El jefe de gabinete de la Municipalidad de Ciudad del Este, el abogado Adalberto Arístides “Papacho” Arrúa Álvarez, de 62 años, falleció por la mañana de este jueves a consecuencia del COVID-19. La noticia fue dada a conocer por el propio intendente Miguel Prieto a través de Facebook.
“Hoy el querido Adalberto Arístides Arrúa partió a la eternidad. Fue la persona que me convenció de incursionar en política, allá por el 2009. Desde el inicio nos orientó en cada paso, sirviendo con su experiencia al equipo y a la ciudadanía. Esa vocación de servicio era lo que le caracterizaba. Expreso mis sentidas condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos”, escribió el jefe comunal.
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Arrúa Álvarez fue fundador del movimiento “YoCreo”, que llevó a Miguel Prieto a ocupar la Intendencia de Ciudad del Este. Igualmente, fundó el Movimiento Integracionista Renovador Estudiantil (MIRE), de activa participación política en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Este (UNE), del cual era egresado de las carreras de derecho y notariado y escribanía pública. Asimismo, se desempeñaba como docente de la citada casa de altos estudios.
La comunidad educativa de la UNE dio a conocer una nota mediante la cual expresó el “profundo pesar” por el fallecimiento del profesional.
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Piden convocar a Prieto para audiencias preliminares
Los agentes fiscales Anticorrupción, Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges y Verónica Valdez, solicitaron al juzgado de Delitos Económicos a cargo del magistrado Humberto Otazú, que convoque al destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, para las dos audiencias preliminares que tiene pendiente, reportó el periodista de Nación Media, Aldo Ynsfrán desde el Poder Judicial.
El pedido se dio luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) haya destrabado los dos procesos penales en contra de Prieto, el caso conocido como Tía Chela y el caso Tajy. Los fiscales a cargo de las investigaciones solicitaron que sean convocados, tanto el exintendente como los demás acusados.
La solicitud de los fiscales se da bajo apercibimiento de ley, esto implica que si las partes pretenden dilatar la realización de la audiencia preliminar, se pueda incluso utilizar la fuerza pública para que los imputados se presenten ante el juzgado, para evitar que ambos procesos penales sigan siendo dilatados.
EL CASO TÍA CHELA
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor”, Miguel Prieto, anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas.
Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la municipalidad firmaba contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.
CASO TAJY
En el caso conocido como Tajy, fueron imputados por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, Miguel Prieto, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez (exdirector de Administración y Finanzas de la comuna) y otras ocho personas.
De acuerdo con este caso, el perjuicio patrimonial es de 306 millones de guaraníes, desembolsados a cambio de nada, es decir, de mercaderías inexistentes.
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Temen que causas contra Prieto puedan prescribir
La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este celebró la nueva imputación contra el exintendente Miguel Prieto, aunque advirtió que el proceso judicial avanza con demasiada lentitud y existe el riesgo de que varias causas prescriban.
Así lo manifestó Magdalena Montiel, referente de la organización, al señalar que Prieto acumula cerca de 50 denuncias en su contra, pero hasta ahora solo tres derivaron en imputaciones.
“Él ya dejó de ser intendente, pero de todos modos hay un daño patrimonial gigantesco que se le hizo a la municipalidad con estas tres causas que ya tienen imputación”, expresó Montiel en conversación con La Nación/Nación Media.
Apuntó además a la continuidad del círculo cercano de Prieto dentro de la administración municipal. Mencionó en particular al asesor, Daniel Pereira Mujica, a quien calificó como el verdadero operador del esquema denunciado.
“De hecho, quiero que sea intendente porque sobre este Daniel Pereira Mujica no pesa ninguna denuncia, él no deja rastros por ningún lado, pero es él el que encabeza todo y siendo él administrador, nosotros vamos a tener condiciones de poder denunciar, porque nosotros sabemos que no hay intenciones de mejorar la gestión”, expuso. La causa más reciente, y por la que fue imputado por lesión de confianza y uso de documentos falsos, tiene origen en una denuncia de la Contraloría Ciudadana sobre transferencias municipales a dos subcomisiones de apoyo a ollas populares en diciembre de 2020.
El monto asciende a G. 311 millones. Según Montiel, ambas subcomisiones estaban presididas por un matrimonio y conformadas casi en su totalidad por familiares. “Lo llamativo era que todo se hizo en un mismo día: se entregaron facturas, se cobraron cheques y se rindieron cuentas. Incluso había facturas correlativas y una de transporte por G. 70 millones, lo que mostraba que todo estaba fraguado”, relató.
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El tiempo pasa y los hechos prescriben: Contraloría alerta sobre causas contra Prieto
La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este celebró la nueva imputación contra el exintendente Miguel Prieto, aunque advirtió que el proceso judicial avanza con demasiada lentitud y existe el riesgo de que varias causas prescriban.
Así lo manifestó Magdalena Montiel, referente de la organización, al señalar que Prieto acumula cerca de 50 denuncias en su contra, pero hasta ahora solo tres derivaron en imputaciones.
“Él ya dejó de ser intendente, pero de todos modos hay un daño patrimonial gigantesco que se le hizo a la municipalidad con estas tres causas que ya tienen imputación”, expresó Montiel en conversación con La Nación/Nación Media.
Apuntó además a la continuidad del círculo cercano de Prieto dentro de la administración municipal. Mencionó en particular al asesor, Daniel Pereira Mujica, a quien calificó como el verdadero operador del esquema denunciado.
“De hecho, quiero que sea intendente porque sobre este Daniel Pereira Mujica no pesa ninguna denuncia, él no deja rastros por ningún lado, pero es él el que encabeza todo y siendo él administrador, nosotros vamos a tener condiciones de poder denunciar, porque nosotros sabemos que no hay intenciones de mejorar la gestión”, expuso.
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El caso investigado
La causa más reciente, y por la que fue imputado por lesión de confianza y uso de documentos falsos, tiene origen en una denuncia de la Contraloría Ciudadana sobre transferencias municipales a dos subcomisiones de apoyo a ollas populares en diciembre de 2020. El monto asciende a G. 311 millones.
Según Montiel, ambas subcomisiones estaban presididas por un matrimonio y conformadas casi en su totalidad por familiares. “Lo llamativo era que todo se hizo en un mismo día: se entregaron facturas, se cobraron cheques y se rindieron cuentas. Incluso había facturas correlativas y una de transporte por G. 70 millones, lo que mostraba que todo estaba fraguado”, relató.
La situación se agravó cuando, al año siguiente, los presidentes de ambas subcomisiones fueron contratados como funcionarios de la municipalidad. La denuncia por asociación criminal fue presentada en 2024, luego de que la organización detectara las irregularidades.
De acuerdo con la imputación de la Fiscalía, el cheque fue finalmente cobrado por un funcionario municipal, lo que refuerza las sospechas de un esquema de desvío de fondos.
Prescripción de las causas
Montiel subrayó que la imputación representa “un pequeño alivio”, ya que los hechos investigados datan del 2020 y estaban a punto de prescribir. Sin embargo, insistió en que la lentitud del Ministerio Público pone en riesgo la posibilidad de que los responsables enfrenten consecuencias reales.
“El problema más grave que tenemos es que el Ministerio Público realiza un trabajo con mucha lentitud. Así como van las cosas, hay muchos hechos que van a prescribir y no va a pasar nada con la gente que cometió estos hechos de corrupción”, lamentó.
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Subsidios a ollas populares destapan más fondos desviados en gestión Prieto
En un acta de imputación fiscal de 16 páginas, el Ministerio Público relata paso a paso cómo en el 2020, año de pandemia, la administración del intendente destituido Miguel Prieto facilitó un esquema con la modalidad de ollas populares para librar pagos por servicios con serios indicios de no haberse realizado.
La reciente imputación fiscal por supuestos delitos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa contra el intendente destituido de Ciudad del Este Miguel Prieto y grupo de leales, confirma a la luz otra modalidad en el esquema de desvió de fondos municipales en su administración, consistente en transferencias de subsidios para ollas populares durante la pandemia.
Las pesquisas del Ministerio Público dieron lugar a la tercera imputación contra Prieto en el marco de 50 denuncias que arrastra por presuntos casos de corrupción. Según el documento, dos estructuras que involucran a una pareja junto con miembros de sus respectivas familias fue legalizada mediante resoluciones firmadas por el exjefe comunal que sirvieron para trámites administrativos acelerados en la extracción de los recursos municipales por parte de sus leales. (ver infografía).
El Ministerio Público recabó documentaciones y testimonios que sostienen fuertes sospechas que, en el 2020, “la administración municipal a cargo de Miguel Prieto Vallejos habría desembolsado sumas de dinero correspondientes a los fondos de Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro en concepto de pagos por servicios que no habrían sido realizados en la realidad y de esa manera habría causado un perjuicio patrimonial total de G. 311.580.000”.