaciones planteadas de consenso se encuentra el aumento obrero que pasó del 16 %, como se encuentra en la ley actual, al 19 % para los sectores deficitarios, que incluyen a docentes, policías, militares y magistrados, mientras que para sectores superavitarios se mantendrá el 16 %.

Además, establece un aporte estatal del 10 %, el cual será de implementación inmediata, que a diferencia de lo planteado en la media sanción de Diputados, establecía un aporte estatal escalonado entre el 1 % al 5 % como máximo. En tanto, que con la ley vigente ni si quiera está contemplado el aporte estatal.

En lo que respecta a la edad para acceder a la jubilación ordinaria, la versión sancionada por el Senado establece que para el Magisterio Nacional, que son docentes universitarios, magistrados judiciales, el trabajador deberá contar con al menos 25 años de aporte y 53 años de edad cumplidos para acceder a una tasa de sustitución del 78 %.

Este porcentaje podrá incrementarse de forma gradual hasta alcanzar el 90 %, en la medida en que el trabajador continúe prestando servicios. Mientras que el aportante podrá acceder a una jubilación extraordinaria conforme a lo dispuesto, en caso de enfermedad o incapacidad. En estos casos el trabajador podrá acceder al beneficio con un mínimo de 10 años de aporte y con una tasa de sustitución del 40 %.

En el caso de las fuerzas públicas (policías y militares) se aprobó la edad mínima de 55 años para la jubilación ordinaria, frente a los 57 años que había aprobado la Cámara de Diputados. También se flexibilizó la tasa de sustitución de haberes del 75 % al 90 % con la modificación planteada por el Senado.

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