Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, la administración del IPS exoneró el pago de sumas millonarias a la empresa de su familia política. Los documentos sobre el cobro del Instituto de Previsión Social (IPS) a la empresa hotelera muestran una verdad irrefutable: la exoneración de multas e intereses millonarios por parte del ente, pese a litigios ganados. En la administración de Jorge Brítez la situación se revirtió y de G. 5.557 millones “arreglados” en la era Abdo se logró ingresar G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Los hechos son muy claros y hablan por sí solos, pese al redireccio­namiento de cuestionamientos que se quiere hacer del sonado caso del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, propiedad de la familia política del expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, que arrastraba multimillonarias deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de aporte obrero patronal.

Después de un largo litigio por el cobro de la mencionada deuda y pese a los juicios ganados para cobro de capital, intereses y multas, por una resolución de fecha 6 de diciembre de 2018, el entonces Consejo de Adminis­tración perdonó estas obligacio­nes a la empresa de la familia de la esposa de Abdo Benítez. Con esta decisión, el monto a perci­bir por la previsional se redujo a G. 5.557 millones, con facilida­des de pago en cómodas cuotas para la firma deudora que apro­vechó sus privilegios al punto de incumplir hasta lo acordado. La situación mencionada cambió en el 2024 cuando la Dirección Jurídica de la previsional veri­ficó el incumplimiento y exigió el pago correspondiente por medio de ejecución de cobro, logrando así el IPS cobrar en una primera instancia la suma de G. 7.500 millones y posterior­mente la suma de G. 1.891 millo­nes, sumando así un ingreso total de G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Se impulsó igualmente una causa penal por evasión, habiéndose verificado que se descontaba a los empleados, pero no se aportaba al IPS, pri­vando así el Consorcio, familia política de Abdo Benítez, a sus trabajadores de las prestacio­nes médicas y del derecho a la jubilación, pese a los descuentos que les realizaban en concepto de seguridad social.

Así, surgió un primer acuerdo con la empresa Consorcio Hotelero en 2018 con el com­promiso de cancelar la deuda a noviembre de ese año, pero esto iba atado a millonaria exone­ración de G. 5.224 millones, es decir, casi el 50 % de la deuda, incluso de obligaciones que ver­saban al año 2003. Por si fuera poco, desde noviembre del 2018 hasta el inicio de la ejecución en febrero de 2024, el Consorcio Hotelero no cumplió con nin­gún punto del acuerdo homolo­gado, pese a todos los beneficios. Con la actual administración se revirtió la concesión que le dieron en el gobierno ante­rior a la empresa de la familia política de Abdo Benítez y el IPS logró el cobro de G. 7.500 millones inicialmente y luego, en el primer semestre de 2025, se canceló el total adeudado a la fecha de pago, lo que llevó a que en menos de un año se cobre la suma de más de G. 9.391 millo­nes a favor de los asegurados. Es importante remarcar que, si es que se aceptaba el acuerdo ante­rior del 2018, IPS iba a tener G. 1.900 millones menos en recur­sos y deja en evidencia a quienes intentaron sacrificar los dere­chos de los asegurados con rega­lías que constituyen un saqueo a la previsional.

Además del pago de millonarias multas e intereses, el Consorcio fue obligado a pagar las costas del juicio, decisión judicial uti­lizada como revancha mediá­tica del abdismo y redireccionó el tema colocando en centro de escándalos al exdirector jurí­dico y su equipo. Los tiroteos mediáticos ignoran que el pro­pio Consorcio realizó propues­tas de pago, e incluso de dación en pago de inmuebles, que fue­ron rechazadas por no ser con­venientes a los intereses del IPS. La empresa tuvo que asu­mir lo que correspondía, el pago del capital que adeudaban con intereses. En la misma pro­puesta presentada, solicitaron el pago del 5% (mínimo legal) a los abogados, todo ello abo­nado y pagado por el Consorcio. Si el propio Consorcio moroso planteó este pago, conforme a las costas que veía venir y con­siderando todo el regateo a la previsional para esquivar deu­das históricas, ¿que presunción puede haber sobre su sorpresiva iniciativa de cubrir los gastos que conlleva cualquier juicio?

Los costos que recayeron en la parte perdidosa, ejecuta­dos conforme a propuesta de la misma en el marco de la Ley, se convirtió en gigantesca cam­paña mediática con medias verdades. La prensa sangra por la herida de la empresa de la familia política de Abdo Bení­tez antes que defender el interés de los asegurados e IPS.

El Parlamento de Venezuela dio el lunes su primer aval a una nueva ley de minería con mayor apertura a capitales extranjeros, en medio de la renovada relación con Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro. El proyecto es iniciativa de la presidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Rodríguez, que gobierna bajo presión del presidente estadounidense Donald Trump, a quien entregó control del petróleo, también impulsó una reforma a la ley de Hidrocarburos, base de este proyecto de minería. Más temprano, la cuenta en X del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos divulgó fotografías de aviones caza en patrulla frente a las costas venezolanas. El gobierno interino no ha publicado reclamos sobre este sobrevuelo.

El debate parlamentario del lunes es el primero de los dos que ordena la ley y ahora pasará a un proceso de consulta pública. No hay fecha para la segunda discusión, que obliga la aprobación de cada artículo de forma individual. Venezuela es un país rico en minerales como oro, diamante, bauxita y coltán.

La actividad extractiva se concentra en un territorio de 112.000 km2 bautizado como Arco Minero donde ecologistas denuncian daños ambientales y la presencia de grupos irregulares armados. Según un borrador al que tuvo acceso la AFP, la ley incluye una mayor participación de empresas privadas y la inclusión de figuras como el arbitraje internacional para la resolución de controversias.

Con esta ley se busca que “pueda ayudar a aumentar todas las garantías jurídicas que permiten generar confianza para atraer inversión nacional e internacional”, dijo en el debate de la norma Orlando Camacho, presidente de la comisión de Energía y Petróleo. La ley petrolera permite mayor participación de capitales privados y reduce el control estatal sobre el sector, cuya nacionalización de 1976 fue profundizada por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

El trámite legislativo se produce días después de la visita a Venezuela, el 4 de marzo, del secretario del Interior, Doug Burgum, responsable del Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos. Dos días después, Caracas y Washington anunciaron la reanudación de relaciones diplomáticas, rotas desde 2019. Burgum sostuvo una reunión con la mandataria Rodríguez, acompañado por una delegación de empresarios interesados en el país.

Fuente: AFP.

Al menos 17 presos políticos fueron excarcelados este sábado de una cárcel en Caracas, donde familiares habían protestado encadenándose en las afueras para exigir su liberación. Una ley de amnistía fue impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro por militares estadounidenses el 3 de enero.

Su hermano Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento, había anunciado el 8 de enero el inicio de un proceso de liberaciones. “Vístanse que se van todos”, dijo un custodio a los detenidos, según contó a los medios el dirigente opositor Omar Torres a su salida de los calabozos de la Policía Nacional, conocidos como Zona 7.

“Me siento muy contento, muy feliz, creo que no es el momento de culpar a nadie, estoy contento de estar libre”, agregó. A diferencia de liberados en otras cárceles que recibieron el sobreseimiento de su causa, los de Zona 7 salieron con medidas restrictivas y deberán ir a tribunales para recibir la libertad plena. Unas 500 personas permanecen privadas de su libertad por motivos políticos, incluidos militares y extranjeros, según la oenegé Foro Penal.

“Una nueva Venezuela, seguimos avanzando, seguiremos construyendo, seguiremos buscando la mejoría y la libertad de los otros presos políticos”, dijo Brayan Orozco, hijo del exdiputado Fernando Orozco, ambos excarcelados. “Gracias al pueblo de Venezuela, a las mujeres luchadoras, si no es por las mujeres, si no es por los medios, esto no se conociera a nivel mundial”, afirmó en medio de gritos de “libertad, libertad”, abrazos y llantos de felicidad.

En este centro los familiares pernoctan en carpas desde hace dos meses. Unas 10 mujeres hicieron una huelga de hambre que levantaron luego de las últimas excarcelaciones del 14 de febrero, cuando salieron 17 personas. Los familiares habían solicitado la presencia de Delcy Rodríguez y de la encargada de Negocios de Estados Unidos, Laura Dogu.

Más de 621 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero. Más de un centenar de ellos después de promulgada la amnistía, según Foro Penal. El gobierno afirma que 7.365 personas, entre detenidos y con libertad condicional, han recibido libertad plena. “Fui detenido por reclamar un derecho de los trabajadores”, dijo Gilberto Alcalá. “Le agradezco mucho a nuestra máxima líder María Corina Machado y a todos los dirigentes sindicales del sector construcción a nivel nacional que me apoyaron en esta lucha”, agregó.

Fuente: AFP.

Venezuela cerró 2025 con la inflación más alta del mundo: 475%, una brutal aceleración encadenada al descontrol cambiario por el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra el depuesto Nicolás Maduro.

El gobierno de Donald Trump ha levantado de manera gradual el castigo tras derrocar a Maduro en una incursión militar el 3 de enero.

Delcy Rodríguez, su vicepresidente y cerebro económico, asumió el poder y dio un vuelco a la maltrecha relación con Washington. Ambos países anunciaron la víspera que reanudarán los lazos diplomáticos, rotos en 2019.

El Banco Central de Venezuela (BCV) reveló el dato de la inflación este viernes, la primera vez que lo publica desde hace más de un año.

En 2024, Maduro informó que la inflación se situó en 48%, aunque no hubo un informe del banco emisor.

Te puede interesar: Proyectan primer control migratorio binacional en el Puente de la Integración

Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el año pasado Venezuela registró el alza de precios más alta del mundo.

“Tengo que zanquear de supermercado a otro. No debe ser”, dijo a la AFP Alix Aponte, contadora de 58 años en una venta de verduras. Ante los elevados precios, “un aumento de salario sería muy importante”.

La queja común entre los venezolanos es que el dinero no alcanza entre bajos sueldos y el altísimo costo de productos básicos como comida y medicinas.

El ingreso promedio se ubica entre los 100 y 300 dólares, muy por debajo de los 700 dólares que según estimaciones privadas se necesitan para cubrir la canasta alimentaria.

Solo la inflación de alimentos y bebidas fue 532 % en el año.

La educación subió 570 % en 2025; alquileres, 340 %; y salud, 445 %.

Los comerciantes de un mercado en Caracas coinciden en que las últimas dos semanas estuvieron “muertas” con pocos clientes.

La inflación en Venezuela llegó al 130.000 % anual en 2018, la cresta de un período hiperinflacionario de cuatro años que cerró en 2021.

No hay escasez a diferencia de los años de la crisis profunda, cuando la gente hacía horas de fila para comprar medio kilo de café o azúcar.

El equipo económico de Maduro -encabezado entonces por Delcy Rodríguez- abordó la situación con más disciplina fiscal, paró la emisión de moneda, relajó controles y despenalizó el uso del dólar, que pasó a ser la moneda de facto.

Economistas miden de hecho una inflación en dólares, que se ubicó en diciembre en 32 %, según el economista Asdrúbal Oliveros.

El BCV informó el miércoles que la economía creció casi 9 % en 2025, empujada por la actividad petrolera.

Tamara Herrera, directora de la consultora Síntesis Financiera, explicó a la AFP que el desajuste comenzó en 2024 cuando Maduro congeló el tipo de cambio en medio de la campaña para su cuestionada reelección.

“Devaluación e inflación se encadenan”, dijo al destacar el “contexto externo adverso por caída de los precios internacionales del petróleo y el retorno de la política de máxima presión sobre la actividad petrolera de Venezuela” por parte de Estados Unidos.

Leé también: El gobierno de Trump autoriza venta de oro de Venezuela a EE. UU.

Herrera cree para este año el índice rondará 108 % después de la caída de Maduro, que mejoró las perspectivas económicas.

Mientras, Henry de la Mano, un comerciante de 78 años, seguirá ajustando sus precios. La brecha entre el valor del dólar oficial y el del mercado, de más de 40 %, no le da opción

“Uno se angustia”, añadió. “¿Vale la pena tener el negocio para tener pérdidas?”.

Fuente: AFP