El diputado colorado Raúl Latorre consideró que el proyecto de ley que busca reglamentar la pérdida de investidura solamente tiene como fin blindar a los legisladores que se encuentran salpicados con hechos ilícitos y que podrían perder su banca por dicho efecto.

“Haciendo memoria, el Senado expulsó a varios de sus miembros por varios motivos y acusaciones. Hasta por tener COVID-19 le expulsaron a una senadora por mayoría simple. Pero cuando le tocó a uno por acusaciones referentes a actividades ilícitas (haciendo referencia a Rodolfo Friedmann), el Senado concluyó que tenía que hacer un proyecto que reglamente la pérdida de investidura”, expuso el Dr. Latorre, en conversación con La Nación.

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El diputado mencionó que se intentó instalar una mayoría de dos tercios de la Cámara como cantidad necesaria de votos a favor para aprobar la destitución de algún miembro del cuerpo colegiado. “Eso fue muy diferente a la mayoría simple que siempre utilizaron para expulsar. Finalmente no prosperó la cuestión de dos tercios y el proyecto vino a la Cámara de Diputados, sin número específico”, dijo.

En ese sentido, Latorre expresó que manifestó a sus colegas, en diferentes ocasiones, que “atiendan con la cáscara de banana”. Agregó: “Se está esperando que nosotros le pongamos número a este proyecto de ley y que terminemos constituyéndonos en cómplices y, al final, responsables ante los ojos de la ciudadanía. Por eso, les dije que no pisemos la cáscara de banana. No planteemos los dos tercios, no seamos cómplices del blindaje del senador Rodolfo Friedmann”.

El legislador aclaró que la cuestión aún se está conversando a nivel bancada del movimiento Honor Colorado en la Cámara Baja y aseveró que aún no hay una postura definida. No obstante, indicó que varios de sus colegas comparten su posición. A su criterio, Latorre señaló que deberían rechazar el proyecto o establecer una mayoría simple para la pérdida de investidura, no así los dos tercios.

La Cámara de Senadores aprobó, el pasado 14 de octubre, el proyecto de ley por el cual se busca reglamentar el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre la pérdida de investidura sin modificar los votos para expulsar a un legislador. Por la aprobación votaron 23 senadores, por el rechazo 11 senadores y estuvieron ausentes 11 parlamentarios.

La propuesta, que pasó a la Cámara de Diputados para continuar con su estudio, establece plazos y procesos para resolver la pérdida de investidura, lo que llevaría un total de 30 días desde el momento de presentación hasta la última sesión en la que se resuelva la situación.

Además se estipula que en el caso de no encontrar fundamentos constitucionales suficientes para que el legislador pierda su investidura, el indiciado conservará su banca y no se le podrá iniciar un nuevo proceso basado en los mismos hechos.

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Ayer nada más asumió Gail Gina González como la nueva encargada de despacho del Indert tras la destitución de Mario Vega, anterior titular del ente, luego de ser denunciado e imputado por haber solicitado una millonaria coima para agilizar el trámite de un título. Tras asumir, González afirmó que no es la ahijada del político colorado Rodolfo Friedmann, de quien se dice maneja la institución.

En comunicación con el programa “Tempranísimo”, emitido por radio Universo 970 AM, González aseguró que tiene 25 años de servicio en la institución, a la que tiene mucho aprecio. Se comprometió a trabajar honradamente tras los nuevos escándalos detectados por pedidos de coimas de las altas autoridades. Además de Vega, otros expresidentes del Indert también fueron denunciados por coimas.

Aunque reconoció que el puesto es un cargo político que va más allá de lo técnico, indicó que lo ideal es que se den ambas cualidades. “Todos militamos dentro de un partido político, en la época de Fernando Lugo todos eran de su partido político. No podemos divorciarnos de eso. Yo no crucé palabra con (Rodolfo) Friedmann, no lo conozco personalmente. Yo no estoy puesta por él, no soy su ahijada. No soy del equipo de Friedmann. Tengo mi equipo del diputado Juancho Acosta (Colorado Añetete), en el Amambay. Por el momento estoy alejada de la política”, aseguró.

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González dijo que no siempre son los funcionarios del Indert los que trabajan con las coimas, sino además personas externas. Lamentó que siempre que saltan estas irregularidades se sindica como responsable al funcionario del Indert en su conjunto.

“Internamente, evidentemente que tenemos que investigar y esclarecer las cosas. Voy a tomar las determinaciones que correspondan. Vamos a trabajar sobre los informes y diagnósticos. Yo también me veo afectada cuando dicen los funcionarios (son corruptos), muchas veces no son los funcionarios de la casa y de carrera”, lanzó.

La encargada del Indert prometió definir hoy una investigación interna tras haber pedido varios informes de resoluciones, especialmente las que se dieron en el Chaco, sitio sindicado como el punto principal de los negociados de tierra. “El Chaco no puede funcionar como un Indert paralelo. La única diferencia es que las adjudicaciones de tierras son más grandes. No va a ser fácil, pero coraje no me faltará, conozco la institución y a mis compañeros”, puntualizó.

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Este jueves nuevamente se suspendió la audiencia de imposición de medidas de Rodolfo Friedmann, por el caso del negociado de la merienda escolar, en su época de gobernador del Guairá. El político colorado actualmente se encuentra imputado por el Ministerio Público.

La diligencia judicial se pospuso debido a que otros imputados, en la misma causa, presentaron varias chicanas que no permitieron que se desarrolle la audiencia de imposición de medidas.

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Desde su imputación, Friedmann y los demás procesados en la misma causa recurrieron a una serie de acciones judiciales para dilatar y así evitar la audiencia de imposición de medidas, para enfrentar a la justicia por las denuncias del negociado de la merienda escolar en el departamento del Guairá.

Hace unos días, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, en representación del exgobernador del Guairá, presentó una reposición y apelación en subsidio contra la determinación del juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú.

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El magistrado había admitido la imputación contra el parlamentario y lo convocó para este martes, para una audiencia de imposición de medidas cautelares, pero finalmente fue suspendida. Con la nueva chicana se logró el objetivo del imputado y su abogado defensor, la de suspender la diligencia.

La defensa argumentó su chicana diciendo que Friedmann posee inmunidad como senador, conforme al artículo 191 de la Constitución Nacional, y que, con la resolución del juez Otazú, se estaba vulnerando la garantía constitucional del derecho a la defensa en juicio.

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El Ministerio Público imputó al exgobernador del Guairá por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo. Su esposa, Marly Figuerededo, también está investigada por la justicia.

Friedmann es acusado de montar un esquema con la empresa Eventos y Servicios (ESSA) a fin de adueñarse con la merienda escolar, mediante licitaciones públicas direccionadas. Los demás procesados son el diputado Éver Noguera y Lourdes González.