Mientras avanza el análisis del aumento salarial que regirá desde julio, economistas advierten que el IPC utilizado para calcular el ajuste no captura el peso que tienen los alimentos en el presupuesto de las familias de menores ingresos.

A pocas semanas de definirse el reajuste del salario mínimo que entrará en vigencia desde julio, el debate ya no gira solamente en torno al porcentaje de aumento, sino también sobre si el mecanismo utilizado para calcularlo refleja realmente el costo de vida de los trabajadores paraguayos.

Actualmente, el ajuste se determina en función de la inflación acumulada entre junio de 2025 y mayo de 2026, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Sin embargo, para el economista Rodrigo Ibarrola, investigador asociado del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), ese indicador presenta una limitación importante cuando se lo utiliza para definir salarios.

“Si se aplica únicamente la inflación observada, el ajuste sería muy exiguo”, sostiene. Punto en el que recuerda que el IPC es un indicador agregado que mide el comportamiento promedio de precios de cientos de bienes y servicios.

El problema con esto es que no necesariamente representa el patrón de consumo de los trabajadores que perciben el salario mínimo, explica el especialista.

Según indicó, una familia típica destina más de la mitad de sus ingresos a la compra de alimentos, mientras que dentro de la estructura del IPC este rubro tiene una ponderación cercana al 25 %.

“El ajuste por IPC siempre será insuficiente. El trabajador siente mucho más el aumento de los alimentos porque es ahí donde concentra gran parte de sus gastos”, remarcó Rodrigo.

Esta diferencia ayuda a explicar por qué muchas familias perciben una pérdida de poder adquisitivo incluso en períodos de inflación moderada. Mientras el índice refleja el comportamiento promedio de toda la economía, los hogares de menores ingresos enfrentan una realidad distinta, marcada por el peso que tienen los alimentos dentro de su presupuesto mensual.

El economista hizo hincapié en que el propio Banco Central ha señalado en varias ocasiones que el IPC fue diseñado como una herramienta de política monetaria, y no como un instrumento específico para la política salarial.

En este contexto, señaló que existen indicios de que el Gobierno estaría evaluando un incremento superior al porcentaje que arroja estrictamente el IPC, ante el estancamiento del salario real observado en los últimos años.

No obstante, advirtió que aún falta información clave para determinar si el eventual reajuste será suficiente para recuperar capacidad de compra. “Hoy no contamos con una canasta específica que refleje el consumo típico de un trabajador asalariado. Lo único que sabemos es que ajustar exclusivamente por IPC resulta insuficiente”, concluyó.

El presidente de la República, Santiago Peña, emitió un decreto para ordenar los gastos del Estado y priorizar hacia ciertos sectores, específicamente salud, educación, seguridad y programas sociales. Se trata de una medida para fortalecer la sostenibilidad financiera del Estado.

Se trata del Decreto n.° 6120, “por el cual se establecen medidas adicionales de optimización, priorización y gestión eficiente del gasto público en el marco del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026”. El texto fue impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se enmarca en los principios de eficiencia, responsabilidad y transparencia establecidos en la Ley de Administración Financiera del Estado y en la Ley de Responsabilidad Fiscal, teniendo en cuenta el actual contexto económico y la necesidad de garantizar una gestión prudente de las finanzas públicas.

El decreto establece criterios orientados a evitar la expansión de gastos no prioritarios y la generación de obligaciones sin respaldo financiero efectivo. Entre las principales disposiciones se destaca la priorización del gasto en salud, educación, seguridad y programas sociales, garantizando la continuidad de los servicios esenciales para la población; como también la utilización prioritaria de Recursos Institucionales (Fuente 30) antes de recurrir a Recursos del Tesoro (Fuente 10), buscando una gestión más sostenible y eficiente de las finanzas públicas.

Leé más: Santiago Peña anuncia que pedirá renovación de mandato de Liana Caballero en el BCP

Además, el documento contempla la presentación de planes institucionales de regularización de obligaciones pendientes con proveedores y contratistas, a fin de ordenar y transparentar los compromisos financieros del Estado (deudas); y establece restricciones y medidas de racionalización sobre gastos operativos, adquisiciones de bienes no esenciales, equipamientos de oficina, catering y nuevas inversiones no prioritarias.

También se establecen determinadas migraciones de cuotas del Plan Financiero requieran autorización previa del MEF, reforzando así los mecanismos de control y seguimiento de la ejecución presupuestaria.

Las arcas del Estado fueron golpeadas por la caída del dólar en los primeros meses del año y actualmente se está trabajando intensamente en honrar las deudas con sectores importantes, como son el de las farmacéuticas y las firmas de construcción vial.

También te puede interesar: Peña aboga por la equidad e igualdad de condiciones en el comercio regional

El Poder Ejecutivo acaba de poner en marcha el ambicioso pro­grama Cielo Guaraní Soberano para combatir desde las altu­ras de la atmósfera al crimen organizado internacional y fortalecer la seguridad en todo el territorio paraguayo. El blindaje del espacio aéreo y la lucha contra los crimina­les tiene el apoyo del Gobierno de los Esta­dos Unidos de América que colaborará con datos de inteligencia y la asistencia técnica requerida.

La cooperación norteamericana será de fundamental importancia porque mediante su ayuda el Paraguay podrá dejar de lado la actual vulnerabilidad de sus fron­teras aéreas y se podrá ir consolidando como un elemento importante en la segu­ridad de esta parte de la región sudameri­cana.

Hay que destacar que la asistencia técnica es parte del respaldo político demostrado por el Gobierno del país del norte hacia la admi­nistración del presidente Santiago Peña. Y, por encima de las declaraciones positivas y las buenas intenciones, primarán los hechos prácticos y medidas concretas de extraordi­naria importancia para nuestra nación. La colaboración efectiva que ejercerá el país del norte se desprende del compromiso que ha realizado para intensificar el intercambio de información y la asistencia técnica que brin­dará al Gobierno paraguayo. Con respecto al tema, el encargado de negocios de EE. UU. en Asunción, Robert Alter, resaltó que “Paraguay mantiene una estrategia sólida para fortalecer el monitoreo de su espacio aéreo”.

La cooperación norteamericana se cen­trará en tres capítulos: Tecnología de van­guardia, inteligencia operativa y capacita­ción de élite. Esta capacitación consistirá en programas de formación para las fuer­zas de nuestro país en la tarea del combate a delitos considerados complejos. Por otro lado, se considera tecnología de vanguardia la ayuda que realizarán las fuerzas estadou­nidenses en sistema de radares y monitoreo aéreo en tiempo real. En tanto que la inte­ligencia operativa se concretará en el inter­cambio de datos críticos de gran importan­cia para la detección y respuesta inmediata frente a los vuelos que están fuera de la legalidad, como los que desarrollan los nar­cotraficantes para sus fines delictivos.

Para la realización de los operativos con­tra la delincuencia se utilizarán los aviones Super Tucano que se tienen, lo mismo que el equipo de radares con sus respectivos sis­temas de mando y control.

Las medidas adoptadas por el Gobierno se tienen que entender en medio del contexto histórico de la lucha contra el narcotrá­fico y el crimen organizado, que ha tenido varias etapas. Algunas caracterizadas con importantes medidas y trabajos realizados por los organismos especializados y otras con extrañas posturas de dejadez de algu­nas administraciones anteriores que con su pasividad colaboraron con el delito.

No hay que olvidar que durante el gobierno de Mario Abdo se retiró el control fiscal de los puertos, se sacaron los escáneres para detectar drogas de los puertos privados que quedaron sin control, no se compraron radares para detectar vuelos irregulares ni se adquirieron aeronaves para la vigilan­cia aérea. Eso convirtió al Paraguay en un lugar propicio para el delito, por lo que se han dado numerosos casos de contrabando de toda suerte de sustancias prohibidas hacia países de Europa principalmente.

Con las nuevas normas de este gobierno, la Fuerza Aérea desarrolla operativos para detectar aeronaves sospechosas a las que obligan a su aterrizaje. Ya en tierra, realizan su tarea la Senad, la Fiscalía, la Policía y el Ejército, según los casos.

Además del control nacional, para hacer más efectivo el trabajo, se hace el cruza­miento de datos de inteligencia con las autoridades de Argentina, Bolivia y Bra­sil, países con los que se tiene convenios de cooperación para el efecto.

Mediante el acuerdo con los Estados Uni­dos, el Gobierno paraguayo podrá ejercer una mejor tarea en la persecución de los narcotraficantes a fin de eliminar el crimen internacional, lo que ayudará a un combate más efectivo contra el delito que no tiene fronteras.

El respaldo del país del norte es uno de los principales logros alcanzados por la admi­nistración del presidente Santiago Peña. Y constituye uno de los mejores beneficios que está obteniendo el Paraguay para la seguridad de sus fronteras y la persecución de los delincuentes que han contaminado seriamente estas tierras. Por ello la ciuda­danía tiene que valorarlo y prestar su apoyo teniendo en cuenta que el país aprovechará las ventajas que vienen de parte de una nación amiga, que es una las más grandes potencias del mundo.

La Administración Nacional de Electricidad (Ande) obtuvo la calificación más alta en el Nivel de Madurez Optimizado, destacándose entre más de 400 empresas públicas evaluadas.

Este importante reconocimiento refleja el compromiso institucional con la eficiencia, la transparencia y la mejora continua en sus procesos de gestión.

La excelente calificación alcanzada posiciona a la estatal como una de las entidades líderes, obteniendo 4,01 puntos en la evaluación del sistema de control interno realizada por la Contraloría General de la República y la Auditoría General del Poder Ejecutivo.

Te puede interesar: Negociaciones con la UE abren ventanas para las inversiones y acelerar industrialización, señalan

Este histórico resultado constituye un motivo de orgullo institucional y refleja el firme compromiso de la Ande con la transparencia, la mejora continua, la eficiencia en la gestión y el fortalecimiento permanente de su Sistema de Control Interno, señalaron autoridades del ente.

Con este importante reconocimiento, la Ande se posiciona como referente de excelencia en la administración pública paraguaya, consolidando una gestión moderna, responsable y orientada a brindar servicios cada vez más eficientes y de mayor calidad a toda la ciudadanía.

Destacaron que este logro sin precedentes en el país fue posible gracias al trabajo en equipo, al compromiso y a la dedicación de los funcionarios administrativos y operarios técnicos, quienes, con profesionalismo y vocación de servicio, contribuyen diariamente al fortalecimiento y crecimiento de la institución.

Lea más: Impulsan mesa sectorial para fortalecer la formalización empresarial de mipymes