El senador del PLRA, Víctor Ríos sostuvo que la renuncia de Julio Mazzoleni al cargo de Ministro de Salud Pública es solo un primer paso, para tener una oportunidad de que el Gobierno recupere cierta credibilidad. Sin embargo, para el legislador el Gobierno seguirá en tela de juicio si no se busca una solución de fondo.
“La renuncia de Mazzoleni era necesaria para que el Gobierno pueda tener todavía chances de recuperar cierta legitimidad y cierto consenso social, es un primer paso”, sentenció.
Así mismo, Ríos refirió que la salida de Mazzoleni no es una solución para la crisis que en el área de salud que colapsó en las últimas semanas, no solo por la pandemia sino también por otras enfermedades y condiciones que aquejan a la ciudadanía. “La cuestión no radica solo en el cambio de persona, el gobierno va a tener que cambiar de gestión radicalmente en la gestión de la pandemia, en la gestión del Estado en general”, indicó.
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Por último, refirió que el Gobierno encabezado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, debe rever las acciones que tomar ante esta situación y ejecutar soluciones concretas, de lo contrario no llegaría al 2023.
“Si no se produce ese cambio radical si no se vuelve mucho más eficiente en el manejo el gobierno en la gestión de la pandemia, si no da respuestas inmediatas a los problemas urgentes que tiene la ciudadanía igual va seguir con este periodo de deterioro que va a poner en tela de juicio la continuidad del gobierno hasta el 2023”, puntualizó.
Julio Mazzoleni presentó su renuncia este viernes al cargo de ministro de Salud Pública a causa de la crisis sanitaria ante la falta de medicamentos e insumos en los hospitales. Destacó que tomó la decisión para pacificar el país y enfrentar la lucha contra la pandemia. El viceministro Julio Borba interinará en el cargo.
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Senado recusó a integrantes de sala constitucional por caso Kattya
La presidencia del Senado, liderada por Basilio Núñez, recusó al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos y al camarista del fuero civil, Esteban Kriskovich, quienes integran la sala constitucional ampliada que analizará la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González contra su pérdida de investidura. Ahora deberá integrarse la CSJ con otros dos camaristas para resolver ambas recusaciones.
En el argumento para apartar a Ríos se hace alusión a que el mismo, en reiteradas ocasiones, preopinó sobre el caso, por lo que ya no puede intervenir en el fondo de la cuestión. “En su momento, él también fue legislador y participó de pérdida de investidura de varios excolegas”, comentó Núñez, este miércoles, en una entrevista con los medios de comunicación.
El documento de recusación contra Ríos indica que “los elementos fácticos que respaldan está recusación sobrevenidos y claramente identificables refuerzan de forma forma contundente la razonabilidad de la petición. Cabe destacar que, inicialmente, existía la convicción de que el pasado político del magistrado en cuestión no incidiría en el ejercicio de su función jurisdiccional. Incluso, albergábamos la expectativa, basada en el principio de buena fe procesal, de que su experiencia previa no influiría en su valoración de los hechos y en su desempeño como juez constitucional”.
Agrega que, “sin embargo, sus intervenciones públicas, formuladas ya ostentando la calidad de ministro de la Corte Suprema de Justicia, son elocuentes como para disipar toda expectativa de neutralidad. Se trata de declaraciones reiteradas, precisas y claramente orientadas hacia una de las posiciones procesales debatidas en este proceso judicial".
La recusación presentada con el respaldo de un grupo de senadores indica: “No nos hallamos ante expresiones vagas, circunstanciales o de carácter técnico doctrinario. Por el contrario, las manifestaciones referidas, expuestas de forma abierta y pública, revelan un posicionamiento definido y anticipado respecto del conflicto constitucional que esta sala debe resolver, por todo ello no puede interpretarse esta recusación como una maniobra procesal improcedente ni como una invocación extemporánea del derecho a recusar”.
Se señala que la petición es “legítima, presentada de manera responsable y dentro de los márgenes temporales legales, en atención a hechos que no solo configuran una sospecha, sino que constituyen una causal efectiva, concreta y objetiva demostrable para apartar al magistrado de la causa”.
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“Causa presentada”
Mientras que la recusación contra Kriskovich fue impulsada sin “causa presentada”. En el documento se sostiene que la medida fue realizada conforme con lo dispuesto en el artículo 24 y concordantes del Código Procesal Civil, el cual exige que se dé curso al trámite legal correspondiente y se resuelva según lo solicitado previo a cualquier pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
“Esto es hasta una cuestión ética, teniendo en cuenta que él fue embajador durante el gobierno del expresidente de la República, Horacio Cartes”, refirió Basilio Núñez.
El camarista aceptó atender el caso tras la inhibición de los ministros Eugenio Jiménez Rolón y César Garay Zuccolillo. A finales de mayo, la Corte comunicó al Senado la integración de la sala constitucional ampliada, cuyos integrantes también son los ministros Gustavo Santander, César Diesel, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y el camarista Miguel Ángel Rodas.
Antecedentes
Kattya González quedó fuera del Senado el 14 de febrero del 2024. Mientras que la acción de inconstitucionalidad fue promovida el 27 de febrero del mismo año.
Un total de 23 senadores acompañaron la expulsión de la ahora excongresista de la Cámara Alta, registrándose siete abstenciones y 15 ausencias. El procedimiento se basó en un libelo acusatorio de 73 páginas, en que, entre otras argumentaciones, sindicaban a la ahora exparlamentaria de uso indebido de influencias.
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Intervención: ¿se puede tumbar a un intendente sin que existan hechos punibles?
- Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com).
El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.
En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.
“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.
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Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.
“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.
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La intervención
La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.
La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.
En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente
¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.
“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.
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Ortega descarta renunciar a su banca en Diputados para hacer proselitismo
La diputada del Partido País Solidario (PPS), Johanna Ortega, adelantó que no renunciará a su banca en la Cámara Baja y esto pese a que ya confirmó sus pretensiones electorales de apuntar a la intendencia de Asunción. La legisladora es criticada ya que hoy asume una posición que fue cuestionada de su parte en el periodo anterior.
“La renuncia es exagerada. Yo pediría permiso, que asuma el suplente y me dedicaría a hacer campaña 100 por ciento”, indicó la diputada al ser consultada si no piensa dejar la Cámara Baja con miras a las elecciones municipales del 2026.
La consulta a Ortega se realizó teniendo en cuenta que anteriormente había exigido al entonces diputado Sebastián García, renunciar a su banca antes de iniciar su trabajo proselitista a intendente en la capital por el Partido Patria Querida (PPQ), en el marco de los comicios del 2021, sin embargo, hoy asume otra postura.
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La legisladora alegó que en aquel entonces desconocía el reglamento de la Cámara y que ahora leyó el documento y se dio cuenta que le da la oportunidad de pedir permiso a su banca. Lo que implica que si no corre su postulación, tendría la posibilidad de volver al Congreso en el mismo periodo parlamentario.
“La verdad que desconocía la posibilidad de pedir permiso para hacer campaña y retornar. Después hoy obviamente siendo diputada y leyendo el reglamento entiendo que puede haber un mecanismo”, señaló la parlamentaria del PPS.
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El ministro Víctor Ríos disertó en Congreso Internacional de Derecho Procesal
El ministro de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Sala Constitucional, Víctor Ríos Ojeda, participó ayer viernes como conferencista en el Congreso Internacional de Derecho Procesal, realizado en Posadas, Argentina. El evento congregó a destacados especialistas de Argentina, Brasil y Paraguay, con el objetivo de analizar los desafíos actuales que enfrenta la Justicia en la región. Así informo el sitio web del Poder Judicial.
Asimismo, mantuvo una reunión con los integrantes del Superior Tribunal de la citada ciudad, donde hizo entrega del informe de gestión 2024 de la máxima instancia, que contiene un resumen de los principales esfuerzos realizados para dar cumplimiento a los ejes de gobierno judicial.
El congreso fue organizado por el Poder Judicial de Misiones y el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe, bajo el lema “Revalorizando el Derecho Procesal”, en homenaje al profesor Adolfo Alvarado Velloso.
El evento fue declarado de interés judicial en Argentina y permitió debatir sobre las innovaciones y desafíos en la materia, incluyendo las reformas legislativas y el impacto de las nuevas tecnologías en la práctica jurídica de la región.
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Durante la reunión con los miembros del Superior Tribunal, se abordaron los temas centrales del congreso. Asimismo, el ministro presentó los principales logros del gobierno judicial y destacó las metas establecidas para el período 2025 con la entrega del Informe de Gestión 2024 de la CSJ de Paraguay. Subrayó que este informe se presenta como un compromiso de transparencia y rendición de cuentas, reafirmando el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre las acciones del Poder Judicial.
Finalmente, el ministro realizó un recorrido por las instalaciones del Edificio de Tribunales. En la reunión estuvieron presentes la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, junto con los magistrados Cristian Marcelo Benítez, Froilán Zarza, María Laura Niveyro, Juan Manuel Díaz, Ramona Beatriz Velázquez y Jorge Antonio Rojas.
Los juristas argentinos manifestaron su interés en suscribir un convenio marco con la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, con el objetivo de compartir experiencias y fortalecer la colaboración en el ámbito académico y judicial, promoviendo así el estrechamiento de lazos fraternales entre ambas naciones.