El presidente de la República, Mario Abdo Benítez firmó el decreto por el cual se reglamenta la Ley 6.622/2020, que establece medidas de racionalización de gasto público. El proyecto ya fue promulgado por el Poder Ejecutivo en octubre del año pasado.

Con esta normativa se eliminan varios beneficios para los funcionarios públicos. Uno de los principales puntos es que ningún funcionario público debe percibir un salario mayor al del presidente de la República, que es de G. 37 millones.

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El tope del salario también se aplica para funcionarios de las binacionales de Itaipú y Yacyretá, exceptuados los funcionarios que prestan servicio en el exterior, punto que había sido bastante discutido en su momento, teniendo en cuenta salarios siderales en las binacionales.

Otros de los puntos que se resaltan en este proyecto es la eliminación del pago de seguro médico, o seguro VIP como es conocido, para las máximas autoridades de los organismos del Estado y miembros de sus órganos colegiados. Además se elimina el pago de los cupos de combustibles, a excepción de traslados en el ejercicio de sus funciones.

La ley establece también que los contratos y los nombramientos de los funcionarios públicos deben darse a través del concurso de méritos y las autoridades no podrán contratar o nombrar parientes del cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad. Las figuras de colaboradores o asesores, también serán limitadas hasta tres asesores y los mismos solo durarán en sus funciones el periodo de tiempo que estén las autoridades con quienes trabajen.

Decreto que reglamenta la ley de racionalización de gastos públicos. Foto: Gentiliza.

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