El senador colorado Derlis Osorio presentó la propuesta que establece la gratuidad de la expedición del certificado de antecedentes policial y judicial. Actualmente, tienen un costo de G. 24.500 y G. 39.236, respectivamente.

“El presente proyecto tiene como objetivo ayudar a un gran segmento de la población que actualmente se encuentra desocupada y que se encuentra en búsqueda de trabajo. Encontrándose como condición para la postulación a cualquier vacancia de un empleo formal, acompañar a su curriculum vitae los certificados de antecedentes policial y judicial", refiere el documento.

El proyecto detalla que la expedición de ambos documentos termina transformándose en una “carga monetaria no menor”, para dicho segmento poblacional a raíz de su condición de desocupación.

“En la actualidad la expedición de los certificados de antecedentes policial y judicial se realiza de manera totalmente informatizada, pudiendo inclusive ser realizado de manera virtual, con lo cual se busca facilitar dicho trámite al ciudadano, pero manteniendo la pesada carga de los costos, lo cual hace en algunos casos de dificil acceso para aquellas personas que se encuentran en delicada situación económica y deben priorizar otros gastos prioritarios para su día a día como ser alimentación, traslado y comunicación“, indica.

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La propuesta tuvo entrada oficial el pasado 23 de abril y deberá ser girada a las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, Desarrollo Social para sus dictámenes y posterior tratamiento en el pleno.

“No resulta justo que el Estado a través del cobro de tasas a la población desocupada financie el funcionamiento y la expedición de certificados que contienen información contenida en bases de datos obrantes en instituciones públicas, sobre datos personales de las mismas personas solicitantes, más aun encontrándose estas en situación de vulnerabilidad económica”, puntualiza.

Agrega que: “Se convierte este tramite en un gran obstáculo o trampa para la obtención de un puesto de trabajo digno, es momento de comenzar a repensar el Estado y la forma en que este se relaciona con sus mandantes, la ciudadanía".

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“La ciudadanía espera propuestas concretas y soluciones reales a los problemas de hoy, no distracciones ni fuegos artificiales electorales”, sostuvo el senador Ever Villalba, tras cuestionar que la oposición se encuentre inmersa en la discusión sobre posibles precandidatos a la presidencia para el 2028.

“Se centran en discusiones sobre candidatos presidenciales, cuando ni siquiera hemos pasado por las elecciones municipales. Dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, el enfoque debe ser otro", comentó el parlamentario.

Villalba agregó que en la nucleación tradicional sus principales autoridades y dirigentes deben centrarse en “hablar de cómo fortalecer nuestra organización política, robustecer nuestras estructuras y como oposición, cumplir nuestro rol de control al Gobierno“.

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Días atrás, su colega Líder Amarilla, mencionó que la oposición debe impulsar la figura de outsider como candidato aglutinador, instalando de vuelta en el tapete una danza de nombres.

Amarilla propuso a los empresarios Juan José Zapag, Marco Trovato y Norman Harrison, como potables candidatos para la oposición rumbo al 2028. A la vez rechazó la figura del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia y del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.

Las afirmaciones de Amarilla, rápidamente generó la reacción de su correligionario Ricardo Estigarribia, quien se mostró a favor de Prieto y rechazó que la oposición se encuentre representada por un empresario en unos comicios presidenciales.

Sin haber superado la primera prueba de fuego antes de las generales, los opositores persisten en fijar su mirada en las presidenciales del 2028, con el fin de conquistar la preferencia popular e instalar la alternancia en el poder, tras la debacle electoral que padecieron en el 2023, con Efraín Alegre a la cabeza y la aplicación de una Concertación Nacional.

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El senador Derlis Maidana se refirió a la decisión del Gobierno de Paraguay que declaró como organización terrorista al “Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica”, por sus sistemáticas violaciones a la paz, los derechos humanos y la seguridad de la comunidad internacional. “Esta designación reafirma el compromiso de Paraguay en la lucha frontal y efectiva contra el terrorismo en todas sus formas”, señaló para La Nación/Nación Media.

Refirió además que, “estas designaciones permiten acciones jurídicas y de seguridad de nuestras fuerzas armadas, policiales, actuar directamente para prevenir y sancionar cualquier acción directa de estos grupos, así como de actividades de apoyo y financiamiento a los mismos”.

Destacó también, que la decisión del Gobierno paraguayo fue bien recibida por la comunidad internacional. “Esta medida ha sido bien recibida por la comunidad internacional, particularmente Estados Unidos e Israel, quienes han hecho público su apoyo y reconocimiento a esta medida adoptada ayer por el gobierno paraguayo”, mencionó.

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El senador dijo que “desde la llegada de ayatolá Ruhollah Jomeini en 1979, al frente de un gobierno chií en Irán este país ha fomentado actividades terroristas, como por ejemplo del Hesbolá en el Líbano, perpetrando ataques contra Israel, con Hamás en la franja de Gaza, y ahora últimamente con los Hutíes en Yemen”.

Agregó que es un “Estado con fuerte poder, hasta incluso desarrollando actividades para tener sus armas nucleares y que hoy, desde ese tiempo viene fomentando el terrorismo en el Oriente Medio”.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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