En referencia al acuerdo extrajudicial entre Petropar, la empresa argentina Texos Oil y la Procuraduría General de República con el fin de concretar “concesiones recíprocas”, el diputado Celso Kennedy manifestó su posición contraria a la situación en la que funcionarios descubiertos en casos de corrupción “simulan” que los hechos son solo excepciones, al tiempo de no recibir castigos.
Sobre los casos de corrupción en el gobierno de Mario Abdo y en particular este último, que tras un eventual pago de US$ 7 millones (sin ningún dictamen judicial) precipitó la brusca renuncia de Sergio Coscia Nogués, dijo de manera irónica: “Lo positivo: siguen intentando mostrar que no son corruptos, y cuando lo descubren, aunque no reciben sanciones, simulan que es excepción”.
Nota relacionada: Sergio Coscia, acorralado por acuerdo entreguista, renunció a su cargo
En esa misma línea, Kennedy comparó dos de los hechos de corrupción que marcan el gobierno de Mario Abdo. Por un lado el Acta Bilateral secreta, firmada el 24 de mayo del 2019 entre representantes del gobierno paraguayo y el brasileño; así como la suscitada entre el procurador Sergio Coscia; el titular de Petropar, Denis Lichi, y Sergio Guillermo Marssiletti de la firma Texos Oil SRL.
“Lo negativo: Que el acta bilateral es secreta, que el acuerdo de Texos Oil es secreto, etc. ¿Cuánto más se roban en secreto? 2023 llegue pronto”, manifestó el diputado para dar cuenta la situación de corrupción sistémica que la ciudadanía desconoce. Hizo un llamado a que en el 2023 sea el año en que los paraguayos puedan ejercer su derecho al voto de tal manera a no elegir a quien cometen o tienen antecedentes de corrupción.
El caso
En el acuerdo extrajudicial las partes señalan que Petropar abonará la suma de US$ 6.898.750 libres de impuestos, tasas y tributos a favor de Texos Oil SRL, para compensar los supuestos daños y perjuicios que sufrió la firma extranjera en el 2010 y que ascienden a US$ 31.357.956.
El sospechoso arreglo establece además que el compromiso de pago se realizará preferentemente dentro del presente ejercicio fiscal y según disponibilidad presupuestaria. En caso de incumplimiento de lo acordado proseguirán los reclamos judiciales. Este acuerdo no está avalado por ningún dictamen jurídico que sustente la operación ni sentencia judicial, indican.