Los campesinos que ocuparon las tierras de los indígenas aché de la comunidad Kuetuvy, Yvypytã, Canindeyú, serán reubicados luego de un compromiso asumido con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). La presidenta del ente, Gail González, se reunió con los aché y los sintierras para lograr un acuerdo.
Desde la dirigencia indígena, Emiliano Mbjyvagi dijo que “es un avance que permitirá devolver la tranquilidad al pueblo aché de Kuetuvy, luego de un largo conflicto con los campesinos”. La problemática fue expuesta por los campesinos e indígenas, que buscan una solución a partir del diálogo.
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Además, Mbjyvagi señaló que “los campesinos pudieron entender que son tierras indígenas; todos los informes técnicos del Indert así lo confirman y que no hay excedentes”. Entonces, el Indert buscará tierras para lograr la reubicación de los campesinos.
“Salimos conformes de la reunión porque el ente rural sentó postura hacia el respeto de las tierras indígenas y se comprometió a buscar una reubicación de los campesinos”, sostuvo el líder indígena. La condición es que los mismos abandonen las tierras de los aché, quienes reclaman unas 4.629 hectáreas en Kuetuvy y aseguran que un grupo campesino ocupa irregularmente parte de sus tierras.
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Propuesta para facilitar la titulación de tierras gana respaldo del sector campesino
Representantes de la Federación Nacional Campesina, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria y comisiones vecinales apoyaron la propuesta del Ejecutivo para eliminar el pago previo del 3 % y ampliar los plazos de pago de los lotes.
El proyecto del Ejecutivo plantea flexibilizar las condiciones para acceder a la titulación, eliminando la barrera económica que implica el pago inicial del 3 % y estableciendo un régimen de pago diferido. La iniciativa recibió respaldo de representantes campesinos durante una audiencia pública que se llevó a cabo este viernes en el Congreso Nacional.
El titular de la Cámara de Senadores, y presidente del Congreso, Basilio Núñez, convocó una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que modifica disposiciones del Estatuto Agrario y la normativa del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con el objetivo de facilitar el acceso a la titulación de tierras para las familias campesinas. El debate estuvo acompañado del presidente del ente agrario, Francisco Ruiz Díaz.
Promover su próximo tratamiento
Durante las deliberaciones los representantes del sector campesino, autoridades y legisladores, señalaron que están a favor de las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo. El objetivo del diálogo fue recoger las inquietudes y promover el tratamiento del proyecto de ley el próximo 16 de septiembre.
El titular del Indert presentó el proyecto con los puntos específicos que se plantea modificar. Brindó una amplia explicación a los participantes sobre la propuesta del gobierno. Explicó que el proyecto plantea eliminar el pago previo del 3 % del valor de la tierra como requisito para acceder al título de propiedad y establecer un régimen de pago diferido.
Señaló que de aprobarse, los beneficiarios podrían recibir primero la titulación y posteriormente abonar el valor de la tierra mediante cuotas anuales, con el inicio de los pagos 12 meses después de la entrega del título. El plazo previsto sería de hasta 30 años para las mujeres y 20 años para los hombres.
La audiencia se realizó en la sala de sesiones del Congreso Nacional y contó con la presencia de los senadores Natalicio Chase, Líder Amarilla, Óscar Salomón, Enrique Salyn Buzarquis, Arnaldo Samaniego, Patrick Kemper e Ignacio Iramain. El proyecto de modificación contó con un fuerte respaldo de los representantes campesinos, así como también de los parlamentarios.
Apoyo del sector campesino
Al inicio del encuentro, el presidente del Senadores, Basilio Núñez, destacó la importancia de escuchar a los distintos sectores involucrados, a fin de que el proyecto responda a las necesidades del campesinado. “Necesitamos conocer sus opiniones para establecer una respuesta que se traduzca en este proyecto de ley, que verdaderamente beneficie principalmente al campesinado”, expresó.
Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina, confirmó el apoyo de la FNC a la eliminación de las barreras económicas que impiden al campesinado acceder al título de propiedad.
En ese sentido, dijo que están de acuerdo en eliminar el pago previo del 3 % y la ampliación de plazos. De igual forma, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria, así como las comisiones vecinales de diferentes departamentos, brindaron su apoyo a la iniciativa de cambios en el Estatuto Agrario.
Pulciano Sánchez sostuvo que la iniciativa representa a un sector importante del país que merece ser escuchado y que las decisiones adoptadas deben contemplar las necesidades reales de las familias campesinas.
El monseñor Mario Melanio Medina, representante de la Delegación del Comité de Iglesias, resaltó la importancia de abordar el problema de fondo y encontrar una respuesta que favorezca efectivamente a las familias campesinas.
En la misma línea, Alejandro Colmán, beneficiario de San Pedro y representante de la Comisión de Fomento y Desarrollo Yvype, sostuvo que la regularización de las tierras constituye una responsabilidad del Estado y remarcó la importancia de garantizar soluciones que permitan a las familias campesinas consolidar su propiedad y mejorar sus condiciones de vida.
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Analizarán propuesta para agilizar la titulación de tierras de la reforma agraria
El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, convoca a una audiencia pública para este viernes 28 de agosto, a las 09:30, en la sala de sesiones del Congreso Nacional, donde se analizará un proyecto de ley que busca facilitar el acceso al título de propiedad de tierras adjudicadas a beneficiarios de la reforma agraria.
Durante la audiencia se estará analizando el proyecto de ley que había sido remitido por el Poder Ejecutivo mediante el Mensaje N.º 372 del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Está actualmente en trámite en la Cámara de Senadores.
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La iniciativa propone eliminar la barrera económica que actualmente existe, que es el pago previo del 3 % del valor de la tierra como requisito para la entrega del título y establecer un régimen de pago diferido. Según la exposición de motivos, ese requisito termina frenando expedientes que ya están técnicamente preparados para convertirse en títulos.
De lograrse la modificación de los artículos del Estatuto Agrario, el beneficiario podrá recibir el título y posteriormente abonar el valor de la tierra en cuotas anuales, iniciando los pagos 12 meses después de la titulación. El plazo previsto es de hasta 30 años para las mujeres y 20 años para los hombres.
Expedientes frenados
En la argumentación del proyecto de ley explica que el requisito vigente constituye una barrera económica para numerosas familias campesinas de bajos ingresos.
Se estima que la modificación podría beneficiar a aproximadamente 130.000 familias, mientras que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) cuenta con alrededor de 15.000 expedientes técnicamente aptos para la titulación que no avanzan debido, principalmente, a la imposibilidad de cumplir con el pago previo.
La propuesta busca otorgar mayor seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra, facilitando posteriormente el acceso al crédito formal, la inversión, la tecnificación y el desarrollo productivo de las fincas. Asimismo, contempla una consideración especial para las mujeres campesinas, particularmente aquellas que son cabeza de familia.
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Policía recupera cargamento de celulares tras asalto a depósito en Saltos del Guairá
La Policía Nacional realizó un allanamiento y decomisó varios celulares que habrían sido robados de una transportadora en el departamento de Canindeyú.
El asalto se registró la semana pasada donde los maleantes se alzaron con ocho cajas que contenían más de 300 celulares de alta gama.
El procedimiento se realizó en la colonia San Juan de Puente Kyjhá, donde hallaron un total de 23 celulares que formarían parte del botín que fue robado de la transportadora TransSur del barrio San Miguel de Saltos del Guairá. Hasta el momento se cuenta con tres personas detenidas.
Fue convocado el propietario de la casa quien indicó que había alquilado la propiedad a una pareja que no se encontraba en el sitio en ese momento. “Allanamos la casa y solo encontramos restos del botín que son 23 aparatos celulares”, expresó el comisario Jorge Vidallet, en “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
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Afirmó que la información llegó tarde, por lo que lastimosamente no lograron aprehender a las personas que serían las que estaban residiendo en el sitio. Aparte de los celulares, de los cuales algunos ya estaban abiertos y otros en cajas, encontraron cables, cabezales de cargadores y carcasas para celulares.
“Ya tenemos identificados a los supuestos autores que tendrían vinculación con el hecho y que residían en esta propiedad. Actualmente, seguimos con los trabajos de investigación para dar con todos los implicados en este millonario asalto a esta transportadora que se registró hace unos días”, puntualizó.
Resaltó que hasta el momento se cuenta con tres personas detenidas por este caso, todas capturadas en distintos procedimientos. Uno de los detenidos fue encontrado en La Paloma y dos en Saltos del Guairá. Los últimos dos presentaron una coartada de que estuvieron en un cumpleaños durante la noche del asalto, pero los investigadores están seguros de que están vinculados.
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Gobierno entregó tecnología avícola para potenciar la economía familiar en Canindeyú
Varias familias rurales residentes del departamento de Canindeyú, recibieron equipamientos tecnológicos e insumos avícolas de alta gama por parte del Gobierno. La entrega se concretó con presencia del mismo ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez y contó con el acompañamiento de la diputada, Cristina Villalba.
La actividad se desarrolló en la sede de la Municipalidad de La Paloma. Los beneficiarios fueron miembros de la Asociación de Pequeños Agricultores de la Colonia Jamaica, mediante una inversión total del Gobierno Nacional que ascendió a G. 124.735.000. Este beneficio está orientado a optimizar el rendimiento y robustecer la economía local de estas familias.
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Durante el acto, el ministro Giménez agradeció el respaldo de las autoridades legislativas que acompañan las tareas en el campo y remarcó sobre la importancia de la tecnología y el conocimiento técnico para asegurar mercados estables y la sustentabilidad del sector productivo.
Además, manifestó que la producción de la agricultura familiar tiene mercado asegurado y recalcó el compromiso del ministerio a su cargo de continuar respaldando al departamento de Canindeyú con proyectos continuos. A su vez, la parlamentaria colorada, Cristina Villalba, destacó el impacto directo que tendrá la entrega de estas herramientas en la competitividad de la agricultura familiar, específicamente a las personas beneficiadas.
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