Don Ángel Giménez, uno de los históricos líderes campesinos, miembro fundador de la Organización Nacional Campesina (ONAC) y fundador de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), culminó su gestión como representante de los campesinos ante la Junta Asesora del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), destacando los importantes avances en la titulación de tierras como nunca antes se vio.

En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que tras cumplir su mandato de dos periodos (10 años), se está retirando del escenario de discusión que es la Junta Asesora del Indert. Señaló que le ha tocado ver de cerca los difíciles años que ha sobrepasado la institución rural.

“Desde un principio fue una cosa muy delicada, en el sentido de que hubo mucha corrupción en el Indert. Como se sabe, varios de nuestros expresidentes fueron llevados presos en su momento. Gracias a Dios y seguramente a mi actividad también no me marcó esa parte de la mala gestión de esa gente", recordó.

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No obstante, señaló que con la actual administración a cargo del presidente Francisco Ruíz Díaz, están trabajando muy bien, aplicando el método de Barrido Predial Masivo, mediante la autorización de la Corte Suprema con una orden especial que le llaman “Acordada”. Permitiendo acelerar el trabajo en la entrega de los títulos de propiedad a los beneficiarios de la reforma agraria, como nunca antes se vio.

“Resulta ser que el Indert acumuló demasiadas tierras en su poder por muchos años, y no transfería a sus dueños legítimos que son los beneficiarios de la reforma agraria. A tal punto que llegó hasta 10 millones de hectáreas teniendo como propietario el Indert. Actualmente, este gobierno tomó como una política de transferir esas tierras a sus dueños, lo que considero demasiado bueno, lo que está haciendo el actual gobierno del presidente Santiago Peña”, resaltó.

Remarcó que es muy grande la diferencia, de entregar 900 títulos al año; para pasar a entregar más de 10.000 títulos en solo dos años. Señaló que el Indert cuenta con varias facetas, una es la entrega de títulos de propiedad, lo que sirve de base para el desarrollo de la comunidad.

Mencionó que luego viene la cuestión del arraigo de la comunidad, y esto se logra mediante la gestión apertura de caminos, contar con escuelas, puesto de salud, agua potable. “Pero muchas veces las instituciones que son más directamente responsables de esas áreas no pueden avanzar, por la falta de títulos y otras cosas”, señaló.

No obstante, remarcó, que, si bien se están avanzando en la titulación de las tierras de muchas comunidades, aún faltan otras que necesitan un poco más de impulso. Puso, por ejemplo, que son 1.600 colonias y de esas, más o menos 600 colonias no tiene agua potable y el INDER no tiene fondo para eso.

Don Giménez resaltó que se siente muy satisfecho como dirigente campesino, ahora que cierra su ciclo como representante ante la Junta Asesora del Indert. Señaló que en todo momento estuvo acompañando muy de cerca todas las situaciones que se fueron dando con sus compañeros campesinos.

“Cuando hay conflicto hay que buscarles una salida a los conflictos; los problemas son permanentes en el Indert; ya que es una cueva de problemas. La tierra es todo un interés y cada uno quiere llevar agua a su molino”, expresó.

Destacó que su gestión como líder ha sido siempre mediar ante los diferentes gremios sea esta la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP), o los representantes de las gobernaciones, los representantes de la municipalidad.

“Con todo hemos tratado siempre de buscar una salida decorosa a los intereses de los compatriotas. Cuando hay conflicto hay que buscarle una salida ya sea con los interesados por la tierra; o con el dueño de la tierra”, acotó.

Finalmente, don Giménez dedicó unas palabras a sus compañeros campesinos, sobre todo a aquellos “sin tierra”; y es que se organicen, que busquen lugares donde se puedan asentar; aclarando que no se refiere a que invadan tierras, sino que a buscar opciones donde puedan con la ayuda del Estado, adquirir las tierras para establecer su comunidad.

“No estoy incitando a que se ocupe la propiedad privada; si no que se busquen tierras cuyos dueños quienes quieran vender. De tal modo a poder plantear algo concreto al Estado. Si no pedimos, nadie va a saber qué estamos necesitando. Pero también, no debe parar la titulación. Hay que titular, porque esa es la base del desarrollo de la ciudadanía”, concluyó.

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en mayo­ría, declaró inadmisible el recurso de casación presen­tado por la defensa de Laura Villalba, hermana de Carmen Villalba, una de las cabecillas del grupo criminal autodeno­minado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y, por ende, queda firme la condena de 25 años de cárcel más 6 años de medidas de seguridad.

Laura Villalba, conocida como la “enfermera del EPP”, fue condenada por terro­rismo, asociación terrorista, producción de riesgos comu­nes, resistencia y detentación.

Los ministros Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes votaron por decla­rar inadmisible el recurso extraordinario de casación, mientras que el ministro Manuel Ramírez Candia votó por dar trámite y estudiar el fondo del caso.

Los ministros consideraron que el escrito presentado por la defensa de Villalba contra el fallo que ratificó la condena no reúne los presupuestos exigidos en la ley para consi­derar el pedido.

En el marco de la investi­gación, se pudo corroborar que Villalba ingresó a Para­guay procedente de Argen­tina el 21 de diciembre del 2019 a fin de integrarse a las filas del grupo criminal por pedido de los líderes, quienes desde la clandestinidad hicie­ron saber esto a los familiares radicados en el vecino país.

Hay que señalar que durante la detención de la mujer, los intervinientes incautaron en poder de la misma un arma de fuego, dinero en efectivo, documentos de identidad de dos menores de edad, quienes serían hijas gemelas de Car­men Villalba y Alcides Oviedo, también varias tomas fotográ­ficas de menores de edad, imá­genes satelitales y cartográfi­cas del Cerro Sarambi, Cerro Guazú y Estancia Cagatá, ubicados en la zona limítrofe entre los departamentos Con­cepción y Amambay, zona de influencia del EPP.

El grupo criminal, que opera en el norte del país, lleva en su haber varios secuestros y ataques a estancias y puestos policiales.

El presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, resaltó que al alcanzar los dos años de mandato este 15 de agosto, el gobierno de Santiago Peña está alcanzando la entrega de 10.140 títulos de propiedad de sus tierras. Destacó que en este gobierno se está logrando una verdadera revolución agrícola.

En conversación con La Nación/Nación Media, señaló que, haciendo un comparativo del mismo periodo de los dos primeros años del gobierno anterior, hay una diferencia de 565 % entre la cantidad entregada por el actual gobierno y el anterior, que solo llegó a entregar 1.525 títulos.

“Esto refleja un poco la voluntad del presidente de la República de llevar adelante una verdadera revolución agrícola, apoyando a los pequeños agricultores. Porque no solamente trabajamos en el equipo del Indert; estamos bajo el sistema productivo, el sistema del Ministerio de Agricultura y Ganadería”, comentó.

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Explicó que no solo se trata de entregar títulos a los campesinos; la entrega de los documentos es solo la primera etapa de lo que es la política de gobierno del presidente Peña.

Indicó que la política de revolución agraria, de la cual forma parte el sistema del MAG, tiene previsto además la asistencia y apoyo a los pequeños productores, para que puedan tener mayor inversión y mayores niveles de rendimiento y productividad.

Agregó que esta política productiva también incluye al Crédito Agrícola de Habilitación y al Banco Nacional de Fomento, que permite habilitar un sistema de banca social para la producción, lo que significa la inclusión financiera, permitiendo acceder a los beneficios que tiene el BNF en materia de banca social.“Un enfoque inclusivo que les puede permitir financiar a bajos costos sus emprendimientos productivos, pudiendo participar de las ofertas, en el contexto más grande que es el programa de Hambre Cero en las Escuelas. Entonces, en el lado productivo tenemos títulos, acceso al crédito, asistencia técnica, apoyo con implementos agrícolas, tractores, permitiendo aumentar su capacidad de producción”, comentó.

El titular del Indert resaltó que, más allá de los aspectos cualitativos, el gobierno de Santiago Peña está logrando toda una revolución con la entrega masiva de títulos de propiedad, rompiendo récords históricos en el Paraguay.

Resaltó que, más allá de la cantidad de títulos entregados, que a la fecha llega a 10.140 beneficiarios, cifra nunca antes alcanzada, está igualmente trabajando en aquellas comunidades emblemáticas que han peleado por muchos años por la titulación de sus tierras, incluso con graves conflictos sociales y enfrentamientos que derivaron en pérdida de vidas humanas.

Al respecto, Ruíz Díaz recordó tres casos emblemáticos; como el caso de la colonia “Andrés Barbero” o “Barbero Cué”, una comunidad de 2.400 familias que lleva 74 años peleando por titular sus tierras y ahora están en un proceso avanzado más de 450 títulos que comienzan a ser entregados y que se irá dando por etapas.

“Más allá de la cantidad estamos ante un caso, donde fue zona de conflicto que ahora se va a convertir, en una zona de prosperidad. En la colonia Andrés Barbero, hubo muertos, enfrentamientos; pero ahora se va a producir, se va a auto realizar el orden, vamos a decir, a partir de la titulación viene el ordenamiento territorial y es un caso impactante para el país”, resaltó.

El segundo caso emblemático es “Marina Cué”, que hoy es conocido como “San Oscar Romero”, del distrito de Curuguaty; que también es otra comunidad emblemática de largo años de lucha por sus tierras que datan de la década de 1970. Aquí son 210 familias que ya comenzaron a recibir sus títulos de propiedad.

“Una colonia que también pasó por permanente conflicto, donde los campesinos se enfrentaron a las fuerzas del orden público; registrándose la muerte de 11 campesinos y 6 policía. Esto también costó la continuidad de un gobierno, porque derivó en juicio político a un jefe de Estado, causando una interrupción del proceso político en el Paraguay, en la era democrática”, recordó.

El tercer caso emblemático que señaló tiene que ver con la comunidad de Arroyito, específicamente la colonia Virgen del Camino, donde ya están alcanzando aproximadamente unos 2.000 títulos de propiedad.

Señaló que también fue una zona de constante conflicto, recordó que los primeros meses que tuvo que llegar a estas comunidades mencionadas lo tuvo que hacer con acompañamiento policial, ya que fue muy difícil al principio por la alta desconfianza que tenían hacia la institución. Resaltó que todo eso hoy cambió, y se puede ver la alegría en los rostros de la gente que incluso ya los invita a compartir sus mesas.

Asimismo, resaltó que solo de muestra recordó estos tres casos emblemáticos, pero existen muchas otras colonias del Indert que llevan largos años de espera en todo el país. Así también los asentamientos rurales del departamento Central, donde nunca antes se había titulado.

“Todas estas comunidades, al final, son familias que a partir de ahora van a pagar sus impuestos, van a contribuir con el crecimiento, el engrandecimiento del distrito, e integran al desarrollo económico y social de sus respectivas comunidades. Anteriormente estaban en zonas marginales, hoy son zonas tituladas, que les permite sentirse seguros en su hogar”, acotó.

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Los abogados de la expresidenta argentina Cristina Kirchner pidieron este miércoles 15 años de prisión para dos de los tres acusados por intentar asesinarla en 2022, en la primera jornada de alegatos del juicio que se realiza en Buenos Aires.

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La querella de la expresidenta (2007-2015) y exvicepresidenta (2019-2023) pidió condenar por tentativa de homicidio agravado a Fernando Sabag Montiel, quien gatilló el arma contra Kirchner sin que llegara a dispararse, ya su expareja Brenda Uliarte, acusada como coautora.

El abogado Marcos Aldazábal alegó que ambos “actuaron como coautores funcionales” del atentado fallido y destacó que, en su declaración en el juicio, Sabag Montiel “básicamente confesó el hecho” y “declaró él mismo ser consciente de lo que estaba haciendo”.

La querella demostró que el intento de homicidio estuvo agravado por el uso de arma de fuego y por violencia de género.

En su alegato, Aldazábal criticó la etapa de investigación de la causa y demostró que la jueza a cargo “obstruyó” la búsqueda de posibles autores intelectuales del crimen conectados con rivales políticos de Kirchner.

“Tenemos sentados (en el banquillo) a los autores materiales pero no a los ideólogos y financistas”, había dicho Kirchner durante su declaración en el juicio el año pasado.

Sobre el tercer acusado, Nicolás Carrizo, que era apuntado como “planificador”, Aldazábal señaló: “No existen los elementos para que nosotros lo podamos acusar hoy”.

La noche del 1 de septiembre de 2022 Sabag Montiel gatilló dos veces en la cabeza de la expresidenta, sin conseguir que el arma se disparase.

Se había camuflado entre los simpatizantes que a diario se congregaban frente a su casa para apoyarla en momentos en que se le seguía un juicio por corrupción.

La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua por esa causa en junio de este año. Actualmente cumple su condena en prisión domiciliaria.

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El juicio por el atentado fallido comenzará el próximo miércoles con los alegatos de los fiscales.

Fuente: AFP