El gobernador del Guairá, César Sosa, se refirió acerca del tractorazo que impulsan los cañicultores como medida de fuerza en reclamo a la falta de culminación del nuevo tren de molienda en la planta alcoholera de Petróleos Paraguayos (Petropar), en Mauricio José Troche. La obra debía estar operativa en el 2023.

“En el gobierno de Mario Abdo Benítez hubo una sobrefacturación gigantesca, esto no lo digo yo, sino las auditorías y todos los controles que se hicieron en el nuevo gobierno. La obra no se puede tocar sin antes tener un veredicto en la parte judicial. Necesitamos desempolvar para ver quién es el culpable y contra quién apuntaremos. Yo les entiendo a los cañicultores, pero necesitamos saber si fue la empresa encargada de la obra o las autoridades que estaban de turno”, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Cuando llegue el presidente Peña de Estados Unidos tendremos una mesa de trabajo ¿Dónde están los culpables de este error?“, reclamó el jefe departamental. Los 2.000 cañicultores movilizados pertenecen a los distritos de Guairá, Caazapá y Caaguazú. Más de 300 camiones y tractores avanzan hacia la ciudad de Asunción como medida de fuerza. Esperan que sus reclamos sean atendidos para evitar mayores conflictos en el sector.

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“Esta es una situación difícil. Nuestra responsabilidad es buscar una solución y golpearemos todas las puertas posibles para eso, no podemos salir en contra de este sector. Se necesita reactivar la obra, necesitamos sacar a la luz quién es el culpable. La gente tiene memoria corta y quiere culpar al gobierno entrante sobre lo que pasó en el anterior gobierno", sostuvo.

La actual planta de molienda tiene más de 40 años y trabaja apenas dos o tres meses al año debido a constantes fallas mecánicas. La nueva maquinaria permitiría triplicar la capacidad de procesamiento, pasando de 2.400 a más de 6.000 toneladas diarias.

Entre los requerimiento de los cañicultores también figura el ajuste de precio de la caña de azúcar, teniendo en cuenta que llevan 4 años cobrando la misma tarifa, pese a las pérdidas sufridas a raíz de la sequía. Otro pedido guarda relación con el comienzo de la zafra 2025, cuya fecha ha sido postergada constantemente.

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El superintendente de Comunicaciones de la Itaipú Binacional, José Luis Rodríguez Tornaco, explicó acerca de la postura oficial de la Margen Derecha de la Itaipú Binacional acerca de recientes publicaciones de medios de prensa y ciertos voceros de la oposición que cuestionan los alcances del acuerdo establecido entre las Altas Partes para la definición de la tarifa 2024 - 2026, basados en una serie de mentiras.

En comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que en principio había pensado que estos sectores que cuestionan podrían estar hablando desde la desinformación, pero luego de que la Itaipú emitiera una primera aclaratoria basada en documentaciones, persistieron en el error.

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Más aún, cuando luego de esto se concretó una reunión que estuvo encabezada por un extitular de la ANDE, que había sido incluso candidato a legislador por la oposición; y a esa reunión se sumaron otros referentes de la oposición que siempre han tenido un discurso crítico hacia el gobierno colorado y algunas figuras de la disidencia colorada; señaló que la única conclusión que puede sacar es que esto es una agenda política.

“En todo este tiempo hemos sido testigos de una campaña de desinformación, no nos queda de otra, que tratar de manera institucional, mostrar las resoluciones y documentos de la Itaipú; y a pesar de todo persisten en la necedad de insistir en la desinformación, por tanto deducimos que es una campaña de una agenda política de desprestigio”, enfatizó.

Respecto a las cuestionables posturas que están teniendo estos referentes contrarios al gobierno, señaló que están basados en creativas ideas que solo ellos sabrán de dónde las han sacado.

Como ejemplo, señaló que estos sectores afirman que se ha establecido a partir de análisis antojadizos que el aumento de la tarifa de la Itaipú, anunciado por el Gobierno del Paraguay, dicen que no ocurrió, lo cual es totalmente falso, enfatizó Rodríguez Tornaco.

En el comunicado de la Itaipú que en la fecha dieron a conocer, se han adjuntado fragmento de la Resolución del Consejo Administrativo Nro. 016/2024 del 09/05/2024 que establece en su Art. 2°: “Aprobar el valor nominal del Costo Unitario del Servicio de Electricidad (tarifa) de UDS 19,28 / kW por mes (...) para los Ejercicios 2024, 2025 y 2026.”

“Ya en la primera aclaratoria se les explicó que esto no era así, posteriormente siguieron con esta campaña argumentando que la tarifa real era UDS 15, y que no fue UDS 19,28. Decían que Paraguay recibió menos dinero que en la época de Marito, que el país perdió plata por colocar sus recursos en reales. Dijeron que era mentira que Paraguay va a recibir 1.950 millones de dólares, en gastos sociales y comenzaron a instalar esto con mucha fuerza en medios aliados”, indicó.

Resaltó que en este segundo comunicado aclaratorio de la Itaipú, el cual se puede leer en el siguiente enlace: Postura oficial de la Margen Derecha de ITAIPU, desarticula punto por punto con base a documentos, las falsedades que ellos mencionan.

Rodríguez Tornaco indicó que otra de las falsedades que señala este grupo minoritario, es que no quiere reconocer que no solo se logró el aumento de la tarifa, sino que además generó los ingresos adicionales que se necesitaban.

“Después dijeron que la plata que Paraguay no utilizó perdió. Sin embargo se les explicó que este año por primera vez se logró un presupuesto trianual, a raíz del acuerdo de las Altas Partes, y que el dinero que no se usaba se juntaba para el año siguiente. Esta gente comenzó a decir que esto era mentira, que no hay documento que avalen esto. Por eso, ahora se publicaron los puntos 2 y 3 de las resoluciones del Consejo de Administración en los que efectivamente se aprueba el presupuesto por tres años”, señaló.

Finalmente, destacó que desde la Itaipú trabajarán en lo que corresponda en materia de transparencia y comunicación para la ciudadanía, ya que la instrucción final que tienen es que cada guaraní que se obtuvo de la histórica negociación con el Brasil, llegue a cada uno de los paraguayos.

“Hoy ya se ven esos recursos en las maquinarias para las gobernaciones, en las patrulleras y motocicletas de la Policía, próximamente en las ambulancias, en la histórica compra de los mobiliarios escolares, en la culminación de las oficinas de Gobierno. En fin, en todo lo que implica la utilización correcta y transparente de los gastos socio ambientales. Además, recordemos que la Itaipú está auditada y calificada por las calificadoras de prestigio más importantes del mundo”, concluyó.

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la recu­sación contra el fiscal gene­ral del Estado (FGE), Emi­liano Rolón, planteada por la defensa de los exminis­tros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindicados de cometer terrorismo de Estado y persecución polí­tica mediante la instrumen­talización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Mediante las chicanas impul­sadas apuntaban a bastar­dear la causa penal con la finalidad de buscar impuni­dad. Los abogados sostuvie­ron en sus recusaciones que el titular del Ministerio Público ha demostrado un actuar ses­gado, adoptando posiciones que favorecen a una de las partes y su actuación en la conformación de equipos de trabajo.

Mientras que la Sala Penal de la máxima instancia judi­cial, conformada por César Diesel, Gustavo Santander Dans, Manuel Ramírez Can­dia, entiende que los argu­mentos esgrimidos por los letrados no constituyen moti­vos válidos para separar de la causa a Rolón.

Mediante esta decisión, Rolón podrá analizar la recu­sación pendiente impulsada también por los abogados abdistas contra la fiscala adjunta Matilde Moreno, que a su vez debe estudiar otras recusaciones contra los fis­cales inferiores. Cabe recor­dar que la audiencia prelimi­nar para los procesados sigue pendiente.

Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Car­men Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene fueron acusados por el Ministerio Público por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, reve­lación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, induc­ción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho puni­ble, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Mientras que Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espí­nola poseen fueros. La causa judicial surgió tras la denuncia formal por persecución polí­tica de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios inter­nos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.

El Tribunal de Apelación integrado por los camaristas José Waldir Servín, Agustín Lovera Cañete y Cristóbal Sánchez, ratificó la condena de 23 años de cárcel más 5 años de medidas de seguridad totalizando 28 años de pena privativa de libertad para el fusilero del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Lorenzo González, sentenciado por el secuestro y homicidio doloso de Cecilia Cubas.

El condenado fue el fusilero integrante del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que participó del plagio y homicidio de Cubas. Ahora la defensa del condenado tiene la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

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González fue extraditado a Paraguay en febrero del 2022, y también tuvo participación en la captura de la hija del expresidente Raúl Cubas Grau. Además de este antecedente, el ahora procesado aparece en un video de una reunión del grupo criminal que data del 2004.

Condenado a 34 años de cárcel

Por otra parte, la Cámara de Apelación, conformada por José Waldir Servín, Gustavo Santander y Agustín Lovera Cañete, confirmó la condena para Óscar Luis Benítez por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas. Benítez fue condenado a 24 años de cárcel y 10 años como medida de seguridad el 29 de junio del 2021 por el Tribunal de Sentencia integrado por Carlos Hermosilla, Sandra Farías, y Fabián Escobar.

Tras el secuestro de Cecilia Cubas en el 2004, Benítez se fugó del país y se mantuvo oculto en el Brasil durante 14 años, donde fue descubierto por la Policía en el 2017 y extraditado a nuestro país para afrontar los cargos de secuestro y homicidio doloso.

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