El diputado Alejandro Aguilera cuestionó la presentación del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, ante la Comisión Especial. A su criterio, el jefe comunal no ofreció respuestas técnicas a las denuncias, sino que optó por una defensa política que no logró despejar las numerosas irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República.

“El contralor estuvo muy sólido, fue muy concreto en el desarrollo del dictamen. En cambio, el intendente de Ciudad del Este habló con muchas evasivas, haciendo más bien una defensa política antes que una defensa técnica, que es lo que debía haber hecho”, señaló Aguilera.

El legislador calificó de “gravísimas” las irregularidades detectadas por la Contraloría, entre ellas, la admisión pública de nepotismo por parte de Prieto. “Es un corrupto confeso al admitir que cometió actos de nepotismo. Lo dijo en televisión y ayer ante la comisión lo volvió a ratificar”, afirmó ante la 650 AM.

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Aguilera también denunció un faltante de documentos respaldatorios en el uso de más de 42.000 millones de guaraníes y el incumplimiento reiterado de la Ley Orgánica Municipal, específicamente en lo referente a los límites de inversión de capital y gastos corrientes. “Él infringió la ley todos los años, y su excusa fue: ‘infringí esta ley para solucionar un problema’. Pero el camino de la ilegalidad nunca puede ser una justificación”, enfatizó.

El diputado recordó que la Contraloría basa su pedido de intervención en auditorías correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021 y 2022. Según indicó, a partir del 2023 el órgano contralor ya no pudo acceder a la documentación, debido a que la Municipalidad argumentó que los documentos se encontraban en el Tribunal de Cuentas.

“En el informe de la Contraloría se indica que encontraron indicios de hechos punibles en más de 239 casos. Fueron reportados al Ministerio Público, pero muchos están retrasados, otros no fueron investigados y algunos ya fueron sobreseídos”, denunció Aguilera, cuestionando la pasividad de la Fiscalía.

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Por todo ello, consideró legítimo el pedido de intervención promovido por la Contraloría. “El contralor creyó conveniente que entre un interventor y pueda controlar absolutamente todo”, explicó. El diputado recordó que la función de la Comisión Especial no es probar culpabilidad, sino determinar si existen indicios suficientes que ameriten una intervención.

“Hay cuestiones demasiado graves que afectan al patrimonio de Ciudad del Este. Que existan 239 indicios de hechos punibles es gravísimo, y que el Ministerio Público no haya hecho su trabajo, es aún más grave”, concluyó.

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, tomó la decisión de destituir a su prima Meribeb Alonzo Vallejos del cargo de directora de Impuestos Tributarios, al verse acorralado por las denuncias de nepotismo en su contra, que admitió públicamente en una entrevista televisiva y que intentó defender sin sustento legal al acudir ayer en el Congreso Nacional.

En busca de su salvataje, el líder del movimiento Yo Creo argumentó que no violó la Ley 7445/2025 de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil, al indicar que la misma aún no entró en vigencia, pero olvidó la anterior normativa 5295/2014, que prohíbe el nepotismo en la función pública.

“Esa ley de nepotismo todavía no entró en vigencia, es una ley nueva. Esta semana resolví con ella (su prima) desvincularla para cumplir con la ley. Hoy pueden ir a ver si tengo algún pariente; no existe ninguno. La ley entrará en vigencia desde este mes. Me seguirán atacando por este caso moralmente, pero legalmente por este caso lo veo inviable”, dijo Prieto, ayer ante la prensa del Congreso, al pretender escudarse en que la ley no es retroactiva.

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Sin embargo, la denuncia presentada en mayo pasado ante el Ministerio Público, por miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, refiere que también ingresaron a la comuna por contratación directa sus primos Martín Vallejos Ferreira, auxiliar en la Dirección Planta Asfáltica; Carlos Raúl Vallejos Balbuena, herrero en Obras Municipales y Sergio David Prieto Figueredo, fiscal de obras particulares.

Las afirmaciones de Prieto surgieron tras acudir ante la comisión especial de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, con la finalidad de brindad su descargo sobre los reportes de hechos punibles que pesan en su contra y que fueron denunciados por la Contraloría General de la República.

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“Ella (Meribeb Vallejos) está en el cargo desde hace un año. Tuvo muchos problemas. Tuve muchas quejas de mi propio equipo de que era demasiado honesta para estar ahí. Capaz que ese fue su pecado. No voy a poder negar que es mi prima. Queriendo disminuir los hechos de corrupción, ella estuvo al frente de Impuestos Inmobiliarios. Aumentó la recaudación en un 40 % con un salario de jefa de G. 6 millones”, dijo.

Asimismo, para justificar que violó la normativa como ordenador de gastos, el dirigente opositor siguió alegando ante los medios de comunicación que “hay un costo-beneficio. Disminuimos o eliminamos la corrupción en esa área, comenzamos a recaudar mil veces más. Nosotros vamos por resultados, yo creo que no existe otra administración que tenga estos resultados”.

El contralor general de la República, Camilo Benítez, llegó ayer a la Cámara de Diputados para reunirse con la Comisión de Intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, administrada por el intendente Miguel Prieto.

Benítez expuso sobre las irregularidades encontradas en la gestión del jefe comunal, que son tres, y que derivó en el pedido de la intervención de Asunción y la capital esteña.

Una de estas irregularidades fue encontrada en el rubro 800, que es una partida presupuestaria utilizada para la transferencia de fondos a organizaciones civiles, para el financiamiento de proyectos u obras de interés comunitario, que no cuentan con documentos respaldatorios. Como segundo elemento, Benítez citó ante la prensa que la entidad de control ya auditó ambos municipios y se se había enviado al Ministerio Público varias veces, “denuncias penales, reportes de indicios de hechos punibles”.

Como un tercer elemento, Benítez comentó que “ambos municipios remiten sus documentaciones al Tribunal de Cuentas y eso hace que no se pueda proseguir, porque cuando queremos avanzar sobre algún tipo de actividad de control, nos dicen que esa documentación no tienen, está en el Tribunal de Cuentas”.

La Comisión de Intervención para el municipio de Asunción fue integrada y fueron designadas sus autoridades. Para la presidencia fue designado el diputado Rodrigo Gamarra, quien encabezará los trabajos de investigación en el pedido de intervención remitido por el Poder Ejecutivo. Como vicepresidente fue elegido el diputado Jorge Ávalos Mariño y como secretaria la diputada Bettina Aguilera.

El legislador indicó que los trabajos ya se iniciarán de manera inmediata, teniendo en cuenta que se cuenta con 15 días para emitir un dictamen sobre todos los datos recabados y sean puestos a consideración del pleno de la Cámara Baja que definirá si amerita o no la intervención.

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se presentó ante la Comisión Especial que investiga el pedido de intervención a su administración. Según reveló el diputado Alejandro Aguilera, integrante de esta comisión, el jefe comunal terminó admitiendo varias de las irregularidades denunciadas, no obstante, trató de defenderlas.

“Realmente no convenció mucho, desde mi punto de vista al menos. Se escudó mucho diciendo, rompí esta ley, para mejorar esto, él admite muchos rompimientos de la ley de su parte. Cuando se le preguntó respecto al faltante de documentos respaldatorios, mostró unas planillas, que no son los respaldatarios que uno como ordenador de gastos debe tener. Hay mucha nebulosa, no supo justificar, convencer ni rebatir los argumentos de la Contraloría”, aseveró.

En contacto con La Nación/Nación Media, el legislador señaló que la intervención de la Contraloría se basó en el desarrollo de los principales puntos del dictamen por el cual se solicita la intervención, entre los cuales se destaca casos de nepotismo, falta de documentos que justifiquen el gasto de más de G. 40.000 millones, el nivel de gasto corriente que supera al 60 % establecido por la ley y que escala al 70 % en la comuna esteña.

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“En una entrevista que tuvo con un medio de comunicación le preguntaron por la contratación de su prima y él dijo que la Junta Municipal fue la que la contrató, yo le dije que miente, porque la Junta Municipal no es ordenadora de gastos, no tiene atribución de contratar a ningún funcionario, es él el que tiene la potestad absoluta de contratación de personal, entonces es él que termina por contratar a su prima, no la Junta”, dejó en claro.

Luego de haber sido desmentido, Prieto defendió la contratación de su prima, Maribel Alonso Vallejos, quien ocupa el cargo de directora de Impuesto Inmobiliario en la municipalidad, alegando que ella es “demasiado honesta” y que gracias a eso subieron los niveles de recaudación en este aspecto, justificando así la violación a la ley que castiga el nepotismo.

“También se escudó diciendo que cuando eso todavía no existía una ley de nepotismo que prohíbe, que recién en junio entra en vigencia, lo que es mentira, ya desde hace muchísimos años que existe una ley que prohíbe expresamente el hecho que él cometió”, sostuvo. Todo indica que la comisión se reunirá nuevamente la próxima semana, ocasión en la que se decidirá si se realizarán otras diligencias o si ya se emitirá el dictamen.

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El cuestionado jefe comunal dejó a disposición de los miembros de la Comisión unos documentos que serán analizados en los próximos días y contrastados con la Contraloría. Cabe mencionar que el ente contralor no pudo acceder a toda la información necesaria y por eso solicitaron la intervención, instancia en la que se podrá acceder a documentos que no fueron proveídos por Prieto.