La Contraloría General de la República, a cargo de Camilo Benítez, auditará la gestión del expresidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Mario Vega, recluido e imputado por lesión de confianza, cohecho pasivo y cobro indebido de honorarios luego de una investigación de la Fiscalía por denuncia de coimas de US$ 200 mil, para los trámites de títulos y el desembolso de dinero a la Fundación Cerro León.
El proceso de auditoría será realizado por el nuevo síndico interino de la Contraloría, Asa Javier González, quien mencionó que “venimos nosotros a tratar de transparentar, sanear la institución siempre y cuando en las medidas de nuestras funciones colaborar para que toda esta institución se pueda transparentar. Es una institución muy golpeada, todos sabemos que está con mucha corrupción encima y con la nueva interina vamos a estar trabajando en la medida de nuestras posibilidades”.
González dijo que desde el organismo de control solicitarán informes respecto a las resoluciones firmadas por Vega. “Comenzaremos a analizarlo y vamos a llevar a nuestro jefe los informes correspondientes para ver si amerita un estudio más profundo”, indicó.
En el marco de la investigación ya fueron detenidos Luis Clerch, el jefe de gabinete y Aldo León, asesor jurídico de la institución, aunque otros funcionarios también estarían involucrados en este esquema. Presuntamente, Vega fue el primero en conversar con las víctimas para luego derivarlas a su asesor jurídico para que este pueda proceder al pedido de coimas. El Indert se encuentra actualmente presidido por la abogada Gail González Yaluff.
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Contraloría impulsa dos leyes clave para fortalecer la fiscalización del dinero público
La Contraloría General de la República (CGR) impulsa dos iniciativas que apuntan a fortalecer el control público y el régimen de prevención de conflictos de intereses.
Ambos anteproyectos fueron entregados este lunes por el contralor Camilo Benítez y el subcontralor Armindo Torres al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.
Uno de ellos propone derogar la Ley N.º 7236/2024 y restablecer el texto original de la Ley N.º 7089/2023, “Que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”.
Según los proyectistas de esta manera se recuperará dos salvaguardas esenciales: las restricciones posteriores al cese en el cargo y la inclusión del grupo familiar en la prevención de conflictos de intereses.
El segundo plantea una nueva Ley Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República.
El contralor fundamentó que el actual momento de crisis nacional convoca a todas las instituciones de la República a adoptar medidas urgentes y coordinadas para esclarecer lo acontecido. Asimismo es necesario deslindar las responsabilidades correspondientes y promover las acciones pertinentes contra los funcionarios públicos responsables, conforme expresó.
En ese contexto, sostuvo que la CGR, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 281 y 283 de la Constitución Nacional y la Ley N.º 276/94 “Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República”, dispuso las actividades de control pertinentes.
Sin embargo, durante su desarrollo, la institución encontró limitaciones derivadas de la normativa legal vigente, que restringen el alcance y la eficacia de su labor.
Ante esta situación, consideró indispensable contar con el apoyo del Parlamento para analizar conjuntamente las limitaciones de orden legal que enfrenta el ente contralor.
Por ello, Benítez consideró necesario impulsar, desde el ámbito legislativo, las acciones que permitan fortalecer la capacidad de control del Estado.
Dos años de restricción para reguladores financieros
El proyecto de ley, conocido como “puertas giratorias” incorpora un artículo 24 bis que establece un plazo especial de dos años para los miembros del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), los superintendentes de Bancos, de Seguros y de Valores, y los funcionarios de esas entidades que hayan tenido intervención determinante.
Durante ese periodo, estas personas no podrán ejercer cargos de dirección, gerencia, sindicatura o asesoría en las entidades supervisadas ni en empresas pertenecientes a su mismo grupo económico.
En cuanto a la Carta Orgánica, la propuesta no amplía las competencias constitucionales de la CGR, sino que busca adecuar las responsabilidades ya asignadas a la institución al contexto de modernización.
Cambios que plantea el proyecto
1-Acceso a los datos del Estado en tiempo real. Se pasa del control basado en la documentación que cada organismo decide entregar al acceso digital directo y permanente a los registros estatales.
2-Cobro de multas. Se crea un mecanismo de percepción y ejecución del que carece la legislación vigente. La resolución firme constituirá título ejecutivo y se prevén la retención sobre haberes y la creación de un Registro Público de Sanciones.
3-Inteligencia Artificial con garantías. Se habilita el uso de analítica de datos e inteligencia artificial para la detección temprana de anomalías, con supervisión humana obligatoria, trazabilidad y derecho de explicación.
4-Declaraciones juradas sin vacíos. Se permite el examen de correspondencia incluso con una sola declaración jurada y durante el ejercicio del cargo, sin necesidad de esperar al cese del funcionario.
5-Rectoría anticorrupción y recupero. Se consolidan la rectoría del Régimen Nacional de Integridad y el régimen de conflictos de intereses. Además, se incorpora la remisión a la Procuraduría General para la persecución civil orientada al recupero de los recursos públicos.
6-Control en emergencias. Ante una emergencia declarada, la Contraloría queda facultada de pleno derecho para activar auditorías concurrentes e inmediatas sobre los recursos afectados.
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Familias campesinas avanzan hacia la propiedad definitiva de sus tierras
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) concluyó una nueva gira por los departamentos de Guairá y Alto Paraná, durante la cual alrededor de un centenar de beneficiarios de la reforma agraria suscribieron los documentos necesarios para acceder a sus títulos de propiedad, informó la agencia IP.
Uno de los puntos destacados de esta recorrida fue la colonia Ko’e Rory, ubicada en Juan E. O’Leary, Alto Paraná, donde numerosas familias campesinas pudieron completar la firma de sus documentos. Con este paso, quedan más cerca de obtener la titularidad legal de los terrenos que ocupan y trabajan.
Las jornadas se extendieron durante tres días y fueron calificadas como positivas por Luis Alberto Reguera Rolón, gerente de Colonias y Tenencias del Indert. Los equipos técnicos de la institución llegaron también a las localidades de:
- Vy’arendá, en Minga Porã
- Ko’ê Pyahú, en Minga Guazú
- y Tembiaporá, en Itakyry.
Beneficiarios de Guairá
La gira incluyó igualmente al departamento de Guairá, donde pobladores de las colonias San Francisco, El Triunfo y Coronel Roberto Cubas, del distrito de Paso Yobái, firmaron sus respectivos documentos en la sede municipal. Posteriormente, la actividad continuó con familias de Colonias Unidas del Guairá.
Cecilia Melgarejo, coordinadora de Colonias Unidas de Paso Yobái, destacó el impacto que representa la regularización de las tierras para los trabajadores rurales. “La titulación de tierras cambia la vida de las familias de la agricultura familiar”, expresó.
Entre las historias que dejó la jornada se encuentra la de Guillermo Prieto Pintos, integrante de Colonias Unidas, quien tiene dificultades de movilidad. Gracias a que los funcionarios del Indert acercaron el procedimiento hasta su vivienda, pudo firmar los documentos para acceder a su título de propiedad.
El poblador agradeció la iniciativa, que le permitió completar el trámite sin tener que trasladarse y representa un avance importante para mejorar sus condiciones de vida.
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Denuncian penalmente al titular del Indert por perjuicio millonario en cobro de tierras
El abogado Weldon Walter Black Zaldívar denunció penalmente a Francisco Ruiz Díaz, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), por el cobro irregular de tierras en el Chaco dentro de tres juicios ejecutivos.
Según la denuncia, las demandas se habrían cerrado mediante un aparente arreglo que generó un perjuicio patrimonial al Estado.
La acción legal señala presuntas irregularidades en procesos judiciales tramitados para el cobro de deudas por tierras adjudicadas en el distrito de Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay, en el Chaco.
Los tres juicios ejecutivos fueron promovidos por el Indert en contra de Ángel David Bobadilla Rivas, Sergio Miguel Morán Barrios y Mario Alejandro Olmedo Urquhart.
El reclamo judicial inicial ascendía a cerca de G. 6.228 millones, cifra que incluía las cuotas vencidas, así como los intereses moratorios y punitorios.
Sin embargo, de acuerdo con el denunciante, en esa instancia comenzaron las anomalías: se habrían exonerado los intereses hasta en un 65 % “sin sustento en la ley”, lo que provocó —solo en ese concepto— un perjuicio patrimonial de más de G. 1.000 millones.
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Además, supuestamente se abonaron los gastos judiciales de forma directa con fondos públicos de la institución, sin una regulación judicial previa y sin exigir posteriormente el reembolso a los demandados.
Entre las irregularidades citadas, también se menciona el pago de honorarios al oficial de justicia Osvaldo Maldonado por un total de G. 155 millones (equivalente al 2,5 %), a pesar de que la tasa establecida habitualmente es del 1 %. La denuncia subraya que dicho desembolso se gestionó como «prioridad», sin concurso ni competencia.
El abogado Black Zaldívar sostiene que existió una condonación ilegal de los intereses que el Indert debía percibir, un monto que calificó como una pérdida efectiva para el Estado, sumada a los gastos judiciales no devueltos por los demandados.
El profesional concluyó que la institución no aplicó la ley y se extralimitó en sus facultades legales al dar por finiquitados los juicios.
El denunciante no determinó un valor cerrado del daño total y solicitó a la Fiscalía que lo cuantifique, incluyendo los gastos judiciales ocasionados sin devolución (notificaciones, viáticos y traslados), el dinero descontado de los intereses y otros detalles del proceso.
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La Corte busca mejorar sus controles y capacita a funcionarios con apoyo de la Contraloría
Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este martes sobre una capacitación dirigida a funcionarios judiciales, con el objetivo de mejorar los controles internos y fortalecer el funcionamiento de la institución. Las jornadas forman parte del proceso de implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECIP 2015), que busca ayudar a las entidades públicas a trabajar con mayor organización, eficiencia y transparencia.
La formación cuenta con el acompañamiento del Equipo Técnico del Comité de Control Interno y está a cargo de especialistas de la Contraloría General de la República: los licenciados Andrea Rodríguez y Ciro Osvaldo Hermosilla Aguilera, además del ingeniero agrónomo Federico Palacios.
Durante la apertura, la directora de Gestión Organizacional, Nelly Burgos, dio la bienvenida a los participantes y explicó los objetivos del encuentro, que apunta a brindar herramientas para mejorar los procedimientos de control y el cumplimiento de las tareas institucionales.
El curso-taller continuará mañana miércoles y el jueves 5 de noviembre, en el Salón Auditorio “Dra. Serafina Dávalos”, ubicado en el primer piso del Palacio de Justicia de Asunción.
El MECIP 2015 establece pautas para que las instituciones públicas puedan controlar mejor sus actividades, detectar posibles debilidades y corregirlas a tiempo. En términos sencillos, busca que cada dependencia tenga claridad sobre sus responsabilidades, supervise sus procesos y trabaje de manera más ordenada para cumplir sus objetivos.
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