El diputado Derlis Maidana calificó de un hecho lamentable el fallecimiento de siete paraguayos ayer durante un motín en Tacumbú. Por ello, solicitará un informe al Ministerio de Justicia sobre las acciones tomadas y el uso de los recursos que fueron otorgados mediante la Ley de Emergencia Penitenciaria.
Primeramente, recordó que con esta ley se dieron numerosos recursos, así como vía de excepción para contratación de personales. Para conocer la situación de la ejecución de los mismos, van a pedir informes sobre la recepción de los fondos de emergencia.
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Por otra parte, Maidana habló sobre el manejo que se da dentro de las cárceles con el sistema de división de los condenados y prevenidos. “No hay esa división”, cuando deberían de ser tratados diferentes aquellos que están condenados de los que enfrentan un medida preliminar y podrían ser inocentes, dijo.
Así como la otra necesidad de diferenciar y separar a los delincuentes y criminales que se encuentran presos, de acuerdo a la peligrosidad y el riesgo de tenerlos en prisión.
El parlamentario no dejó pasar la seguridad interna en los penales. “Es inadmisible que la cerradura sea manejada por los internos, es una falla administrativa importante, no pueden dejar una zona liberada”, sostuvo. De esta forma, recordó la responsabilidad del ministerio, que es “velar por la seguridad para que cumplan penas en un marco de seguridad”.
Falta de condena y lentitud judicial
La cantidad de presos sin condena es lo que también denota la lentitud de la Justicia, “no solo para las personas privadas de su libertad, sino también para las personas que litigan, hay procesos judiciales que duran años, mientras algunas personas están en libertad, otras están detenidas por 10 años sin condena”, refirió.
Así hizo una llamada de atención para la Defensoría Pública, el Poder Judicial, la Fiscalía, “mientras que nosotros en el Congreso Nacional aprobamos leyes y asignamos recursos con la responsabilidad de usarlos bien y establecer mecanismos de seguridad para las personas privadas de libertad”, explicó.
Finalmente, considera que la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, es una persona que conoce el ámbito penal. “No hay duda de que está capacitada para el cargo, hay que dejarle trabajar, pero decirle que falta que rectifique rumbos”, concluyó.
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