El ministro del Interior, Enrique Riera, aseguró que terminará su gestión con la eliminación del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo y la localización de los tres secuestrados, Edelio Morínigo, Félix Urbieta, y Óscar Denis. El alto funcionario sostuvo que el ministerio lleva adelante una política de investigación y acciones contra el EPP.

“Hay (políticas), y hay mucha información que obviamente no se puede revelar, puedo decir que estuvimos cerca muchas veces, cosa que tampoco se puede contar, y yo tengo fe en que no solamente vamos a derrotar al EPP antes que termine mi gestión, sino que vamos a resolver el problema de los tres desaparecidos”, expuso en entrevista con la 650 AM.

Riera señaló que se cuenta con la localización de los integrantes del clan Villalba, que huyeron de Argentina en el 2024 tras perder el estatus de refugiados y se encuentran actualmente en Venezuela, pero que, por la situación en que se encuentra el país, se analizan los canales para que puedan ser traídos al Paraguay. De acuerdo con el ministro, de llegar a capturar a los integrantes de este grupo criminal, se obtendrá las informaciones necesarias para dar con el paradero de los tres secuestrados.

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“Las Villalba que están en Venezuela saben dónde están, Venezuela está en un problema difícil y hay que buscar otros canales para traerlas, tres veces las encontramos, el segundo grupo que está en la selva sabe, y esa nueva generación que le secuestró a Almir también sabe, y creemos que sí se los puede detener”, afirmó Riera.

Así también, aseguró que la Policía se encuentra en constante monitoreamiento de los miembros del EPP y que el principal objetivo es la captura de los mismos. “Tenemos suficientes elementos para controlar su movimiento hace un tiempo. Yo tengo como objetivo eso, y les prometí a las familias de los secuestrados”, sentenció.

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Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.

El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.

“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.

Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.

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En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.

“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.

Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.

Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.

En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.

También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.

Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.

Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.

También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.

“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.

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La abogada Leticia Bóbeda lleva adelante la defensa de Marcos Gómez en el caso de violencia familiar contra su expareja, la exmodelo Graciela Núñez. La profesional, en conversación con La Nación/Nación Media, hizo algunas aclaraciones.

“Nosotros estábamos en conocimiento de que ella hizo una denuncia por violencia familiar, pero en la carpeta fiscal señala que la declaración testifical no es clara, no manifiesta específicamente tiempo, fechas de los hechos ordenados, y apunta más bien hacia una cuestión de infidelidad y supuestos hechos ocurridos hace muchos años”, mencionó.

No obstante, el Ministerio Público aplicó el protocolo respectivo, trasladando a la víctima hasta la sede de Atención a víctimas del Ministerio Público en Asunción.

Asimismo, el informe remitido por dicha dependencia establece que no se ha obtenido un relato fáctico y la profesional se ha limitado solamente a sugerir una nueva evaluación psicológica para la víctima debido a que “en este estado no se cuenta con suficientes elementos de sospecha para formular una acta de imputación”.

No obstante, la causa queda abierta, prosiguiendo la investigación. “Eso es lo que existe en la causa”, indicó la defensora. Añadió que su defendido apeló a una denuncia penal porque “ya era insostenible la situación” de violencia hacia su cliente.

Y se agravó porque “la señora andaba armada”. En su indagatoria, “ella admitió que tenía arma de fuego”, expresó.

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En se sentido, cuentan con denuncias policiales que fueron agregadas a la carpeta fiscal. “Nosotros hicimos la denuncia porque ella ahora le utiliza a los niños como instrumento para amedrentar al padre”, puntualizó. Los niños viven con su papá.

“Marcos tiene dos hijos mayores que son de un matrimonio anterior que viven con él por voluntad propia y los niños que tiene con Graciela Núñez”, precisó.

Aseguró que los episodios de violencia fueron constantes de parte de la mujer. “Ella dice que se le manipula y es mentira porque a pesar de las amenazas, incluso con armas, Marcos esperó mucho tiempo porque la violencia fue sostenida. Y se agravó en los últimos seis meses. A su hijo de 14 años le dijo que le iba a matar a su papá si le quitaba la camioneta”, aseveró.

Además, agregarán todos los mensajes y videos “Tenemos videos en donde ella le rompe una botella de vidrio. También hay otro video, donde ella le escupe, le araña. En otra ocasión, Marcos se despierta con una pistola en la cabeza, donde ella le decía “no me vas a dejar”. Sin embargo, ella se fue”.

Tampoco aceptó el divorcio. “Ella tiene muchos bienes a su nombre gracias al señor Marcos y él nunca le reclamó. Le mandamos incluso, una minuta de divorcio de mutuo consentimiento y la señora no quiso firmar”, comentó.

En relación al video donde él aparentemente golpea a la mujer, “haciendo zoom del video, se ve que ella se da vuelta y él golpea un mueble”, explicó.

Por otro lado, cuando se retiró de la residencia familiar. “Ella arrancó todo el circuito cerrado. El señor Marcos Gómez nunca tuvo acceso porque él confiaba en su señora”, subrayó.

En conclusión, dijo que “hay muchas inconsistencias en el relato de ella”.

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La sede policial atacada semanas atrás fue nuevamente equipada, mientras el antiguo puesto de madera será convertido en museo.

El puesto policial de Naranjito del distrito de Ybyrarobaná fue refac­cionado y reacondicionado tras el ataque sufrido en el mes de julio y ya se encuentra nuevamente ope­rativo. Este fin de semana llega­ron nuevos mobiliarios y electro­domésticos al lugar.

El antiguo puesto de madera será convertido en museo junto a la construcción de una plaza en memoria de los fallecidos, informó este lunes el periodista Juan Alcaraz, corresponsal de canal GEN y Universo 970 AM/Nación.

Asimismo, autoridades de la Policía Nacional estuvieron visitando a familiares de las víctimas fatales, llevando el apoyo institucional y ejerciendo el trabajo administrativo en lo correspondiente a la asistencia a madres, viudas e hijos.

Por otro lado, la Dirección de Policía de Canindeyú ha determinado el traslado total del personal que estaba asig­nado al puesto policial hasta el día del atentado. Todo un equipo de trabajo nuevo está en el puesto policial de Naran­jito con refuerzo del Grupo Táctico y un carro blindado de manera permanente.

“El puesto policial de Naran­jito se está arreglando, refac­cionando, se está proveyendo mobiliarios, electrodomés­ticos que serán utilizados en esa dependencia policial”, informó el comisario principal Ricardo Orué Salinas, direc­tor de Policía de Canindeyú. Añadió que los personales que trabajaban en el lugar fueron trasladados a otras comisaría dentro del departamento de Canindeyú. “El comando ins­titucional creyó conveniente realizar esos relevos y en estos momentos ya está funcio­nado nuevamente a pleno esa dependencia policial”, mani­festó el comisario.