El ministro del Interior, Enrique Riera acusó al gobierno del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, de haber entregado la soberanía del espacio aéreo paraguayo al narcotráfico, tras el cajoneo de la iniciativa Cielo Guaraní Soberano impulsada por la administración del también exmandatario y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes.

“La iniciativa Cielo Soberano Guaraní se implementó ya en el año 2015 en la época del presidente Horacio Cartes y constituía una suma de esfuerzos para controlar nuestros cielos y evitar naves de tripulación clandestinas y no identificadas en nuestro suelo“, dijo Riera en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El ministro acotó: “Lo curioso de todo esto es que este procedimiento que fue un éxito se hizo hasta el 2020, pero desde ese año sin ninguna explicación desapareció el proyecto, nunca más se implementó. Curiosamente en ese año un antecesor mío (Arnaldo Giuzzio) quien hoy está procesado por narcotráfico también levantó el control de los puertos privados, retiró a los canes antidrogas, desmontó los escáneres con la historia de que iban a reorganizar las tropas en la Secretaría Nacional Antidrogas y luego esto fue sostenido en el Ministerio del Interior“.

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Riera siguió mencionando que “liberaron los cielos y puertos para contaminar las cargas y mediante eso pasaron más de 60 toneladas de cocaína pura. Debemos recordar que el Paraguay no produce ningún gramo de esa droga que no fue descubierta en nuestro país, sino acopiada a través de pistas clandestinas que nos cansábamos de denunciar. Realmente en ese gobierno se declaró arco libre“.

Las afirmaciones de Riera surgieron tras la decisión del gobierno del mandatario Santiago Peña, de impulsar vía decreto la creación de la Comisión Nacional Cielo Guaraní Soberano, con el objetivo de consolidar mecanismos de comunicación directa, intercambio de inteligencia y reacción conjunta para combatir el narcotráfico, el crimen transnacional organizado y los vuelos irregulares que operan en territorio nacional.

“La semana que viene se reunirán sus integrantes para cruzar datos, tener puntos focales y a funcionar coordinadamente, esta es la parte del tablero que nos faltaba”, manifestó.

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La presidenta encargada de Venezuela anunció el martes la creación de una comisión de “reestructuración” del gobierno para adaptarlo a una “nueva realidad política” tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Antes vicepresidenta, Delcy Rodríguez asumió las riendas del país después que fuerzas estadounidenses capturaron al mandatario izquierdista en una operación militar en enero.

Desde entonces, Rodríguez ha cambiado la mitad del gabinete que heredó de Maduro, así como a todos los integrantes del alto mando militar ya gran parte de los comandantes regionales del ejército.

La presidenta encargada designó el martes a Héctor Rodríguez, ministro de Educación y figura del chavismo, como comisionado para “la reestructuración y reingeniería del gobierno”.

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La comisión se crea para lograr “una nueva estructura del gobierno adaptada a esta nueva realidad de Venezuela, a una Venezuela que renace”, dijo Rodríguez durante una reunión del consejo de ministros en el palacio presidencial de Miraflores.

Debe presentar resultados en “un lapso de 90 días”, precisó la mandataria durante la alocución televisada.

Además, comisionó a Anabel Pereira, ministra de Economía, para la “gestión eficiente” del gobierno. “El basamento administrativo financiero es fundamental para una gestión eficiente”, dijo Rodríguez, sin dar mayores detalles.

La mandataria gobierna bajo fuertes presiones de Washington, que afirma estar a carga del país caribeño. Rodríguez ha profundizado cambios gubernamentales como la eliminación de varios programas sociales del chavismo.

Asimismo, impulsó una reforma petrolera y una nueva ley de minas con miras a abrir el país con las mayores reservas probadas de crudo global a inversores extranjeros.

• Fuente: AFP

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El Ministerio Público representado por la fiscal Verónica Valdez, produjo este martes varias pruebas documentales que guardan relación al intercambio de mensajes entre el exministro abdista Arnaldo Giuzzio y el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

El juicio oral y público contra el extitular del Interior, acusado por el hecho punible de cohecho pasivo agravado por presuntos vínculos con el empresario que se encuentra detenido en Brasil, será retomado el próximo 5 de junio a las 10:00.

El tenista paraguayo, Adolfo Daniel Vallejo, tuvo un estreno histórico y bastante loco en Roland Garros, uno de los torneos más importantes en el mundo de la raqueta. El guaraní se sacó de encima al británico Cameron Norrie, número 24 del ranking ATP.

El jugador europeo sintió una lesión y se retiró del compromiso tras el 7-6 y 2-0, luego de una hora y 18 minutos de juego. El primer set fue terriblemente intenso, ninguno se pudo quebrar el saque y se definió en el tie-break, donde Vallejo llegó a estar 1-5 abajo, pero lo remontó de manera fantástica para cerrarlo con un marcador de 9-7 en 57 minutos.

Una multitudinaria marcha en la capital política de Bolivia derivó el lunes en choques con la policía, pese a que el presidente Rodrigo Paz anunció que bajará a la mitad su salario, en un intento por calmar las protestas que entraron en su cuarta semana. El mandatario centroderechista, que asumió el poder hace apenas seis meses, enfrenta una ola de manifestaciones que exigen su renuncia ante la crisis económica que sufre el país andino, la mayor en las últimas cuatro décadas.

Los manifestantes rechazan la política económica liberal de Paz, le exigen aumentos salariales y lo culpan de la distribución de gasolina de mala calidad que dañó miles de vehículos. “Estamos enojados, porque nos ha mentido” el presidente, aseguró Félix Mamani, minero de 47 años que asegura que su sector apoyó con sus votos a Paz.

"Hace rato que la oposición tiene como hoja de ruta volver a las listas cerradas, sin las máquinas de votación serían impracticable las listas abiertas", dijo el diputado Alejandro Aguilera, en torno a la campaña de desprestigio que impulsa el mencionado sector conjuntamente con la disidencia colorada contra el sistema electoral rumbo a las internas del 7 de junio, para las elecciones municipales del 4 de octubre.

“Nosotros creemos plenamente en el sistema electoral paraguayo y en la fiabilidad de las máquinas de votación, que ya fueron auditadas en su momento, según los plazos del calendario electoral, con participación de técnicos, partidos políticos y observadores", sostuvo al diario La Nación/Nación Media.

El rubro de la molienda de soja y otras oleaginosas está mostrando gran dinamismo en la primera parte del año. El crecimiento se puede observar en el procesamiento de los productos de origen agrícola y en la ocupación de la capacidad instalada, de acuerdo con los datos de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro).

La organización dio a conocer los datos del sector industrial al primer cuatrimestre del año. Entre los más destacados se halla el aumento del procesamiento de soja, que llegó a 1.119.038 toneladas, un crecimiento de 9 %, comparando con el mismo periodo del año pasado. Un nivel de procesamiento similar se había alcanzado por última vez, en el mismo periodo del 2019.

El Ministerio Público no avanza en la investigación abierta contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, por las inconsistencias detectadas por la Contraloría en sus empresas Aldia SA y Createc SA. Unos 45 millones de dólares fueron blindados bajo la figura de “reservas operativas”. Además se suman los USD 21 millones ocultos en un paraíso fiscal.

El exmandatario, quien al dejar el cargo declaró un patrimonio neto de G. 21,8 mil millones (unos USD 3 millones), se encuentra en el centro de una pesquisa que involucra USD 45 millones en utilidades no declaradas y una denuncia por presuntos depósitos en un paraíso fiscal.

Personal de la Prefectura Naval comenzó este martes con los trabajos de búsqueda en el río Paraguay del agente Lince desaparecido el último fin de semana en inmediaciones del puente Remanso. El objetivo es hallar alguna pista que conduzca a la localización del suboficial José Eduardo Gayoso, de 21 años, cuya moto fue abandonada en la zona citada.

El joven prestaba servicio en la Unidad del Grupo Lince de Luque y debía presentarse por la madrugada de ayer lunes. La denuncia de su desaparición se realizó alrededor de las 4:30. En ese momento, la mamá recibió la información de que hallaron su motocicleta sobre el puente Remanso. Sin embargo, el hecho fue comunicado a la familia recién cuando la madre acudió a la comisaría.

Los reclusos eran “torturados y golpeados”. María Eugenia Durán denuncia los tratos despiadados que, según le contó su esposo, recibían los presos de una cárcel del oeste de Venezuela antes de amotinarse el domingo. La revuelta estalló en un centro para presos comunes del estado de Barinas. Cientos treparon hasta el techo de la prisión y colgaron pancartas con mensajes como “SOS” y “No más tortura”, según observaron periodistas de la AFP.

Varios de ellos con el rostro cubierto incendiaron colchones y sábanas. Durán, de 48 años y esposa de un hombre preso hace cuatro años, dijo a la AFP que la razón que detonó la protesta es que los reos “fueron torturados, golpeados”. Las prisiones en Venezuela son objeto de constantes denuncias por condiciones de hacinamiento, conflictos violentos entre la población carcelaria y los custodios, y el control que ejercen grupos delictivos.

Esta cárcel de Barinas tiene una población de 1.200 hombres y poco más de 100 mujeres, aunque su capacidad es sólo para 450 personas, según la oenegé Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Ansiosos, decenas de familiares permanecieron todo el día en las inmediaciones de la cárcel, mientras veían a varios autobuses salir del penal para reubicar a los reclusos en otras prisiones.

“Queremos un listado de nuestros familiares” trasladados, demandaban a uno de los mandos militares en el lugar, ante la falta de claridad en el proceso. El militar dijo que los presos decidieron voluntariamente si querían o no ser llevados a otra prisión. Las autoridades no han ofrecido un balance sobre el motín ni confirmado si ya retomaron el control del penal.

El director de la cárcel, Elvis Macuare Guerrero, fue destituido tras la rebelión de los reclusos, confirmó un funcionario a la AFP. La oenegé indicó que desde que Macuare asumió el cargo hace una semana, los reos fueron objeto de “golpizas y torturas”. Además de que “presuntamente han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas”, añadió la organización.

“Ese hombre era el diablo”, dijo bajo anonimato una mujer que espera noticias de un familiar. El penal “había sido tranquilo”, pero “cambió cuando llegó el director”, contó Carla Rivas, de 36 años y quien espera noticias de su hermano recluido en esta cárcel. “Ellos lo golpearon, no sabemos cómo está”, lamenta. Militares y policías custodiaron la mañana del lunes el penal ubicado en la tierra natal del fallecido presidente Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas.

Temprano, 112 mujeres fueron trasladadas a otro centro penitenciario, informó el OVP. Más tarde partieron otros tres autobuses con reclusos a bordo. “¿Adónde van?”, gritaban familiares apiñados en una entrada. “¡Al Rodeo!”, respondían los presos. El centro de reclusión El Rodeo, a las afueras de la capital, es conocido por albergar presos por razones políticas en uno de sus pabellones, incluidos extranjeros.

“Aquí estamos todas las madres sin saber para dónde mandan a nuestros familiares”, se queja María Cristina Villamizar, de 66 años. “No le sigan violando sus derechos humanos, tengan compasión de ellos”, pide. El observatorio dijo en X que estos traslados “terminan incrementando el hacinamiento crítico que ya existe en los penales, generan separación familiar, aumentan el retardo procesal”.

La Fiscalía anunció más temprano en un comunicado que abrió una investigación sobre la “situación de protesta”. Al mismo tiempo la Defensoría del Pueblo envió una comisión para verificar “la integridad física” de los reclusos y “escuchar sus demandas”, indicó un comunicado del ombudsman. Las autoridades prometieron a familiares instalar una “mesa técnica” para mediar, según el OVP.

Hace un mes se registró un motín en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas, que dejó cinco prisioneros muertos, según las autoridades. En 2023 el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por bandas delictivas.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos tras la caída de Maduro en enero, prometió una reforma al sistema de justicia. Rodríguez impulsó además una ley de amnistía para excarcelar a cientos de presos políticos, que expertos han criticado por considerarla insuficiente.

Fuente: AFP.