El diputado altoparanaense Jorge Brítez fue “bombardeado” en las redes sociales por su campaña que emprendió contra el uso del tapabocas, incluso portó un cartel con el escrito “tapaboca no”, lo que causó indignación, principalmente ante el momento más crítico de la pandemia del COVID-19.
Tras una larga jornada de críticas y cuestionamientos, el parlamentario hizo una publicación en su cuenta de red social sobre el “bombardeo” en su contra; sin embargo, insistirá en su campaña.
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“Hoy fui bombardeado, ametrallado, reventado, humillado, insultado, menospreciado, siento como si un tractor me pasó por encima, necesito un reparador sueño (…) Capaz hoy no se pueda entender, pero mañana será otro día”, decía el diputado.
La postura del diputado no solo se trata de una campaña mediática y de desinformación, sino que presentará un proyecto de ley para abrogar la ley de uso obligatorio de tapabocas y protectores faciales, y que quede solo a conciencia de cada uno.
En la mañana de este jueves, el legislador volvió a referirse a esta situación en sus redes, aludiendo que el sistema sanitario siempre estuvo colapsado y que la obligatoriedad del uso de tapabocas es solo para generar miedo a la ciudadanía.
“Siempre colapsó nuestro sistema sanitario, siempre hubo necesidades de más camas de terapia intensiva. Si el paraguayo sigue vivo es por su solidaridad con polladas, tallarín, pancheada o hamburgueseada. Dejen de querer utilizar el miedo y las emociones de las personas. Me quieren poner como ridículo, pero esta batalla solo el tiempo lo dirá. Esto recién inicia”, dice en su cuenta oficial del Facebook.
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Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
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“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
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“Lo más prudente es esperar el informe”, dice diputado sobre intervención de Asunción
El diputado Rodrigo Gamarra, quien encabeza la comisión especial de intervención de la Municipalidad de Asunción, manifestó que el posicionamiento del movimiento Honor Colorado se ceñirá a lo que refleje el informe final elaborado por el economista Carlos Pereira sobre la gestión del intendente Óscar Rodríguez, que se presentará este viernes.
“Creo que debería ser lo más correcto. La persona que hizo el trabajo técnico, que debe estar sustentando en documentos, son los ojos y oídos en este proceso. Nuestra Cámara se caracteriza por la coherencia. Lo más prudente es esperar el informe”, sostuvo Gamarra, este jueves, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, el legislador manifestó “no sabemos aún qué contiene y en qué está sustentado el proceso de intervención. Rodríguez sostiene que no hay motivos y que toda su administración está documentada y en regla, que no existen causales suficientes para sacarlo o para que renuncie”.
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Gamarra señaló que su recomendación personal a Rodríguez sería que presente su renuncia al cargo en caso de constatarse graves irregularidades en su administración. El proceso de fiscalización se inició el pasado 24 junio sobre seis observaciones señaladas por la Contraloría General de la República (CGR), que derivaron en la intervención.
“Yo soy del mismo equipo que el intendente, es mi amigo, lo conozco y, con todo esto, ante el pedido de intervención nosotros actuamos desde la comisión de manera totalmente imparcial, a puertas abiertas. Si es que hay causales que ameriten llegar a una causa extrema, yo le recomendaría renunciar, pero esta es una posición personal, no del movimiento”, dijo el parlamentario.
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“Hubo un descarado robo a las arcas de Ciudad del Este”, afirma diputado Meza
El diputado Hugo Meza cuestionó duramente a la oposición por un doble discurso, apuntando a un fraude electoral, refiriéndose a las conductas del ahora exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Durante el tratamiento del pedido de destitución, el debate fue bastante intenso, principalmente de los legisladores de la oposición, que pese a los resultados de la intervención, seguían defendiendo a Prieto.
“Que muchas mentiras se dijeron en este pleno de cara a la ciudadanía. Es la crónica de unos hechos, de robos, de malversaciones, plenamente comprobados y documentados. Escuché que acá se quiso categorizar los robos, con un afán extraordinario, se quiere decir cuál es un robo chico y cuál es un robo grande”, criticó el diputado Meza.
Para el legislador, el pertenecer a la oposición o ganar en unas elecciones, no le habilita a una autoridad al robo de las arcas de la institución. “Quieren instalar que el intendente de Ciudad del Este casi está comprendido en un robo bagatelario, inclusive se recurre a una frase poco feliz, porque tuvo 81.000 votos le habilita para robar, esa es una falacia muy grande y un mensaje dañino para nuestra democracia, donde el mayor cáncer que tenemos sigue siendo la corrupción y la impunidad”, sentenció.
Ante todas las irregularidades señaladas en su administración, calificó a Prieto como un fraude. “Es una estafa electoral, porque ustedes dijeron que iban a ser mejores de los que se fueron, y a la luz de lo que hoy estamos viendo, acá hubo un robo descarado a las arcas municipales de Ciudad del Este”, puntualizó.
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Superintendente de Salud niega injerencia política en sanción de sanatorio esteño
El titular de la Superintendencia de la Salud, el doctor Roberto Melgarejo, negó que tenga fines políticos la sanción del Sanatorio del Parque, en Ciudad del Este, vinculado a la familia del diputado prietista Guillermo Rodríguez, quien denunció la medida como una supuesta “persecución política” y “terrorismo de Estado”. “Acá no hay un ánimo de perseguir a nadie, solo la necesidad de que se formalicen las cosas”, indicó el superintendente.
“Este diputado es un gran mentiroso y me molesta que diga que esto es una cuestión política, es un gran disparatero. No solo maltrató a mis funcionarios, sino a mi persona y toda la institución. La habilitación por parte del Ministerio de Salud y el registro de Superintendencia tenían vencidos“, dijo Melgarejo, este lunes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, Melgarejo mencionó que “ninguna entidad puede estar prestando servicio sin la debida habilitación y el registro. Estaban en una contravención, entonces debe ser clausurado hasta tanto regularicen su situación. Ellos, en principio, dijeron que tenían en proceso de renovación de habilitación, pero no presentaron ningún tipo de documentaciones. Incluso, uno de ellos admitió en voz baja que todavía no hicieron los papeles”.
Señaló que funcionarios de la institución no solo intervinieron el sanatorio privado de Ciudad del Este, sino que también en las localidades de Presidente Franco y Hernandarias. “Se visitaron 340 entidades prestadoras, aproximadamente. El diputado dijo que fue una visita puntual, esa es la primera gran mentira. Dijo que esto se enmarca dentro de una persecución, pero, de ninguna manera, nosotros ni sabíamos que era propietario su padre o su familia, y mis funcionarios menos, ni tienen por qué saber”, comentó.
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Iniciaron trámites tras intervención
Detalló que el procedimiento de fiscalización fue ejecutado el pasado lunes 11 de agosto. Mientras que el miércoles 14 de agosto ingresó por mesa de entrada de la Superintendencia de Salud una nota de reconsideración presentada por el centro médico privado, solicitando que se entienda la situación, aceptando que no cuentan con los papeles y que están en falta.
“Además en la nota adjuntan que ya iniciaron el proceso de renovación de las documentaciones y que lo iniciaron el 12 de agosto, es decir después de la intervención. El diputado dijo que el proceso inició mucho antes y que lo nuestro era una cuestión arbitraria, pero esta es una segunda gran mentira”,
Agregó que la tercera gran mentira esgrimida por Rodríguez es cuando dice que ningún proceso de renovación en el Ministerio de Salud no se puede iniciar hasta tanto se venza la habilitación. “Hay una resolución del año 2020, en la cual cualquier entidad prestadora de servicio pueden iniciar hasta 90 días antes la renovación de su habilitación. Si en este plazo no se inició y llega el momento de vencimiento de su habilitación, entonces la entidad quedará clausurada hasta que los documentos estén en forma regular”, manifestó.
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