El diputado colorado Rodrigo Gamarra reprochó el anuncio de la medida de fuerza del sector transportista, señalando que este paro es un chantaje descarado contra la ciudadanía, ya que considera que no existen justificativos para esta medida de fuerza.

En comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que no observa alguna crisis de costos, tampoco hay deuda atrasada por parte del Gobierno; por tanto, “lo que hay es una presión abusiva sobre la ciudadanía de parte de los empresarios del transporte", dijo.

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De hecho, afirmó que hace unos días el Viceministerio de Transporte confirmó que están al día con el pago de subsidio. El legislador compartió unos datos concretos respecto a la suba de combustible, explicando que sigue manteniendo la tarifa más baja, incluso cuando asumió el gobierno el presidente Santiago Peña.

Al respecto destaca que a pesar del último reajuste, el precio actual sigue siendo G. 1.600 más bajo que en enero de 2023, lo que representa una caída neta del −18 %.

“Nosotros, y menos la ciudadanía, puede seguir siendo rehenes de un grupo que amenaza con paralizar el país cada vez que no se le da un privilegio. El Estado no puede legislar bajo extorsión. Acá es necesario poner orden en el sector del transporte”, reprochó .

El legislador recriminó de este modo las últimas declaraciones del titular de Cetrapam, César Ruíz Díaz, quien bajo tono amenazantes hizo el anuncio del paro de tres días. Indicó que esa no es la base para iniciar una mesa de negociación seria.

“Las bases de negociación deben ser sobre realidades, y éstas son que el combustible bajó entre 4 o 5 veces en este gobierno. En enero del 2023, estaba G. 8.900, que fue el punto más alto registrado el diésel común. De ahí fue bajando, hasta G. 6.920. Recién ayer, 10 de julio, subió de vuela el costo del combustible, subió a G. 7.300; y aún así sigue siendo 1.600 guaraníes más bajo, de cuando inició este gobierno”, explicó.

Por otra parte, indicó que el aumento salarial que se dio en este mes, es aún muy poco, en comparación a lo que los empresarios están exigiendo para ajustar la tarifa.

“No existen argumentos válidos para decir que van a paralizar el país. Estoy de acuerdo, que cualquier sector puede exigir reivindicaciones, que pueda pedir revisiones y pueda asentar criterios o conceptos por los cuales cree que merece un mejor trato, y no generar de la nada una crisis cuando no los hay”, acotó.

Por otra parte, el legislador colorado señaló que considera que ha llegado el momento de analizar alguna legislación, para que cualquier ciudadano, usuario del transporte público, pueda demandar civilmente a los dueños de líneas transporte; cuando éstos suspendan el servicio sin razón válida.

Sostuvo que los empresarios deberían asumir las responsabilidades cuando perjudican económica, o en su salud al usuario de transporte.

“El usuario también necesita contar con garantías cuando utiliza el servicio, porque también está solventando el servicio con el pago de su pasaje. Por que la persona el día del paro, no podrá llegar a su lugar de trabajo, a riesgo que se lo descuenten la jornada, no podrá llegar a su consulta médica. Entonces, se tienen que hacer cargo de la responsabilidad civil o penal que ellos generan”, señaló.

Mencionó que también es necesario que se analice alguna legislación que establezca cancelar los itinerarios y volver a licitar los mismos, de aquellos que no cumplen con el servicio.

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Continuando con el análisis de los casos de hechos punibles de lavados de activos, hechos punibles contra el patrimonio del Estado, a través del sistema financiero y económico del país; así como el contrabando y otros delitos conexos, la Comisión Bicameral de Investigación de Antilavado invitó al periodista Jorge Torres Romero, de Nación Media, a fin de brindar datos o informaciones que pudo recabar a través de su trabajo investigativo.

El periodista preparó una presentación sobre tres puntos principales: el caso Cabeza Branca, el caso de la Conmebol y el tercero el fideicomiso del Instituto de Previsión Social (IPS), con un banco de plaza.

Al hablar del primero, dijo que se trata del mayor caso de lavado de dinero en la República del Paraguay, que tiene que ver con Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”; en la cual la propia agente fiscal Lorena Ledezma, que estuvo en la Unidad Especializada Antidroga, entonces, había dicho que la investigación le llevó 5 años.

La investigación fiscal, encontraron que el caso fue tan complejo y amplio que la propia fiscalía tuvo la necesidad de dividir su investigación. Porque encontraron la participación de entidades financieras en el esquema de lavado de dinero, varios de esos bancos con montos no muy llamativos, hasta que saltó el nombre del Banco Atlas, donde ahí se observa un movimiento de un poco más de 6 millones de dólares

“La doctora Ledezma menciona en su informe fiscal que estos hechos constituyen indicios suficientes de la complicidad de las instituciones financieras en la integración y simulación de los activos de Luis Carlos Da Rocha, en el sistema financiero y en consecuencia se comunica estas circunstancias para el inicio de la investigación. Con esto, se abrió otra investigación relacionada a Cabeza Branca, pero vinculada a entidades financieras”, citó.

Basándose en toda la investigación fiscal y los documentos que fueron recabados, el periodista señaló que lo que se puede deducir que el banco citado no realizó la debida diligencia para el otorgamiento de créditos, a supuestos empleados de Cabeza Branca.

El siguiente punto desarrollado fue el caso Conmebol, un tema que fue ampliamente difundido, indicó que tuvo un gran desarrollo, incluso con sus derivaciones. Mientras que, en una tercera parte de su presentación, se refirió al fideicomiso del Instituto de Previsión Social (IPS), con un banco de plaza.

En este último brindó detalles de su investigación, que involucró a unos 828 mil millones de guaraníes para 4 obras puntuales, hospitales públicos que a la fecha no existen esos edificios, ni tampoco se devolvió el dinero.

Ante el plenario de la CBI, el periodista señaló que llamativamente los tres casos expuestos ante el plenario están actualmente trancados en la fiscalía.

“Por qué menciono el caso de IPS, porque hay un patrón denominador particular que tiene que ver con la debida diligencia del banco. Para realizar los desembolsos de los créditos, del fideicomiso de los G. 828 mil millones, tuvieron que pagar las autoridades anteriores del IPS y según el contrato de fideicomiso, las órdenes de pago debieron estar firmadas por el gerente de infraestructura y el que firmó fue el de mantenimiento. Entonces, no se tuvo que dar esa plata”, indicó.

Agregó que según el informe preliminar de auditoría, aún se espera el informe final por parte de las autoridades actuales. Indicó que en ese informe preliminar aseguran que la plata ya no está, y tampoco se hicieron las obras. “Esto es grave, G. 828 mil millones de plata de IPS que se ha esfumado, no sé quiénes se lo llevaron, si los administradores anteriores o no se quién. Pero el hecho objetivo es que no están las obras, y tampoco está el dinero”, indicó.

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El asambleísta alterno e influenciador de redes sociales Cristhian Nieto y su esposa fueron asesinado a tiros la noche del domingo en la ciudad de Manta, oeste de Ecuador. “Se confirma la muerte del individuo (Nieto) con varios impactos de bala”, confirmó a medios el coronel de la policía Fabary Montalvo la noche del domingo.

El legislador suplente, del partido opositor Revolución Ciudadana, y su esposa Nicole Burgos asistían a una función de circo en el centro de la ciudad portuaria de Manta, en la provincia de Manabí, cuando un grupo de armados ingresó por la parte trasera de la carpa instalada para el evento y abrió fuego.

Montalvo agregó que el ataque fue “direccionado” contra del asambleísta. Otras dos personas sufrieron heridas, pero sobrevivieron. Unos 12 indicios balísticos habían sido recogidos por la policía hasta la noche del domingo. Burgos, la esposa del asambleísta, estaba transmitiendo en vivo desde su cuenta en TikTok cuando empezó el ataque. El horror y la desesperación de los presentes quedó grabado en imágenes que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

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Cristhian Nieto, de 34 años, era asambleísta alterno de la legisladora Mónica Salazar, representante por la provincia de Los Ríos (suroeste). El legislador era también un reconocido influenciador de redes sociales, donde usaba el pseudónimo de Cristhian Rescata pues hacía labor social con niños huérfanos, animales abandonados y consumidores de drogas.

La Asamblea Nacional expresó la noche del domingo, a través de su cuenta en X, un “profundo sentimiento de pesar y solidaridad a sus familias y amigos” ante el “terrible asesinato” de la pareja. Otros dos asesinatos de políticos han remecido recientemente a la provincia de Manabí. En marzo fue baleada la alcaldesa de San Vicente Brigitte García y en julio de 2023, el alcalde de Manta Agustín Intriago fue asesinado recorriendo un barrio de la ciudad.

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Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, Ecuador se convirtió hace años en un centro logístico para el envío de droga a Estados Unidos y Europa. En enero, el presidente Daniel Noboa declaró el país en “conflicto armado interno” para poder desplegar al ejército con el fin de neutralizar una veintena de bandas criminales.

Fuente: AFP

El analista político Hugo Duarte hizo un análisis sobre el tema de la representación política en el Congreso Nacional, ante los cuestionamientos que ha generado la renuncia del senador Orlando Penner al Partido Patria Querida (PPQ). En ese sentido, recordó que la Constitución Nacional es clara al señalar que la banca le pertenece al candidato electo y no al partido.

En comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, señaló que el problema del fondo viene a raíz de la decisión de establecer el Voto Preferencial, legislación que justamente fue promovida por Patria Querida, y que ahora evidencia su total falta de lectura política profunda, en su momento, de las consecuencias que traería este cambio.

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Comenzó señalando que prefiere hacer un análisis más bien por el lado de la representación, ya que una evaluación de la parte ética, si corresponde o no renunciar a un partido, en post de buscar alianzas estratégicas para alcanzar objetivos concretos; pasa más por la parte subjetiva y hay personas que lo ven como algo positivo, mientras que otros lo cuestionan.

“Nunca vamos a ponernos de acuerdo en cuestiones subjetivas, como esto. Imagino que los que le apoyan al senador, y algunos grupos de su comunidad menonita dirán que está bien, porque para eso lo eligieron. Son criterios divisivos, que probablemente se pueda llegar a acuerdos”, comentó.

En lo que respecta a la representación parlamentaria, el analista señaló que en la Constitución Nacional de 1992 ya le despojó a los partidos políticos el tutelaje sobre la representación de los legisladores. Conforme al artículo 201 que establece que los senadores y diputados no están sometidos al man­dato imperativo de los parti­dos políticos.

“Esta legislación es clara, al señalar que ningún partido político puede obligar a un legislador a adoptar una u otra postura de manera imperativa. Entonces, allí hay una debilidad de la representación partidaria o del argumento que la banca le pertenece al partido. Según la Constitución Nacional, la banca le pertenece al legislador electo”, explicó.

El analista señaló que se hace efectivo el ejercicio de la representación, al momento de la toma de decisiones, al momento que el parlamentario toma una decisión de una postura sobre un tema determinado.

Por otra parte, el analista Duarte indicó que a esta situación se suma la complejidad que trajo el Voto Preferencial, que justamente fue promovido por Patria Querida en su momento, y seguramente con muy buena intención, pero sin haber hecho un análisis profundo de cómo esto iba a impactar en sus propias filas.

“Con la vigencia del voto calificado o preferencial, el partido político es ya prácticamente una institución jurídica que presta su organización para que el ciudadano pueda competir por una banca y nada más. Simplemente el candidato usa la chapa para que cada uno pueda hacer su campaña, buscar los votos y si consigue los números representar a un sector de la sociedad en el Parlamento”, explicó.

Insistió que el problema no está en el legislador, sea este diputado o senador, sino que el problema está en el sistema, que hoy es un sistema híbrido de representación entre lo unipersonal y el proporcional.

“Porque la definición de los candidatos electos surge primero de la suma total de los votos que tuvo el partido y luego se hace un recuento de vuelta para ver quiénes son los que obtuvieron la mayor cantidad de votos, para poder entrar en la representación parlamentaria. Entonces, ahí es donde surge la discusión, si a quién le pertenece la banca”, acotó.

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