El alto funcionario sostuvo que el ministerio lleva adelante una política de investigación y acciones contra el EPP.

El ministro del Interior, Enrique Riera, ase­guró que terminará su gestión con la eliminación del grupo criminal autodeno­minado Ejército del Pueblo Paraguayo y la localización de los tres secuestrados, Ede­lio Morínigo, Félix Urbieta, y Óscar Denis. El alto funcio­nario sostuvo que el ministe­rio lleva adelante una política de investigación y acciones contra el EPP.

“Hay (políticas), y hay mucha información que obvia­mente no se puede revelar, puedo decir que estuvimos cerca muchas veces, cosa que tampoco se puede contar, y yo tengo fe en que no solamente vamos a derrotar al EPP antes que termine mi gestión, sino que vamos a resolver el pro­blema de los tres desapare­cidos”, expuso en entrevista con la 650 AM.

Riera señaló que se cuenta con la localización de los integrantes del clan Villalba, que huyeron de Argentina en el 2024 tras perder el estatus de refugia­dos y se encuentran actual­mente en Venezuela, pero que, por la situación en que se encuentra el país, se analizan los canales para que puedan ser traídos al Paraguay. De acuerdo con el ministro, de llegar a cap­turar a los integrantes de este grupo criminal, se obtendrán las informacio­nes necesarias para dar con el paradero de los tres secuestrados.

“Las Villalba que están en Venezuela saben dónde están, Venezuela está en un problema difícil y hay que buscar otros canales para traerlas, tres veces las encontramos, el segundo grupo que está en la selva sabe, y esa nueva generación que le secuestró a Almir también sabe, y creemos que sí se los puede detener”, afirmó Riera.

Así también, aseguró que la Policía se encuentra en constante monitoreamiento de los miembros del EPP y que el principal objetivo es la captura de los mismos. “Tenemos suficientes ele­mentos para controlar su movimiento hace un tiempo. Yo tengo como objetivo eso, y les prometí a las familias de los secuestrados”, sentenció.

El obispo de la Diócesis de la Santísima Concepción, Cristino Ramos González, visitó a las familias de Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis, quienes continúan enfrentando la incertidumbre por el secuestro de sus seres queridos. El encuentro se produjo luego de que el religioso expresara, durante su ordenación episcopal, su solidaridad y disposición para acompañarlas.

Ramos González fue ordenado obispo el pasado 4 de julio y, durante la ceremonia, manifestó públicamente su cercanía con las familias afectadas por los secuestros registrados en la zona norte del país. En esa ocasión, expresó su solidaridad con los familiares de Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis.

En cumplimiento de ese compromiso, el nuevo obispo se trasladó posteriormente hasta los hogares de las tres familias para mantener encuentros con sus integrantes. Durante las visitas, escuchó sus preocupaciones y expresó su acompañamiento pastoral y espiritual ante la situación que atraviesan.

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El religioso también manifestó su interés por cada uno de los casos y su preocupación por la falta de información sobre el paradero de las personas secuestradas. Asimismo, puso a disposición de los familiares su colaboración en aquellas gestiones que se encuentren dentro de sus posibilidades.

La Diócesis de la Santísima Concepción señaló que el acompañamiento forma parte del compromiso asumido por Ramos González al iniciar su ministerio episcopal, con énfasis en la cercanía con las personas y familias que atraviesan situaciones de dolor.

Las familias de Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis llevan años esperando información sobre sus seres queridos. La Iglesia paraguaya reiteró su llamado a mantener la oración y la esperanza, además de pedir que las autoridades puedan encontrar caminos que permitan esclarecer estos casos.

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El ministro del Interior, Enrique Riera, considera que seguir la ruta del dinero es actualmente uno de los mayores desafíos y principal frente de batalla del Estado paraguayo ante el crimen organizado. Señaló que esta lucha no representa únicamente una amenaza vinculada al narcotráfico y la violencia, sino también al funcionamiento de las instituciones.

En una entrevista con La Nación/Nación Media, el ministro señaló que el lavado de dinero y la capacidad de estas estructuras de infiltrarse en instituciones, así como comprar voluntades, o financiar campañas, son la mayor amenaza para la democracia.

Riera hizo esta puntualización al hacer una balance de los tres años de gestión gubernativa en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado; señalando que para combatir este problema, el Estado también se tuvo que “organizar” y unir fuerzas para enfrentarles con todo el peso de la ley.

“Creo que el tema más complicado es seguir la ruta del dinero, que es lavada mediante empresas pseudo legales donde hay abogados, escribanos, funcionarios corruptos, periodistas, jueces, fiscales que sumados al uso de kriptomonedas hacen este trabajo muy complicado”, expresó.

Añadió que cuando el dinero del crimen organizado no se encuentra, los criminales lo utilizan para permear el sector público y privado comprando jueces, fiscales, abogados, escribanos, policías, militares, periodistas y demás. “Eso les permite financiar campañas y así los electos, responden al “sponsor” y no a los electores protegiéndolos del alcance la la ley. Es hoy por hoy la mayor amenaza de nuestra democracia", remarcó.

Ante esta situación, destacó la suma del poder público (fuerzas militares y la Policía Nacional), con tropas combinadas en los grandes operaciones en perfecta coordinación con la Fiscalía y el Poder Judicial. También destacó la colaboración de los aliados internacionales en los diferentes mecanismos de cooperación (comando bipartito, tripartito, Interpol, Coaliciones y todos los países del mundo), intercambiando inteligencia, tecnología y estrategia conjunta.

El ministro Riera destacó, finalmente, la implementación del Plan Sumar como una estrategia integral frente al microtráfico, que combina la acción de la fuerza pública, el tratamiento de las adicciones desde Salud Pública y la prevención entre los jóvenes desde Educación. Señaló que la segunda etapa apunta a llevar estas acciones directamente a los barrios.

Indicó que esta lucha particularmente contra el microtráfico se está abordando a nivel nacional, trabajando de forma coordinada en el marco de la política de Estado, repartiendo tareas en los problemas de aplicación de la ley mediante toda la fuerza pública coordinada entendido como un tema de Seguridad (la oferta) y el tratamiento de los adictos (la demanda).

“Mediante el Ministerio de Salud Pública, se aborda este tema como un problema de Sanidad Pública con especialistas en adicciones y, finalmente, la prevención para los más jóvenes mediante acciones concretas lideradas por el Ministerio de Educación. Esta es una política de estado. Y los resultados son muy esperanzadores porque en esta segunda etapa estamos bajando a los barrios con el Plan Sumar en Tu Barrio 2.0″, concluyó.

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• Por Lourdes Torres, lourdes.torres@nacionmedia.com.

Al hacer un balance de estos tres años de gestión al frente del Ministerio del Interior, el ministro Enrique Riera sostuvo que uno de los principales resultados fue devolver la institucionalidad a la Policía Nacional, con una mayor autonomía en sus decisiones operativas y presupuestarias y una menor injerencia externa. Afirmó que este proceso estuvo acompañado por una reducción del 40 % de los hechos punibles.

El secretario de Estado destacó, en una entrevista en exclusiva con La Nación/Nación Media, que, en materia de seguridad, el gobierno de Santiago Peña tuvo más aciertos que errores y aseguró que están poniendo todo el empeño para ir mejorando en la lucha diaria contra la delincuencia común. Remarcó que los números son positivos, pero pueden mejorar más aún.

“Como resultado concreto de estos tres años se hizo mucho, pero falta más, los hechos punibles se redujeron 40 % en todos los frentes. Ocupamos el 3 lugar en Latam en relación a la cantidad de homicidios por cada de 100.000 habitantes. Y conforme al departamento de Estado de los Estados Unidos, somos, junto con la Argentina, los únicos con categoría clase 1 para recomendar a sus ciudadanos visitar como turistas e inversores”, remarcó.

Mencionó que esta situación en la Policía Nacional se está consiguiendo gracias al apoyo del Poder Ejecutivo. “Le devolvimos la operatividad, que es apostar a lo básico y esencial: movilidad y comunicación. Todavía falta mucho (particularmente armas, equipos, tecnología, infraestructura) en proporción a la cantidad de efectivos (39.000) con que cuenta actualmente”, precisó.

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El ministro Riera destacó la Ley 7280/24 de organización y modernización de la Policía Nacional, que incorpora reivindicaciones históricas de los agentes y establece, entre otras medidas, el polígrafo como requisito para los ascensos y el fortalecimiento de Asuntos Internos para combatir la corrupción dentro de la institución. También resaltó la triplicación de los agentes del Grupo Lince, con 900 motocicletas y 1.800 policías de élite.

Asimismo, señaló una inversión de USD 92 millones en equipamiento policial, que incluye patrulleras, motocicletas, radios, sistemas de comunicación con GPS, chalecos antibalas y un laboratorio forense y criminalístico. A esto sumó el aumento de la incorporación de nuevos agentes, de 1.000 a 5.000 efectivos por año, además de una mayor inversión en la formación de oficiales y suboficiales, mediante mejores condiciones para docentes, becas e intercambios.

El ministro Riera hizo hincapié en estos puntos, atendiendo las condiciones en que estaba la institución policial al momento de asumir el mando hace 3 años, cuando se encontró con un sistema de identificaciones paralizado, vehículos con más de 300.000 km, motos deterioradas, equipos de comunicación sin funcionar, chalecos antibalas vencidos, una desfasada ley policial de 1993, y solo 24.000 efectivos. Con toda estas precariedades, señaló que el Gobierno puso énfasis en la movilidad, comunicaciones, personal y equipamiento.

No obstante, Riera insistió en todo momento en que aún falta mucho por hacer. “Están pendientes dos deudas históricas, reparar las más de 900 comisarías, subcomisarías y puestos policiales. Más del 50 % está en muy mal estado y el 20 % debe ser derrumbado y vuelto a edificar”, comentó.

Asimismo, está siendo necesaria la provisión de más de 15.000 armas, preferentemente a los nuevos egresados, de las marcas de clase internacional y a un precio razonables (sin intermediarios). Así como dotar de más equipamiento para los nuevos egresados, como transporte, comunicaciones, equipamiento completo.

Atendiendo a los últimos hechos violentos, incluidos ataques contra dependencias policiales, el ministro Riera señaló que exige mejorar de forma urgente el sistema de inteligencia con mayor tecnología para anticipar los golpes. “Fortalecer la capacidad de fuego de nuestras comisarías en efectivos y armas, así como una infraestructura más adecuada en zonas calientes. Mayor capacidad de respuesta en tiempo y forma”, acotó.

Finalmente, agradeció el apoyo y la confianza del Ejecutivo y de todo el gabinete, de los funcionarios y compañeros de trabajo: “Espero que todo estos cambios sean sustentable en el tiempo. Me gustaría dejar una institución policial profesional, eficiente e íntegra con resultados medibles. Bien equipada, organizada y motivada que sea la garantía de nuestra democracia”.

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