La justicia de Bolivia anuló ayer viernes las órdenes de captura que pesaban sobre dos líderes sindicales que alientan las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz, informó a la AFP la Central Obrera Boliviana (COB).

Obreros y campesinos que exigen una salida a la peor crisis económica del país en cuatro décadas y la renuncia del mandatario de centroderecha, con sólo seis meses en el poder, se han negado hasta ahora a dialogar con el gobierno. Una de sus condiciones era precisamente la revocatoria de los mandatos de detención.

Con bloqueos de carreteras, los manifestantes cercan a La Paz, donde se ha disparado la escasez de alimentos, combustibles y medicinas. “El día de hoy se ha llevado una audiencia” en la que los jueces “han determinado levantar la orden de aprehensión en contra” de Mario Argollo, jefe de la COB, principal organización obrera de Bolivia, dijo Gabriel Mena, secretario de comunicación de la institución.

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La medida también cobija a Vicente Salazar, líder de los campesinos aimaras conocidos como Ponchos Rojos, precisó. Sus capturas fueron ordenadas por la Fiscalía, que los denunció por supuestamente instigar fuertes protestas en La Paz que terminaron en disturbios. Fuentes del Ministerio Público confirmaron a la AFP la decisión judicial.

Ayer viernes se reportaron más de 70 tomas de autopistas en el país, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras, una veintena más que a inicios de semana. Durante un acto público el miércoles, Paz invitó “por última vez” a negociar a los principales sindicatos obreros y campesinos. “Si no quieren dialogar, entonces viene la ley”, dijo.

El vicepresidente Edmand Lara, declarado opositor de Paz, instaló esta semana una comisión de diálogo con representantes del gobierno, del parlamento, de la Iglesia católica y de la Defensoría del Pueblo. Los obreros y campesinos no asistieron a ninguna sesión.

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Argollo dijo este viernes en un video difundido por medios locales, que “las bases” de la COB decidirán si el sindicato conversará o no con el gobierno. Un congreso obrero se realizará este sábado para debatir esa posibilidad. El gobierno de Rodrigo Paz denuncia un supuesto intento de “alterar el orden democrático”. Acusa al exmandatario Evo Morales, prófugo por un presunto caso de trata de una menor, de estar detrás.

Fuente: AFP

Cientos de médicos marcharon ayer jueves en el centro de La Paz para denunciar la aguda escasez de medicinas y alimentos que afecta a sus pacientes, causada por los bloqueos de carreteras que mantienen desde hace un mes manifestantes contra el gobierno de Bolivia. “¡Para los pacientes, oxígeno y comida!”, coreaban los trabajadores de la salud, en batas blancas, entre el sonido de las sirenas de tres ambulancias que encabezaban el recorrido.

Desde inicios de mayo, obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros exigen una salida a la peor crisis económica que vive el país en cuatro décadas, y algunos también la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, con seis meses en el poder. "No damos ya ni para cinco días. La alimentación en los hospitales se está terminando, se están racionando los productos. Ya tienen (los pacientes) el dolor de la enfermedad y se les está sumando el dolor del país", dijo a la AFP Mónica Reyes, médica de 48 años.

La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana informó esta semana que unas 50 toneladas de medicinas y oxígeno para hospitales no pueden ser distribuidas debido a los cortes de rutas. Los puntos de bloqueos sobrepasan los 60 en el país, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras.

Luis Larrea, presidente del Colegio Médico, pidió al gobierno “que se siente a dialogar”. “Y si no hay diálogo, pues que utilice lo que dice la Constitución (...), están en peligro vidas humanas”, agregó, en referencia a un posible estado de sitio. El Congreso eliminó el martes una norma que exigía al presidente la aprobación parlamentaria para declarar un estado de excepción que le permitiría contener las protestas con militares y restringir libertades de reunión y movimiento.

Según la Defensoría del Pueblo, cuatro personas murieron por no haber tenido atención médica oportuna debido a los bloqueos. El gobierno boliviano denuncia un intento de “alterar el orden democrático” y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de azuzar las protestas.

Fuente: AFP.

El Congreso de Bolivia abrió ayer martes la vía para que el presidente Rodrigo Paz pueda declarar un estado de excepción que le permitiría usar a los militares y restringir algunas libertades con el fin de frenar las masivas protestas que exigen su renuncia. Con más de dos tercios de votos a favor, la Cámara de Diputados eliminó una norma que limitaba desde 2020 la capacidad del presidente de aplicar estados de excepción. Suprimida también previamente por el Senado, Paz queda con el camino libre.

“Queda sancionada la presente ley”, dijo el jefe de la Cámara, Roberto Castro, tras más de cinco horas de debate en sesión virtual, a la que asistieron 117 de los 130 diputados. Paz, con seis meses en el poder, encara desde inicios de mayo bloqueos de rutas y protestas de trabajadores de distintos sectores que pedían medidas para enfrentar la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora su renuncia.

Además de poder sacar a los militares a las calles para apoyar a la policía en la contención de las manifestaciones, los estados de excepción limitan las libertades de movilidad y reunión, vitales para protestar. Los críticos de la derogación de la norma, como el diputado Edwin Valda, argumentaron el riesgo de violaciones a los derechos humanos. Para su colega Sonia Siñani, con la decisión de ayer martes se echará “gasolina al fuego” en las protestas.

En cambio, los defensores señalan que la ciudad de La Paz, sede del gobierno, sufre un grave desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles por los bloqueos. “Esta ley ha sido una camisa de fuerza” para resolver el problema, opinó el diputado Alejandro Reyes. La derogación de la norma, impulsada por el oficialista Partido Demócrata Cristiano, fue exonerada del trámite común para sacarla adelante en solo una semana.

La norma eliminada se remonta a la crisis social de hace seis años, que dejó más de 30 muertos y derivó en la renuncia del entonces mandatario Evo Morales, tras su última reelección entre acusaciones de fraude de la oposición. Tras asumir el poder la derechista Jeanine Añez, el Congreso, entonces aún controlado por el Movimiento al Socialismo (MAS), de Morales, buscó atar de manos al gobierno en la aplicación de mecanismos de represión de las protestas.

Bajo esa ley, los estados de excepción debían ser aprobados por los parlamentarios, que además podían modificarlos para evitar posibles abusos de poder. El gobierno de Paz asegura que las protestas buscan “alterar el orden democrático” y acusa a Morales, prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsarlas.

Fuente: AFP.

Una multitudinaria marcha en la capital política de Bolivia derivó el lunes en choques con la policía, pese a que el presidente Rodrigo Paz anunció que bajará a la mitad su salario, en un intento por calmar las protestas que entraron en su cuarta semana. El mandatario centroderechista, que asumió el poder hace apenas seis meses, enfrenta una ola de manifestaciones que exigen su renuncia ante la crisis económica que sufre el país andino, la mayor en las últimas cuatro décadas.

Los manifestantes rechazan la política económica liberal de Paz, le exigen aumentos salariales y lo culpan de la distribución de gasolina de mala calidad que dañó miles de vehículos. “Estamos enojados, porque nos ha mentido” el presidente, aseguró Félix Mamani, minero de 47 años que asegura que su sector apoyó con sus votos a Paz.

La jornada de protestas arrancó con una marcha de mineros, campesinos, choferes, obreros de fábrica y otros trabajadores que bajaron a La Paz, sede del gobierno, desde la ciudad de El Alto, a 4.150 metros de altitud. “¡El pueblo está emputado (molesto)!”, proclamaron algunos manifestantes.

Tras llegar al centro de La Paz, grupos de huelguistas intentaron ingresar a la plaza de armas, donde Paz tiene sus oficinas y cuyas vías de acceso estaban cercadas por cientos de policías antimotines que los repelieron con gases lacrimógenos. Los manifestantes los enfrentaron con piedras, palos, petardos y cilindros recortados de dinamita y una decena de ellos fueron detenidos, constataron periodistas de la AFP. “¡Asesinos!”, gritaban, para denunciar la muerte de una persona en otros choques con policías y militares el sábado.

Aunque primero lo negó, el gobierno confirmó este lunes el fallecimiento del fin de semana. “Lamentamos que haya sucedido. Ahora esperamos (...) que se complete la investigación”, dijo a la prensa José Luis Gálvez, vocero de la presidencia. Agregó que se ordenó a los efectivos no usar armas letales.

Por la tarde, la ciudad retornó a la calma, pero no se ve una salida pronta de la crisis. En un discurso en un acto en la ciudad de Sucre (sureste), el presidente anunció que recortará su salario y el de sus ministros. “Este presidente ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario en 50 %”, afirmó.

La medida es casi simbólica. Su ingreso mensual es de unos 24.000 bolivianos (3.448 dólares) y la reducción no figura entre las demandas de los manifestantes. Paz reiteró su llamado a dialogar a las organizaciones que lideran las protestas, pero descartó conversar con quienes usen la violencia.

Su gobierno ha denunciado que las movilizaciones buscan “alterar el orden democrático”. Estados Unidos y otros países de América Latina le han expresado su apoyo. Este lunes, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, antiguo aliado del exmandatario socialista Evo Morales, habló por teléfono con Paz para expresarle apoyo a la democracia boliviana y al diálogo.

Además, “ordenó el envío de ayuda humanitaria”, según un comunicado del gobierno de Brasil. La administración de Paz acusa a Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de estar detrás de las protestas. El líder cocalero lo instó a que llame a nuevas elecciones en 90 días.

Las protestas comenzaron a inicios de mayo con un llamado a huelga de la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país, y cortes de carreteras que llegan al medio centenar en distintos puntos del territorio. “¿Qué queremos? ¡Que renuncie!, ¿Cuándo? ¡Ahora!”, se escuchó en la marcha de este lunes, entre la detonación de petardos.

La escasez de medicamentos, gasolina y alimentos ocurre principalmente en La Paz y en El Alto. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor. El sábado hubo enfrentamientos, cuando policías y militares intentaron sin éxito habilitar un ingreso a La Paz y El Alto de convoyes con alimentos y gasolina. Fueron frenados por civiles que usaron piedras y palos. “Este gobierno nos está masacrando, nos está discriminando”, dijo este lunes Julia Ramírez, campesina aimara de 57 años.

Fuente: AFP.