La Corte Suprema de Justicia reafirmó su compromiso con la modernización del sistema judicial al destacar las inversiones en infraestructura y exigir un desempeño ejemplar a los operadores de justicia. Durante un acto oficial, las autoridades judiciales recordaron que las mejoras edilicias deben complementarse con la integridad de los magistrados.

El ministro de la máxima instancia judicial, Eugenio Jiménez Rolón, señaló que la infraestructura representa un componente clave para que los funcionarios desarrollen su labor en un escenario adecuado.

Sin embargo, enfatizó que los edificios carecen de valor sin el factor humano. “La edificación tiene que estar constituida fundamentalmente por una sustancia, y esa sustancia son los magistrados; por eso les insto a que actúen de conformidad con la Constitución y las leyes”, expresó el alto magistrado.

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Asimismo, el ministro subrayó la importancia de la cooperación entre los distintos estamentos gubernamentales para alcanzar estas metas, calificando el avance como un esfuerzo coordinado entre los tres poderes del Estado. Explicó también que cambiar las condiciones edilicias del Poder Judicial fue una de sus primeras prioridades al asumir el cargo, una visión que comparte plenamente con sus colegas de la Corte Suprema.

Finalmente, el ministro Jiménez anunció que se encuentra en plena ejecución la construcción del futuro juzgado de Primera Instancia de la ciudad de J. Augusto Saldívar, lo que consolidará la presencia judicial en la Circunscripción de Central.

“Con esto estamos dando muestras claras de que queremos lograr el objetivo de mejorar la administración de la justicia”, concluyó Jiménez Rolón.

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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), en alianza estratégica con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), prosigue con el despliegue territorial del Programa de Migración Laboral Circular Paraguay-España. En esta etapa, la convocatoria está orientada a trabajadores con experiencia comprobable en el sector rural que busquen acceder a oportunidades de empleo temporal en el exterior.

La jornada de socialización y reclutamiento presencial se lleva a cabo en el departamento de San Pedro, teniendo como sede las instalaciones del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) Regional Choré. En este espacio, técnicos de ambas carteras brindan orientación directa, resuelven dudas sobre el proceso de postulación y recepcionan los documentos de los aspirantes.

El esquema de migración circular garantiza contratos temporales bajo estrictas condiciones de legalidad, cobertura de seguro social y el pleno respeto de los derechos laborales en territorio español. Como pilar fundamental del convenio bilateral, el programa contempla el retorno obligatorio de los trabajadores al Paraguay una vez culminado el periodo estipulado en sus contratos.

Más allá del beneficio económico directo, la política pública busca fomentar la transferencia de conocimientos técnicos y buenas prácticas agrícolas adquiridas durante la estancia en Europa. Se prevé que estos aprendizajes sean reinyectados en sus comunidades de origen para fortalecer el rendimiento de la agricultura familiar y elevar la competitividad de la producción local.

Tras la convocatoria en el segundo departamento, las autoridades confirmaron que la gira de captación continuará en las ciudades de Areguá, Caazapá y Asunción. El objetivo de las jornadas itinerantes es democratizar el acceso a la información oficial y asegurar la participación equitativa de agricultores de diversos puntos del país.

Con este modelo de movilidad laboral regulada, el Estado paraguayo busca desalentar la migración irregular y consolidar canales seguros de empleo formal. Al mismo tiempo, la iniciativa impulsa el desarrollo socioeconómico de las familias rurales mediante la capacitación práctica y el retorno de capital humano calificado.

El jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid emitió un veredicto condenatorio contra Augusto Marcelino (60), ciudadano dominicano que confesó haber asesinado a su expareja, la paraguaya Diana (29), el 30 de diciembre de 2024 en el distrito de Usera. La acusación particular, liderada por el abogado paraguayo Stephan Jorgensen, logró la declaración de culpabilidad del procesado, quien enfrenta una expectativa de pena de hasta 26 años de cárcel por asesinato y quebrantamiento de la orden de alejamiento.

Al salir de la sede judicial tras ser convocado de urgencia, el profesional paraguayo confirmó el éxito de la primera etapa del juicio. “Acabo de salir del juzgado porque nos llamaron in extremis para leernos el veredicto del jurado; hemos ganado la parte penal”, manifestó Jorgensen. Aunque la condena privativa de libertad ya está firme en el pronunciamiento de la culpabilidad, el tribunal deberá formalizar en los próximos días la sentencia definitiva que establecerá los años exactos de prisión y la prohibición de acercamiento.

En el ámbito civil, la resolución incluirá severas indemnizaciones económicas destinadas a los deudos de la víctima. Se prevé que el fallo obligue al condenado a resarcir con 350.000 euros al hijo de Diana y con 85.000 euros a cada uno de sus padres. Jorgensen aclaró que, una vez notificada la sentencia redactada por los magistrados, la representación legal de la familia iniciará de inmediato las acciones y gestiones correspondientes para hacer efectivo el cobro del resarcimiento.

Paralelamente, la defensa impulsará una demanda de responsabilidad patrimonial contra las instituciones españolas por fallas graves en el sistema de protección. Pese a que Diana había presentado tres denuncias previas por malos tratos y contaba con una orden de alejamiento catalogada de “riesgo extremo” por el Ministerio del Interior, el crimen terminó consumándose. Ante esta vulnerabilidad institucional, la acusación sostendrá que el Estado no brindó las garantías ni los medios de resguardo requeridos para salvar su vida.

El letrado definió esta nueva fase como un “segundo round” estratégico que busca sentar un precedente sobre la tutela judicial efectiva para la comunidad migrante. Jorgensen, quien se formó profesionalmente en España y ejerce en Madrid, destacó la trascendencia del litigio al señalar que es una de las primeras ocasiones en que un profesional paraguayo encabeza una acusación de tanto impacto mediático e institucional dentro del sistema de justicia de ese país.

La resolución representa un avance crucial para los familiares de la compatriota, quienes buscan justicia integral tanto por la vía penal como a través de la reparación de daños. Para la diáspora paraguaya en Europa, el proceso expone la urgencia de revisar y fortalecer los protocolos de seguridad ante la violencia de género, al tiempo que marca un hito en la representación jurídica de la comunidad en el extranjero.

Cientos de personas ocupan la céntrica Puerta del Sol de Madrid para reclamar protección para los inquilinos tras el desahucio de una octogenaria, y el presidente del Gobierno aseguró este domingo que trabaja “a contrarreloj” para poner remedio a la crisis de la vivienda en España.

El miércoles, las imágenes de Maricarmen Abascal, de 87 años, desahuciada en camilla de su apartamento madrileño después de que la policía forzara la puerta, provocaron una conmoción en el país y volvieron a situar la crisis de la vivienda en España en el centro del debate, a un año de las elecciones generales.

“Todos somos Maricarmen”, “Ni una Maricarmen más” se veía en las carpas que ocupan gran parte de la enorme plaza, justo frente a la sede de la Comunidad de Madrid, el gobierno regional.

La mayoría de los manifestantes pasaron la noche allí después de una protesta que reunió a miles de personas en las calles de Madrid el sábado.

“Vamos a darle a esto [al campamento] una vida para seguir identificando los contratos indefinidos y que la vivienda deje de ser un bien de mercado para que pase a ser un bien de primera necesidad”, dijo este domingo uno de los organizadores con un megáfono a los acampados.

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En 2011, la Puerta del Sol ya fue ocupada durante tres semanas por el movimiento de los Indignados, jóvenes frustrados por las malas perspectivas económicas y la corrupción durante los años de recesión posteriores a la crisis financiera de 2008.

“No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno”, afirmó en X el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que llamó a la población a sumarse al campamento instalado en la Puerta del Sol después de la manifestación del sábado.

“Vamos a estar el tiempo que haga falta”, aseguró.

Maricarmen Abascal, convertida en símbolo de la crisis de la vivienda en España, había pedido a los españoles a sumarse a la lucha en un mensaje de vídeo publicado en internet unas horas antes de la manifestación.

“Que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas, quiero que sirva para que la gente luche y para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio”, declaró Abascal desde el hospital donde recibe tratamiento por agotamiento desde su desahucio.

“Maricarmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional”, le respondió este domingo el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, durante un mitin del Partido Socialista para las próximas elecciones municipales y regionales, también previstas en 2027.

La octogenaria se vio obligada a abandonar el apartamento en el que vivía desde hacía 70 años después de que una inmobiliaria comprara el edificio y aumentara el alquiler un 275 %, hasta los 2.650 euros, según el sindicato.

En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en España se ha duplicado, hasta alcanzar los 15,1 euros/m² (17,2 dólares) en agosto, según el portal inmobiliario Idealista.

En la compra, se sitúa ahora en 2.355 euros (2.682 dólares), un aumento de más del 50 % en el mismo periodo, según datos oficiales.

En el próximo Consejo de Ministros, el Gobierno debería aprobar un paquete de medidas conocido como “decreto Maricarmen”, que prevé la renovación automática de los contratos de alquiler y un refuerzo de las restricciones a los desahucios.

Sin embargo, no está claro que estas medidas sean aprobadas por el Parlamento, donde el Gobierno de Sánchez no dispone de mayoría.

Fuente: AFP

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