El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, explicó el alcance de la Ley de Financiamiento Político y sus implicancias en materia de control del origen de los fondos destinados a los partidos políticos.

Dijo que como primera medida mantuvo una reunión ayer con los miembros de los tribunales electorales partidarios en la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

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En esta ocasión, se socializó la Resolución N° 79 a través de la cual se establecen los criterios y nuevos requisitos para la solicitud del Registro Único de Contribuyentes (RUC) para partidos y los respectivos movimientos internos que pugnarán en las próximas internas partidarias.

“Se estableció cuáles van a ser los requisitos para tener el RUC. Hay que tener en cuenta que hay todo un proceso conforme a la nueva ley en la cual van a tener que hacer una rendición de cuentas ante el Tribunal Electoral”, comentó Orué en diálogo con canal GEN. Sobre el punto, aclaró que la ley prevé la habilitación de una cuenta bancaria única en bancos de plaza o en financieras y para ello el primer requisito es contar con el RUC.

Con respecto al rol que cumplirá la SET, Orué señaló que se establecieron los criterios a los efectos de que cada movimiento político pueda emitir su boleta legal. Con ello se contará con un registro de ingresos y gastos. Y esa información deberá ser presentada al TSJE. En tanto la tarea de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) consistirá en supervisar el origen de los fondos que sostienen a los partidos políticos.

“La intención de la ley es que se pueda determinar el origen de los fondos y que puedan ser trazables. Y la Seprelad lo que va a verificar justamente es el cumplimiento de esas disposiciones y sobre todo que el origen de los fondos sea realmente bien determinado”, significó.

En este orden entran todas las actividades que impliquen recaudación de fondos, tales como cenas o donaciones. Se debe determinar quién es el financista y emitir una factura al donante. “Y eso debe estar registrado dentro de la contabilidad del movimiento interno. Y ahí entra la Seprelad, a los efectos de verificar que los donantes sean personas que tengan recursos disponibles y el origen de esos fondos”, acotó.

Por otro lado, Orué aludió a las sanciones contempladas en la nueva legislación por el incumplimiento de sus disposiciones. “Las sanciones pecuniarias van a ir para el Tribunal Electoral. Entiendo que la ley establece que tiene que ir para los partidos políticos”, concluyó.

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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, reglamentó la Ley de Arancel Cero promulgada en noviembre pasado, para universidades e instituciones públicas. El propósito es hacer que la educación sea gratuita. Según estudiantes, la normativa fue totalmente modificada y finalmente solo beneficiará a unos pocos.

El Decreto N° 4.734 fechado el 15 de enero del 2021 reglamentó la Ley N° 6628/2020 de Arancel Cero, que establece la gratuidad de los cursos de admisión y de grado en todas las universidades públicas del país, en el Instituto Superior de Bellas Artes, en el Instituto Nacional de Educación Superior, en institutos de formación docente dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y en el Instituto Nacional de Salud.

“Estamos preparados para salir a las calles todos los días y hacer fuerza”, dijo en contacto con el canal GEN y Universo 970 AM Vivian Genes, representante estudiantil. Destacó que en una primera instancia atrasaron la ley y dejaron para última hora la reglamentación, pero que la misma “es ilegal y totalmente irresponsable a la realidad a la que se va a aplicar”.

“Hay una saña con los estudiantes y trabajadores que eventualmente quieren estudiar y lo grave es que el presidente está cambiando la ley a decretazo limpio. Es algo que no puede hacer”, aseguró y agregó que los cambios o filtros se debieron hacer tanto en las cámaras de Senadores y Diputados al momento de tratar la ley y no con su reglamentación.

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Los estudiantes rechazan las barreras impuestas al acceso a la educación superior en los artículos 2 y 5. Así también, la inclusión del Ministerio del Desarrollo Social en el artículo 3, para acreditar la situación de vulnerabilidad de los estudiantes.

-Art. 2: “Durante la carrera de grado y a fin de continuar con el beneficio señalado, el estudiante no deberá sobrepasar dos años al periodo establecido en el proyecto académico o currículo de cada carrera”.

-Art. 3: en su última parte menciona que: “El Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social, que acreditará la situación de vulnerabilidad, estará disponible a partir del segundo semestre del presente ejercicio fiscal, contados de la vigencia del presente decreto”.

-Art. 5: “Establécese que la gratuidad señalada en los artículos 2° y 3° del presente decreto no podrá ser otorgada a los estudiantes que sobrepasen los cinco años de egresados de la Educación Media, contados desde el momento de la solicitud a los cursos de admisión y similares. Asimismo, tampoco será otorgada a quienes hayan sido admitidos luego de un número de intentos consecutivos o alternados, establecida en cada institución.”

“El Estado debe estar para garantizar la educación y que la gente pueda acceder. El Estado debe impulsar a que la ciudadanía pueda mejorar su calidad de vida mediante la educación”, ratificó. Manifestó que el presidente tomó medidas para el ingreso que debe hacer la universidad.

Los estudiantes piden en primera instancia que se derogue el decreto y que el propio Mario Abdo sea el que lo cambie o presentar acción de inconstitucionalidad en los estrados judiciales. “Básicamente vamos a denunciar al Estado”, sostuvo.

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En estos momentos los estudiantes se manifiestan frente a Mburuvicha Róga y emplazan al presidente de la República por un periodo de 15 días para modificar nuevamente esta ley antes de llegar a los estrados judiciales.

El grupo de universitarios cierra de forma intermitente la calle Mariscal López, la medida seguirá todos los días por el periodo de dos semanas, hasta que el presidente deshaga los cambios que realizó a la ley.

La reglamentación de la Ley del Arancel Cero de parte del Ejecutivo es rechazada por la Coordinadora Estudiantil Universitaria de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), que baraja una serie de acciones a fin de que se derogue dicha reglamentación, que atenta en tres puntos específicos contra el logro histórico. Entre la medida de fuerza figura una movilización que realizarán próximamente.

Vivian Genes, representante estudiantil, anunció que una vez más saldrán a las calles como medida de protesta. Según detalló, se retrasó por bastante tiempo la reglamentación, que, a la vez de ser ilegal, no se ajusta a la realidad y el objetivo con el que se aplicará dicha ley.

“Hay una saña en contra de los estudiantes y de los trabajadores que sueñan con estudiar una carrera y salir adelante”, expresó la portavoz en entrevista con el programa Show de Noticias del canal GEN.

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A su criterio, el cambio hecho por el mandatario Mario Abdo Benítez es sumamente grave, ya que, según dijo, el decreto reglamentario solo debe explicar el procedimiento de cómo se aplicará la ley, que ya fue aprobada en su momento por ambas cámaras del Congreso.

“Los filtros o topes ya se trataron, tanto en la Cámara de Senadores como en Diputados, y el presidente ya validó esta ley cuando se trató el arancel cero y cuando se aprobó el Presupuesto General de la Nación 2021”, explicó.

Entre las limitaciones y restricciones, figuran tres cuestiones específicas: quien decida empezar a estudiar recién cinco años después de terminar el colegio ya no podrá acogerse al arancel cero; el número de intentos para ingresar a una universidad dependerá de la institución y, por último, haber superado dos años de la duración original de la carrera también descalifica al alumno.

“Es una política de precarización de lo público. La obligación del Estado es distribuir correctamente el dinero público en la educación, salud y seguridad. Y garantizar el derecho para que la ciudadanía pueda acceder y mejorar su calidad de vida”, apuntó Genes.

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Indicó, a su vez, que con la reglamentación se busca todo lo contrario, donde se toman atribuciones de las medidas académicas que corresponden a las universidades, como es el caso de quienes pueden o no ingresar.

Entre las acciones que tomarán, citó que primeramente buscarán que se derogue el decreto, mientras que como segunda opción barajan la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte. “Básicamente le demandaremos al Estado”, arremetió.

Finalmente, la vocera adelantó que se movilizarán y que, para el efecto, se están asesorando. Cabe mencionar que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó el decreto que establece la gratuidad en los cursos de admisión y de grado en todas las universidades públicas. Los costos serán financiados por el Fonacide.