El jefe de gabinete de la Municipalidad de Ciudad del Este, el abogado Adalberto Arístides “Papacho” Arrúa Álvarez, de 62 años, falleció por la mañana de este jueves a consecuencia del COVID-19. La noticia fue dada a conocer por el propio intendente Miguel Prieto a través de Facebook.
“Hoy el querido Adalberto Arístides Arrúa partió a la eternidad. Fue la persona que me convenció de incursionar en política, allá por el 2009. Desde el inicio nos orientó en cada paso, sirviendo con su experiencia al equipo y a la ciudadanía. Esa vocación de servicio era lo que le caracterizaba. Expreso mis sentidas condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos”, escribió el jefe comunal.
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Arrúa Álvarez fue fundador del movimiento “YoCreo”, que llevó a Miguel Prieto a ocupar la Intendencia de Ciudad del Este. Igualmente, fundó el Movimiento Integracionista Renovador Estudiantil (MIRE), de activa participación política en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Este (UNE), del cual era egresado de las carreras de derecho y notariado y escribanía pública. Asimismo, se desempeñaba como docente de la citada casa de altos estudios.
La comunidad educativa de la UNE dio a conocer una nota mediante la cual expresó el “profundo pesar” por el fallecimiento del profesional.
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Nueva imputación contra Miguel Prieto por lesión de confianza
El Ministerio Público formuló una nueva imputación contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de autor, en el marco de una investigación relacionada con supuestas irregularidades en obras ejecutadas dentro del Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.
La imputación fue presentada este viernes por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges y María Verónica Valdez, integrantes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. El acta fiscal, que consta de 84 páginas, también alcanza a otras diez personas que habrían participado en el esquema investigado en calidad de cómplices.
Los imputados junto al exjefe comunal son Sebastián Martínez Insfrán, Sonia Barrios Ramírez, Walter Hugo García Méndez, Salem Esgaib Zugaib, Lucía Elizabeth Lisboa de Torales, Valeria Fabiana Romero, Hugo Benítez Vázquez, Karen González Vergara, Fredy Guzmán Martínez y Cinthia Noelia Alen Guerrero.
Según el relato del Ministerio Público, a Prieto Vallejos se le atribuye un supuesto perjuicio económico a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este por un monto aproximado de G. 757.166.276. De acuerdo con la investigación fiscal, la cifra corresponde a diferencias detectadas entre los montos pagados por el Consejo Local de Salud y las obras efectivamente construidas o ejecutadas por las empresas SERVMAQ, representada por Fredy Guzmán Martínez, y M&M Constructora, a cargo de la licenciada Cinthia Noelia Alen.
Las obras cuestionadas habrían sido realizadas en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Los fiscales sostienen que existen suficientes elementos de convicción que permiten presumir la existencia de un hecho punible y la participación de los imputados en una supuesta disminución patrimonial de la comuna.
El Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, como la fijación de una fianza personal o caución real por el monto que determine el juzgado, la prohibición de salida del país, la obligación de fijar domicilio procesal y comparecer periódicamente ante el juez, además de otras medidas que el magistrado considere pertinentes conforme a la naturaleza del caso.
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Fiscales formularon nueva imputación contra Miguel Prieto y otros 10 en calidad de cómplices
En un documento de 84 páginas, este viernes, desde el Ministerio Público informaron que los agentes fiscales Silvio Corbeta Dinamarca, Yeimy Adle Monges y María Verónica Valdez de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formularon acta de imputación en contra del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de autor. También fueron imputados:
- Sebastián Martínez Insfrán
- Sonia Barrios Ramírez
- Walter Hugo García Méndez
- Salem Esgaib Zugaib
- Lucía Elizabeth Lisboa de Torales
- Valeria Fabiana Romero
- Hugo Benítez Vázque
- Karen González Vergara
- Fredy Guzmán Martínez
- y Cinthia Noelia Alen Guerrero
Todos ellos por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de cómplices.
Según breve relato, se le atribuye a Prieto Vallejos un supuesto perjuicio económico a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este por un valor aproximado de G. 757.166.276, resultantes de diferencias entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo efectivamente construido o ejecutado por las empresas constructoras SERVMAQ, de Fredy Guzmán Martínez, y M&M Constructora de la Lic. Cinthia Noelia Alen, por obras realizadas dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este.
Medidas cautelares
Luego de los trámites de rigor, la Fiscalía requiere la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva sobre los imputados, indicaron.
“En ese contexto, nos encontramos ante la presencia de suficientes elementos de convicción que nos indican la existencia de un hecho punible y nos hallamos ante la suficiente sospecha de la participación de los imputados en su perpetración quienes habrían colaborado con el jefe comunal en la disminución patrimonial de la comuna”, explicaron los agentes fiscales.
Por tanto, a continuación indicaron que se aplican las siguientes medidas cautelares:
- Fianza personal o caución real adecuada sobre los imputados por la suma que el Juzgado estime conveniente de acuerdo a la naturaleza de los hechos que se investigan.
- Prohibición de salida del país.
- Fijación de un domicilio procesal y teléfonos para las notificaciones personales a los imputados.
- La obligación de presentarse periódicamente ante el juez.
- y cualquier otra medida que sea compatible con la naturaleza del caso.
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Prieto recurre a una nueva chicana
El exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, destituido por corrupción, logró suspender de nuevo su audiencia preliminar recusando al juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, en el marco del caso Tajy. El líder del Partido Yo Creo, imputado por lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio, suma así otra chicana.
La audiencia se encontraba fijada para ayer y hoy, donde se debía resolver si la causa se eleva a juicio oral y público. El Ministerio Público refiere que, el 11 de junio de 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que no fueron entregadas, constituyéndose en un hecho de corrupción y perjuicio a las arcas del municipio.
“Se le acusa al señor Miguel Prieto Vallejos de haber encabezado, desde la intendencia municipal de Ciudad del Este, un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión y facilitación de delitos de corrupción pública dentro de la misma institución, aprovechándose de su calidad de ordenador de gastos, así como de las demás atribuciones y poderes que se le conferían como principal administrador de la comuna”, señala la acusación de la Fiscalía.
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Fiscalía acusa y pide juicio oral para Prieto en el caso ollas populares
Los fiscales Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González presentaron acusación contra el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras once personas por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa en el marco de la causa conocida como ollas populares. Los agentes requirieron al Juzgado Penal de Garantías n.° 2 de Ciudad del Este elevar la causa a juicio oral y público.
En su pedido conclusivo, la Fiscalía afirma que existen elementos de convicción suficientes para sostener la participación de los acusados en los hechos investigados, que habrían ocasionado un perjuicio superior de G. 311.580.000 a las arcas de la municipalidad de Ciudad del Este.
De acuerdo a las investigaciones, se corroboró que las subcomisiones denominadas “Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares” y “Apoyo a Voluntarios Organizados” estaban integradas por personas con vínculos familiares cercanos entre sí. A pesar de esta situación, ambas fueron reconocidas mediante una resolución firmada por el líder del Partido Yo Creo el 10 de junio del año 2020.
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La Fiscalía refiere también que en ese contexto se gestionaron y obtuvieron aportes por G. 155.000.000 y G. 156.580.000 sin que existiera una contraprestación real. Para justificar los desembolsos, se habrían utilizado facturas emitidas por empresas que presuntamente no realizaron las operaciones comerciales declaradas. Asimismo, se verificó que los pagos se efectuaron en la misma fecha, registrándose coincidencias temporales entre las solicitudes, las autorizaciones, la emisión de facturas y el cobro de los cheques.
De acuerdo a la información proveída desde el Ministerio Público esta situación evidenciaría la existencia de un esquema organizado para el desvío de los recursos económicos de la municipalidad esteña.
A la vez, el órgano extrapoder calificó al esquema montado por funcionarios municipales y particulares como un “mecanismo estructurado, sistemático y organizado" con el fin de canalizar fondos públicos hacia entidades sin fines de lucro ficticias o instrumentalizadas.
Otros imputados
Además de Prieto fueron imputados Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este; Francisco Arrúa, director de Administración y Finanzas; Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero; Jorge Rivas Rivas Aponte, funcionario; Juan Esteban Quiroga Cañete, presidente de la Subcomisión de Apoyo a voluntarios de ollas populares; Marcos David Galeano Fernández, secretaria de la Subcomisión de ollas populares.
La lista de imputados sigue con Mirta Battochi Oviedo, tesorera de la Subcomisión de la olla popular; Luana Magdalena Silva, José Augusto Cardenas, Aníbal Pérez y Adriana Paola Martínez.
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