Dalia López (55) enfrentó este Viernes Santo su audiencia de imposición de medidas en forma telemática ante el juez penal de garantías Raúl Florentín. La defensa ofreció una propiedad valuada en más de 1 millón de dólares para evitar pisar la cárcel.

Además, solicitó la prisión domiciliaria de la mujer, alegando problemas graves de salud. Supuestamente, padece varias dolencias que la obligan a consumir 15 tipos de medicamentos.

Por otro lado, el equipo legal argumentó que la mujer apeló a la huida por miedo a supuestas amenazas de muerte que habría recibido vía telefónica.

La empresaria fue capturada luego de seis años en un operativo sorpresa llevado a cabo el Jueves Santo cerca del mediodía en una vivienda del barrio Herrera de Asunción. La detenida fue llevada al calabozo del Departamento Judicial femenino de Asunción, donde anteriormente funcionaba la comisaría de mujeres.

El abogado Adrián Salas presentó ante el Juzgado Penal de Garantías una solicitud de medidas alternativas a la prisión para López, en este caso la libertad ambulatoria.

“Solicitamos la medida alternativa a la prisión, la libertad ambulatoria y eventualmente, el arresto domiciliario. Tratamos de justificar todos los extremos para que pueda lograr, porque finalmente, entendemos que la conducta atribuida se trataría supuestamente de un delito. Por lo tanto, corresponde la medida sustitutiva de prisión”, señaló a los medios.

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En en se sentido, Salas sostuvo que el hecho atribuido corresponde a un delito y no a un crimen, por lo que (según su postura) no existiría riesgo de fuga que justifique mantenerla privada de libertad.

“El peligro de fuga con el ofrecimiento que hicimos, un inmueble de mucho valor, de más de 1 millón de dólares, es difícil que se pueda arriesgar a fugarse”, apuntó el abogado.

La empresaria cuenta con orden de captura en el marco de la causa “Wilmondes Sousa Lira y otros s/ uso de documentos públicos de contenido falso y otros, declarada rebelde en reiteradas ocasiones.

Dalia López ganó notoriedad luego de que haya sido responsable de la visita del jugador brasileño Ronaldinho Gaúcho y de su hermano a Paraguay, en marzo del 2020, cuando se constató que el jugador tenía una cédula paraguaya y desató un escándalo, que derivó en su detención y reclusión por varios meses en el país. Desde entonces, ella se mantuvo prófuga.

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El gobierno y el sector de la construcción retomaron el diálogo para avanzar en una salida a la deuda acumulada por obras públicas, que ronda los USD 300 millones (incluye intereses).

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), con el objetivo de dar seguimiento a las medidas acordadas y avanzar en soluciones concretas.

En comunicación con Universo 970 AM/Nación Media, la ministra Centurión explicó que uno de los principales instrumentos utilizados es la cesión de deuda, conocida como factoraje. Dijo que este mecanismo permite a las empresas constructoras cobrar anticipadamente sus certificados de obra a través de entidades financieras, mientras que el Estado asume el pago en un plazo posterior.

En la práctica, esto ayuda a dar liquidez al sector y a evitar que los atrasos frenen la ejecución de proyectos. “Estamos trabajando con los gremios para avanzar en soluciones que permitan cumplir con las obligaciones y sostener el ritmo de las obras”, indicó.

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No obstante, Centurión reconoció que el principal condicionante es el nivel de recursos disponibles. El MOPC cerró el 2025 con una deuda aproximada de USD 221 millones, mientras que el presupuesto vigente no alcanza para cubrir la totalidad de los compromisos acumulados.

“No podemos cubrir todo con el presupuesto, por eso recurrimos a instrumentos financieros que nos permitan avanzar”, señaló.

Desde Capaco señalaron que esperaban contar con la aprobación del sistema de factoraje antes de la Semana Santa. Este mecanismo permitiría a las empresas convertir sus facturas pendientes en liquidez inmediata.

La situación afecta no solo a las empresas, sino también al empleo en el sector, uno de los principales generadores de trabajo en el país. Por eso, el avance de estas medidas es seguido de cerca tanto por el sector privado como por el gobierno.

El proceso sigue en marcha y dependerá de la definición final del MEF sobre los mecanismos propuestos.

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Tras la muerte de Braulio Vázquez por fallas en equipo y demoras en la atención en el servicio de salud de IPS, que derivó en una auditoría interna y la intervención de la Superintendencia de Salud, la previsional adoptó varias medidas para subsanar el inconveniente, confirmó el Dr. Derlis León, gerente de Salud de la previsional.

“Se tomaron varias medidas, desde disciplinarias, hasta el refuerzo en todo lo que significa el circuito de atención y en cuanto a la capacitación de recursos humanos”, precisó en diálogo con el programa Así son las cosas de Canal GEN y Radio Universo 970AM.

Proyectan además la incorporación de dos angiógrafos más, aparato necesario para cuadros críticos de infarto, como en el caso del asegurado fallecido.

En cuanto a las sanciones, refirió que se han separado del cargo a los responsables. “En cuanto al cumplimiento de protocolo por demoras en atención se fijaron estrategias para que no se vuelva a repetir con ninguna persona o ciudadano”, indicó.

En cuanto a dichas estrategias, comentó que se ha establecido un sistema de teleinfarto y comunicación directa con hemodinamia además de capacitación en el código infarto. “Y esperamos que con estas medidas, se subsane. Estamos en proceso permanente de mejoras”, apuntó.

A raíz de la salida de varios profesionales de la salud en los últimos tiempos, la gerencia de Salud del IPS también ha realizado una reorganización de los recursos humanos.

“Hemos incorporado más de 300 médicos y hay planes de incorporar otros 300 más en los próximos meses. Hace 15 días atrás incorporamos 300 médicos porque tuvimos una brecha generada por la reducción de carga horaria”, precisó el entrevistado.

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Añadió que esa reducción horaria ahora beneficia al personal que tiene cinco años de antigüedad, tanto permanentes como contratados. En relación a la reducción de especialistas, el año pasado han renunciado al IPS para pasar a filas del Ministerio de Salud, mencionó.

“Eso generó que haya alterado nuestros servicios. Hoy estamos regularizando esa situación. Garantizamos todos los servicios y la próxima semana vamos a seguir incorporando profesionales de la salud”, precisó.

También se refirió al déficit en cuanto al sistema de atención en el Call center según quejas de asegurados.

“A lo largo del 2025 se ha mejorado la capacidad en un convenio con Copaco. Se ha duplicado el número de personas que refuerza el call center”, indicó.

No obstante, sigue siendo insuficiente, reconoció. Inicialmente, estaban entre 50. Hoy día son 130 en el call center, comentó. “Pero están recibiendo estrategias de automatización de las respuestas”, refirió.

Por otro lado, redujeron los tiempos de espera para consultas con especialistas. “Por ejemplo, endocrinología y diabetes de una espera de cuatro meses, hemos reducido a menos de dos”, afirmó.

Y anunció que a partir de abril arrancarán con maratón de atención en especialidades con mayor tiempo de espera.

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Desde la cartera económica resaltan que fueron claros en destacar que la economía paraguaya goza de buena salud. Sin embargo, tras algunos desarrollos que implicaron una caída en las recaudaciones, solamente el fisco realiza un “ajuste de cinturón”. Se trata del tesoro, la caja que deben manejar desde el ministerio, que, más allá de lanzar un mensaje a la ciudadanía, era enviar un mensaje para el resto del gabinete, que por lo general reclama más fondos para llevar adelante sus programas.

Así señaló el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, quien aclaró sobre la situación actual de la economía paraguaya, tras el anuncio de aplicaciones de medidas por parte del Gobierno, denominado “economía de guerra”, cuya frase resonó en el mercado y generó interrogantes.

“Yo traté de ser claro con ese término de economía de guerra, que, a pesar de ser muy genérico, solo es para el fisco. Mostrar la realidad del tesoro, que es de donde salen todos los recursos que van a financiar a los diferentes ministerios”, sostuvo Fernández.

La economía paraguaya, en enero, febrero y marzo (2026), sigue mostrando un gran dinamismo, lo que es normal por el fuerte impulso del sector privado, que viene muy fuerte. “El problema es la caja, y es ahí donde tuvimos dos efectos importantes que nos obligaron a salir con esta declaración de economía de guerra”, añadió el ministro.

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En primer lugar, uno de los impactos fue la caída en ingresos de las binacionales (Yacyretá e Itaipú) por la caída en el valor del dólar, ya que se proyectaba en el PGN que la divisa cotizara a G. 7.800, versus los G. 6.500 de la actualidad. Esto equivale a G. 1.300 menos por cada dólar de ingresos, unos USD 120 millones, recursos que estaban previstos en el presupuesto y que ahora no están y que impactan directamente en el fisco, explicó Fernández Valdovinos.

“Es una situación inusual, porque cuando se previó la cotización fue en marzo del año pasado, y a pesar de que la aprobación fue en diciembre, tras la caída abrupta del tipo de cambio, eso ya no se pudo cambiar. Son cosas que jamás se aciertan, como la tasa de inflación y el crecimiento”, sostuvo.

El ministro continuó diciendo que las recaudaciones estaban previstas con un crecimiento del 8 %, y al final fue de 0 %, lo que son USD 450 millones menos, que sumados al efecto del dólar, son más de USD 600 millones lo que faltan.

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El ministro fue claro en enfatizar que esta medida del Gobierno, lo que busca justamente, es evitar que afecte a la ciudadanía. “La historia de América Latina está llena de ejemplos en los cuales las situaciones fiscales no se corrigieron a tiempo y terminaron en una crisis, que finalmente termina afectando a la economía como un todo”, indicó.

En ese sentido, remarcó que en Paraguay no es que la economía le esté afectando al fisco, ya que a la economía le está yendo muy bien. “Estamos tomando medidas preventivas, justamente para que la economía no llegue a Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Eso de recortar inversiones, gastos y que afectaron a la ciudadanía se dio en gobiernos que no tomaron medidas preventivas, en tiempo y forma, para prevenir ir a la UTI. Nosotros queremos evitar eso; por esto aplicamos este plan de ajuste con respecto a lo establecido en el PGN”, explicó.

Como parte de la estrategia, el Gobierno mantendrá un proceso de ordenamiento del gasto público y las instituciones del Estado deberán ajustar sus compromisos al margen fiscal disponible, priorizando el cumplimiento de obligaciones y una administración responsable de los recursos.

Según el ministro, estas medidas forman parte de una estrategia integral orientada a garantizar la estabilidad fiscal y sentar bases para un crecimiento económico sostenible.

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