El uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán, de 44 años, considerado como testaferro de Sebastián Marset Cabrera, en el rol de blanqueador de dinero transnacional del narcotráfico, se declaró culpable ante la justicia estadounidense, reportó la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, a través del portal del Departamento de Justicia, el 21 de mayo. Santoro fue extraditado desde Paraguay en julio de 2024.

En este marco, el Gobierno norteamericano anunció una recompensa de hasta 2 millones de dólares en el marco del Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP) por información que conduzca al arresto o condena de Marset, que se suma a la recompensa de 100.000 dólares en Bolivia, anunciada en 2023.

El narcotraficante uruguayo también es sospechado de haber ordenado el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, y las autoridades de Estados Unidos manifestaron la posibilidad de que se encuentre actualmente prófugo en Venezuela. Su esposa, Gianina García Troche, fue extraditada de España a Paraguay, el pasado 21 de mayo, y fue recluida en la cárcel militar de Viñas Cue, en Asunción.

Este último anuncio fue realizado por Erik S. Siebert, fiscal dederal para el Distrito Este de Virginia, y Louis A. D’Ambrosio, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas (DEA), en una coordinación entre el Departamento de Justicia, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.

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Santoro se declaró culpable de una conspiración para lavar dinero que involucró millones de dólares provenientes del narcotráfico. El acusado era un estrecho colaborador del uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 29 años, quien, según se alega en un auto de procesamiento abierto esta semana, es un narcotraficante transnacional responsable del traslado de toneladas de cocaína con valor millonario desde Sudamérica a Europa. Santoro se desempeñó como blanqueador de dinero transnacional para organizaciones narcotraficantes y facilitó el traslado de millones de dólares provenientes del narcotráfico desde varios países de Europa a Sudamérica y otros lugares.

Marset presuntamente lideraba una organización de narcotráfico a gran escala que distribuía miles de kilogramos de cocaína, incluyendo hasta diez toneladas a la vez, desde Sudamérica, generalmente a Europa. La organización Marset traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos, Portugal y otros lugares.

Santoro y sus cómplices organizaban la recaudación de las ganancias del narcotráfico y utilizaban mensajeros y fichas para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros. Los cómplices de Santoro se especializaban en introducir el dinero ilícito en el sistema bancario global. Posteriormente, Santoro dirigía la transferencia internacional de los fondos, generalmente mediante transferencias bancarias. Santoro solía indicar que los fondos se entregaran en dólares estadounidenses y que un banco corresponsal en Estados Unidos facilitaba la transacción.

Santoro utilizaba al menos siete empresas para facilitar la transferencia de dinero y ocultaba la ubicación y la propiedad de los activos blanqueados mediante empresas no relacionadas, todas registradas como presuntamente operando en industrias diferentes y no relacionadas. Santoro utilizó empresas registradas en Sudamérica y Asia para recibir el producto blanqueado del narcotráfico y ocultó el origen de los fondos mediante la creación de facturas falsas para justificar las transferencias bancarias.

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Santoro y, presuntamente, Marset amenazaron con violencia para proteger sus actividades de narcotráfico y blanqueo de capitales. Santoro blanqueó millones de dólares procedentes del narcotráfico y, en menos de cinco meses, dirigió el movimiento de al menos 8 millones de dólares procedentes del narcotráfico a través de bancos estadounidenses. Como pago, Santoro se apropió de un porcentaje del dinero ilícito que blanqueaba.

En enero de 2021, se adeudaba a Marset presuntamente más de 17 millones de euros procedentes de un único cargamento de cocaína. Santoro organizó la recaudación y el blanqueo de al menos 5 millones de euros de esos fondos, la gran mayoría de los cuales se blanquearon a través del sistema bancario estadounidense.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y sus socios policiales en Paraguay brindaron asistencia sustancial para lograr el arresto y la extradición de Santoro Vassallo. Los fiscales federales adjuntos Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg están a cargo del caso.

“Se insta a cualquier persona que tenga información sobre las operaciones de Marset, incluyendo su tráfico de drogas, lavado de dinero y uso (o amenazas de uso) de la violencia, o sobre su paradero, a contactar a la DEA por correo electrónico a MarsetTips@dea.gov”, señala el informe del Departamento de Justicia en su portal oficial.

Esta investigación forma parte de la Operación “Recuperemos América”, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT), y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos.

Una copia de este comunicado de prensa se encuentra en el sitio web de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. Los documentos e información judicial relacionados se encuentran en el sitio web del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Virginia o en PACER, buscando el caso n.° 1:23-cr-143.

El gobierno de los Estados Unidos ha emitido un comunicado a través del programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado, en el cual ofrecen hasta 10 millones de dólares por información sobre las redes financieras de Hezbolá en Sudamérica.

El informe, divulgado también por la embajada norteamericana en Asunción, señala que las redes financieras de Hezbolá operan en regiones alejadas de su base en el Líbano, incluso en Sudamérica, concentrándose especialmente en la zona de la Triple Frontera, conformada por Argentina, Brasil y Paraguay.

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Mencionan que este grupo terrorista libanés “ha generado ingresos mediante el lavado de dinero, el narcotráfico, la falsificación de dólares estadounidenses, el comercio ilícito de diamantes y el contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo, carbón vegetal, cigarrillos y petróleo”, expresa el informe.

Igualmente, señalan que las células del grupo terroristas estarían participando en las actividades comerciales aparentemente legítimas, como la construcción, la importación y exportación de bienes raíces y la venta de bienes raíces.

“¿Tiene información sobre las actividades financieras de HIZBOLÁ en la Triple Frontera? Envíenos un mensaje de texto a través de Signal, Telegram, WhatsApp o nuestra línea de denuncias basadas en Tor. Podría ser elegible para una recompensa y reubicación", destaca el informe.

Las personas que consideren contar con información valedera pueden contactar al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de los EE. UU., en su programa de Recompensas por la Justicia contactando en la línea de denuncias +1-202-702-7843.

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• Gaza, Territorios Palestinos. AFP.

El ejército israelí anunció el domingo “amplias operaciones terrestres en el norte y el sur de la Franja de Gaza”, donde al menos 50 palestinos, incluidos niños, murieron en nuevos bombardeos, según los servicios de emergencia.

El anuncio se produce un día después de que el ejército intensificara su ofensiva en Gaza, cuyo objetivo es liberar a los rehenes israelíes retenidos por Hamás y derrotar al movimiento islamista palestino, una escalada que ha sido criticada internacionalmente.

Con los 50 decesos reportados este domingo por la Defensa Civil gazatí, ya son más de 340 las personas que han muerto en bombardeos israelíes desde el miércoles.

Además de la ofensiva, los gazatíes enfrentan la falta de víveres debido a que Israel bloquea desde el 2 de marzo la entrada de ayuda humanitaria.

Sin embargo, el primer ministro Benjamin Netanyahu indicó el domingo que Israel autorizará la entrada de una “cantidad básica de alimentos” para evitar la hambruna.

En paralelo, Catar acoge negociaciones indirectas para alcanzar un alto al fuego.

Netanyahu afirmó que está abierto a un acuerdo que incluya el fin de la ofensiva, aunque éste debe incluir el “exilio” de Hamás y el “desarme” del territorio, devastado por más de 19 meses de guerra, demandas que hasta ahora han sido rechazadas por el movimiento palestino.

Taher al Nunu, un funcionario de alto rango de Hamás, indicó el sábado que las conversaciones en Doha se habían establecido sin “precondiciones de ninguna de las partes”.

Una fuente de Hamás próxima a las conversaciones declaró el domingo que el movimiento está dispuesto a “liberar a todos los rehenes israelíes de una sola vez, siempre que se alcance un acuerdo de alto el fuego completo y permanente”, pero que Israel “desea recuperar a sus prisioneros en una o dos oleadas a cambio de una tregua temporal”.

El jefe de las fuerzas israelíes, Eyal Zamir, afirmó por su parte que el ejército “ofrecería margen de maniobra a la jerarquía política para impulsar cualquier acuerdo sobre los rehenes”.

“Un acuerdo sobre los rehenes no es un alto, es una victoria. Estamos trabajando activamente para conseguirlo”, añadió.

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En el terreno, la Defensa Civil de la Franja de Gaza reportó este domingo un balance preliminar de “al menos 50” personas muertas “a causa de los bombardeos israelíes continuos desde primeras horas del día”.

Según el portavoz de los rescatistas, Mahmud Basal, 22 personas murieron en un bombardeo que golpeó a desplazados en Al Mawasi, en el sur del territorio.

Allí, entre montañas de escombros, Warda al Shaer, visiblemente afligido, comentó: “Todos mis familiares se han ido. No queda nadie”.

“Los niños murieron y también sus padres. Mi madre también murió y mi sobrina perdió un ojo”, agregó.

Otras siete personas murieron en un ataque contra una casa en Jabaliya y el resto de las víctimas mortales se registraron en Al Zawaida y en Jan Yunis, en el sur, indicó la fuente.

En un hospital de Jan Yunis, en el sur de la Franja, varios jóvenes lloraron la muerte de sus seres queridos, cuyos cadáveres yacían en el suelo, envueltos en sábanas.

El Ministerio de Salud de Gaza reportó que todos los hospitales públicos del norte del territorio palestino están “fuera de servicio”, después de que las fuerzas israelíes asediaran el Hospital Indonesio.

El ejército israelí, que no comentó los ataques, emitió el domingo por la tarde una orden de evacuación para varias zonas de Gaza antes de un “fuerte bombardeo”.

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Israel reanudó sus operaciones en Gaza el 18 de marzo, poniendo fin a una tregua de dos meses en la guerra.

La guerra estalló tras el ataque de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.218 muertos, según un recuento basado en datos oficiales israelíes.

Las milicias islamistas también secuestraron en Israel a 251 personas. De ellas, 57 continúan cautivas en Gaza, aunque 34 fueron declaradas muertas por el ejército israelí.

Según el Ministerio de Salud gazatí, al menos 3.193 personas han muerto en el territorio desde el 18 de marzo, lo que lleva el balance total a más de 53.300 decesos. La ONU considera fiable estos datos.

En cuanto a la situación humanitaria para los 2,4 millones de palestinos de la asediada Gaza, la oficina de Netanyahu anunció el domingo que Israel “autorizará la entrada de una cantidad básica de alimentos destinados a la población, con el fin de evitar que se produzca una hambruna”.

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, aseguró poco después del anuncio que la ayuda debe reanudarse “de forma inmediata, masiva y sin trabas”.

El último fin de semana se desarrolló en Concepción un encuentro entre familiares de los secuestrados, Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis con autoridades de la Policía Nacional, encabezada por el comandante Carlos Benítez, el subcomandante Ramón Morales y autoridades militares.

El jefe de la Policía informó a las familias sobre los avances del trabajo de búsqueda de los secuestrados por miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), informó el corresponsal del canal Gen/Nación Media, Ángel Flecha.

“Los recibimos, vinieron en representación del Gobierno una vez más para reanudar el compromiso de que se sigue trabajando, se sigue con las investigaciones, con la búsqueda de los tres secuestrados para llegar a eso que queremos que es encontrar a los tres”, dijo Beatriz Denis, hija de Óscar Denis.

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La comitiva llegó el pasado viernes al departamento de Concepción, donde primeramente participaron del acto de celebración del cumpleaños del suboficial Edelio Morínigo, en el distrito de Arroyito. Posteriormente, se trasladaron a la localidad de Horqueta, donde se reunieron con los familiares de Félix Urbieta y luego con la familia del ex vicepresidente de la República, Óscar Denis, en la ciudad de Concepción.

Hasta el momento, no hay novedades sobre los avances del trabajo de investigación y de la búsqueda, mientras tanto las familias agradecieron el acercamiento del Gobierno a través de las autoridades de seguridad, e informando la etapa en que se encuentran estas tareas.

“Nos comentaron a grandes rasgos sobre las inversiones que se estarían haciendo, que es lo que nosotros habíamos pedido en la última reunión en Mburuvicha Róga con el presidente de la República (Santiago Peña). En concreto no hay ninguna información ni de papá ni de los demás secuestrados, es solamente el compromiso de seguir trabajando y el apoyo a las tres familias”, señaló Beatriz Denis.

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