Ciudad del Este. Agencia Regional.
“El Palacio de Planalto confirmó que el Puente de la Amistad, entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este, cerrada a causa de la pandemia de COVID-19, será reabierta el próximo 15 de octubre. La reapertura será hecha durante un acto simbólico en las cercanías de las Aduanas entre los países con la presencia de los presidentes de Brasil, Jair Messias Bolsonaro y de Paraguay, Mario Abdo Benítez”, anuncia el sitio de foz.portaldacidade.com. Lo mismo mencionan otros sitios electrónicos de medios brasileños como paranaportal.uol.com.br. La frontera fue cerrada el 18 de mayo de este año.
El reporte refiere que en la comitiva brasileña están confirmadas la presencia del Ministro de Infraestructura, Taricicio de Freitas y el Ministro de Minas y Energía, Bento Costa Lima Leite de Albuquerque. Indican que esa misma fecha, también serán reabiertas las fronteras de las ciudades de Ponta Porá con Pedro Juan Caballero y, de Mundo Novo con Saltos del Guairá.
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La agenda de la visita incluye la visita al sitio de obras para el Puente de Integración entre Foz de Iguazú y Presidente Franco. La obra es financiada por la margen brasileña de Itaipú y se prevé su culminación para junio del 2022. Se menciona que existen todavía algunos detalles del encuentro de los dos mandatarios que están siendo discutidos y que incluso la agenda puede tener modificaciones. Y citan también que las cuestiones sanitarias están siendo analizadas por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA) y por el Ministerio de Salud.
Cabe recordar que ambos Jefes de Estado habían informado que para el 15 de octubre como máximo la frontera iba a ser reabierta, pero esa posibilidad volvió a generar a dudas en el empresariado fronterizo de Ciudad del Este, a raíz de que el Brasil volvió a emitir un decreto de prórroga de la prohibición del ingreso de extranjeros, salvo para el tránsito vecinal fronterizo, apenas ocho días después de haber ya prorrogado la misma medida.
Se desconoce aún qué protocolo entrará en vigencia con la reapertura del puente, pero todavía falta el decreto pertinente, en el lado paraguayo, si es que se aplicará solo el tránsito solo entre los residentes en las ciudades de frontera con Brasil.
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“Creemos saludable una intervención”, dice diputado sobre gestión de Prieto
El diputado Avelino Dávalos, integrante de la Comisión Especial que analizó el pedido de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este, manifestó que la Contraloría fue contundente en sus señalamientos de irregularidades hacia la gestión de Miguel Prieto, lo cual no pudo ser contrarrestado por el jefe comunal, lo cual amerita una intervención, según explicó.
“Se recibió una contestación de parte de la Contraloría General de la República (CGR) donde ratifican que existe faltante de documentos e inclusive, con notas de reiteración en su momento requiriendo esa documentación, entonces creemos saludable una intervención en la que se pueda aclarar todos los hechos y sobre todas las cosas, tener resultados como corresponde”, expresó.
En diálogo con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el legislador señaló que personalmente, fue muy claro en su posición a favor de una intervención, ya que el contralor, Camilo Benítez, fue muy preciso señalando las irregularidades detectadas, como la falta de respaldo documental sobre un gasto de G. 42.000 millones.
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“También se habló de forma clara de cuatro informes de la Contraloría con dictámenes en contra de la municipalidad y remitidos al Ministerio Público, además de todo lo que es de conocimiento público, la cantidad de denuncias que obran en la Fiscalía. El presidente de la Comisión consultó de vuelta a la Contraloría sobre la falta de documentación respaldatoria, porque en la visita del intendente, él había dicho que era falso, pero eso fue ratificado por el ente contralor”, añadió.
Cabe mencionar que todavía se desconoce si el dictamen de la Comisión será tratada este martes 10 de junio en una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, puesto que esto es potestad de la Mesa Directiva. “Creo que es conveniente una intervención para poder dilucidar los temas, el que nada debe, nada teme”, ratificó.
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¿Quiénes están acusados junto a Bolsonaro por la fallida asonada?
- Brasilia, Brasil. AFP.
Según la acusación de la fiscalía brasileña, el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro se valió del apoyo de ministros, comandantes militares y otros colaboradores para tratar de aferrarse al poder en 2022 tras perder las elecciones contra Lula.
Estos son los siete coacusados llamados a declarar esta semana junto a Bolsonaro ante la corte suprema en el juicio que los expone a duras penas de cárcel por un plan de golpe de Estado que no se habría llevado a cabo por la oposición de altos mandos militares.
El ayudante
Exedecán de Bolsonaro y considerado su mano derecha durante su gobierno, el teniente coronel Mauro Cid se encargó, según la fiscalía, de recopilar supuestas pruebas de fraude en los comicios que Bolsonaro perdió frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en 2022 para justicar un golpe. En su teléfono los investigadores hallaron un discurso que Bolsonaro supuestamente daría una vez consumado ese acto.
Cid, de 46 años, es también una fuente clave de la investigación, al haber firmado un acuerdo de colaboración que podría dejarle con una sentencia reducida si es condenado.
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El candidato a vice
El general Walter Braga Netto fue ministro de Defensa y candidato a la vicepresidencia en 2022 con Bolsonaro, con quien comparte su nostalgia declarada por la última dictadura brasileña (1964-1985).
Braga Netto, de 68 años, es acusado de ser uno de los líderes de la trama golpista. Según la investigación, discutió en su casa un plan llamado “Puñal Verde y Amarillo” para asesinar a Lula y otras autoridades. Está detenido desde diciembre por intentar obstruir las investigaciones.
El general modelo
De instructor de Bolsonaro en la escuela militar a ministro del aparato de seguridad durante el gobierno del ultraderechista, el general Augusto Heleno Ribeiro, de 77 años, tiene una larga trayectoria política y estuvo al frente de la Misión de la ONU en Haití (Minustah).
Según la investigación, fue uno de los arquitectos de los ataques infundados al sistema de votación electrónica. En una reunión con Bolsonaro antes de los comicios de 2022, Heleno afirmó: “Si tenemos que dar un golpe en la mesa, debe ser antes de las elecciones”.
El ministro de la “minuta”
Anderson Torres, de 48 años, fue ministro de Justicia de Bolsonaro y estuvo encargado de la Seguridad en el gobierno de Brasilia durante los disturbios en la capital en enero de 2023 por bolsonaristas que llamaban a una intervención militar para derrocar a Lula.
En su casa, la policía halló una propuesta de decreto para revertir el resultado de las elecciones, bautizada en la investigación como la “minuta del golpe”.
El ministro de Defensa
El general Paulo Sérgio Nogueira fue ministro de Defensa en los últimos meses del gobierno Bolsonaro.
Nogueira, de 66 años, asistió a una reunión en la que Bolsonaro discutió la posibilidad de decretar un “estado de defensa o de sitio” para refutar el resultado electoral y justificar una intervención castrense. El plan nunca se implementó.
El comandante de la Marina
El almirante Almir Garnier Santos fue nombrado comandante de la Marina por Bolsonaro en 2021.
Estuvo presente en dos reuniones a fines de 2022 donde se discutió la eventual implementación de medidas especiales. Garnier Santos, de 64 años, apoyó la propuesta de Bolsonaro y dijo que “las tropas de la Marina estarían a disposición del presidente”, según un testimonio del juicio.
El jefe de inteligencia
El diputado Alexandre Ramagem es un expolicía y hombre de confianza de la familia Bolsonaro que comandó la agencia brasileña de inteligencia ABIN durante el gobierno del ultraderechista.
Ramagem, de 53 años, es señalado de orquestar una campaña de desinformación en redes sociales contra opositores de Bolsonaro y el sistema electoral, auxiliado por una red de policías y agentes de inteligencia.
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Un expresidente con alma de capitán
Como político, proclamó su nostalgia de la dictadura. Como presidente, desafió las instituciones. Jair Bolsonaro, líder de la derecha y ultraderecha en Brasil, es juzgado ahora por intento de golpe de Estado. Con 70 años y recién recuperado de una enésima cirugía en el abdomen debido a un atentado que sufrió en 2018, Bolsonaro clama su inocencia.
“La palabra ‘golpe’ nunca estuvo en mi diccionario”, sostiene el excapitán del Ejército.
Bolsonaro declarará esta semana ante la corte suprema acusado de conspirar para impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, con quien perdió las elecciones en 2022.
Se expone a una condena de unos 40 años de cárcel, lo que se suma a su inhabilitación política por desinformar sobre el sistema de votación en Brasil.
Pero este líder por ahora sin sucesor claro en la derecha en las elecciones de 2026 no quiere oír ni hablar de tirar la toalla.
“Vamos a continuar la lucha”, dijo en mayo en una manifestación en Brasilia, mientras sus seguidores lo vitoreaban gritando su apodo: “¡Mito, mito!”.
Política en familia
Bolsonaro accedió al poder en 2019 reivindicándose como un “outsider”, si bien llevaba casi tres décadas en política.
Nunca renegó de los años de plomo de la dictadura militar (1964-1985), cuyo “error fue torturar y no matar” a los disidentes, dijo antes de acceder a la presidencia.
Su discurso de sintaxis simple se mantuvo siempre beligerante y caracterizado por comentarios misóginos, racistas y homofóbicos.
Nacido el 21 de marzo de 1955 en el interior del estado de Sao Paulo, en una familia de origen italiano, Bolsonaro tuvo cinco hijos con tres mujeres diferentes.
Los cuatro primeros se lanzaron a la política. De la quinta, la única niña, Laura, dijo que la engendró en un momento de “debilidad”.
Junto a los varones y su actual esposa Michelle -una fiel evangélica 27 años menor que él, que se define católico- forma hoy un clan altamente activo, especialmente en las redes sociales.
Después de una carrera militar marcada por episodios de insubordinación, Bolsonaro fue elegido diputado desde 1991.
Poco visible en el parlamento, salió de la sombra después de la destitución en 2016 de la expresidenta Dilma Rousseff, heredera política de Lula.
Sus diatribas contra la corrupción, la violencia, la crisis económica y la izquierda “podrida” sedujeron.
Este populista, que se viste en público con pantalones cortos y la camiseta amarilla de la selección brasileña, se aseguró el apoyo de los poderosos lobbies del agronegocio y los evangélicos.
Durante la campaña presidencial de 2018, sufrió un atentado con arma blanca en medio de una multitud, que le obliga a someterse recurrentemente a cirugías.
700.000 muertes por covid
Si bien prometió “restablecer el orden” durante su investidura, su mandato estuvo marcado por crisis, a pesar de un balance económico más bien positivo.
Considerada desastrosa por los expertos, su gestión de la pandemia de covid-19 dio lugar a intensos enfrentamientos con la corte suprema.
Calificó de simple “gripecita” al virus que causó cerca de 700.000 muertes en Brasil, se opuso al confinamiento e ironizó sobre las vacunas que, según él, podían “transformar en cocodrilo”.
Climatoescéptico, permitió que la deforestación en la Amazonía se disparara durante su mandato. No dudó en insultar a líderes extranjeros, incluido el presidente francés Emmanuel Macron, y dejó aislado a Brasil en el escenario internacional.
En la segunda vuelta electoral de 2022, marcada por la desinformación, Bolsonaro perdió por un margen estrecho frente a Lula.
Se trasladó a Florida antes del fin de su mandato y antes de que el 8 de enero de 2023, miles de sus simpatizantes asaltaran las sedes de poder en Brasilia para pedir una intervención militar contra Lula.
Para la fiscalía que lo acusa de haber planeado sin éxito un golpe de Estado, estos disturbios fueron la “última esperanza” para aferrarse al poder.
Aunque la más grave, esta no es la única investigación contra Bolsonaro, blanco de la justicia por supuestamente falsificar certificados anticovid o desviar joyas recibidas durante su presidencia.
Mientras el cerco judicial se estrecha cada vez más sobre el exmandatario, este afirma confiar en una carta: la “influencia” de su “amigo” Donald Trump.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó en mayo que había una “gran posibilidad” de que Washington sancione al juez Alexandre de Moraes, a cargo del juicio por golpismo, por “persecución política” contra la derecha brasileña.
Alexandre de Moraes, el poderoso juez de Brasil
Poderoso, implacable y divisivo, el juez del supremo Alexandre de Moraes se ha convertido en una figura emblemática en Brasil, a cargo del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por golpismo, mientras lidera una cruzada contra la desinformación. Su calva que brilla bajo los focos y mirada severa contribuyen a una imagen de juez de mano dura. Pero tras bambalinas, este magistrado de 56 años es descrito como un hombre simpático y gracioso.
En un país polarizado, algunos acusan a Moraes de censura y abuso de poder, mientras que otros elogian su defensa incesante de la democracia frente a los repetidos ataques de Bolsonaro y sus partidarios contra las instituciones.
El exmandatario de extrema derecha, que esta semana declarará ante el juez acusado de intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022, lo tilda de “dictador”.
Su tercer hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro que se mudó a Estados Unidos y trata de interceder en favor de su padre ante el gobierno de Donald Trump, denuncia por su parte “el ensañamiento totalitario de un psicópata sin límites”.
El magnate Elon Musk llegó a compararlo con Voldemort, el villano (también calvo) de la saga Harry Potter, acusándolo de socavar la libertad de expresión.
El año pasado, los dos hombres protagonizaron un largo pulso que culminó con la suspensión durante 40 días de la red social X, de la cual Musk es propietario, por ignorar una serie de decisiones judiciales.
El magistrado había ordenado, entre otras cosas, el bloqueo de las cuentas de figuras influyentes de los movimientos ultraderechistas brasileños acusadas de desinformación.
La administración de Estados Unidos lo sigue de cerca: el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, afirmó en mayo que había una “gran posibilidad” de que Washington le aplique sanciones por “censura” y “persecución política” contra la derecha brasileña.
“Animal político”
Su ascenso como némesis de los conservadores no era el destino más esperado para este abogado constitucionalista y profesor de Derecho de la Universidad de Sao Paulo.
Durante su paso como secretario de Seguridad del Estado de Sao Paulo, entre 2015 y 2016, fue criticado por la izquierda, que lo acusaba de reprimir los movimientos sociales.
Llegó al supremo en 2017 nombrado por el expresidente de centroderecha Michel Temer (2016-2018), de quien fue ministro de Justicia.
“Es un animal político”, afirma a la AFP Antonio Carlos de Freitas, experto en derecho constitucional, quien menciona su “ascenso meteórico”.
“Navega bien por varios ambientes, incluyendo las fuerzas armadas”, confiesa una fuente que trabajó con él en la justicia electoral.
El gesto adusto de Moraes cuando sesiona en la corte contrasta con la sonrisa que ofrece a los estudiantes de la universidad que lo abordan en busca de una foto con el juez más conocido de Brasil.
Su área de interés académico: democracia y limitación del poder.
“Enemigo” del bolsonarismo
En junio de 2023, como presidente del tribunal electoral, Moraes declaró a Bolsonaro inelegible por ocho años por propagar información falsa sobre el sistema de urnas electrónicas vigente en Brasil.
Hoy es relator en el supremo del juicio contra el exmandatario, acusado de haber liderado un fallido plan de golpe de Estado para evitar el regreso al poder de Lula, quien lo derrotó en las elecciones de 2022.
Este plan preveía, según los investigadores, el arresto, e incluso el asesinato de Moraes, así como de Lula y de su vicepresidente, Geraldo Alckmin.
Durante el agitado mandato de Bolsonaro, Moraes ordenó además la apertura de investigaciones contra aliados del ejecutivo. “El bolsonarismo halló en Moraes un enemigo”, dice Freitas.
Muay-thai
Parco en comentarios a la prensa, el magistrado prefiere expresarse durante las sesiones de la corte suprema. Casado y padre de tres hijos, y practicante del muay-thai, un arte marcial, puede ocupar el cargo en el más alto tribunal hasta los 75 años. Su nombre ha sonado como posible candidato a la presidencia de Brasil, pero Moraes nunca lo ha mencionado públicamente.
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Economista advierte riesgo para la inversión por inestabilidad en las municipalidades
El economista y director de Mentu, Jorge Garicoche, se refirió en entrevista en “Fuego cruzado”, emitido en GEN/Nación Media, a los pedidos de intervención de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, señalando que los problemas financieros de ambas comunas van más allá de una coyuntura política y representan desafíos estructurales que podrían afectar el desarrollo económico estas ciudades claves para el país.
“No es solo una cuestión coyuntural y más allá del buen o mal manejo en cuanto a lo administrativo y en cuanto a la transparencia con la que se ha manejado, ambos municipios están teniendo una cuestión de déficit que ya son estructurales, de problemas económicos que ya data de hace tiempo”, advirtió el consultor económico.
Garicoche indicó que tanto Asunción, como Ciudad del Este y sumó a Encarnación, son ciudades con alta densidad poblacional y que tienen como un factor el shock cambiario o la situación en Brasil y Argentina. “Si a eso le sumamos otros tipos de turbulencias, estamos generando otra vez un par de inestabilidades que pueden terminar afectando las decisiones de invertir o no en esas regiones”, refirió.
Señaló que cuando el capital extranjero analiza instalarse, ya debe considerar el tipo de cambio, la posibilidad de contrabando y que si encima, se agregan inestabilidades institucionales, el riesgo se multiplica, motivo por el cual habría que empezar a establecer normativas que permitan a las municipalidades ser más sólidas en cuanto a sus finanzas.
“Yo creo que en este debate y en todo lo que se está generando, es momento de corregir todo aquello que guarda relación con las finanzas municipales, creo que es un momento de pensar como podemos normar eso. Si Asunción y Ciudad del Este están así, me preocupan las demás ciudades del Paraguay”, manifestó con preocupación.
Riesgo para la inversión
El economista advirtió que la falta de estabilidad en las finanzas públicas puede generar presiones fiscales que desalienten la inversión privada. “Cuando una empresa toma una decisión, lo hace pensando a 5, 10 o 20 años. Si mañana le suben una tasa municipal del 14% al 20%, eso puede cambiar todo su modelo de negocio”, señaló.
En el caso de Ciudad del Este, Garicoche destacó el proceso de reconversión económica que vive la zona, con un papel cada vez más relevante del sector industrial. “Si queremos que esto siga viniendo y siga dando mayor fortaleza y resiliencia económica y que no se dependa de cuestiones coyunturales del comercio, tenemos que pensar en estos pequeños detalles”, sostuvo.
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Comuna esteña no proveyó respaldo para G. 42.000 millones, señala auditor de la CGR
El programa “Fuego cruzado”, emitido este domingo pasado por el canal GEN/Nación Media, fue escenario de debate en torno al requerimiento de intervención a las municipalidades de Asunción, a cargo del intendente Óscar Rodríguez, y de Ciudad del Este, liderado por el dirigente opositor Miguel Prieto.
La solicitud formulada por la Contraloría General de la República (CGR), el pasado 16 de mayo, a través del Poder Ejecutivo, fue defendida por su director de Auditoría Forense, Leandro Villalba, quien sostuvo que “en el caso de la municipalidad de Ciudad del Este estamos hablando de fallas sistémicas, en varias áreas de la gestión municipal. Por ejemplo, en el examen documental acerca de los gastos de capital del 2019-2022, se consta que la municipalidad no proveyó documentos de respaldo por erogaciones superiores a los G. 42.000 millones", refirió.
Villalba recordó que la Ley Orgánica Municipal establece claramente la obligación de los municipios de tener sus documentos contables y sus respaldos al día y de ponerlos a los órganos de control cuando éstos los requieran. “Prieto apenas ha enviado aproximadamente un 9 % de toda la documentación de la cuenta que fue auditada en esa oportunidad. Este es un hecho claramente gravísimo“, indicó.
El director de auditoría dijo que lo mismo sucede con la administración de Rodríguez. “Ambos utilizan el discurso, dicen que tienen todos los documentos, pero no remitieron a la Contraloría, por lo cual no podemos hacer ninguna apreciación al respecto de dónde están finalmente esos documentos. Ambos dicen que mandaron camiones y biblioratos de documentos a la Fiscalía, pero eso no es cierto. A la institución de control es a quien hay que mandarle todos los documentos para que se haga la revisión correspondiente”, manifestó.
Señaló que entre las graves inconsistencias detectadas en la gestión de Prieto, guarda relación con el manejo de las transferencias. “Se hacían por ejemplo transferencias por G. 800 millones a comisiones para la construcción de pozos y los beneficiarios cobraban los cheques de los desembolsos y luego se firmaban los documentos como los contratos y las adjudicaciones. Puntualmente en un caso detectamos que allá por el 18 y 17 de marzo del 2020, se hacían las transferencias, siendo que el 16 de marzo ya la presidencia de la República decretó el cierre total de las actividades, salvo las obras que ya estaban en ejecución", dijo.
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Añadió que otro hecho grave en relación a la gestión de Prieto, se centra en las contrataciones. “Por ejemplo, el caso de Tía Chela, que como pudimos apreciar, competían con otras empresas que no tenían la capacidad suficiente para proveerle alimentos y otras cosas a la Municipalidad y eran parientes entre sí o parece haber parentesco entre las empresas que compitieron. Es decir, no se fueron a pedirle presupuesto a un gran supermercado ciudad del este, sino a una pequeña oficina y eso generó después una investigación también por parte del Ministerio Público”, comentó.
Villalba afirmó que también la CGR detectó inconsistencias en todo lo que tiene que ver con el balance administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. “Ellos mismos admiten que la municipalidad tiene graves inconsistencias en la exposición de su balance y en la gestión de sus cuentas”, puntualizó.
Agregó que otro hecho grave guarda relación con casos de nepotismo, por más que no este citado como una causal en el pedido de intervención a la gestión de Prieto. “En el requerimiento hacemos referencia y traemos a colación esta serie de denuncias ciudadanas”, puntualizó.
Siguió sosteniendo que “tanto las autoridades de Ciudad del Este como de Asunción utilizan una defensa similar. Ellos tratan de defender que supuestamente aquí no existiría un hecho penal y por tanto no corresponde la intervención, pero este argumento es falso, porque sí puede comprometer el patrimonio público e implicar el quebrantamiento de normas penales. De hecho, ambos intendentes están imputados por lesión de confianza, sobre ambos pesan muchísimas denuncias".
En lo que respecta a la municipalidad de Asunción, Villalba señaló que el principal hecho grave radica en el uso de dinero provenientes de bonos y préstamos para el pago de salarios o gastos corrientes.
“Hay que hacer un poco de historia y señalar que la municipalidad ya hace rato viene manejándose con déficit enormes en relación a lo que gasta, muy por encima de lo que recauda. Y además se presenta la necesidad de inversión en obras. Entonces, a partir de allí es que se empezó a utilizar el crédito. Ahora, ¿este crédito lo puede usar la Municipalidad? Sí lo puede usar, pero no lo puede usar, según la Ley Orgánica Municipal, para destinarlo a gasto corriente. El artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal le prohíbe a la municipalidad hacer uso de los recursos de crédito público para destinarlo a deuda", mencionó.
Villalba continuo argumentando que “lo que está haciendo la Municipalidad de Asunción de manera bastante peligrosa es decirle a los bonistas ‘hola, yo quiero plata, quiero que por favor me den recursos para construir obras’, pero luego engañando a los bonistas, toma el dinero, lo lleva a la llamada cuenta única, mezcla los recursos y destina esos recursos a lo que quiere el municipio”.
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