La Cámara baja del Congreso argentino rechazó este miércoles el veto del presidente Javier Milei a una ley que aumentaba fondos para personas con discapacidad, y ahora el Senado deberá definir si el bloqueo del mandatario sigue en pie.

Aprobada por el Congreso en julio, la ley declaraba la emergencia en la atención a personas con discapacidad para regularizar pagos atrasados de las prestaciones de salud y garantizarlos hasta diciembre de 2027.

Restablecía además el cupo laboral en el Estado para personas discapacitadas, eliminado por la administración de Milei.

El rechazo al veto alcanzó los dos tercios necesarios: 172 diputados votaron su anulación, 73 en contra y 2 se abstuvieron.

Mientras el Senado no rechace también el veto del presidente ultraliberal, este seguirá vigente.

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Milei, que asumió en diciembre de 2023, sostiene que la Ley de Emergencia en Discapacidad atenta contra el superávit en las cuentas públicas que su gobierno, a fuerza de ajuste fiscal, consiguió en 2024 por primera vez desde 2010.

Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley tenía un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PIB. Se espera que este miércoles la Cámara baja trate además el veto de Milei a un aumento de las jubilaciones, aprobado también en julio.

La ley vetada contemplaba un aumento de 7,2 % más un bono de unos 100 dólares para los que reciben la pensión mínima. La pensión y el bono actualmente suman unos 260 dólares mensuales, un tercio de la canasta básica del adulto mayor.

• Fuente: AFP

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La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc), Claudia Centurión, acudió este martes ante el Senado con la finalidad de solicitar el rechazo del proyecto que establece el procedimiento jurídico marco para la exoneración del pago de tasa de peajes del país.

La funcionaria de Estado comentó que el pago de peaje es importante para su institución porque permite generar recursos para la construcción de nuevas rutas y para los mantenimientos. La propuesta ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

“Nuestra posición siempre es pensando en los fondos que dispone el Ministerio de Obras Públicas para no solo construir, sino mantener las rutas. Parte importante de esa estructura de costos tiene relación con la recaudación de peajes”, indicó a los medios de comunicación.

Asimismo, Centurión manifestó que “sin embargo la buena noticia es que desde el ministerio se trabaja en la modernización de los peajes, en tecnologías para todo el país, y esto va a poder permitir en el corto y mediano plazo se cuenta con mucha mayor información y los datos reales de los usuarios frecuentes. Ahora también el registro de patente generará mucha información adicional para generar con datos reales mejoras, beneficios, incentivos para aquellos usuarios frecuentes del peaje".

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La objeción de Centurión a la iniciativa cuenta con el respaldo de las comisiones de Hacienda y de Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos, bajo el argumento de que no existe una fuente económica que reemplace el ingreso obtenido mediante la aplicación de peajes. El proyecto impulsado por el diputado Hugo Meza, en su artículo 3, contempla exonerar el pago del 100 % para los ciudadanos habitantes de los distritos donde están ubicados los puestos.

Mientras que, en su artículo 4, estipula la exoneración del 50 % del pago a los habitantes de los distritos de los departamentos donde están ubicados los puestos de peaje. En ambos casos el beneficio solo podrá ser usado dos veces diarias por cada vehículo, es decir, ida y vuelta, y solo en sus respectivos puestos de peajes.

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El ministro del Interior, Enrique Riera confirmó que se adquirirán diez polígrafos y al menos cien comisarios serán los primeros en ser sometidos a esta prueba de veracidad, antes de ser ascendidos.

“Nosotros estamos comprando diez polígrafos porque la nueva ley no solamente exige para ascender. Y en menos de dos meses cien comisarios van a pasar por el polígrafo y vamos a ver cuántos quedan”, señaló a Unicanal.

Aclaró que solo los que logran pasar la prueba podrán ascender de cargo o rango. “Los que no pasan no ascienden”, remarcó.

Dijo que el uso del polígrafo también se dará en Asuntos Internos, donde se procesan denuncias contra los policías.

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“El director general es un abogado y yo cada vez que recibo una denuncia de cualquiera, copio, pego y le envío. Y al día siguiente aparecen los tipos, te sacan el arma, la placa y empiezan a tomar declaraciones. Y la cara de susto que tienen porque nunca sucedió. Y ese señor va a tener un polígrafo”, comentó.

Consideró necesario que ante una acusación el agente policial sea sometido al polígrafo. “Y será un elemento clave para empezar a mandar señales necesarias”, afirmó.

Riera recordó que actualmente hay más de mil sumariados en las filas policiales. “Y más de cincuenta van a ir de baja. Que salen por decreto y será pública la lista”, adelantó.

“O sea, esta es una lucha por dentro y por fuera. Y lo que se quiere es mandar una señal. A los jóvenes policías que vengan con objetividad: y digan portarse bien puede ser un buen negocio. Yo puedo llegar a ser el comandante de la Policía, porque saben que van a tener que pasar por el polígrafo. Y para afuera la señal es que se está intentando hacer las cosas, mejor”, subrayó.

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El ministro del Interior, Enrique Riera, destacó el proceso de cambio en la institución policial que dejará un modelo diferente y, principalmente, que garantice la seguridad ciudadana. El secretario de Estado realizó esta valoración al considerar los dos años de gestión del gobierno de Santiago Peña.

El ministro aseguró que, al término de este Gobierno, la policía va a estar institucionalizada, mejor equipada y capacitada, así como más depurada. “El mensaje mío es de esperanza porque el Gobierno estableció cuatro prioridades: la educación, la salud, el empleo y la seguridad, y se estableció que si no hay seguridad no hay inversión, si no hay inversión no hay desarrollo, entonces, a mayor seguridad, mayor desarrollo”, dijo en entrevista para La Nación/Nación Media.

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Como uno de los principales logros de esta cartera de Estado, Riera destacó la puesta operativa de la Policía Nacional, con la inversión en formación y equipamiento. “Hay que señalar se pudieron adquirir cerca de 600 camionetas 0 kilómetros, más de 8.000 chalecos antibalas, se pudo lograr la compra de más de 1.000 motocicletas, además de eso se triplicó la cantidad de Linces, que hoy tiene 700 motos y 1.400 Linces. Otro logro también fue la decisión del Gobierno de quintuplicar el número de ingresantes en la Policía, lo que equivale pasar de 1.000 policías por año ingresado a 5.000 policías por año”, señaló.

Agregó que, manteniendo este ritmo, en los próximos tres años se llegarán a los 50.000 policías, “y eso responde a estándares internacionales, establecido en los organismos internacionales más importantes del mundo, que establecen una mínima de 300 policías por cada 100.000 habitantes”.

Siguiendo la misma línea de cambio institucional, se refirió a la nueva ley de modernización después de 30 años, ya que la ley 222 data del año 1993, y la actual ley con un año de vigencia hace que sea una Policía totalmente cambiada. Esta nueva normativa incluye beneficios para los integrantes de las fuerzas de seguridad, pero también un estricto cumplimiento de sus obligaciones.

“Vamos a dejar una policía fortalecida institucionalmente, una policía más depurada, porque también hay que mencionar que en la nueva ley vigente se establecen muchos beneficios sociales para la policía, pero paralelamente la obligatoriedad de pasar por el polígrafo para los ascensos, quiere decir que van a llegar a los cargos superiores aquellos que no cuentan con cuentas pendientes o conductas deshonestas”, remarcó.

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Una de las principales preocupaciones de la ciudadanía es la seguridad en las calles, a lo que el ministro comentó que “al aumentar el número de policías, de 5 veces más por año, es cierto que a dos años tenemos la primera dotación de 5.000 policías que salieron el año pasado y estamos recién a 7 meses de esa implementación y a diciembre de este año salen los siguientes 5.000 policías, es decir que, a los dos años de Gobierno, va a coincidir con dos dotaciones, 10.000 policías más”.

Resaltó que el objetivo es tener mucha más seguridad en el corto, mediano y largo plazo, por lo menos en los tres años de gestión que queda el presidente. “Hay un plan trazado que se está ejecutando puntualmente y que está generando para nosotros grandes resultados en otras áreas que no eran típicamente policiales, pero que sí estaba faltando”, aseguró.

Por otra parte, habló de las proyecciones en materia de seguridad, mientras destacó que las grandes inversiones ya vienen dando resultados. “Nuestros números son buenos, en el sentido que hemos reducido porcentajes importantes en todos los delitos sin excepción y particularmente en Capital y Central. La mezcla de Linces, patrulleras y las inversiones de más de 5 millones de dólares en 2.800 equipos de comunicación que tienen 11 canales, permiten la simultaneidad de las operaciones y la concentración de policías en los lugares donde suceden los eventos”, mencionó.

Detalló que se está trabajando en potenciar el Sistema 911, que permite con tecnología tener la información en tiempo y forma para poder responder de una mejor manera. “Nosotros creemos que el día que podamos completar, toda la dotación, tendremos la posibilidad que las patrulleras, las motocicletas y las patrullas puedan hacer algo que hoy la ciudadanía nos reclama, que es la mayor y mejor presencia al interior de los barrios”, sentenció.