En dicho punto se tiene previsto también analizar los aportes de propuestas y conocimientos por parte de la ciudadanía en general.

El ingeniero y exge­rente técnico de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) Fabián Cáceres indicó que los expertos en el área energética fueron convocados para el lunes 31 de agosto por la Mesa Energética Nacional, enca­bezada por el mandatario Santiago Peña, con la fina­lidad de abordar cuatro ejes fundamentales para hacer frente la creciente demanda de energía y evitar una crisis de desabastecimiento.

A través de una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, Cáceres dijo que en el encuentro se analizarán la presentación de la Ande sobre el plan de gestión para el corto y mediano plazo, el estudio de la tarifa técnica cuya presentación estará a cargo del Centro de Estu­dios de la Actividad Regu­latoria Energética (Ceare) de la Universidad de Buenos Aires, con la participación de técnicos.

El estudio fue elaborado con apoyo del Banco Interame­ricano de Desarrollo (BID) a pedido de la estatal eléc­trica, y plantea elevar gra­dualmente la tarifa media de USD 49,2 por MWh a USD 68,6 por MWh durante el periodo 2026-2030, equi­valente a un incremento de 39,4 %, con la participación presencial de los técnicos.

Señaló que el tercer punto guarda relación con la pre­sentación preliminar de las adecuaciones en el antepro­yecto de ley para la creación del Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburo y del Ente Regulador de Ener­gía (ERE).

En dicho punto se tiene previsto también analizar los aportes de propuestas y conocimientos por parte de la ciudadanía en general que fueron recabadas mediante la página web https://ener­gia.paraguay.gov.py, habili­tada por el Gobierno.

Agregó que como cuarto punto se prevé puntuali­zar los siguientes pasos que serán evaluados en la mesa. Ante esta nueva convocato­ria, Cáceres urge al Gobierno impulsar acciones a corto plazo “para los problemas y riesgos concretos que esta­mos teniendo, por ejemplo, el déficit energético que se ve venir entre los años 2030 o 2032, sobre el crecimiento de la demanda energética que supera el 18 %, qué hacer con los contratos que vencerán y fueron fijados con las cripto­minerías en el 2027, la defini­ción de la tarifa de la entidad binacional Itaipú que puede impactar en la sostenibili­dad financiera de la Ande, el déficit en inversión que posee la Ande para realizar su plan maestro y la falta de obras que apunten a ampliar las fuentes de generación de energía”.

Añadió que “estos temas también nosotros conside­ramos demasiado impor­tantes y urgentes. La crea­ción del ministerio y el ente no será de la noche a la mañana, esto llevará su tiempo, dos o tres años para que se puedan consolidar y los problemas que tenemos son para el ayer. Nosotros no estamos en contra del debate, estas instituciones serán importantes para el futuro, pero ahora tenemos que resolver esos temas que son de tremenda urgencia para la Ande, esos temas mencionados son de urgente necesidad”.

El senador Ramón Retamozo, de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, cuestionó a los postulantes que aspiran a ocupar los cargos de defensor del Pueblo y defensor adjunto, por dedicar mayor tiempo de sus exposiciones a la presentación de su currículum y prácticamente sin propuesta o programa de trabajo.

El legislador señaló que durante las audiencias públicas tuvo que hacer un llamado a la atención, porque cada postulante a los que le ha tocado escuchar hasta ahora, se ha dedicado a presentar su preparación académica, y experiencia.

Pero, señaló que casi nadie habla sobre lo que tiene previsto hacer para mejorar la institución, o de su plan de gestión, y lo más grave es que casi nadie maneja el presupuesto que tiene la Defensoría del Pueblo.

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“Me parece que si uno pretende llegar al cargo, uno tiene que tener ya la radiografía de esa institución. Tiene que tener ya todas las falencias punteadas y qué van a hacer para que mejore esa institución. Necesitamos un defensor o una defensora del Pueblo que lidere todos los procedimientos que se realizan a nivel país, ya sea en lo judicial, en lo social, en todos los sentidos”, remarcó.

El senador Retamozo indicó que a su criterio el defensor del Pueblo debe estar involucrado en todos los aspectos. Señaló que son cargos sumamente importantes para la sociedad, ya que tienen que cuidar al pueblo, afirmando que el cargo se podría comparar como el cargo de un fiscal general del Estado.

“Debe tener monitoreados todos los procedimientos en donde hay falencias, donde hay abandono, donde se está cometiendo injusticias, abusos por nuestra gente y ahí tiene que estar el defensor o la defensora del Pueblo”, remarcó.

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El viceministro de Minas y Energías, Mauricio Bejarano, habló sobre la cuestión energética, mirando el futuro y las necesidades que afloran para no tener problemas en cuando a suministro. En ese sentido, afirmó que se proyecta que la inversión privada sostenga el desarrollo del sector, pero para eso se necesitan al menos dos instituciones nuevas, sobre todo un ente regulador.

El alto funcionario brindó sus conceptos durante el foro “Energía eléctrica para asegurar la continuidad del desarrollo en Paraguay”, organizado por el Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada (IDPPS), el Centro Paraguayo de Ingenieros y el Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE).

Bejarano habló, entre otras cosas, de la importancia que representa la conformación de dos nuevas instituciones para la política energética local, la primera, el Ministerio de Energía y la segunda, el ente regulador que dará el marco de operaciones en el que se espera sea un dinámico mercado de generación, distribución y alimentación.

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Seguidamente, el viceministro precisó que para el desarrollo local se requiere de inversiones multimillonarias, que necesariamente deben provenir del sector privado. “La mejor normativa que podemos hacer, de generación de energía eléctrica, si uno no tiene un árbitro, cómo pretendemos nosotros de que pueda llegar a venir la inversión, lo primero que dice el inversor es ‘yo quiero invertir en su país en energía y generación de energía’”, comenzó diciendo.

Posteriormente, indicó que las condiciones deben estar expuestas de antemano, de manera a facilitar el desembarco de capitales. “Todos ya vimos la necesidad, en diferentes escenarios, la que fuera que sea, necesita inversiones multimillonarias y eso pretendemos que venga del sector privado, pero te dicen ‘necesito una garantía soberana por las condiciones en las cuales está el estado financiando la Ande’, si la Ande va a ser la que me va a comprar la energía, ese es el último gran debate que está hoy sobre la mesa”, manifestó y amplió que la ley vigente establece un fondo fiduciario para brindar seguridad.

Con lo mencionado anteriormente y una vez en marcha el mercado de energía eléctrica, es imperioso contar con un ente que dirima, por ejemplo, los casos de casos de incumplimiento contractuales, tanto para la venta a la Ande, como en las operaciones entre particulares.

“Los cambios de paradigma empezaron, sacamos algunas buenas normativas que pueden generar cosas distintas a la que hemos hecho, pero para que esto sea real, efectivo y certero, necesitamos darle apoyo a otras dos instituciones”, concluyó.

En el evento del que fue parte el viceministro se dieron varios paneles, en los cuales se debatió sobre el panorama energético local, las opciones que tiene el país en términos de crecimiento económico utilizando la potencia disponible, las fuentes alternativas, entre otras cosas.

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El senador colorado Patrick Kemper salió al paso de las críticas de la oposición, que califica de “farsa” la conformación de las ternas para los cargos principales de la Contraloría General de la República (CGR) tras la inclusión del actual contralor Camilo Benítez, quien busca su reelección.

Kemper afirmó que, bajo la gestión de Benítez, el órgano extrapoder tuvo un crecimiento significativo en los controles y resultados en cuanto a la fiscalización y controlar del uso de los recursos económicos, financieros y patrimoniales del Estado.

El parlamentario manifestó que muchas de las denuncias por hechos de corrupción que actualmente salen a la luz, particularmente en entidades como el Instituto de Previsión Social (IPS), los municipios de Asunción y de Ciudad del Este, son producto de los trabajos realizados por la dirección actual de la Contraloría.

“Esas denuncias son parte del informe de la Contraloría. Gran parte de todas las denuncias que hoy están saliendo de IPS y de otras instituciones son producto del trabajo de los auditores de la Contraloría General de la República. Los datos matan el relato”, manifestó ante la intención de la oposición de desestimando el reiterado discurso opositor, que señala un supuesto intento de copamiento por parte del oficialismo colorado.

El legislador recordó que hasta abril de 2019 las declaraciones juradas eran de carácter reservado, mientras que actualmente más de 1.600.000 declaraciones juradas están disponibles de manera pública, gratuita y de fácil acceso. Según Kemper, esta apertura permitió generar antecedentes para investigaciones por posibles casos de enriquecimiento ilícito.

A la vez destacó el aumento de los informes de análisis patrimonial. “Hasta el 2019 se habían generado 256 informes de análisis patrimonial de gestiones anteriores”, indicó. En contraste, afirmó que entre 2019 y 2026 se realizaron 1.217 informes, lo que representa un incremento del 375 %.

En cuanto a los sumarios por incumplimiento de la obligación de presentar declaraciones juradas, señaló que antes de 2019 no existían procesos de este tipo, mientras que actualmente hay 1.073 sumariados, con multas por G. 8.856 millones, de las cuales aproximadamente el 26% ya fue cobrado.

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Kemper también resaltó el alcance de las auditorías sobre autoridades. “Hoy se hicieron auditorías sobre presidentes, expresidentes, ministros de Corte, exministros de Corte, ministros del Poder Ejecutivo”, manifestó. A esto sumó más de 69 sumariados por conflictos de intereses y 325 informes remitidos al Ministerio Público.

Uno de los datos que consideró más relevantes fue el impacto económico de las investigaciones de la Contraloría. “Hasta el 2019, el resultado del impacto económico de los trabajos investigativos de la Contraloría representaban 35 millones de dólares. Del 2019 al 2026, como bien estaba mostrando el presidente, casi, casi es 1.000 millones de dólares”, puntualizó.

El senador también destacó la digitalización de las rendiciones de cuentas, que actualmente se realizan de manera online, y la incorporación de tecnología para el control del gasto público. A la vez resaltó la implementación de mecanismos de transparencia e integridad. Según indicó, actualmente existen 224 unidades de transparencia y anticorrupción operativas en los tres poderes del Estado.

Por otra parte, defendió el desempeño internacional de la institución y recordó que Paraguay ocupó por primera vez la presidencia de la OLACEFS durante el periodo 2023-2025, tras una elección por unanimidad en México. “No es justo cuando se habla de que esta gestión es ineficiente. Fortalecer una institución como esta es apostar realmente a tener un Estado más eficiente y, sobre todo, que la aplicación de los fondos públicos, producto de los contribuyentes, de todos los paraguayos, sean aplicados de forma eficiente para beneficio de todos ellos”, indicó.

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