Miembros de un grupo llamado Frente Popular e Indígena se encuentran organizando una gran movilización nacional de manera indefinida desde el 22 de setiembre próximo en Asunción. El anuncio lo realizó Jorge Galeano, dirigente de la multisectorial federaciones campesinas. La comunicación de la marcha de protesta se realiza con bastante tiempo de anticipación, de manera a llegar a más personas y para que otras organizaciones y movimientos sociales se puedan unir a esta movilización.
Frente Popular e Indígena trabaja por reivindicaciones sociales, así como la defensa de la soberanía energética y aglomera a organizaciones campesinas, sindicales y también a las comunidades de los pueblos originarios.
Varios son los motivos que llevan al grupo a tomar la decisión de movilizarse hasta la capital del país, entre ellos el incumplimiento de los compromisos contraídos por el actual gobierno con las organizaciones campesinas. Galeano dejó en claro que el principal objetivo es buscar la condonación de todas las deudas de los pequeños productores campesinos.
Agregó que otra de las reivindicaciones es la regularización de las colonias y los asentamientos campesinos, así como el acceso a nuevas tierras para sus compañeros de lucha que buscan la reactivación de la agricultura familiar como sustento y la creación de leyes que protejan y fomenten dicha actividad económica. La grave crisis social, política y económica que vive el país los obliga a tomar esta decisión de movilizarse de manera permanente a partir del 22 de setiembre próximo en Asunción.
Lea también: Tratamiento con plasma: Hospital Nacional implementa por primera vez el método
Dejanos tu comentario
Las deudas con los trabajadores son la alta informalidad y la escasa protección legal
El 1 de mayo se recordó en todo el mundo el Día del Trabajador en conmemoración de los hechos históricos sucedidos en Chicago, EE. UU., en 1886, que permitieron finalmente el respeto a los derechos de los obreros estableciendo el tiempo máximo de trabajo y otras disposiciones de protección a los operarios de esa época.
Esa fecha histórica es motivo para reflexionar sobre la importancia de la contribución de los trabajadores en la sociedad y la necesidad de crear mayor cantidad de fuentes de trabajo para miles de personas que requieren una tarea adecuada para vivir con dignidad. Esto aparte de lo mucho que se tiene que hacer para que se cumplan efectivamente las leyes de protección al trabajador que en buena parte de la sociedad paraguaya sigue siendo letra muerta.
Celebrando la fecha, el presidente Santiago Peña señaló que el Día del Trabajador es un día para honrar el esfuerzo y la dedicación de cada ciudadano paraguayo. Resaltó que también hay que reflexionar sobre el valor del trabajo digno y la importancia de construir las condiciones para generar más empleos.
“Siempre dije y seguiré repitiendo que el trabajo es el mejor programa social, porque nos da la libertad de crecer sin depender más que de nosotros mismos. Nos dignifica y nos vuelve útiles para nuestras familias y nuestro país”, manifestó en un mensaje dado a conocer desde el Ejecutivo.
Prometió que desde el Gobierno seguirán invirtiendo en la formación de miles de paraguayos para acompañarlos con mejores oportunidades para su crecimiento. “Desde las escuelas hasta la culminación de sus estudios, ya sea con capacitaciones o con becas, porque estar preparado es clave”, precisó.
La preocupación del Gobierno nacional sobre la situación de los trabajadores está fundada en la realidad existente en el campo laboral, donde las personas que trabajan en su mayor parte no están debidamente protegidas como establecen las leyes, y la mayoría está en la informalidad. Un dato clave aportado por el trabajo “Desafíos de seguridad social en Paraguay” publicado en el 2023 por el Viceministerio de Economía indica que solo 2 de cada 10 personas ocupadas aportan a la seguridad social en nuestro país. La última encuesta del INE habla de que el 62 % de los trabajadores son informales y que el 36 % de todos los que trabajan gana menos del sueldo mínimo. Significa que el país se encuentra ante serios desafíos estructurales, como la elevada informalidad y la baja cobertura de seguridad social.
Por eso el jefe de Estado admitió que hay mucho que hacer y resaltó que sueña con un país donde cada paraguayo tenga un trabajo digno, con una buena remuneración, con empleos formales y un sistema de seguridad social fortalecido. “Estamos trabajando para lograrlo porque ese es nuestro compromiso con las familias paraguayas y porque esa es la mejor manera de honrar a quienes cada día, trabajando hacen un país mejor. Feliz Día del Trabajador”, remarcó en su mensaje por el Día del Trabajador.
En su historia pasada el Paraguay no se ha destacado por su reconocimiento y protección a los trabajadores, y en la actualidad existen muchas cosas pendientes. Por ejemplo, el 1 de mayo como Día del Trabajador solo se reconoció en 1902, 16 años después de los hechos de Chicago, y la jornada laboral de 8 horas recién se estableció en 1938, hace 86 años.
Por eso es importante el nivel de conciencia demostrado por las autoridades nacionales que están deseosas de mejorar la situación de los trabajadores. Una de las principales promesas electorales del presidente Peña es la creación de 500 mil nuevos puestos de trabajo para la gente, dado que el mejor premio que se le puede dar a una mujer o a un hombre es un empleo digno que cumpla todas las normas vigentes.
Los organismos estatales como el Ministerio de Trabajo y el Instituto de Previsión Social (IPS) tienen una ardua tarea para hacer que se cumplan las normas laborales y de protección social. No se puede admitir que la mayoría de la gente que trabaja continúe en la informalidad y no tenga seguro social. El sector privado debe ponerse al día en ese tema y las entidades públicas deben lograr que se cumplan las disposiciones legales.
Dejanos tu comentario
Trabajadores marcharon exigiendo reivindicaciones laborales
Dejanos tu comentario
Productores de mandioca seguirán movilizados hasta conseguir precio justo
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Los productores de mandioca de la comunidad de Chino Kue se movilizaron esta mañana en el cruce de segunda línea del distrito de Itakyry, donde se congregaron unos 300 agricultores para pedir mejor precio a la mandioca vendida en finca. “Sin productor no hay comida, pedimos precio justo por la mandioca”, decía el cartel principal de los agricultores.
Estipularon un precio mínimo de G. 1.000 por kilo para empezar a negociar y, dependiendo de las situaciones puede llegar a costar más alto, según explicó a La Nación/Nación Media, Gabriel Marecos, uno de los dirigentes de los productores de la comunidad Chino Kue del mencionado distrito.
En esta oportunidad, se movilizaron solo los de Chino Kue, pero se están organizando como comités de productores de Itakyry y, si hace falta, llegarán hasta el Mercado de Abasto de Ciudad del Este para manifestarse por un precio justo de la mandioca, agregó Marecos. Al sitio dela manifestación llegaron concejales y el intendente Miguel Soria para apoyar el pedido.
Puede interesarle: Proeza asiste a comunidades indígenas con modelos de negocios agroforestales
Otra medida adoptada es atajar los camiones con carga de mandioca que circulen por el lugar, que no hayan pagado un precio justo por la mandioca, como ya lo hicieron hoy, según el agricultor. Consultado el dirigente cómo impedirán que algunos productores vendan a precio bajo la mandioca, explicó que están organizados y reuniéndose entre todos para que estén en la misma postura.
“Mandioquero ndoku’e mo’ai (mandioquero no va a moverse), si no paga mil guaraníes por kilo”, dijo Gabriel Marecos durante la movilización. No obstante, los agricultores aclararon que aquellos acopiadores que estén dispuestos a pagar un precio justo por la mandioca pueden llegar a la zona a comprar de las fincas.
A su turno, Juan Angel Villalba, otro de los agricultores, dijo que para que los hijos de la comunidad de Chino Kue puedan estudiar, necesitan un precio justo por la mandioca. Recordó que la Municipalidad de Itakyry declaró de interés distrital el pedido de los productores y pedirán a la gobernación de Alto Paraná que también haga lo mismo.
Pueden interesarle: Descentralización y más personal piden directoras del IPS de CDE y Hernandarias
Dejanos tu comentario
Multitudinaria marcha por la educación marcó un límite a la motosierra de Milei
- Por Ricardo Rivas
- Corresponsal en Argentina
- X: @RtrivasRivas
La más importante marcha estudiantil en mucho tiempo se desarrolló en la Argentina el martes último. La sola alusión a que “la motosierra” avanzaría contra la sustentabilidad y continuidad de la educación pública libre y gratuita en las universidades llevó a las calles en todo el país a más de un millón y medio de personas que ejercieron en plenitud su derecho a la libertad de expresión para decir claramente “no” a los recortes presupuestarios.
Solo en Buenos Aires fuentes coincidentes aseguran que más de 400 mil personas recorrieron las calles. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, cuando fue informada de la envergadura del reclamo dejó de lado el cumplimiento estricto del que se conoce como “protocolo” para que no se interrumpa el tránsito vehicular en las calles. La nueva orden fue la de priorizar la protección de la Casa Rosada y el Congreso Nacional. La manifestación fue impresionante.
Y el más impresionado fue el gobierno del señor Milei que tomó nota y bajó marcadamente el tono y los contenidos agresivos con los que se expresa tanto en los medios tradicionales como a través de las redes sociales, el ecosistema en el que más cómodo se siente. Claramente, la envergadura de la protesta en sí misma al igual que la extensión territorial que tuvo como escenario pudo más que “el rugido del león”, como se autodenomina el presidente Milei.
No marcharon los que “no la ven”, como suele categorizar el mandatario sin distinción a quienes se oponen a sus políticas y/o son críticos. Los manifestantes –sin criterios partidarios identificatorios que los unificara– sostienen la idea de que el Estado debe proteger –como derecho, como valor social– un sistema de educación pública y gratuita en todos los niveles.
El ministro vocero presidencial, Manuel Adorni, recibió instrucciones precisas. “Nunca se nos hubiera cruzado por la cabeza resquebrajar la educación pública ni cerrar las universidades”, manifestó. Para muestra basta un botón, sostiene el dicho popular. Muy probablemente, Javier Milei que horas antes a través de la cadena nacional de medios sostuvo que “la era del Estado presente ha terminado” en la Argentina, comprendió que el Estado ausente que aspira instaurar deberá excluir a la educación pública, gratuita y laica, creada desde los inicios de este país por liberales como Juan Bautista Alberdi, Nicolás Avellaneda, Domingo Faustino Sarmiento o Julio Argentino Roca, por mencionar a los más notables. La presencia de la sociedad civil en las calles ratificó lo que indicaban las encuestas en los días previos a la protesta. Según la consultora Poliarquía, el 72 % de las personas consultadas aprueba y valora a la Universidad de Buenos Aires (UBA), a cuyas autoridades democráticamente elegidas más fustigó el gobierno libertario.
La realidad real (la sociedad en las calles para ejercer el derecho de expresarse) resultó ser infinitamente más sólida y persuasiva que la realidad virtual que con frecuencia satura las redes para acompañar en forma irrestricta y acrítica las políticas libertarias. La comunidad educativa marcó un límite claro.
A poco de cumplir cinco meses de gobierno el presidente Milei, además de no haber conseguido que el Parlamento aprobara ninguna de sus iniciativas fundacionales, también tuvo que metabolizar, reconocer y retroceder frente a quienes además del derecho a estudiar levantaron el derecho a un futuro mejor y a la movilidad social ascendente.
Mientras, en la Cámara de Diputados comenzará hoy el tratamiento del proyecto de Ley Bases que por segunda vez impulsa el señor Milei. La reforma laboral que desde la perspectiva gubernamental “modernizará” los contratos de trabajo en la Argentina que originalmente tenía 60 artículos quedó reducida a 16. El intento de desfinanciar a las organizaciones sindicales para terminar con los aportes obligatorios –descontados de sus salarios– a los trabajadores y los que corresponden y deben realizar las empresas no serán eliminados. Las graves sanciones que se preveían para los sindicatos que con piquetes impidan el normal desarrollo de actividades en las plantas de producción tampoco serán impuestas.
Las declaraciones de emergencia económica que solicitaba el Poder Ejecutivo para gestionar algunas áreas de un total de 12 en el proyecto original quedaron reducidas a tres.
De las 46 empresas estatales que se pretendían privatizar, quedaron reducidas a un puñado infinitamente menor. El Banco de la Nación Argentina (BNA), finalmente, no será privatizado. Tampoco la empresa Nación Seguros. Sí se mantiene, en cambio, Aerolíneas Argentinas.
El que se conoce como “paquete fiscal” que contempla la reposición del “impuesto a las ganancias” que eliminara como acción proselitistas en favor de su candidatura presidencial el exministro de Economía Sergio Massa, casi con seguridad será aprobado. La aprobación del proyecto de ley en general está garantizada. Sin embargo, las intenciones presidenciales todavía podrían estar más acotadas cuando la iniciativa se vote en particular, artículo por artículo.
En ese punto todavía hay algunas dudas. “El acuerdo está atado con alambre”, dijo sin anestesia el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. No obstante, si se diera la aprobación como lo espera el oficialismo, las negociaciones tendrán como escenario en los próximos días la Cámara de Senadores donde los legisladores que responden a Javier Milei son solo 7 sobre 74. Treinta y tres pertenecen al bloque kirchnerista de Unión por la Patria. El final todavía no está claro.
Desde el exterior la pobre gestión parlamentaria de La Libertad Avanza (LLA), el partido político de Milei, es observada con atención. Un aporte de fondos frescos que el ministro de Economía Luis Caputo solicita reiteradamente al Fondo Monetario Internacional (FMI) para reforzar las reservas del Banco Central (BCRA) –que todavía son negativas en unos 3.500 millones de dólares– espera aprobación y, para ello, es imprescindible alguna señal que legitime los programas gubernamentales con el respaldo del resto del espectro político. Deberán seguir en espera.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) –la inflación– continúa achicándose. En pocos días más se conocerá el que emergerá con el fin del presente mes de abril. Coincidentes informantes tanto del sector público como del privado estiman ante La Nación que se ubicará entre 9,8 y 10,7 %. El parate comercial es alarmante. “No se vende nada”, aseguran los comerciantes casi a coro.
Mañana habrá marcha de trabajadores estatales. El 1 de mayo –Día Internacional del Trabajo– se prevén movilizaciones y reclamos. Para el 9 de mayo, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció semanas atrás un “paro general”. Su eventual resultado es un enorme interrogante. En principio, la UTA (Unión Tranviarios Automotor), donde convergen los conductores de los medios de transporte, dejaron trascender que “no” adherirán. Todo tiene final abierto.