La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley por el cual se prorroga el artículo 46 de la Ley 6.524 de Emergencia Sanitaria para la utilización del ejercicio fiscal 2021. La iniciativa pasa al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.
Esta modificación estipula la utilización de los fondos destinados por el Ministerio de Hacienda al Instituto de Previsión Social (IPS) para el pago de compensaciones económicas a trabajadores formales suspendidos, en aislamiento preventivo, en situación de riesgo y reposo por salud.
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A través de un decreto reglamentario se establecerá el plazo de prórroga, de manera coordinada con las autoridades de la cartera económica y el IPS, conforme a la disponibilidad presupuestaria, que servirá para continuar con la ayuda económica a los trabajadores con seguro en la previsional para otro pago en lo que va de la pandemia.
En este sentido, el gerente de Prestaciones Económicas del IPS, Pedro Halley, ya adelantó que el subsidio podría llegar hasta el mes de marzo del 2021. Así mismo, habló en su momento que se requería de una herramienta legal para continuar con los pagos, lo que se podrá concretar con la modificación del artículo 46.
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Hasta el momento, más de 250.000 trabajadores formales recibieron la compensación económica de G. 1.096.000 por suspensión laboral por causa de la emergencia sanitaria relacionada con el COVID-19.
Igualmente, el presidente del consejo de administración del IPS, Andrés Gubetich, confirmó que existe una disponibilidad de US$ 35 millones de los US$ 100 millones contemplados en la Ley de Emergencia. Aclaró que los siguientes desembolsos están supeditados a la modificación de la citada legislación que fenece el 31 de diciembre.
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Imputan a exdirector de la Cámara de Diputados por cobro indebido de honorarios
El fiscal de San Pedro, José Godoy, presento imputación por supuesto cobro indebido de honorarios contra el exdirector de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano, a pesar de estar inhabilitado para ejercer la abogacía privada en su condición de funcionario público.
El presente caso fue sorteado y el juez penal de garantía de San Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, Vicente Coronel entenderá en el presente caso. El citado magistrado debe admitir la imputación presentada contra el exfuncionario de la Cámara Baja.
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El ahora imputado tenía el cargo de director en su momento en la citada Cámara Baja, con una antigüedad de 24 años y un salario de G. 19.500.000, según señaló la abogada Gessy Ruiz Díaz, quien denunció el caso junto con su colega Bilfia Aria.
La imputación revela que Willian Bogarín tuvo un poder especial de Helena Neufeld de Friessen, Agtha, Cornelio, David, Hernán y Johan Friessen Neufeld, para realizar el juicio de sucesión de David Friessen Petersen, que se abrió ante el Juzgado Civil de Santa Rosa del Aguaray. Bogarín Campuzano, el 27 de diciembre del 2018, inició la sucesión ante el citado juzgado, en su carácter de abogado litigante.
El profesional, por su parte, tenía una prohibición legal que lo inhabilita para ejercer la profesión de abogado de forma independiente por ser funcionario permanente de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el acta de imputación, Bogarín Campuzano cobró como parte de sus honorarios la suma de USD 10.000, mientras que el 15 de setiembre de 2022, percibió la suma de USD 20.000, como parte del cobro de honorarios por la intervención en el juicio sucesorio en representación de los herederos.
Otro proceso por estafa
Asimismo, Bogarín y otras personas más están igualmente imputadas por la estafa multimillonaria cuyas víctimas son colonos menonitas de la zona de Rio Verde, departamento de San Pedro y ofreció los servicios de los asesores jurídicos, entre los que se encontraba el director de la Cámara de Diputados.
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Destacan apertura política para estudio de propuesta de Prisión Permanente Reversible
El diputado Rubén Rubín mantuvo este viernes una reunión con el presidente del Congreso, el senador Basilio Núñez, para oficializar su proyecto de modificación del Código Penal: “Prisión permanente revisable” aumentando la pena de cárcel hasta 90 años por hechos de homicidio y otros delitos graves. El titular del Legislativo resaltó que existe la voluntad política en ambas cámaras para buscar una solución al problema.
Núñez felicitó al legislador por la iniciativa y aseguró que tanto en Diputados como en Senado existe la voluntad política de analizar estos temas que preocupan a la ciudadanía e indicó que, si este tipo de asuntos no se abordan, también la clase política sería cómplice de estos hechos delictivos.
“Agradezco la visita del diputado Rubín y desde ya agarro positivamente la propuesta de modificar el Código Penal, atendiendo los hechos graves sucedidos recientemente. Le decía que nosotros también somos culpables de omisión, o por omisión, si es que no hacemos nada”, expresó.
Sostuvo que esperamos que se entienda bien, que el violador y que mate a una niña indefensa, “no puede quedar libre en tan solo 3 o 4 años. No más víctimas fatales, por eso tenemos que darle un punto final. Tenemos que trabajar la propuesta, contamos con cientos de asesores que nos pueden ayudar a mejorar la propuesta. Pero la voluntad política está tanto en Diputados como en Senado”, precisó.
Elevar penas
El proyectista Rubén Rubín indicó que coincide plenamente con el senador Núñez en que la clase política es cómplice si no se hace nada para cambiar la situación actual.
“Sería una irresponsabilidad que un representante del pueblo, que tiene las atribuciones de modificar las leyes, no lo haga nada cuando Paraguay pide a gritos que se agregue la cadena perpetua al Código Penal”, explicó.
Señaló que la propuesta comienza planteando una modificación al artículo 38 del Código Penal, sobre la duración de las penas privativas de libertad, elevando la pena máxima a 90 años.
Además, indicó que en los casos de pena privativa de libertad, de 50 años en adelante, podría ser revisable. Por ello, se establece el término de Prisión Permanente Revisable.
Lo que se busca es que Paraguay se adecue a la coyuntura regional, explicó el diputado, añadiendo que ya se comenzó a adoptar este sistema. No obstante, por la Constitución Nacional no se puede contemplar la cadena perpetua como tal, por ello recurren a la figura de Prisión Permanente Revisable.
“Nosotros no vulneramos la posibilidad de reinserción del condenado. Esto ya lo hizo Argentina, Chile, Colombia; ahora justamente lo está debatiendo también Ecuador. Es decir, nosotros no vamos a innovar legislativamente hablando, por el contrario, estamos llegando tarde”, acotó.
Se aplica a mayores de edad
Mencionó que por ahora, la propuesta de Prisión Permanente Reversible es para infractores mayores de edad; y la revisión será posible una vez que se cumpla los dos tercios de la condena, dependiendo de cuántos años se haya aplicado. Pero en el caso de delitos graves, sería entre 50 a 90 años como máximo.
Igualmente, indicó que el proyecto contempla la acumulación de condena en el caso de que exista más de una víctima o varios delitos, se irá sumando la pena por cada una de ellas. Esta propuesta de elevar las penas son para delitos graves como homicidios y violaciones.
Asimismo, explicó que existen ciertas excepciones, como el caso de un accidente de tránsito con derivación fatal, siempre y cuando no esté alcoholizado, garantizando el derecho a la defensa personal.
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Afinan detalles del Registro Nacional de Pagarés para evitar problemas en su implementación
El diputado José Rodríguez informó que continúan trabajando en ajustes al proyecto de creación del Registro Nacional de Pagarés, con el objetivo de asegurar que su implementación sea verdaderamente útil, tanto para el sistema financiero como para los usuarios.
Según explicó, uno de los principales aportes de su bancada fue lograr que se incorporen mecanismos de digitalización al proyecto, permitiendo que los pagarés y otros títulos de crédito tengan trazabilidad digital además del respaldo físico.
Esto evitará irregularidades como falsificaciones o doble cobro. “Si el pagaré es por G. 10 millones, el sistema debe reflejar exactamente ese monto y su fecha. Así habrá un control cruzado entre lo físico y lo digital”, detalló en conversación con varios medios de prensa.
Rodríguez señaló que inicialmente la Corte Suprema de Justicia proponía que los pagarés se depositaran en los juzgados como garantía, sin contemplar los componentes digitales. Gracias al trabajo legislativo, esos elementos fueron incluidos en artículos específicos del proyecto.
El legislador aclaró que, pese a los avances, el trabajo continúa en conjunto con los ministros de la Corte, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez, para asegurar que no haya vacíos legales que afecten a sectores como el de los microempresarios.
“Queremos que el registro funcione, pero también que no genere trabas futuras. Si nos apuramos demasiado, en el futuro podría haber problemas en las transacciones entre microempresarios porque el circulante puede parar por algunas lagunas jurídicas y puede afectar a la economía”, advirtió.
El proyecto apunta a fortalecer el sistema financiero a través de la transparencia y el control digital, pero Rodríguez insistió en que su éxito dependerá de que la norma esté bien diseñada desde el inicio. “Nuestro objetivo es que sea útil y eficaz desde el primer día”, concluyó.
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En audiencia pública, debatirán proyecto de creación de un registro nacional de pagarés
Para este lunes 21 está previsto el desarrollo de una audiencia pública en la que estarán presentes ministros de la Corte Suprema de Justicia y autoridades de otras instituciones estatales. El fin de esto es analizar dos iniciativas legislativas que surgieron a partir de la trama delictiva “mafia de los pagarés”.
Los ministros de la Corte, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón; así como el viceministro de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Gustavo Ramírez serán parte del encuentro para debatir sobre el proyecto que “que crea el Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito” y la propuesta que “establece el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales de la República”.
La propuesta de creación de un registro nacional fue presentada por varios diputados, entre ellos José Rodríguez, Rocío Abed y Cristina Villalba, del Partido Colorado, y Rodrigo Blanco del Partido Liberal, Plantea una plataforma pública, digital y accesible que permitiría registrar este tipo de documentos, fortaleciendo la seguridad jurídica y reduciendo los riesgos de fraude.
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Según sus impulsores, la medida facilitaría las transacciones comerciales al permitir que los titulares puedan acreditar de forma más clara la existencia y titularidad de sus créditos. En tanto, el proyecto que establece un régimen de depósito apunta a modificar varios artículos del Código Procesal Civil.
El objetivo es evitar que estos documentos puedan ser utilizados de forma simultánea o reiterada en distintos procesos judiciales, promoviendo un mayor control y transparencia en los litigios civiles. Además, la propuesta contempla que el juez determine el destino final del documento una vez dictada la sentencia, con lo cual se busca cerrar la posibilidad de reutilización indebida de los mismos títulos.
La trama “mafia de los pagarés” derivó en diferentes propuestas legislativas en ambas cámaras con el propósito de evitar nuevos casos. En la última sesión ordinaria del Senado quedó aprobado un proyecto de ley que establece un límite en los descuentos salariales a los funcionarios públicos. Esta iniciativa también está pendiente de estudio por los diputados.