El legislador calificado "mau" indicó que Villarrica no se deja engañar por falsos profetas tras la presentación de la precandidatura de la hermana de Vera como intendenta. Foto: Archivo.
¿Ladrón juzga por su condición?: Friedmann acusa a Vera de asaltar la Gobernación del Guairá
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El senador del Partido Colorado, Rodolfo Friedmann, acusó al gobernador del departamento de Guairá, el también colorado Juan Carlos Vera, de asaltar la institución, pese a contar con varias denuncias de corrupción en su contra, entre ellas relacionadas a la merienda escolar durante su gestión como gobernador del departamento del Guairá.
“Después de asaltar la Gobernación del Guairá, ahora con el sepulturero de Trinidad Enrique Riera, vendehúmos. Villarrica no se deja engañar por falsos profetas. Nos vemos en las elecciones”, sostuvo el considerado legislador “mau”.
Las declaraciones de Friedmann surgieron tras oficializar Vera su salida del movimiento Colorado Añetete, encabezado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y migrar en las carpas del movimiento Esperanza Republicana, encabezado por su colega Enrique Riera, quien fue uno de los principales promotores de la pérdida de investidura del también exministro de Agricultura y Ganadería, quien finalmente mediante un pacto que agrupó a opositores, algunos liberales y colorados de Añetete, terminaron por salvarlo bajo el argumento de que es necesario reglamentar el artículo Nº 201 de la Constitución Nacional.
Vera abandonó el movimiento Colorado Añetete sosteniendo que se sentía excluido del proceso de unidad en la zona y con el fin de respaldar la precandidatura de su hermana, Helen Vera Báez, a la Intendencia de Villarrica.
Antecedentes de Friedmann
La pregunta que surge en torno al conflicto de Friedmann con el gobernador del Guairá sería si podría aplicarse la famosa frase “el ladrón juzga por su condición”, teniendo en cuenta las diversas denuncias en su contra, imputado actualmente por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado en torno a la causa sobre desvío de dinero que debía ser destinado para los almuerzos escolares, en la misma situación está su esposa Marly Figueredo, procesada por lavado de dinero.
Imputan a un hombre que habría perseguido a su expareja hasta la comisaría para amenazarla
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
En la Fiscalía de Presidente Franco inician proceso contra un hombre por violencia familiar y coacción. Se trata de una causa abierta a raíz de la denuncia de una mujer en contra de su expareja tras haberla perseguido supuestamente hasta la comisaría para impedir que lo denunciara por violencia familiar y amenazarla de nuevo.
El fiscal Alberto Torres Flores, de la Unidad Penal N.º 3 es quien investiga el caso en el que imputó a un hombre de 26 años, tras denuncia presentada por su expareja, de 24 años.
Los hechos ocurrieron el 4 de noviembre pasado, alrededor de las 16:00, cuando el hombre intentó obligar a su expareja a ingresar a su departamento en contra de su voluntad, en el edificio María Celeste de Presidente Franco. Pero, la joven no quería y consiguió escapar, siendo auxiliada por un automovilista que la trasladó a una comisaría.
El presunto agresor, según la denuncia, siguió hasta la comisaría donde nuevamente habría amenazado de muerte a la víctima. Tras el incidente, el fiscal de turno ordenó la detención preventiva del supuesto victimario.
Al prestar declaración ante el Ministerio Público, la mujer manifestó que durante la convivencia de la pareja sufrió agresiones físicas y reiterados maltratos verbales y psicológicos, de parte del citado.
Manifestó además que los hechos de violencia se prolongaron durante un largo tiempo y motivaron el fin de la relación. No obstante, supuestamente, su expareja continuó persiguiéndola y coaccionándola a retomar la relación, incluso con amenazas de tomar acciones más drásticas contra sí mismo, si ella lo abandonaba.
La Fiscalía cuenta con la denuncia y los informes policiales de la Subcomisaría 11.ª del Área 5 de Presidente Franco, un informe médico y otro de contención, además de los otros escritos de rigor por las cuales inició proceso contra el denunciado, quien quedó a disposición del Juzgado de Garantías.
IPS presenta denuncia penal por los fondos colocados en Ueno Bank
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El Instituto de Previsión Social (IPS), presentó una denuncia penal contra directivos de Ueno Banky eventuales autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), que habrían tenido participación en la colocación de fondos previsionales de la institución en la entidad bancaria.
Los fondos de la previsional colocados en la entidad bancaria que está en proceso de disolución ascienden a unos USD 516 millones.
La acción judicial contempla los presuntos hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal, y fue promovida por el director jurídico del IPS, Pablo Morínigo, ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos.
Con esta presentación, la previsional busca que el Ministerio Público inicie las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades de las personas involucradas y avanzar en las acciones legales orientadas a recuperar los recursos públicos comprometidos.
Morínigo explicó que la medida forma parte de las gestiones judiciales que impulsa el IPS para resguardar su patrimonio y procurar la restitución de los fondos. Asimismo, señaló que, de comprobarse la responsabilidad penal, los implicados podrían afrontar las consecuencias de sus actos con sus bienes personales.
El director jurídico aclaró que este procedimiento apunta directamente a las personas físicas que pudieran tener responsabilidad en los hechos, por lo que se diferencia de otros procesos en los que las obligaciones económicas recaen sobre las instituciones involucradas.
Finalmente, indicó que la denuncia penal es independiente de las actuaciones que actualmente se desarrollan en el Banco Central del Paraguay. El objetivo es que, además de las eventuales sanciones penales, quienes resulten responsables deban responder con su patrimonio personal por los daños ocasionados.
La Asesoría Jurídica del IPS confirmó que la previsional tiene más de USD 516 millones comprometidos en Ueno Bank, entre reservas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones y cuentas operativas de salud y previsión social.
El monto incluye CDA en guaraníes y dólares, bonos y disponibilidades en guaraníes y dólares, bonos y disponibilidades.
Una mujer firma los documentos que le permitirán convertirse próximamente en propietaria legal de su tierra, en el marco de las jornadas de titulación impulsadas por el Indert. Foto: Gentileza
Familias campesinas avanzan hacia la propiedad definitiva de sus tierras
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El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) concluyó una nueva gira por los departamentos de Guairá y Alto Paraná, durante la cual alrededor de un centenar de beneficiarios de la reforma agraria suscribieron los documentos necesarios para acceder a sus títulos de propiedad, informó la agencia IP.
Uno de los puntos destacados de esta recorrida fue la colonia Ko’e Rory, ubicada en Juan E. O’Leary, Alto Paraná, donde numerosas familias campesinas pudieron completar la firma de sus documentos. Con este paso, quedan más cerca de obtener la titularidad legal de los terrenos que ocupan y trabajan.
Las jornadas se extendieron durante tres días y fueron calificadas como positivas por Luis Alberto Reguera Rolón, gerente de Colonias y Tenencias del Indert. Los equipos técnicos de la institución llegaron también a las localidades de:
Vy’arendá, en Minga Porã
Ko’ê Pyahú, en Minga Guazú
y Tembiaporá, en Itakyry.
Beneficiarios de Guairá
La gira incluyó igualmente al departamento de Guairá, donde pobladores de las colonias San Francisco, El Triunfo y Coronel Roberto Cubas, del distrito de Paso Yobái, firmaron sus respectivos documentos en la sede municipal. Posteriormente, la actividad continuó con familias de Colonias Unidas del Guairá.
Cecilia Melgarejo, coordinadora de Colonias Unidas de Paso Yobái, destacó el impacto que representa la regularización de las tierras para los trabajadores rurales. “La titulación de tierras cambia la vida de las familias de la agricultura familiar”, expresó.
Entre las historias que dejó la jornada se encuentra la de Guillermo Prieto Pintos, integrante de Colonias Unidas, quien tiene dificultades de movilidad. Gracias a que los funcionarios del Indert acercaron el procedimiento hasta su vivienda, pudo firmar los documentos para acceder a su título de propiedad.
El poblador agradeció la iniciativa, que le permitió completar el trámite sin tener que trasladarse y representa un avance importante para mejorar sus condiciones de vida.
La Fiscalía imputa a Peña y requiere su prisión preventiva
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Los fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez formalizaron el Acta N.º 7 contra el exmandatario y el extitular del BCP.
En un nuevo giro dentro del entramado judicial que rodea la quiebra de ueno bank SA, el Ministerio Público presentó en la mañana del sábado la imputación formal contra el expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en la Causa Penal N.º 92/2026.
La investigación fiscal sitúa a ambos exfuncionarios en el centro de un esquema de irregularidades en la canalización, renovación y mantenimiento de fondos estatales y previsionales hacia la mencionada entidad bancaria, además de cuestionar la omisión o adulteración de informes de fiscalización del sistema financiero.
Los hechos atribuidos el rol de los imputados
La Fiscalía imputó a Santiago Peña por la supuesta comisión de administración en provecho propio (en calidad de autor) y lesión de confianza (en calidad de instigador).
La hipótesis del equipo investigador señala que, durante su mandato presidencial, Peña influyó directamente en la colocación e inmovilización de recursos públicos en ueno bank, entidad con la que mantenía vínculos económicos y accionarios a través de ueno Holding SAECA.
Entre los elementos recabados figuran registros de reuniones con directivos del Instituto de Previsión Social (IPS) para direccionar inversiones financieras hacia la firma.
Por su parte, a Carlos Carvallo se le atribuyen los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, todos en calidad de autor.
El Ministerio Público indaga su gestión al frente del BCP por presuntamente flexibilizar la supervisión y omitir alertas sobre límites de exposición crediticia y préstamos a empresas vinculadas del grupo. Asimismo, se analiza una nota remitida al Senado el pasado 7 de octubre de 2026, cuyo contenido habría alterado datos técnicos concluyentes de la banca matriz.
Volumen de fondos y severidad de las medidas cautelares
Reportes de la Dirección General del Tesoro Público (MEF) revelan que, a setiembre de 2026, los depósitos de organismos estatales en ueno bank sumaban aproximadamente G. 3,6 billones (G. 3.608.550.782.201) y USD 233,4 millones.
Ante la magnitud del perjuicio patrimonial estimado y los riesgos procesales, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva para Peña y Carvallo, sumada a la inhibición general de vender y gravar bienes, la localización de activos y el bloqueo preventivo de todas sus cuentas bancarias e inversiones.
Expresidente seguirá en el Escolta Presidencial
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva.
Un fuerte contingente de seguridad hubo ayer en Palacio de Justicia. Foto: Matías Amarilla/LN
Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.