El apoderado general del Partido Colorado, Eduardo González, cuestionó la falsa moral del senador Rodolfo Friedmann, quien extendió su solidaridad a su colega Mirta Gusinky, quien solicitó entre lágrimas a la ciudadanía respetar a su familia ante la postura que tomó en la Cámara Alta, en donde apoyó la postergación del estudio de la pérdida de investidura del exministro de Agricultura y Ganadería (MAG).
A través de su cuenta personal en la red social Twitter, el abogado sostuvo que “pero vos Rodolfo Friedmann, usurpador de cargo, ladrón de merienda escolar, qué vas a venir a dar clases de moral, tu solidaridad es como vos, un sorete. Y esta señora es otra usurpadora como vos, encima cobran al Estado y eso van a pagar. Vergüenza ambos”.
Las declaraciones de González surgieron tras las manifestaciones del parlamentario, quien indicó que Gusinky se encuentra siendo atacada despiadadamente por “trolls” en las redes sociales. "Mi sincera solidaridad con la senadora Mirta Gusinky y su familia, que soportan hoy una despiadada andanada de improperios y trolls cartistas. Ni respetan el dolor de una madre que perdió a una hija en manos de terroristas. Fortaleza mi estimada Mirta”, dijo.
No obstante, varios ciudadanos rechazaron las publicaciones del legislador expresando incluso su solidaridad “con los niños de la ciudad de Villarrica y sus familias, quienes han soportado la corrupción y el robo descarado quitándoles el alimento”.
Mientras que otro ciudadano comentó que “está desesperado por tener fueros, pero es solo para zafar de la justicia por el robo alevoso que hizo en la gobernación y sigue hasta ahora”, otra publicación refiere que “si tuvieras un mínimo de ética y decencia renunciarías al cargo, caradura. Gusinky usó la tragedia de su hija para ser senadora”.
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Reforma del Transporte: este miércoles vence plazo para plantear modificaciones a la ley
El senador Natalicio Chase, quien preside la Comisión de Obras Públicas, que actualmente lleva adelante el estudio del proyecto de Ley de Reforma del Transporte Público recordó que este miércoles 27 de agosto fenece el plazo para que se presenten todas las propuestas de modificación al planteamiento presentado por el Poder Ejecutivo.
En comunicación con La Nación/Nación Media, confirmó que, en la fecha, el Ejecutivo remitió las últimas modificaciones al proyecto que presentó a la Cámara de Senadores y serán consensuadas con las diferentes comisiones del Senado, encargadas de dictaminar.
El senador señaló que una vez analizado en los próximos días en las respectivas mesas asesoras, estará listo para que el plenario pueda llevar adelante su tratamiento en la modalidad de “Código”, el próximo miércoles 3 de septiembre, como está contemplado en el cronograma que estableció el plenario de la Cámara Alta.
“Considero que es un proyecto que tiene un gran desafío, porque es la primera vez que se hace una reforma sustancial del Sistema del Transporte Público. Seguramente esto va a tener una implementación gradual y no es que se aplicará de la noche a la mañana, ya que eso será imposible”, comentó.
Enfatizó que la ejecución, aunque inicie de forma gradual, significará una mejora muy importante de todo lo que es el sistema de transporte, en favor de todos sus usuarios.
Preocupación de choferes
Respecto a los cuestionamientos que manifestaron un gremio de choferes, sobre algunos planteamientos que contempla el proyecto de ley, Chase confirmó que, hasta la fecha, no acercaron al menos hasta la comisión de Obras que preside, ninguna nota con alguna propuesta o preocupación. Remarcó que tienen en todo caso hasta mañana para presentar cualquier pedido de modificación o cuestionamiento al proyecto.
“Por lo menos en la comisión de Obras Públicas no hemos recibido nada, pudieron haberlo hecho en la comisión de Legislación, pero no hay ningún cambio en el itinerario de tratamiento que tiene este proyecto de ley. Las audiencias públicas ya se han realizado y ellos tienen la potestad de acercar todos los análisis que sean necesario, pero hasta mañana tienen tiempo”, aclaró.
Este proyecto regula y moderniza el Sistema Nacional de Transporte y el Servicio de Transporte Público Metropolitano de Pasajeros, fue presentado al Congreso el pasado 24 de julio del 2025, dentro de su paquete de 10 leyes. La iniciativa busca una reforma integral: nueva gobernanza, licitaciones modernas y estándares de calidad.
La propuesta impulsada por el Viceministerio del Transporte, dependiente de Obras Públicas, contempla como ejes temáticos el fideicomiso que centraliza subsidios, multas y otros ingresos para transparencia y sostenibilidad. Así como la separación de roles: provisión de flota, patios y operación en contratos distintos (competencia “por el mercado”).
Otros ejes tienen que ver con las unidades funcionales: agrupación de rutas/empresas; primera en 2026 y luego dos por año hasta cubrir el sistema. La renovación de flota (diésel de bajas emisiones y eléctricos), con vida útil 10–15 años.
Así como los derechos del usuario, control y calidad; integración tarifaria y descuentos/vales; mantenimiento de beneficios vigentes (estudiantes, adultos mayores, PCD). Como último eje el foco metropolitano Asunción y Central, pero a la vez que permite replicar en otras áreas metropolitanas como Encarnación, Ciudad del Este, entre otros.
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Lanzarán el libro “El Sistema Acusatorio Penal en Riesgo”
El abogado y actual secretario general de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Eduardo González, presentará mañana miércoles 27 de agosto su libro denominado “El Sistema Acusatorio Penal en Riesgo”. El lanzamiento está previsto a las 19:00, en el auditorio de la Ley Paraguaya César López Moreira 850.
“Este es un trabajo que desarrolle dentro de la tesis de la maestría de derecho procesal en la Universidad Nacional de Rosario, a cargo del doctor Adolfo Alvarado Velloso. Fue dentro de esa escuela de la corriente garantista que me di cuenta de algunos inconvenientes”, indicó en una entrevista con la 650 AM.
La obra jurídica va dirigida principalmente a jueces, fiscales, defensores y especialistas en derecho penal y guarda relación sobre la investigación por el tribunal de sentencia en el juicio oral. “Me llamó la atención que los jueces no podían hacer investigaciones. En la etapa fundamental de valoración de las pruebas, según lo que pude ver del garantismo en sí, del sistema acusatorio, es que los jueces salen de ese principio de imparcialidad al cual se deben, por diferentes motivos”, comentó.
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Asimismo, González manifestó que esta situación afecta a otros principios como la bilateralidad, igualdad de armas y hasta de la duda. “La acusación es la que tiene que mostrar la culpabilidad del ciudadano. Cuando el juez investiga realiza preguntas a los peritos, testigos, imputados, incluso puede determinar a realizar medidas a mejor proveer, sale de la imparcialidad y no solo envicia el proceso, sino que se inmiscuye y realiza actos de investigación y de ahí forma su convicción“, manifestó.
Señaló que este hecho expone que Paraguay cuenta con un sistema inquisitivo oral. “No tenemos un sistema garantista. El Código Procesal establece que los jueces están obligados a la búsqueda de la verdad y ellos se ciñen a esa situación, pero la norma está en contravención a lo que establece la Constitución Nacional con el debido proceso y la imparcialidad de los jueces. Hay una dicotomía entre ambas situaciones, un drama, entonces debemos cambiar la ley o cambiamos la Constitución Nacional", refirió.
González acotó: “en el sistema anglosajón, el juez en todo momento dirige el debate y nunca se involucra, si llegase a pasar esto, se anula todo el proceso, ordena la tramitación del juzgamiento, pero acá tenemos una disposición legislativa que le obliga a la búsqueda de la verdad". La presentación del libro estará a cargo de los abogados José Fernández Zacur y Roberto Moreno Rodríguez Alcalá.
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González destacó trabajo de la Asesoría Jurídica de Yacyreta
El asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyreta (EBY), Eduardo González, destacó el trabajo y los logros de la asesoría en este último año. El mismo se refirió al informe de gestión presentado esta semana ante el director ejecutivo paraguayo, Luis Benítez; el ministro asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno; el consejero Michel Flores, jefes de áreas y funcionarios de la binacional.
Detalló que entre agosto de 2023 y agosto de 2025 se evitó el pago de G. 192.623.278.803 (USD 26.386.750) a través de gestiones jurídicas en juicios laborales, demandas civiles y acuerdos alcanzados.
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“Hemos demostrado los resultados de este segundo ejercicio, que como lo veníamos haciendo habitualmente, en todo este tiempo tratamos demostrar con números los resultados de la gestión. Esta vez, en este ejercicio, hemos llegado desde agosto del 2024 hasta agosto del 2025 a un resultado de 11 millones de dólares, que tiene que ver con distintas áreas”, expresó en conversación con el periodista Aníbal Coronel.
También habló de otros trabajos que se realizaron en este periodo, como la entrega de títulos, a personas que fueron beneficiadas como consecuencia de perjuicios o la pérdida de propiedad por la construcción de la represa, también las mejoras que se han tenido en las ciudades, como Encarnación, y todo lo que tiene que ver con la zona de afectación de obras.
“Estamos también en el proceso de titulaciones, entregamos más de 380 títulos este año, y estamos proyectando para hacerlo más de 500, tenemos posibilidades de hacerlo más adelante también, otros proyectos, las ejecuciones de estas acciones”, expresó.
También citó que la Asesoría Jurídica hizo parte de la renegociación de lo que tiene que ver con la construcción de las obras de Aña Cuá, que estuvo paralizada a partir del 2023.
“Ahora se está tratando nuevamente con adendas que hemos estado trabajando también con las empresas constructoras para seguir con las obras de Aña Cuá. Son algunos de los trabajos que venimos realizando, y estamos bastante contentos con estos resultados”, sentenció.
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TSJE rechaza retornar a las papeletas y defiende la credibilidad de las máquinas de votación
Los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) defendieron ante la Cámara de Senadores la seguridad y confianza que garantiza el uso de las máquinas de votación en los procesos electorales. A la vez recordaron que el sistema electoral paraguayo se destaca a nivel internacional por su solidez.
El titular del órgano electoral, Jaime Bestard, indicó que retornar al uso de las papeletas en los comicios municipales del 2026 y las generales del 2028 es “un retroceso” y que la implementación del sistema electrónico “facilitó enormemente el escrutinio y el juzgamiento”.
“Fue una reunión sumamente positiva, se ha planteado las dudas que pueden tener los legisladores y la población sobre temas como la ciberseguridad, si las máquinas de votación son confiables y todo esto fue contestado. El volver a las papeletas es una prohibición absoluta por imperio de una ley vigente, el cual establece el sistema de listas desbloqueadas y voto preferencial. Además la norma impone para los cargos plurinominales el uso del voto electrónico, acá no hay ninguna salida", comentó en una conferencia de prensa.
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Agregó que la aplicación del sistema electrónico en los pasados comicios evitó la existencia de distorsiones y fraudes. “A nosotros nos parece que retornar a las papeletas será un retroceso, no se puede, salvo que el parlamento considere la presentación de un proyecto para retornar a las listas cerradas o sábanas y esto yo creo que no le agradará a la ciudadanía. A nivel electoral nuestro sistema es considerado sólido, robusto”, puntualizó.
Bestard indicó que desde el TSJE consideran necesaria la implementación de un nuevo mecanismo de control electoral, referente a que cada elector plasme su huella dactilar luego de votar, justo antes de entintarse el dedo. “Esto será un avance y es el eslabón que falta para asegurar todo el proceso electoral porque evitaría lo que se llama el voto calesita o el voto de personas que simulan la identidad de otras“, comentó.
Por otra parte, aseguró que es posible contar con las 23.000 máquinas de votación para las elecciones municipales del 2026, esto teniendo en cuenta todas las trabas que sufrió en los últimos meses el proceso de licitación para la adquisición de los aparatos electrónicos. “Nosotros estamos dentro del cronograma. Ahora la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se debe expedir sobre las protestas presentadas”, mencionó.