La Cámara de Diputados aprobó la ley que establece el uso obligatorio de tapabocas en lugares públicos; sufrió algunas modificaciones a la versión del Senado, por lo cual vuelve a la cámara de origen para su estudio.
Los senadores establecieron cobrar una multa en el caso de incumplir la ley, Diputados modificó esta versión y estableció que la misma recaiga sobre los responsables de los lugares donde está establecido su uso obligatorio. La multa será de dos jornales mínimos, en el caso de que se reincida el local se cerrará por 10 días, si existe una segunda vez será clausurado permanentemente.
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El diputado Basilio Núñez expresó que tal vez sea ridículo obligar por ley su uso, pero que corresponde. “Al no tener vacunas, debemos usar mascarillas, distanciamiento social y lavado de manos; no hay otra cosa que podamos hacer, estamos entrando en la etapa de circulación comunitaria”, advirtió.
Con esta normativa se dispone que el uso de mascarillas o algún elemento que cubra la nariz, boca y mentón sea obligatorio a partir de los 6 años de edad. Debe utilizarse en lugares públicos y privados.
En el caso de que asistan a un lugar con más de cinco personas en un espacio donde la distancia sea menor a un metro y medio, también deben usar el tapaboca.
Los lugares donde estará rigiendo esta reglamentación será en los centros de salud, lugares educativos, restaurantes, bares, comercios, hoteles, casinos y establecimientos religiosos y otros. La vigencia de la misma será mientras dure la pandemia del COVID-19.
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Plantean modificar ley de la tercera edad para incluir a personas con discapacidad severa
El diputado Roberto González presentó esta semana un proyecto de ley que busca modificar seis artículos de la ley que establece la pensión universal para adultos mayores, con el objetivo de extender este beneficio a las personas con discapacidad severa, independientemente a su edad.
La iniciativa plantea modificar los artículos 3°, 7°, 8°, 10, 12 y 17 de la Ley N° 7322/2024, ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.
La propuesta legislativa surge como respuesta a lo que el parlamentario considera una “omisión significativa” en la ley original, que dejó desprotegida a una población vulnerable que enfrenta barreras importantes para su inclusión social y económica.
Según la exposición de motivos la Ley 7322/2024 nació con el propósito de otorgar un ingreso económico mensual equivalente al 25% del salario mínimo, a personas vulnerables que, por su edad o condición física, no pueden acceder al mundo laboral.
“La mencionada ley no contempla a personas con discapacidad severa de cualquier edad, dejando desprotegida a una población vulnerable que aparte de las carencias y dolencias físicas, debe sobrellevar costosos tratamientos médicos”, argumenta el diputado en su escrito de presentación.
Agrega que el proyecto encuentra sustento en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Paraguay, que en su artículo 28 establece el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado, incluyendo acceso a protección social.
Refiere, igualmente, que el documento se apoya en el artículo 25 de la Constitución Nacional, que reconoce específicamente los derechos de las personas con discapacidad, y busca garantizar el principio de vida digna consagrado en la Carta Magna.
Principales modificaciones
Algunas de las modificaciones incluyen la incorporación de las personas con discapacidad severa certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Sinadis), como beneficiarias de la pensión mensual no menor al 25% del salario mínimo, independientemente a la edad.
Además, crea el “Fondo de Pensión a Personas con Discapacidad Severa” como complemento al fondo existente para adultos mayores. Así como establece que el Ministerio de Economía y Finanzas debe crear un objeto de gasto específico para el pago de pensiones tanto a adultos mayores como a personas con discapacidad severa.
Mantiene las mismas restricciones para acceder al beneficio, excluyendo a quienes reciban remuneraciones del sector público o privado, contribuyan al Impuesto a la Renta o posean más de 30 cabezas de ganado.
González argumenta finalmente que la medida no solo promoverá la inclusión social, sino que también aliviaría la carga económica de las familias que cuidan personas con discapacidad severa.
Otro proyecto similar
Es importante mencionar que también existe otro proyecto que persigue el mismo fin, que fuera presentado por un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados.
Se trata del proyecto de ley “Que modifica el artículo 3º de la Ley N° 7322/2024 ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.
Este proyecto establece que las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Sinadis, podrán acogerse a los beneficios de la presente ley a los sesenta años de edad.
Por otro lado, estipula y aclara que para acogerse a este beneficio bastará que el postulante tenga un grado de discapacidad igual o superior al 50% (cincuenta por ciento).
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“No existe la recuperación de la investidura”, afirma presidente del Congreso
La Corte Suprema de Justicia notificó a la Cámara de Senadores sobre la integración de la Sala Constitucional ampliada para tratar el pedido de inconstitucionalidad presentado por la exsenadora Kattya González sobre la pérdida de investidura. “La pérdida de investidura es categórica”, fue la reacción del presidente del Senado, Basilio Núñez, a favor de la institucionalidad.
“Respeto la institucionalidad, siempre digo, la Corte tiene esa prerrogativa, así como también el Poder Legislativo, ya había dicho en aquel entonces. Yo voy a hablar por mi persona, como un voto más, yo no estoy de acuerdo que sean avasallados los derechos del Congreso, del Poder Legislativo, en este caso. Es una postura personal, deberíamos hablarlo después con los colegas”, afirmó el titular legislativo en conversación con los medios de comunicación.
Afirmó que se debe respetar y cumplir con la autonomía y la independencia de cada institución. “La Constitución habla para las pérdidas de investidura de mayorías simples, un reglamento no puede estar por encima de una ley, una ley no puede estar sobre la Constitución Nacional”, apuntó Núñez.
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Con respecto a la consulta si está de acuerdo o no con el regreso de la exparlamentaria a un curul en el Senado, si existe un fallo de la Corte en ese sentido, respondió que “no existe la recuperación de la investidura en la legislación paraguaya, la pérdida de investidura es categórica”.
Recordó otras situaciones en periodos anteriores, donde senadores fueron despojados de su investidura y tampoco volvieron a su banca. “Yo ya analicé y tengo una postura contundente. Yo no creo (en la reincorporación), viendo la historia política democrática del Paraguay, si algunos de los senadores fueron reincorporados; sí hubo disculpas de la senadora Esperanza (Martínez) por haberle echado al senador Dionisio Amarilla, porque actuaron mal”, puntualizó.
Ratificó nuevamente que la Constitución Nacional es clara con relación a la perdida de investidura. “Yo estoy convencido de que nosotros actuamos bien, porque la Constitución Nacional está de nuestro lado, avalado por el libro de la excolega, y yo estoy convencido que del que policía que está conmigo no puede hacer pegatinas. La pérdida de investidura es un juicio político. Voy a hablar con los colegas para que la independencia del Poder Legislativo sea respetada”, señaló el senador.
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Diputados analizarán eventual verificación in situ de obras denunciadas en CDE
El diputado Alejandro Aguilera, uno de los integrantes de la Comisión de Intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, indicó que la primera reunión para instalar la mesa directiva está prevista para el próximo lunes. Dijo que, a partir de allí, se establecerán las convocatorias a los concejales municipales y al intendente Miguel Prieto.
“Nosotros vamos a reunirnos el lunes, nuestra primera reunión probablemente, a confirmar. Luego, inmediatamente, ya haríamos la invitación para convocarle a los concejales municipales, para que vengan a dar su versión, también de las denuncias, y luego estaremos convocando al intendente Miguel Prieto”, adelantó, este jueves, en entrevista a La Nación/Nación Media.
Con relación a la convocatoria a las autoridades de la Contraloría General de la República (CGR) para exponer sobre el informe que llevó al pedido de intervención por parte del Poder Ejecutivo, Aguilera refirió que el informe es bastante completo, por lo que el llamado estaría demás. También adelantó que se podría realizar una visita in situ a la sede municipal para constatar las denuncias.
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“La Cámara cuenta ya hoy en día con el dictamen emitido por la Contraloría General de República, así que estaría ya demás invitarlo a él (contralor Camilo Benítez). Sí a pedido de los miembros de la comisión, si ellos lo sugieren y creen conveniente, también iríamos hasta Ciudad del Este para ver in situ, cotejar las denuncias que hay respecto determinadas obras, sobrefacturaciones y demás denuncias existentes”, sostuvo el legislador en conversación con LN.
Una vez que se realicen todas las convocatorias y la eventual verificación in situ, ya estará emitiendo el dictamen final. “Luego, ya estaríamos elevando un dictamen que pondríamos a consideración del plenario de la Cámara de Diputados, para que la Cámara tome la decisión de si interviene o no la municipalidad. Calculamos un plazo de dos semanas que va estar en funcionamiento de esta comisión y luego ya va quedar en manos de la Cámara”, señaló el diputado.
Por otra parte, se refirió a la posible renuncia de Prieto a la intendencia y afirmó que mientras no exista nada oficial no se puede evaluar si esto afectaría o no el trabajo de la Comisión de Intervención. “No quiero hablar de supuesto porque es una información que no es oficial, sí escuché versiones, pero si es que no sucede no quisiera emitir ningún tipo de opinión”, sentenció.
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Uso indebido de rampa de emergencia es pasible de multas de más de G. 1 millón
Ante la gran cantidad de conductores que deciden hacer mal uso de la rampa de frenado que se encuentra ubicada al pie del Cerro de Caacupé en zona de Pedrozo, desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc) informaron que los infractores se exponen a multas de hasta 10 jornales mínimos, por el uso indebido.
Según el ingeniero José Cabral, del ministerio de obras públicas, el uso indebido de esta franja auxiliar de emergencia es caratulada como una falta grave y que los conductores que la usan sin necesidad son pasibles a sanciones. Estas multas pueden pueden llegar a los 1.076.270 guaraníes (10 jornales mínimos).
“Imagínese que venga un camión de gran porte sin frenos y que un automóvil se ponga en el lugar. Tuvimos el caso de una camioneta cuyos datos ya se derivaron para su reconocimiento y también tuvimos el caso de una motocicleta, que estaba usando como mirador”, detalló Cabral, en entrevista con C9N.
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Desde su inauguración en octubre del 2023 hasta la fecha, un total de 44 conductores realizaron el buen uso de la rampa. En lo que va del año un total de 17 vehículos que realmente estaban en emergencia usaron la rampa de frenados. En tanto que, en el 2024 se reportaron 23 situaciones que ameritaron el uso y en el 2023 con cuatro reportes.
La infraestructura está disponible las 24 horas y su uso es totalmente gratuito para cualquier conductor que experimente fallas en los frenos o problemas mecánicos tras descender del cerro. El servicio de retiro de vehículos con desperfectos también se ofrece sin costo alguno para los conductores.