Cada laboratorio, cada startup y cada proyecto que nazca en Distrito Innova permitirá al país convertirse en un actor relevante dentro del mapa regional de la innovación y la economía digital.

En Paraguay, la innovación pasó de ser una conversación a ocupar un lugar central en la agenda de desarrollo. ¿Y cómo se materializa esta apuesta? Con la construcción del Distrito Innova, impulsado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC). En poco tiempo más, este será el espacio en el que el talento, la investigación, las startups y las empresas puedan encontrarse para transformar la economía digital del país.

El proyecto se inspira en el modelo de la triple hélice -Estado, academia y sector privado- que dio origen a algunos de los ecosistemas de innovación más dinámicos del mundo.

“Detrás de esa visión estratégica hay un elemento que muchas veces pasa desapercibido: la infraestructura que lo hace posible", señaló Cinthia Facciuto, directora general de Innovación Productiva y Economía Digital del Mitic.

Reveló que el Distrito Innova será la casa del ecosistema digital paraguayo, un punto de encuentro en el que convivirán empresas tecnológicas, centros de investigación, universidades y organismos públicos.

Para ponerlo en marcha existe una inversión cercana a los USD 20 millones, atendiendo a la envergadura del proyecto que abrirá sus puertas en el segundo semestre del 2027.

“Se ejecutará bajo la modalidad llave en mano, de modo que, al cortar la cinta, esté operativa al 100%, con toda la tecnología instalada, laboratorios y oficinas completamente equipados”, precisó. Agregó que quienes deseen ser parte de esta iniciativa tienen la posibilidad de alquilar espacios privados para actividades de investigación y desarrollo.

Para asegurar que el proyecto esté a la altura de esa ambición, el desarrollo se ejecuta bajo los estándares del contrato International Federation of Consulting Engineers, utilizado globalmente en proyectos complejos de infraestructura. Este modelo garantiza procesos claros de gestión contractual, supervisión técnica independiente, mecanismos transparentes de resolución de controversias, control de calidad permanente y una gestión estructurada de riesgos.

De esta manera, queda en evidencia que Paraguay quiere jugar en las grandes ligas de la economía digital. Para eso es importante entender que la innovación no se limita a ideas o plataformas tecnológicas. “La innovación no solo se diseña. También se construye con estándares y con un equipo altamente comprometido y entrenado”, puntualizó.

Pero hay algo igual de importante que muchas veces queda fuera de la conversación: “la obra física que hace posible todo eso.” La casa de esta triple hélice que vivirá y convivirá con el ecosistema digital y de innovación del país.

• Por Benjamín Livieres
• Analista político de NM

Los ataques sistemáticos del grupo Abc al gobierno de Santiago Peña y al cartismo, sobre el tema que fuere, tienen como único objetivo instalar la idea de que “estamos peor”, lo que implicaría que “con Mario Abdo estábamos mejor”, algo que ni los mejores sofistas –ausentes en sus filas– podrían sostener algunos segundos.

Ese es un camino con inconvenientes para sus fines, pues no lograrían más que hacer el ridículo. Los registros dan cuenta del retroceso económico y social durante la gestión anterior, así como de los cerca de 20.000 muertos por falta de vacunas en pandemia, además de los casos penales por enriquecimiento ilícito y lavado que se le siguen al expresidente, y por haber utilizado las instituciones del Estado para borrar del mapa a Horacio Cartes, a los que se suma un rosario de ilícitos en diversas reparticiones.

Tampoco es capaz de rebatir los indicadores económicos –claramente positivos en esta gestión–, que la inversión en programas sociales es la mayor de todos los tiempos o que el país ha ganado posiciones en la consideración internacional; aparte de mantener la estabilidad política en los últimos 30 meses, un don muy preciado en la convulsionada Sudamérica.

¿Entonces, qué hace Abc Color? Se monta sobre algunos hechos puntuales, verdaderos o inventados, para atacar “el todo”, para descalificar la gestión de gobierno en su conjunto y socavar las bases de sus programas más relevantes, en el afán de producirle el mayor desgaste político que le sea posible.

Este es el caso de la campaña que despliegan los medios del Grupo Zuccolillo sobre la politización del programa Hambre Cero, que no apunta a enmendar errores y desarrollarlo, sino a destruirlo. Así, las denuncias sobre malos manejos en ciertas gobernaciones, que van desde presunto enriquecimiento ilícito hasta prácticas de chantajes laborales para respaldar tal o cual candidatura, no tienen como centro la investigación de los hechos denunciados y que se apliquen las medidas pertinentes, sino la invalidación absoluta del proyecto.

Podríamos citar muchos otros ejemplos, pero sería redundante. Estamos ante el “relato” de un poderoso grupo mediático que defiende sus intereses corporativos sin la menor ética ni escrúpulos, con el fin de acabar con aquellos a quienes considera enemigos, los “cartistas malvados”.

Dicho esto, la respuesta a estos ataques de los que está siendo objeto Hambre Cero no puede ser, simplemente, que “todo es falso”, que “las gobernaciones ni inciden en los contratos laborales” y sus titulares, sin excepción, ya tienen reservado un lugar en el paraíso. No es minimizando los problemas, ni menos desconociéndolos, como se fortalecerán los programas y proyectos en curso, sino al revés, actuando sobre ellos y rectificando lo que deba rectificarse, en esas y otras áreas en donde los problemas de gestión resultan notorios. Y comunicar bien. Claro, para eso el Gobierno debería contar con su propio “relato” y responder las cuestiones de estratégicas, no la montaña de acusaciones que recibe a diario.

Como criterio general, es siempre importante separar la paja del trigo. Hay críticas que se ajustan a la realidad, pero no por eso invalidan, ni mucho menos, programas de tanta trascendencia. No porque exista paja en el trigal, se considera una plantación de pura paja, como transmite Abc en todas sus páginas, al no diferenciar –intencionalmente– lo uno de lo otro.

El abogado Daniel Alberto Farías Kronawetter falleció el sábado 28 de febrero, a los 41 años, debido a un paro cardiaco que sufrió durante una actividad deportiva. Al momento de su deceso era funcionario permanente de la Cámara de Senadores, tras su paso por varias instituciones estatales, y estaba procesado por supuesta filtración de datos de la Seprelad, en una causa que incluye al exmandatario Mario Abdo Benítez y el exministro Arnaldo Giuzzio, entre otros.

La noticia se difundió por redes sociales, el domingo 28 de febrero, y uno de los primeros en mencionarla fue el exministro anticontrabando Emilio Fúster y abogado defensor de Giuzzio, al igual que el exmandatario Abdo Benítez, quienes expresaron sus condolencias a la familia. El diputado abdista Mauricio Espínola, su colega Raúl Benítez, y el senador Rafael Filizzola también reaccionaron al informe periodístico.

Según datos de la función pública, entre junio de 2015 a noviembre 2023, Farías estuvo vinculado con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, que en agosto de 2023 pasó a ser DNIT), entonces dependiente del Ministerio de Hacienda (convertido en Ministerio de Economía y Finanzas, desde agosto de 2023). Luego pasó a la nómina del Senado, y figuraba como asistente en el despacho del senador Óscar Salomón.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe destrabar la causa penal mencionada para que las doce chicanas presentadas, desde abril de 2024, por la defensa de cada uno de los hoy acusados, puedan ser analizadas por la jueza penal de Garantías, Cynthia Lovera. De los nueve acusados, Abdo Benítez y Mauricio Espínola siguen escudados en sus fueros parlamentarios, defendidos por sus aliados que forman parte de la oposición.

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En el ámbito del análisis financiero de la SET, Farías ya venía colaborando anteriormente con Arnaldo Giuzzio en sus tareas como fiscal (2004-2013), quien, tras su paso por el Senado (2013-2018), fue designado ministro de la Senad por el gobierno de Abdo Benítez, en agosto de 2018, y luego ministro del Interior, del 22 de enero de 2021 al 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por presuntos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, por lo que afronta un juicio en curso.

En dicho contexto, Daniel Farías se convirtió en asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, desde marzo de 2021 y siguió comisionado hasta mediados de 2022 en este ministerio, tras la destitución del exfiscal. No obstante, en abril de 2022 fue presentado como nuevo integrante de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, aunque su traslado temporal se aceptó recién el 26 de junio del 2022.

El 11 de marzo de 2024, el Ministerio Público imputó a Mario Abdo Benítez y otros ocho exfuncionarios de su gobierno: Carlos Adolfo Arregui Romero (extitular de Seprelad), Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez (exministro del Interior), René Milciades Fernández Bobadilla (exministro de Senac y Seprelad), Carmen María Pereira Bogado (alta funcionaria de Seprelad), Daniel Alberto Farías Kronawetter (Seprelad), Guillermo Preda Galeano (Seprelad), Francisco Pereira Cohene (Seprelad) y Mauricio Fabián Espínola Núñez (exsecretario privado del presidente y actual diputado).

La Fiscalía, que presentó más de 206 elementos probatorios, apuntó los hechos punibles de Revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), Revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (Art. 148 del CP), Inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), Denuncia falsa (Art. 289 del CP), Simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), Usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y Asociación criminal (Art. 239 del CP).

El acta fiscal describe que Abdo Benítez habría gestado en su gobierno (2018-2023) “un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña)”, para lo cual conformó un equipo, en que se mencionan a Carlos Arregui (Seprelad), Arnaldo Giuzzio (Interior) y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), pero sustituyó a Arregui en Seprelad, en setiembre de 2022.

Entre diciembre de 2021 a mayo de 2022, en Seprelad se habría redactado el informe de inteligencia n.° 10/2022, referenciado como “MARA041922MP”, “introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución”, dice la Fiscalía. Este informe de “carácter confidencial” se filtró intencionalmente a los medios de comunicación y a determinados referentes y aliados abdistas para su difusión en redes sociales.

El acta de imputación refiere textualmente: “En dicho contexto, Daniel Farías Kronawetter, asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio (marzo 2021 a junio 2022), comisionado recién a partir de junio del 2022 a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, y René Fernández Bobadilla, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (desde el año 2019), sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían contribuido en la composición del Informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como MARA041922MP, al elaborar el borrador de este informe”, que guardaba relación con el expresidente Horacio Cartes y la firma Tabesa.

El Ministerio Público señala en el acta de imputación: “En el mes de abril del 2022, Carmen María Pereira Bogado, entonces secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, habría presentado a Daniel Farías Kronawetter ante los funcionarios de la mencionada dependencia institucional como nuevo integrante, específicamente con el cargo de director de análisis a efectos de apoyar en las investigaciones relacionadas al expresidente de la República, Horacio Cartes Jara”.

“Además, Carmen María Pereira Bogado habría creado una carpeta compartida en la web con archivos de carácter confidencial, de manera a que se le faciliten todos los datos que Daniel Farías Kronawetter pudiera requerir para su cometido. En aquel momento, Daniel Farias Kronawetter no era funcionario de la Seprelad sino de la Subsecretaría de Estado de Tributación, comisionado al Ministerio del Interior para prestar funciones con Arnaldo Giuzzio, en carácter de asesor de inteligencia financiera”, continúa el documento fiscal.

También expone: “Por consiguiente, entre el mes de abril al día 26 de junio del 2022, Carlos Arregui Romero y Carmen María Pereira Bogado habrían permitido que Daniel Farías Kronawetter se insertará laboralmente al sector de trabajo de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, utilizara equipos informáticos, y acceda a informaciones de inteligencia financiera”.

“En concreto, Daniel Farías Kronawetter habría creado el archivo denominado: “AAA_INFORME_DE INTELIGENCIA_AAA_MJ”13, editado por René Fernández Bobadilla”, puntualiza la Fiscalía. Como parte del operativo abdista, en enero de 2022, Giuzzio presentó una denuncia falsa contra Cartes ante la Seprelad, que recientemente fue ratificada su desestimación tras interponerse una apelación irregular por parte del exministro.

Igualmente, el Informe de inteligencia n.° 10/2022 fue incorporado en el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación, en octubre de 2022, que presidió el exsenador Jorge Querey del sector opositor Frente Guazú. En julio de 2022, Estados Unidos emitió sanciones contra Horacio Cartes a partir de documentos proveídos por el gobierno abdista; sin embargo, en octubre de 2025, todas las sanciones fueron levantadas al demostrarse jurídicamente que la documentación sobre el exmandatario había sido falsa y tergiversada.

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El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) viene impulsando una serie de acciones para fortalecer la conectividad y garantizar un acceso más equitativo a los servicios digitales. Aquí un repaso de esas acciones y sus impactos.

• Por Jorge Zárate
• jorge.zarate@nacionmedia.com
• Fotos: GENTILEZA

“La mejora en velocidades, latencia y pre­cios no elimina por sí sola las brechas territoriales, lo que vuelve imprescindible la intervención del Estado para asegurar conectividad donde el mercado no llega”, apunta Gustavo Villate, ministro de Tecnologías de la Informa­ción y Comunicación.

“Una de las decisiones estra­tégicas fue el otorgamiento de la licencia –en octubre de 2023– para la operación de Starlink en Paraguay. La dis­ponibilidad de internet sate­lital de órbita baja permite llevar conectividad de alta velocidad a cualquier punto del país, incluyendo comuni­dades aisladas, zonas fron­terizas y regiones histórica­mente postergadas”, señala a propósito del tema.

“Para el Estado, esta tecno­logía representa una herra­mienta estratégica para for­talecer servicios esenciales como salud, educación y seguridad en lugares donde no existe infraestructura terrestre”, agrega.

Villate refiere que están tra­bajando en una licitación adi­cional para frecuencias 5G, que se lanzará en los próxi­mos meses. Este nuevo pro­ceso permitirá a las demás compañías poder ofrecer este servicio. En ese sentido, explicó que la velocidad del internet móvil está relacio­nada con las frecuencias dis­ponibles y la tecnología uti­lizada. Anticipa que, a partir de este año, la velocidad de internet móvil en Paraguay cambiará debido al desplie­gue de 5G.

Aquí su diálogo con La Nación/Nación Media:

–Paraguay vive hoy sobre internet. Las transferencias electrónicas y los pagos por QR se han masificado, trans­formando la forma en que los ciudadanos realizan tran­sacciones cotidianas. Desde el Mitic se ha impulsado un acceso amplio a sistemas de gobierno digital, incluyendo la identidad electrónica, lo que permite a la ciudadanía interactuar con el Estado de manera ágil y segura. No obstante, persisten desafíos vinculados principalmente a la brecha territorial y a velo­cidad de acceso, especial­mente en zonas rurales y de baja densidad poblacional, donde el mercado no siem­pre logra cubrir con infraes­tructura terrestre.

–La política de conectividad del gobierno no está secto­rizada por departamentos específicos, sino que res­ponde a una planificación nacional orientada a redu­cir brechas estructurales en todo el territorio. Las mayo­res necesidades históricas se concentran en zonas rurales, comunidades aisladas, regio­nes del Chaco y áreas de baja densidad poblacional, donde el despliegue de infraestruc­tura tradicional resulta más complejo y menos atractivo para el mercado.

En este contexto, el Estado implementa soluciones com­plementarias como la conectividad satelital, que permite llevar internet a escuelas, esta­blecimientos de salud y depen­dencias públicas ubicadas en territorios donde antes no existía infraestructura terres­tre. El criterio es claro: priori­zar donde la brecha es mayor, asegurando que la conectivi­dad llegue a todo el país y no solo a los centros urbanos.

–La Red Nacional de Fibra Óptica es una infraes­tructura estratégica para el Estado digital. Actual­mente, la Red Metropolitana (Red Metro) en Asunción se encuentra plenamente ope­rativa, interconectando ins­tituciones públicas estraté­gicas; mientras que la Red Troncal está en proceso de recuperación y moderniza­ción, en coordinación con la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) y la Administración Nacional de Electricidad (Ande), con el objetivo de garantizar capa­cidad, estabilidad y sosteni­bilidad a largo plazo. Este proceso permitirá fortale­cer la infraestructura que soporta servicios como pla­taformas digitales guberna­mentales, sistemas de salud, educación y otros servicios esenciales del Estado.

–El programa continúa activo como una política pública orientada a reducir la brecha digital. Actual­mente cuenta con más de 400 puntos WiFi operativos en plazas, hospitales, institu­ciones educativas y espacios comunita­rios en todo el país, incluyendo zonas rura­les, comunidades indíge­nas y el Chaco. El objetivo es que el acceso a internet sea una herramienta dispo­nible para acceso a infor­mación, educación, trámites digita­les, y todo tipo de uso para la comunica­ción y parti­cipación ciu­dadana. Este programa complementa las políticas de conectivi­dad estructural y tiene un enfoque de inclusión digital, priorizando su instala­ción en zonas de alta concu­rrencia y baja conectividad.

–En la Gran Asunción, el servicio está disponi­ble en diver­sos espacios públicos estratégicos, como plazas, hospitales públicos, instituciones educativas. Por mencionar algunos, se encuentran puntos en la cos­tanera de Asunción, la esca­linata Antequera, los mer­cados 4 y de Abasto, la plaza municipal de Areguá, ciclo­vía de Itá, aeropuerto Silvio Pettirossi en Luque. En total son 107 puntos disponibles entre Asunción y Central.

–Paraguay inició el desplie­gue de la red 5G en el último tramo de 2025, tras un pro­ceso licitatorio llevado ade­lante en coordinación con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Cona­tel). Dos empresas resul­taron adjudicadas (Claro y Nubicom), y una de ellas ya comenzó la prestación del servicio. Actualmente, el des­pliegue se encuentra en etapa inicial y progresiva, concen­trado en áreas urbanas. Asi­mismo, se trabaja en una nueva licitación de frecuencias 5G que permitirá ampliar la oferta y participación de otras com­pañías, consolidando el eco­sistema de telecomunicacio­nes y mejorando la calidad del servicio móvil en el país.

El rol del gobierno es plani­ficar, invertir, coordinar y garantizar que la conectivi­dad no sea un privilegio, sino una herramienta de inclusión y desarrollo para toda la ciu­dadanía. Desde el Mitic, esa acción se traduce en políti­cas públicas concretas, soste­nidas y orientadas a cerrar brechas, conectar territorios y seguir fortaleciendo al país en materia digital.

El último reporte del Índice Global de Speedtest (clasificación de velocidades de internet de todo el mundo), en cuanto a internet de banda ancha a diciembre de 2025, ubica a Paraguay en el puesto 61, superando a países avanzados como Alemania, que se sitúa en la 66.

Datos oficiales de Conatel muestran que, si bien el internet móvil se consolidó como el principal medio de conexión para la pobla­ción –con más de 5,5 millones de usuarios y una fuerte adopción de tecnología 4G–, aún existen desafíos, especialmente en zonas rurales y de baja densidad poblacional. La Red Troncal se encuentra en proceso de recuperación y modernización, en coordinación con la Copaco y la Ande. “Este trabajo busca garantizar capacidad, estabilidad y sostenibilidad a largo plazo para los servicios digi­tales del Estado y, a futuro, ampliar su impacto hacia la ciudadanía”.

“La conectividad también es un componente central para mejorar la calidad de los servicios del Estado. En salud, más de 1.100 establecimientos utilizan el Sistema de Información de Salud (HIS), que procesa millones de consultas al año gracias a una infraes­tructura digital sostenida”, explican desde el Mitic.

“En educación, la conectividad de última milla y las soluciones satelitales permiten integrar a escuelas que antes estaban comple­tamente desconectadas, ampliando oportunidades para estudiantes y docentes. Un ejemplo es el acceso al Programa Hambre Cero, una plataforma creada íntegramente de manera digital”, agregan.

El internet satelital conecta ya a 18 comunidades en el marco de la estrategia nacional de inclusión digital que prioriza a escuelas, comunidades indígenas y centros de salud.

Este es el principal resultado del acuerdo del Mitic y la Copaco en alianza con Starlink. Esta última aporta su red de satélites de órbita baja para llevar conectividad de alta velocidad a territorios donde la infraestructura terrestre es prácticamente inexistente con anchos de banda que alcanzan al menos 200 Mbps con picos de hasta 280 Mbps.

La idea es conectar 500 escuelas rurales en todo el país y la primera de ellas se inauguró en la escuela de la comunidad indígena pueblo Qom de Cerrito (Presidente Hayes), donde por primera vez pudieron hacer videollamadas y visualizar contenidos educativos en línea.

También, se conectó a la comunidad de Sawhoyamaxa, como parte de las medidas de reparación ordenadas por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).