Las denuncias de irregularidades hechas por los concejales de Ñemby contra el intendente Lucas Lanzoni les costó el salario de unos meses, aseguró el concejal Jorge Ojeda. Ahora la Fiscalía ha allanado la municipalidad y el edil espera que puedan esclarecerse las transferencias de dinero realizadas a 75 comisiones vecinales.
“Esperamos que la Fiscalía actúe con imparcialidad y objetividad, que pueda hacerse justicia, porque hablamos de mucha suma de dinero que se debe esclarecer”, aseguró en contacto con La Nación. Se habla de unos G. 4.500 millones, de los cuales G. 3.100 millones fueron para 75 comisiones vecinales y G. 1.400 millones se destinaron a una comisión de eventos especiales.
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Ante esto, negó el hecho de que sea una persecución política, que más bien son ellos los perseguidos al ser excluidos del cobro mensual de sus dietas. “Nosotros los concejales sí somos objeto de persecución, siempre denunciamos desde el año paso, a mí por ejemplo hace 10 meses no me pagan el salario”, indicó.
También se refirió a otros dos colegas, Javier Osorio, quien no percibe hace 5 meses su sueldo y Julio Vallejos, hace 6 meses. “Somos los tres que estamos cumpliendo el rol de contralor de la gestión presupuestaria”, añadió.
Destacó que la presión ciudadana fue vital para conseguir la verificación de la gestión, teniendo en cuenta que los líderes vecinales manifestaron en todo momento que no recibieron dinero público para la ejecución en obras de empedrado en las distintas comunidades. Las obras viales se llevaron a cabo con fondos colectados por los mismos con actividades benéficas.
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La Fiscalía se cansa de las chicanas y pide reactivar la causa de excolaboradores de Abdo
La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia reactivar la causa correspondiente a la causa de la filtración de información por parte de exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Los agentes fiscales Silvia González y Christian Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la conformación del Tribunal de Apelación para destrabar la causa de las filtraciones de la Seprelad.
El objetivo del Ministerio Público es que este órgano resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados, según una información publicada por el diario digital hoy.com.py.
Estas acciones judiciales mantienen completamente frenado el proceso e impiden que se pueda fijar la fecha para la audiencia preliminar.
Según la acusación fiscal, entre los años 2021 y 2022 se estructuró un esquema ilícito integrado por exautoridades de la Seprelad, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y el Ministerio del Interior.
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La hipótesis del Ministerio Público sostiene que este grupo elaboró y filtró de manera coordinada informes de inteligencia financiera de carácter confidencial. Estos documentos alterados y reservados habrían sido utilizados para perseguir a adversarios políticos del gobierno de Mario Abdo Benítez.
A pesar de que la Fiscalía presentó la acusación formal y solicitó elevar el caso a juicio oral el 11 de marzo de 2025, la causa lleva más de un año paralizada debido a una incesante cadena de recursos promovidos por los abogados defensores.
La última acción planteada fue contra los miembros de la propia Cámara de Apelaciones. Esto derivó en que el expediente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia, donde permanece congelado a la espera de una resolución que defina qué jueces deben intervenir.
El requerimiento conclusivo de la Fiscalía cuenta con más de 200 elementos de prueba documentales, periciales y testimoniales. El Ministerio Público acusa directamente a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
Los procesados enfrentan cargos por asociación criminal, revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa. Cabe destacar que el también investigado Daniel Farías falleció en marzo pasado, quedando fuera del proceso judicial.
Por otra parte, el expresidente Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola mantienen un estatus diferente dentro del expediente penal. Ambos fueron imputados en marzo de 2024, pero actualmente se encuentran protegidos por contar con fueros de inmunidad.
- Fuente: hoy.com.py
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IPS denuncia presunto daño patrimonial y avanza en otras 30 investigaciones
El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó denuncia ante el Ministerio Público y prepara otras 30 más, como resultado de una serie de auditorías que ordenó el actual presidente doctor Isaías Fretes.
Esta primera denuncia formal presentada tiene que ver con una licitación que se realizó en el 2019 y tuvo problemas para su ejecución respecto a la interconexión entre la subestación del Jardín Botánico y el Hospital Central de IPS.
En conversación con el programa “Arriba Hoy”, que se emite por canal GEN y Universo 970AM/ Nación Media, Walter Laguardia, director de Auditoría Interna de la previsional, explicó que, junto con el responsable de la Asesoría Jurídica del IPS, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público.
Mencionó que esta primera denuncia tiene que ver con la sustracción de cables y materiales eléctricos, cuyo daño patrimonial en este caso estaría rondando los USD 15.000; cerca de los 90 millones de guaraníes, por lo que no se puede subestimar.
Explicó que el proyecto se retrasó debido a la falta de autorización del Banco Central del Paraguay, cuya infraestructura no permitía el paso de cables subterráneos por razones de seguridad en la bóveda, lo que exigía una planificación compleja. No obstante, señaló que los materiales adquiridos mediante dicha licitación —principalmente cables e insumos eléctricos— fueron resguardados en el Hospital Central.
Señaló que al hacer el control del inventario se encontró que había un faltante de cables importante. Recordó que en la administración pública todo faltante ya constituye la posibilidad de un daño patrimonial.
“Hemos presentado la denuncia en la fiscalía barrial, junto con la asesoría jurídica el día de ayer. Es la primera denuncia formal que realiza la gestión del actual presidente del IPS el Dr. Isaías Fretes. Pero finalmente, el doctor Fretes cuando realiza sus recorridas o recibe mucha información sobre las irregularidades que existen y sobre eso ya ha encargado unas 30 auditorías desde que asumió la presidencia del IPS”, precisó.
Mencionó que mediante estas auditorías que se está llevando adelante están en el proceso de juntar las evidencias de las denuncias que se está recibiendo. Aunque reconoció que varias de esas denuncias no tienen sustento.
Señaló además que, justamente por eso, es que se somete primeramente a un proceso de auditoría y si dentro de ese proceso se encuentras las evidencias suficientes del hecho y que amerita una denuncia penal pasan a la siguiente etapa que es presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público.
“Lastimosamente vinimos a encontrarnos en esta situación y ante estas irregularidades que verdaderamente me sorprende, porque estos quirófanos, modulares, que el presidente fue descubriendo en sus recorridos realmente representa una situación muy grave en relación con la misión que tiene el IPS que es de salvar vidas”, acotó.
Mencionó que estuvo analizando auditorías anteriores, donde ya se mencionaban una muy mala planificación de la dirección de este instituto, porque se preveía la instalación de quirófanos y modulares en el edificio en zonas donde no iba a poder soportar el peso de esos equipos, luego se decidió llevar a otros lugares donde tampoco el terreno era adecuado y finalmente quedaron abandonados esos equipos.
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Coronel Oviedo: investigan caso de presunta intoxicación de cuatro niños con crack
Cuatro niños resultaron intoxicados presuntamente con crack en Coronel Oviedo. Los mismos fueron trasladados en ambulancia hasta el hospital de la ciudad desde una casa ubicada en el asentamiento 6 de enero y donde aparentemente se comercializa droga.
La fiscal del caso Lourdes Soto indicó que el hecho fue comunicado ayer y esta mañana seguirá con las diligencias para determinar las circunstancias en las que los niños resultaron intoxicados. No descartó que los mismos estaban siendo utilizados para la venta de estupefacientes.
“La Policía hizo su intervención, me dijeron que estaban hospitalizados, se les estaba haciendo lavado de estómago y según el policía interviniente solamente encontraban una sustancia tipo leche, que fue lo que le manifestó la médica”, dijo en comunicación con la 1080 AM.
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Los niños hospitalizados son dos de 5 años, 7 y 9 respectivamente. También un hombre de 56 años identificado como Higinio Garay Torres, quien fue derivado al centro asistencial, según el reporte de la Policía Nacional.
Gaseosa
La agente del Ministerio Público señaló que, de acuerdo con lo manifestado por el personal policial interviniente, una mujer conocida con el nombre de Marisa llegó hasta la casa e invitó gaseosa a los cuatro niños. Tras el lavado de estómago en el hospital una de las madres de los menores encontró una piedrita de color amarillo, sustancia que fue sometida a prueba y que habría dado positivo a crack.
En otro momento, la fiscal mencionó que según las informaciones recibidas ya se había solicitado la intervención en la vivienda ante informaciones de que presuntamente se comercializa droga. “El relato que yo tengo es que es una casa que ya se pidió allanamiento, me dijo el oficial interviniente que se había pedido ya a Narcotráfico para allanar, porque ellos tenían información que se vendía ahí droga”, expresó.
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IPS denuncia ante la Fiscalía robo de cables por valor de G. 90 millones
Las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) denunciaron este miércoles ante el Ministerio Público el robo de 111 metros de cables del departamento de Mantenimiento del Hospital Central.
El asesor jurídico Pablo Morínigo presentó el escrito ante la Fiscalía Barrial número 7 y según afirmó el perjuicio causado al instituto sería de unos G. 90 millones.
Explicó que esta es la primera acción impulsada por la nueva administración contra personas innominadas. Dijo que esta denuncia es la punta del iceberg, ya que actualmente hay unas 30 auditorías en curso ordenadas en investigación de varias irregularidades detectadas en diferentes ámbitos del ente previsional.
“La denuncia es contra personas innominadas. Puede ser el monto que sea, puede ser dos jornales también, pero no pasa por la cuantía, pasa por el hecho. No podemos dejar pasar nosotros, estamos obligados”, señaló Morínigo a los medios de prensa.
Afirmó que por cada hecho detectado se abre auditoría a fin de que se pueda contar con documentos que avalen las denuncias.
“Desde que el doctor Isaías Fretes asumió, de todos los recorridos que él hizo, él ordenó aproximadamente 30 auditorías de los distintos hechos que fue notando”, subrayó.
Comentó que actualmente están trabajando en el IPS dos equipos de Auditoría del Poder Ejecutivo así como siete equipos de la Contraloría General de la República, al mencionar que las investigaciones están “en pleno proceso”.
“Por eso es que dije que esto es la punta del iceberg , vamos a ir encontrando más cosas y eso va a ameritar probablemente más denuncias y eventuales sumarios administrativos”, remarcó.
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