El Banco Central del Paraguay (BCP) recordó los canales de atención habilitados para los clientes de Ueno Bank, con el objetivo de canalizar las consultas y reclamos relacionados con el proceso de resolución de la entidad financiera.

A través de sus redes sociales, la banca matriz detalló los correos electrónicos disponibles para atender inconvenientes vinculados a los pagos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y otras situaciones particulares.

En ese sentido, mencionaron que los usuarios que necesiten realizar consultas sobre el proceso de pago, reportar errores en la plataforma, comunicar información incorrecta o plantear casos que requieran una verificación pueden enviar un correo a fgdpagos@bcp.gov.py.

Por otra parte, para reclamos relacionados con pagos ya acreditados, diferencias en los montos, desembolsos incompletos o acreditaciones pendientes, el canal habilitado es pagosacreditadosfgd@bcp.gov.py. Este correo también está destinado a recibir reportes sobre otros inconvenientes vinculados con los desembolsos.

La banca matriz también recordó a los clientes la importancia de utilizar exclusivamente los canales oficiales y evitar compartir contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios confidenciales, como medida de prevención ante posibles intentos de fraude.

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En respuesta a algunas de las consultas frecuentes de los inversionistas sobre los fondos mutuos y el mercado de valores, fue habilitada la dirección de correo proteccionsiv@bcp.gov.py a fin de aclarar las dudas de los inversionistas.

Recordaron que los fondos mutuos no funcionan igual que una cuenta de ahorro o un depósito bancario. “Un fondo mutuo reúne el dinero de muchas personas para realizar inversiones; cada inversionista es dueño de una parte de ese fondo de acuerdo al dinero que aportó. El valor de esa parte puede subir o bajar de acuerdo a cómo le van las inversiones en el fondo”, mencionaron.

Los fondos mutuos son productos de inversión y tienen reglas diferentes; no están incluidos en el Fondo de Garantía de Depósitos. “Por lo sucedido con Ueno Bank, la Superintendencia de Valores decidió suspender temporalmente los rescates y puso reglas claras para fijar el valor de lo que tenía que ver con esa entidad. Esto se hizo para que nadie pudiera retirar su dinero a un valor que perjudicara a otros inversionistas”, mencionaron.

Actualmente, los fondos mutuos de Ueno no están operando, mientras que todos los demás ya están funcionando, para evitar ventas apresuradas y a precios muy bajos, los rescates son graduales. “Si sos inversionista, podés consultar el valor de tu cuota y la situación en la que quedó tu fondo con la sociedad administradora del fondo”, indicaron.

Igualmente, se continuará trabajando en el caso específico de Ueno Administradora de Fondos para dar una respuesta a las personas afectadas. “La Superintendencia seguirá monitoreando y está evaluando todas las medidas para proteger los derechos de los inversionistas y también del mercado de valores”, mencionaron.

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El Ministerio de Educación tomó intervención en el caso de una estudiante de 15 años que resultó herida tras ser atacada con un arma blanca (navaja) por una compañera en una institución educativa del barrio Sajonia, en Asunción.

“Se auxilió a la niña afectada, se activó el protocolo y se hizo la denuncia”, manifestó este martes Erika Vargas, directora de Educación de Capital, en declaraciones al programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La funcionaria se refirió a las acciones que llevan adelante ante estos graves hechos de violencia. “Lamentamos desde el MEC lo ocurrido y expresamos nuestra solidaridad con la familia de la joven afectada”, expresó.

Añadió que al tomar conocimiento del episodio, el director y la supervisión activaron el protocolo. “Se realizaron las denuncias a las instancias correspondientes como la Policía, la Fiscalía”, precisó. Asimismo, “se auxilió” a la niña herida. “Pudimos llegar al hospital y ella está en muy buenas condiciones, a Dios gracias”, manifestó la funcionaria de Educación.

Sobre el ingreso de armas al centro educativo, aclaró que encuentran dificultades legales debido a que necesitan autorización de los padres para revisar las mochilas, atendiendo que se trata de menores de edad.

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“Nosotros tenemos un protocolo que se había activado para hacer la revisión de mochilas. Para este protocolo necesitamos el visto bueno de la familia, pero al familia se opone a ello. Entonces, se complica el trabajo”, apuntó. Ante esta situación, destacó la necesidad de realizar un trabajo conjunto entre el MEC y la familia de los alumnos.

A la par, la cartera de Educación propone encarar una campaña de concienciación, de trabajo y prevención en los colegios. “Estamos trabajando con la Dirección de Desarrollo para que los chicos puedan entender lo qué es la convivencia entre pares, que la convivencia sea sana y que por sobre todo, la familia acompañe estos procesos”, detalló.

En ese sentido, recordó que son los padres los que tienen que velar por lo que los chicos llevan a la escuela, porque “si nosotros tomamos la intervención de revisión de mochilas necesitamos la autorización de los padres que muchas veces son reacios”, remarcó.

Por lo tanto, la responsabilidad es de los padres. “Nosotros habíamos remitido una planilla para la autorización de los padres, pero no cayó muy bien, no permitían la revisión”, comentó.

En cuanto a las medidas que tomarán sobre la agresión entre compañeras, señaló que van a separar a la víctima y a la agresora de acuerdo con las normativas vigentes y al protocolo activado, pero garantizando el derecho a la educación de ambas. “Vamos a ver como separarlas, pero que ambas reciban educación”, puntualizó.

La Fiscalía también va a tomar medidas porque ya pueden recibir algún tipo de imputación, agregó.

Por otro lado, mencionó que en la fecha mantendrán una reunión con un grupo de directores y supervisores y con el Ministerio del Interior para establecer mecanismos de trabajo para dar seguridad a los chicos a la entrada y salida ante la rivalidad entre colegios.

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El juez penal de garantías, Humberto Otazú, otorgó medidas alternativas a la prisión al exintendente de Villa Hayes, Esteban Ríos Ayala, y a su hijo, Esteban David Ríos Isasi, imputados por supuesta administración en provecho propio por un presunto negociado con un terreno municipal en Remansito, por cuya adjudicación no se habría realizado pago alguno.

Otazú dispuso la prohibición de cambiar de domicilio, mantener los números de celular informados al Juzgado y cumplir con la prohibición de salir del país, entre otras reglas de conducta.

Además, fueron intimados a presentar, en un plazo de 20 días, el título de propiedad y el informe de condiciones de dominio del inmueble ofrecido como fianza. La garantía deberá cubrir G. 25.000.000 por cada procesado, por un total de G. 50.000.000.

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Según la imputación fiscal, entre 2020 y 2021, el entonces intendente habría beneficiado a su hijo con un certificado de ocupación de un inmueble municipal de 2.512,02 metros cuadrados, ubicado en San Jorge–Remansito. Posteriormente, el terreno fue adjudicado a Ríos Isasi, quien presuntamente no abonó el arrendamiento ni el precio de la adquisición definitiva.

El 26 de noviembre de 2020, Ríos Ayala expidió el certificado de ocupación a favor de su hijo. En 2021, este solicitó el arrendamiento del inmueble y el procedimiento culminó con un contrato que fijó un canon anual de G. 120 por metro cuadrado, monto que tampoco habría sido pagado.

El 25 de octubre de 2021, Ríos Isasi solicitó la compra definitiva del terreno. La Junta Municipal de Villa Hayes, mediante la Resolución JM N.º 510/2021, del 2 de noviembre de ese año, aprobó la adjudicación por G. 32.068.447 y autorizó al entonces intendente a suscribir la escritura de transferencia.

Sin embargo, según un informe remitido por la Municipalidad al Ministerio Público, no existen registros de pagos por la adquisición definitiva ni comprobantes contables.

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El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), aprobó una medida para simplificar la emisión del Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN) y facilitar la participación de empresas nacionales en los llamados de adquisición del programa Hambre Cero.

Según informaron desde la cartera, las empresas que soliciten el CPEN para los servicios de almuerzo y cena deberán gestionar un solo certificado por servicio, bajo las modalidades de “cocinando en las escuelas” o “catering”, en reemplazo del esquema anterior de certificación por producto, denominado plato por plato.

Asimismo, para solicitar el certificado correspondiente al servicio de “almuerzo/cena” en la modalidad “cocinando en las escuelas”, las empresas deberán contar con el Registro de Prestadores de Servicio (Repse) vigente y declarar la actividad “Otros suministros de comidas sin los servicios de restaurante”, identificada con el código NSP 1.0301.29.

La disposición contempla procedimientos diferenciados según el tipo de servicio y los productos ofrecidos. Para almuerzos y cenas, el certificado se gestionará por servicio, mientras que para desayuno y merienda continuará la emisión por cada producto, con el correspondiente detalle de las materias primas e insumos utilizados.

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“Además, el establecimiento declarado deberá contar con el registro del establecimiento y el certificado de buenas prácticas de manufactura, expedido por la autoridad competente”, mencionaron en el comunicado.

Para la emisión del CPEN de cada producto correspondiente a la modalidad “Desayuno/Merienda”, las empresas deberán contar con el Registro Industrial vigente. En este documento se deberá detallar el producto final que se desea ofrecer, así como las materias primas e insumos correspondientes a cada producto, con su respectiva nomenclatura arancelaria vigente.

Con esta disposición, el MIC busca simplificar el trámite de certificación para las empresas nacionales interesadas en participar en los procesos de adquisición del Programa Hambre Cero, de acuerdo con el comunicado institucional.

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