El senador Carlos Liseras volvió jurar en la sesión extraordinaria de este martes como senador en reemplazo de Erico Galeano, quien finalmente presentó esta mañana su renuncia a la banca, a través de su representante legal, luego de que un tribunal de apelación confirmará, el pasado 4 de mayo, su sentencia a 13 años de prisión en el marco de la causa A Ultranza PY.

La dimisión de Galeano fue aceptada en mayoría por el pleno. Inicialmente Liseras quien se desempeñó como titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), llegó a la Cámara Alta el pasado 22 de abril ocupando la banca del entonces senador Hernán Rivas (quien en ese momento se encontraba con permiso sin goce de sueldo).

Sin embargo, al producirse la renuncia de Galeano y también la aceptación de la dimisión de Rivas, el Senado nuevamente volvió a tomar juramento a Liseras. Las dos vacancias dejada por ambos políticos con procesos judiciales permitió a la vez que los senadores del Partido Colorado Antonio Barrios y Andrés Retamozo pasen a integrar el pleno ya como legisladores titulares y no suplentes.

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Galeano fue sentenciado por lavado de dinero y asociación criminal. Durante el proceso judicial, la Fiscalía sostuvo que una aeronave de la marca Beech, propiedad del legislador, fue utilizada como medio de transporte por integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, entre ellos, Miguel Ángel Insfrán alias Tío Rico, Sebastián Marset, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González.

También indicó que, a cambio de la aeronave, Galeano habría recibido dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, que insertó dentro del sistema financiero y económico nacional mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada, o bien a través de compra de bienes.

El Ministerio Público refirió además que Galeano recibió aproximadamente USD 1.000.000 para la compra de un inmueble, por lo que se sospecha que el dinero utilizado para la operación provendría del crimen organizado.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, respondió este martes a la denuncia penal de un funcionario del Congreso Nacional en su contra sobre supuestas contrataciones sin concurso de funcionarios en la institución parlamentaria. La acusación fue presentada ante el Ministerio Público por Rubén Penayo, quien habría ingresado al Legislativo de la mano de una bancada de la oposición.

“Yo estoy a disposición de la justicia. Creo que hemos accionado correctamente en estos casi dos años como presidente del Congreso, pero tampoco voy a aceptar que mancillen mi nombre, en este caso, por una denuncia de un funcionario que fue recategorizado desde el inicio, entró con 6.000.000 de guaraníes, ahora gana 16.000.000 millones de guaraníes”, respondió Núñez en una conferencia de prensa en el Senado.

El legislador expuso al funcionario que ingresó en el Congreso con el sistema que ahora denuncia, sin concurso, a pedido de una bancada y con una importante recategorización, aumentando llamativamente el salario como funcionario público.

“Fue candidato del Frente Guasu, denuncia que supuestamente entran funcionarios sin concurso, quien dice entró sin concurso, nombrado, a pedido de una bancada del entonces Avanza País, denunció una cuestión que él mismo no puede explicar. Aparte, investigando, él no ha presentado declaraciones juradas, su señora trabaja como secretaria general creo que en el Ministerio de Desarrollo Social, 33 millones (de salario), que también entró sin concurso”, detalló Núñez.

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El titular legislativo reveló además que durante su presidencia la recategorización de Penayo fue mínima. “La última recategorización fue en mi periodo de 500.000 guaraníes, evidentemente se enojó porque en otros periodos tenía grandes aumentos, es la forma de extorsionar. Fue candidato a senador, fue candidato a diputado del Frente Guasu”, mencionó.

Sostuvo que esto podría tener un trasfondo político, ya que el denunciante proviene de un sector político opositor. “Denuncia también la bonificación, yo ya entregué a los periodistas el dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas donde habla que fue correcto, donde el ordenador de gastos también puede cobrar, también el dictamen de la Contraloría. Las dos denuncias que hace, primero ya es como para desestimar, pero yo creo que hay gente detrás de esta denuncia, se identifica con un sector”, concluyó.

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El abogado Ricardo Estigarribia, representante legal de Erico Galeano, finalmente presentó este martes la nota de renuncia a su banca a la Cámara de Senadores. Poco antes del inicio de la sesión extraordinaria de este martes, en el cual se incluyó el pedido de pérdida de investidura de Galeano, su abogado se presentó en la sede legislativa para presentar oficialmente la renuncia.

“Después de una amplia conversación y un amplio debate tanto con su familia como su equipo jurídico, el senador Galeano ha arribado a la decisión de presentar su renuncia al Senado, como ya lo había anunciado el día de ayer”, indicó el letrado a los medios de prensa al presentar la nota de renuncia en el Congreso Nacional.

El representante del senador explicó que “la decisión obedece a una cuestión de paz para él, para su familia, y sobre todo también, quitarle la responsabilidad a sus colegas, quienes en su momento lo recibieron en esta Cámara, a efectos que no se vean coaccionados a votar por la pérdida de investidura”.

Insistió que estaba preocupado por su familia, que está bastante afectada con esta situación. La nota de renuncia deberá ser puesta a consideración del pleno de la Cámara de Senadores, y con esto se cierra el ciclo de Erico Galeano en el Congreso Nacional.

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El abogado detalló que, con la renuncia, la situación jurídica también varía. “Nosotros seguimos sosteniendo que él no debió renunciar, es una decisión propia, a partir de ahí, por supuesto, que varía su condición de ciudadano, pierde la doble inmunidad que le quedaba que es la detención y de palabra, hoy en día ya puede ser detenido y ya puede ser juzgado por sus dichos”, refirió.

Así también, señaló que Galeano deberá cumplir con un arresto domiciliario hasta tanto se exprese la máxima instancia judicial. “Según el Tribunal de Sentencia y la Cámara de Apelación, que confirmó la resolución, ambos han sostenido de manera expresa que lo que corresponde una vez que varía su condición personal, es decir, cuando deje de ser senador de la nación es el arresto domiciliario”, indicó.

Aseguró que Galeano confía en la justicia: “Él se encuentra bien, él está esperanzado en la justicia, el cree en las instituciones del país y va a ejercer su defensa ya desde una posición más cómoda, ya que la banca en este caso pesa demasiado y tumba las decisiones de los magistrados, se vuelcan hacia cierto sentido por obvias cuestiones, como es la presión social y mediática”.

Finalmente, detalló que el equipo jurídico presentará este martes una casación y una acción de incosntitucionalidad contra ambas resoluciones, la de primera instancia y a de segunda instancia. “Existe algo que se llama falta de motivación, es decir, no está debidamente fundada la resolución porque no hay una prueba directa que vincule el conocimiento del senador Erico Galeano con las cuestiones que tengan que ver con otra organización criminal, no hay nada que lo vincule directamente”, concluyó.

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Representantes del Consejo de Gobernadores participaron de la sesión de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador Derlis Maidana, para debatir proyecto de Ley que propone cambios a varios artículos de la normativa vinculada al programa “Hambre Cero en las Escuelas”.

El gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, actuó de vocero del Consejo y expuso que el gremio celebra que se ponga en la mesa de debate del Congreso Nacional, en este caso en el Senado, la inclusión de la agricultura familiar campesina y las MiPymes dentro de lo que es el programa de alimentación escolar.

“Pudimos tener la posibilidad de acercar algunos datos importantes para tener en cuenta, porque realmente, el argumento principal que sostiene este proyecto de ley es que no se está cumpliendo con los porcentajes establecidos en la ley de la compra a los pequeños productores, a las pequeñas fincas productoras”, refirió el gobernador Soto.

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Explicó que las compras de insumos, en el marco del programa que se realizan en todos los departamentos, son compras que realizan las empresas proveedoras de los pequeños productores. “Ningún solo insumo del programa Hambre Cero es extranjero, excepto la sal, el resto de los insumos que se utilizan en el programa son compras que se realizan de la agricultura familiar campesina y/o de las micro y pequeñas empresas que trabajan en la intermediación de las compras”, mencionó.

Expuso además que “el programa Hambre Cero requiere, en los lineamientos normativos que todos los proveedores que proveen a las empresas, que están adjudicadas en el programa estén formalizadas, tengan su RUC, sus registros sanitarios, porque al final lo que maneja el proyecto es alimento para los niños, por lo tanto aquel discurso que esto va beneficiar al carnicero de la esquina, al tambero de la otra esquina, es una falacia porque en realidad el manejo de los alimentos requiere de procesos fitosanitarios que son importantes de respetar”.

Por último, refirió que otro de los factores muy importantes es que exista mayor flexibilidad y facilitar el proceso de formalización de los pequeños productores y la agricultura familiar, para proveer sus productos en el marco de este programa.

“Hemos sentado la posición con el Consejo que a nosotros nos interesa que mayor cantidad de pequeños productores estén incluidos en la cadena de valor de Hambre Cero, pero sí hacemos un llamado a todas las instituciones que están encargadas de la planificación de la producción, de la promoción de la formalización de los pequeños productores a que nos unamos entre todos y que sean más fáciles los registros para que ese pequeño productor pueda formalizarse fácilmente”, sentenció.

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