El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Fernando Silva Facetti mencionó que se pone en peligro un total de 6.000 puestos de trabajo formales en plena crisis sanitaria y económico generada por la pandemia del COVID-19. Esto al concretarse el cierre de varias casas de cambios debido a la Resolución No. 248 de la Seprelad.
“Las casas de cambios empiezan a caer como había pronosticado. Cambios Chaco comunicó cierre de 17 sucursales y otras ya están formando fila. La crisis económica por la pandemia y las excesivas medidas impuestas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes propias de Europa”, comentó.
La representante legal de la firma Cambios Chaco, Teresa Flecha, explicó que durante la pandemia fueron cerradas dos sucursales. A estas se suman, mediante la comunicación 30 días antes como indica la Ley de Casas de Cambios, otros 18 locales de todo el país.
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La medida tomada por el directorio de la firma obedece a que se perdieron muchos clientes debido a la resolución No. 248 de la Seprelad, que establece un marco muy estricto en cuanto a las documentaciones que son solicitadas a los clientes sobre la justificación del origen de los fondos que estos manejan.
“Seprelad exige declaraciones para personas que realicen operaciones desde 4 jornales mínimos, aproximadamente US$ 45, buscando transparentar/regular sector ya regulado, creando efecto boomerang de cierre de empresas formales y con clientes que pasan a la informalidad”, sostuvo.
“Es importante la gradualidad en época de crisis”
El legislador lamentó la situación teniendo en cuenta que desde el Congreso Nacional se dio luz verde a varios pedidos del Poder Ejecutivo respecto a préstamos para asistir a los desempleados. Sin embargo, la nueva problemática genera el cierre de los puestos laborales.
“Mientras cambistas informales operan libremente, se ponen en peligro 6.000 puestos de trabajo directo. Es importante la gradualidad en época de crisis. Empujar a las empresas formales a dejar a sus funcionarios en la calle cuando hemos gastado millones en subsidios a desempleados”, manifestó.
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Reanudan juicio oral contra Prieto en caso conocido como Tía Chela
El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.
El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente destituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.
La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Corbeta, expuso ante el Tribunal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.
En esta jornada se producirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministerio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario correspondiente, reportó el periodista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda.
De acuerdo a los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la municipalidad esteña.
Podría ir a la cárcel por graves amenazas a testigos
El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.
El fiscal Silvio Corbeta sostuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del juicio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación criminal por ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones.
El representante del Ministerio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presentará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias afectadas por la pandemia.
Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue desestimada y Prieto anunció que denunciaría al exconcejal por denuncia falsa. Corbeta explicó que la desestimación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedores a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, manifestó el fiscal.
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Justicia pedirá a Seprelad y Contraloría auditar bienes de personal penitenciario
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, indicó que requerirán a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) el cruzamiento de datos sobre los ingresos de los directores, jefes de seguridad y funcionarios encargados de la admisión de las penitenciarías tras concretarse el pasado domingo 25 de octubre la fuga de reos del Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada. A la vez manifestó que pedirán a la Contraloría General de la República (CGR) la auditoría de los bienes.
“Debemos trabajar con la Seprelad para el cruzamiento de los ingresos de los directores, jefes de seguridad y los encargados directos de la admisión de los controles de ingreso de personas y de encomiendas ya que ahí se generan los focos de corrupción. Nosotros en algún momento cuando tuvimos problemas hemos remitido pedidos de control a la Contraloría para ver los ingresos y bienes que están a nombres de estos funcionarios y yo creo conveniente renovar ese trabajo porque es parte del esquema para la detección de hechos irregulares”, refirió en el programa “Cara o Cruz” de Unicanal.
Nicora comentó que su cartera llegó a implementar el polígrafo como herramienta de control de confianza, evaluación y selección de los funcionarios penitenciarios como por ejemplo en la cárcel de Minga Guazú. “Es un elemento que no marcó un alto rango de resultados negativos en cuanto al cuestionario que fue implementado, pero sí fue un elemento que nos ayudó para decidir la renovación de contratos o no. Esta herramienta fue enfocada justamente en los nuevos penitenciarios”, puntualizó.
A la vez dijo que Paraguay próximamente firmará un acuerdo que le permitirá contar con tecnología para la detección de dispositivos irregulares en las penitenciarías del país. “Ahora estamos trabajando en una alianza estratégica con un país para tener esa tecnología”, mencionó.
Antecedentes
Los datos recabados mediante la investigación fiscal y policial refieren que los reclusos burlaron los controles de seguridad mediante corte de barrotes y el uso de sogas confeccionadas con sábanas y frazadas, aprovechando una zona perimetral que se encontraba sospechosamente sin el resguardo de agentes penitenciarios.
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IPS apunta a cobrar USD 70 millones que adeuda Salud: “La situación está propicia”
Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.
“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Proyecto de ley de emergencia
A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.
“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.
León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.
No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.
La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.
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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.
“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.
Encuentro con Alliana
Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.
El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.
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Intensivistas, héroes de la pandemia
- Por Arturo Peña Villaalta
- arturo.pena@nacionmedia.com
Desde el 2021, cada 19 de setiembre se recuerda en nuestro país el Día del Intensivista. La conmemoración nos remonta directamente a ese tiempo de la historia reciente que marcó al mundo: la pandemia de covid-19.
Paraguay estaba quizás entre los países menos preparados para un desafío de tal magnitud. Según los registros del Ministerio de Salud, para el 2020 había 194 profesionales intensivistas censados. Con estos soldados y unas 380 camas en las UTI del país fuimos a la guerra contra el covid.
Para el 2021 la cantidad de camas se duplicó pero se abría la crisis de la falta de personal. Muchos fueron formados en el campo de batalla. Escasez de medicamentos, falta de oxígeno, nuevos equipos que había aprender a manejar, el temor por sus propias vidas y las de sus familias… Es imposible dimensionar lo que los trabajadores de la salud pasaron durante ese tiempo. En especial aquellos que trabajaron horas y horas encerrados en las unidades de terapia intensiva.
Durante la pandemia el trabajo periodístico tampoco se detuvo. Las salas de prensa pasaron obligadamente a trabajar a distancia, sin embargo, muchos periodistas, fotógrafos, camarógrafos y choferes siguieron realizando la cobertura desde las calles, desde los hospitales, informando a diario sobre el transcurrir de esos difíciles días.
El Facebook me recordaba esta semana una edición especial del diario La Nación del 6 de setiembre de 2020, en homenaje al personal de blanco que daba batalla en hospitales en momentos en que la curva de contagios iba en ascenso. Fue un compendio de notas realizadas en diferentes puestos sanitarios, con testimonios de primera mano del personal de salud, sus vivencias, sus temores. Con un equipo de prensa fuimos a realizar un reportaje al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Prof. Dr. Juan Max Boettner, el Ineram. Este hospital se había vuelto la principal trinchera de la lucha contra el covid. Allí pudimos conversar con trabajadores de varias áreas, quienes –algunos entre lágrimas– contaron cómo la pandemia les había llevado al límite de su capacidad tanto profesional como humana.
“Una vez que un paciente ingresa, ya se queda 100 % a nuestro cuidado. El personal de blanco también tiene que estar viendo no solo la parte pulmonar o cardiaca, sino también la parte psicológica, la contención. Hacemos también enfermería psicológica”, relataba el jefe de la UTI de adultos del Ineram. Mencionaba el impacto que tenía en muchos pacientes los trajes especiales que se utilizaban. Algunos intensivistas llegaron a imprimir fotos de sus rostros y pegarlos sobre las máscaras, para que los enfermos pudieran reconocerlos y no se sintieran tan intimidados.
Con la aprobación de la Ley n.º 7.159/2023, los especialistas en medicina crítica e intensiva pudieron alcanzar algunas reivindicaciones y beneficios. Según Salud, a los cerca de 300 existentes actualmente, este año se sumó la contratación de otros 270 nuevos médicos asignados a las UTI.
La pandemia, que se extendió desde el 2020 al 2023, dejó lecciones muy duras que nunca debemos olvidar. Una de ellas es la importancia de un sistema de salud fuerte y de equipos humanos suficientes, especializados y remunerados de forma acorde.
“Nos cambió la vida realmente este virus y nos hizo saber que hay cosas más importantes por las que luchar y no por cosas banales puramente”, me decía en aquel reportaje el entonces director del Ineram, el doctor Felipe González.
Mientras nos perdemos en discusiones banales y torcidas en las redes sociales, en las UTI del país, en este momento, se libra la batalla cotidiana por preservar la vida. Por lo menos en este día, el del Intensivista, tomemos conciencia de ello.