El abogado de Efraín Alegre, Guillermo Duarte Cacavelos, dio a conocer la decisión que tomarán judicialmente luego de un encuentro que tuvo con su defendido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Dijo que analizaron el fallo del Poder Judicial.
El presidente del Partido Liberal sigue preso y la decisión que tomaron durante la reunión es que aguardarán la resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre nulidad de la imputación. Entre tanto, el titular del PLRA seguirá preso. “Si debe estar en prisión los 6 meses de la pena mínima por abuso de prisión preventiva, lo hará”, expresa el tuit del defensor.
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Alegre accionó contra las resoluciones de primera y segunda instancia en las que se rechazó la eximición de prisión preventiva que pidió en el marco del proceso penal por producción de documentos no auténticos.
El 28 de enero, luego de negarse a cumplir las medidas alternativas a la prisión decretadas por la jueza Cinthya Lovera, la magistrada resolvió que guarde prisión preventiva. El 25 de agosto del 2020, el titular del PLRA obtuvo como medidas alternativas la prisión, la prohibición de salir del país, de cambiar de domicilio y se le impuso una fianza de G. 150 millones.
Desde la defensa sostiene que los fallos judiciales infringen los artículos 9, 16, 137 y 256, segundo párrafo, de la Constitución, “pues adolecen de graves vicios de arbitrariedad y ocasionan un agravio a los derechos del recurrente porque se le priva del derecho constitucional a la libertad, sin que las decisiones asumidas posean sustento en las normas aplicables al caso concreto”.
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Elevar penas a 90 años requiere de una reforma: “Es populista e inconstitucional”, dice abogado
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
El abogado constitucionalista Marcelo Duarte calificó de populista el proyecto que “incorpora la prisión permanente revisable, en el marco de tolerancia cero contra la delincuencia, el crimen y la protección a la ciudadanía”. La propuesta plantea modificar el Código Penal con la elevación de la pena máxima a 90 años para homicidios y delitos graves.
La iniciativa tuvo su entrada oficial en el Legislativo el pasado 29 de julio y es impulsada por el diputado opositor Rubén Rubin. “El mismo es contrario a los fines previstos para las penas en la Constitución Nacional. En el Paraguay no se puede establecer la cadena perpetua o penas similares (más de 30 años), sin antes reformar la Constitución Nacional“, indicó en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
El exsenador del Partido Patria Querida (PPQ), acotó: “La Constitución Nacional no se puede reformar por ley. Este proyecto es inconstitucional debido a que equivale a una cadena perpetua, nadie mayor de edad puede cumplir una cadena de 90 años de cárcel”.
Duarte sustentó su posición citando el artículo 20 de la Constitución Nacional referente al objeto de las penas privativas de libertad. La norma establece que estas penas deben tener como objetivo la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Además, prohíbe la pena de confiscación de bienes y la de destierro.
“En otros países se considerarían propuestas populistas, ya que buscan agradar a la mayoría de la opinión pública, que está harta de la delincuencia y la impunidad, pero sin tener en cuenta su viabilidad constitucional“, dijo Duarte.
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La propuesta de Rubin también establece la acumulación de condenas y toca 25 artículos del Código Penal. El proyecto refiere que en los casos de pena privativa de libertad de 50 años en adelante, podrá ser revisable de conformidad a lo dispuesto en el artículo 51 de Código Penal.
De acuerdo con el proyecto, los condenados podrán solicitar una revisión si han cumplido al menos dos tercios de la pena, se presume que no reincidirán en delitos o si el condenado lo solicita o consiente expresamente.
“El problema es mucho más complejo de lo que se plantea. No se trata solamente de aumentar las penas. Se trata también de rever el sistema penal y penitenciario, así como la educación, la reinserción social y la contención familiar en los casos de menores y adolescentes, como también la reinserción laboral de los exconvictos de todas las edades", sentenció Duarte.
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Liberales de San Pedro sellan apoyo a la candidatura de Éver Villalba en el PLRA
Los movimientos políticos del senador José “Pakova” Ledesma y del diputado Pastor Vera Bejarano pactaron la unidad en busca de candidatos únicos para las intendencias en San Pedro con miras a los comicios municipales del 2026. A la vez, acordaron respaldar la candidatura del senador Éver Villalba para la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
El encuentro “ñemongeta” que aglutinó a intendentes, concejales, autoridades partidarias y dirigentes de base se concretó en la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú. Los liberales expresaron preocupación por la crisis política y económica que sacude a la principal agrupación de oposición en el Paraguay.
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Señalaron que es necesario que el PLRA recupere sus banderas de lucha, así como reorganizar sus estructuras con la finalidad de ser una verdadera alternativa en los comicios municipales y presidenciales del 2028.
“Se dio una gran muestra de madurez política y soy testigo de este evento. Es un mensaje que tiene que traspasar las barreras del departamento de San Pedro y llegar en todo el territorio paraguayo. Es necesario que las bases del partido se sienten a dialogar, coincidan en un proyecto. Vengo trabajando con Pakova y Pastor en la reorganización del partido, que está con debilidades", dijo el senador Villalba.
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Actualmente, en la danza de nombres de aspirantes a la presidencia del PLRA, se encuentran el citado Villalba, el intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, y los senadores Dionisio Amarilla y Enrique Salyn Buzarquis, además del economista Víctor Pavón.
“Somos un equipo político que sale a conversar, escuchar a las bases y con las inquietudes y visiones de la dirigente estamos trazando una hoja de ruta en el marco de esta plataforma que lo denominamos Ñemongeta Liberal”, indicó el legislador a los medios locales en San Pedro.
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Duarte Cacavelos: proyecto de Rubin es inconstitucional y desconoce principios básicos del Derecho Penal
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos cuestionó duramente el proyecto de ley presentado por el diputado Rubén Rubin, que propone incorporar la figura de la prisión permanente revisable y elevar las penas privativas de libertad a niveles que podrían superar los 90 años. Según el constitucionalista, la propuesta es contraria a los principios establecidos en la Constitución y contiene además ciertos errores.
“No hay ninguna vuelta, es inconstitucional”, aseveró el abogado y explicó el por qué es inviable la propuesta presentada por el diputado independiente. “Se plantean cuestiones que hoy tienen una motivación claramente populista desde la misión de persona pública que está ahí por votos”, añadió.
Duarte Cacavelos afirmó que analizó la propuesta legislativa impulsada por Rubin y detalló que la redacción contiene problemas constitucionales dado que se habla de la cadena perpetua y de penas muy elevadas para lo cual se establece un límite en la regulación constitucional.
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“En el artículo n.° 20 establece claramente cuáles son los fines de la pena y cómo se justifica la aplicación de una pena que debe tener como finalidad, aparte de la protección a la sociedad, debe servir para readaptar a una persona, si se dispone de una cadena perpetua se está violando ese artículo que consagra que se tiene como misión que la persona se readapte a una vida sin delinquir”, señaló.
El abogado además mencionó que por la forma en que se plantea el proyecto, quedó en evidencia el gran desconocimiento del sistema jurídico penal, puesto que desconoce figuras que ya existen en el Código Penal Paraguayo, y como ejemplo, mencionó que se describe al “dolo eventual”, como si fuera un elemento que no existe actualmente en la normativa paraguaya.
“Lo cual es una falacia, actualmente están castigados los hechos punibles dolosos en todas sus formas. Después desconoce la punibilidad de la tentativa, porque empieza a describir que también se castiga la tentativa en ciertos crímenes y en la parte general del Código Penal se establece ya que la punibilidad de la tentativa se establece en todos los crímenes, solo en los delitos se debe regular la tentativa, y eso también se desconoce”, sostuvo.
Como otro de los puntos cuestionados del proyecto, hizo mención del desconocimiento de la existencia de la regla para aumentar marcos penales en casos de concurso de hechos punibles. Indicó que si se aplica lo planteado por Rubin, se podrían llegar a penas de más de 130 años. “Claramente se desconocen las reglas vigentes y existentes”, enfatizó.
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Caso Abdooffshore podría anexarse a causa por inconsistencias en DDJJ, dice exfiscal
El abogado Juan Emilio Oviedo afirmó que los agentes fiscales que investigan al exmandatario Mario Abdo Benítez por las inconsistencias en sus declaraciones juradas, podrían anexar a la causa las informaciones sobre las supuestas cuentas bancarias ocultas en Seychelles que tendrían por beneficiarios finales al exjefe de Estado y su esposa Silvana López Moreira.
“Puede ser muy buena hipótesis. Por economía procesal, también es una investigación que pueda estar abierta, que pueda tener algún vínculo con los datos obtenidos por este periodista argentino para confirmar, descartar o revisar la información que pueda haber en el extranjero y que incidencia pueda tener dentro de la carpeta fiscal”, indicó el exfiscal de Asuntos Internacionales en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, aludiendo al informe de Luis Casulla publicado en el portal PeriodismoyPunto.
La Fiscalía impulsó la apertura de una investigación a Abdo Benítez en setiembre del 2024 debido a las inconsistencias detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) en las extraordinarias ganancias que tuvieron, durante su mandato, la empresas distribuidoras de asfalto Aldia S. A. y Createc S. A., que lo vinculan entre sus principales accionistas.
“Eventualmente, esto sería una decisión de los fiscales de la causa (anexar las informaciones de las cuentas bancarias ocultas como un hecho nuevo) porque son ellos lo que tienen la teoría del caso, son los que tendrán que probar la existencia de un hecho punible a través de las evidencias que se incorporan no solo a nivel nacional, sino internacional”, comentó Oviedo.
Asimismo, dijo que Paraguay y Seychelles son signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, un tratado impulsado en el 2023 que permite la cooperación entre fiscalías generales. Agregó que Seychelles estableció reformas en el año 2022 que facilitan la entrega de datos financieros, incluso sobre beneficiarios finales, si el pedido cumple los requisitos legales.
“Esto también dependerá de la política criminal, de la persecución penal y de las informaciones o elementos que cuente el Ministerio Público, es una opción que tiene la institución de separar o unir causas, de armar equipos de investigación, de incorporar áreas especificas como de Asuntos Internacionales que tiene personal calificado para ello”, indicó el abogado.
Antecedentes
El informe periodístico refiere que presuntamente se ocultó la millonaria suma de USD 21 millones, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión en el caso de haberse omitido su mención de las declaraciones juradas.
La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera cuenta se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviembre del 2022, año en que el líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.
Detalla que la cuenta figura a nombre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados serían Abdo Benítez y López Moreira. Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391 y fue abierta en setiembre del 2023 a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes después de finalizar su periodo como jefe de Estado. En junio del 2025, la cuenta presentaba un balance de USD 8.716.581,02, y también tendrían como beneficiarios finales a Abdo Benítez y su esposa.
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