El diputado por el departamento de Guairá, Fernando Ortellado, en comunicación con La Nación, se refirió a las publicaciones periodísticas que develan una vez más los hechos de corrupción que involucran al cuestionado ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, y sostuvo que “para los guaireños los robos de Friedmann no son novedad”.
“Todo esto es un secreto a voces en la ciudad de Villarrica y en departamento de Guairá”, dijo el diputado con respecto al caso en el que una empresa ligada a Friedmann fue proveedora de almuerzo escolar a las distintas escuelas del cuarto departamento. Incluso la ciudadanía organizada ya se levantó varias veces denunciando la turbia gestión del exgobernador, mencionó.
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“Si bien nosotros como autoridades de la zona ya habíamos hecho las denuncias, lastimosamente varios medios de comunicación calificaron nuestros reclamos como una persecución política”, lamentó. El diputado expresó además que hoy se está evidenciando que todo aquello que han denunciado era verdad. “Para nosotros no es ninguna novedad”, reiteró Ortellado.
“Rodolfo con su propia empresa se autolicitaba y se autoadjudicaba las licitaciones del almuerzo escolar. También se lo sindica en la compra de combustibles y también sobre los juegos de azar, específicamente sobre tragamonedas y el aumento de la tasa de recolección de basura en la ciudad de Villarrica, impulsado por sus concejales aliados”, puntualizó.
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Urgen al comandante de la Policía un equipo de élite para capturar a violador serial
El diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Antonio Buzarquis, se refirió al caso del hombre acusado de ser violador serial y peligroso delincuente que mantiene en una situación de zozobra a los pobladores de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú.
“Exigimos a la Policía Nacional resultados y que se le pueda capturar a este violador serial que tenemos en Coronel Oviedo, se desató una verdadera psicosis colectiva en la comunidad. Que se constituya en la zona un equipo élite y que se acabe esto”, indicó en una entrevista con los medios de comunicación.
Actualmente ya se dictaron once órdenes de captura y se realizaron sendos allanamientos, pero llamativamente el sujeto sigue acechando a sus víctimas y la Policía no logró localizarlo. Las denuncias por coacción ya suman en total ocho.
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No obstante, los testimonios de las mujeres atacadas conducen a concluir que existe más de un autor material de las violaciones. Uno de ellos ya fue identificado y, de hecho, cuenta con otros antecedentes penales. Otra información que maneja el Ministerio Público es que los violadores no actuaron solos y que, otras personas se encargaban de actuar de campana, con la finalidad de impedir que el delito sea descubierto.
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“No hay nada oculto”: designaciones de carácter político están contempladas dentro de la ley
“Entiendo que hay una gran confusión respecto a lo que es la carrera diplomática, consular, administrativa y técnica y lo que es el espacio político”, manifestó el canciller Rubén Ramírez Lezcano con relación a las denuncias sobre la contratación de familiares de políticos en las embajadas paraguayas.
“La ley bajo la cual se administra todo el sistema, el escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la 6935 del año 2022. La ley establece la posibilidad de que se incorpore hasta un 20 % de las designaciones de carácter político. Existen funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo”, puntualizó.
Asimismo, Lezcano manifestó que por decreto se establecen designaciones para ocupar cargos en las embajadas o consulados, tanto en áreas administrativas y técnicas. Señaló también que en la norma se establece un contrato por tiempo determinado.
Las afirmaciones del alto funcionario de Estado surgieron tras ser consultado sobre el caso de la joven de 24 años, Magida Esgaib, hija del diputado Yamil Esgaib, quien figura como funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en la embajada paraguaya ante el Reino Unido, con un salario de G. 21 millones.
“Ella es una administrativa, que tiene un contrato determinado. Existen servicios que no exigen un título académico, como por ejemplo, conductores de vehículos para el servicio de las embajadas, limpiadores, auxiliares administrativos. A todos se les evalúa de acuerdo a su conducta, el contrato tiene una duración de 3 meses y se va renovando de acuerdo a la calidad del servicio”, indicó.
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Ramírez Lezcano acotó: “Acá no existe nada oculto, hay designaciones de carácter político. Está contemplado dentro de la ley y por lo tanto no existe ningún impedimento para que esto se produzca desde el punto de vista de la ley”.
Embajadas cubiertas
Por otra parte, manifestó que de un total de 17 embajadas que encontraban vacantes, el gobierno de Santiago Peña ya logró cubrir 14 sedes diplomáticas. En la fecha se produjo el juramento de 10 embajadores paraguayos.
“Realmente destacamos que la inserción de Paraguay en el mundo como prioridad de la gestión del gobierno del presidente Santiago Peña se va cumpliendo. Desde el principio abordamos estos desafíos de una manera integral y oportuna para que nuestro país esté de pie ante el mundo. Los próximos días estaremos enviando al Congreso Nacional los próximos pedidos de acuerdo constitucional una vez recibido los beneplácitos de los países donde estamos acreditando embajadores”, dijo en una entrevista con los medios de prensa.
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Proyecto de ley busca modificar el Código Penal y combatir la mora judicial
El diputado Derlis Rodríguez prevé próximamente la realización de una audiencia pública con el objetivo de generar debate entre los representantes del Poder Judicial, gremios de abogados y la ciudadanía en general sobre el proyecto que busca erradicar la mora judicial proponiendo la modificación del Código Penal y optimizar los plazos procesales.
“Hoy tenemos casi 20.000 personas privadas de su libertad en las penitenciarías del país, de los cuales 5.000 solo tienen condenas y un total de 15.000 personas están privadas de su libertad sin ser condenadas. Toda esta población penal vive junta y esto no tendría que ser así. La gran mayoría tiene juicios hace años, tiene un proceso que no corre, los plazos están congelados en la Corte Suprema de Justicia o en algún tribunal hace años”, indicó.
En entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media el parlamentario sostuvo que “mirando todo esto, hoy tenemos una superpoblación en nuestras penitenciarías, estamos teniendo una mora judicial en donde los procesos penales tienen un plazo más allá de lo que se establece en nuestras propias leyes que dice que un proceso tiene que durar solo hasta 4 años, máximo 5 años, pero, sin embargo, tenemos procesos que duran 14 o 15 años”.
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Rodríguez detalló que mediante la iniciativa se plantea establecer taxativamente un plazo para la resolución de los procesos penales. Agregó que la iniciativa ya se encuentra siendo evaluada tanto en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados para dictamen correspondiente y posterior tratamiento en el pleno.
Duración del proceso
“Lo que buscamos es que la mora judicial pueda terminar, que cualquier investigación, proceso que se tenga pueda durar solamente 3 años, nada más, máximo 4 y que no estemos sometidos a 10 o 15 años a un proceso judicial”, expresó.
El legislador añadió que “la mora judicial lo único que nos trae es que la independencia judicial esté en juego, en riesgo en cuanto a los sesgos que puedan tener tanto el meter la mano el poder político, económico, mediático y por sobretodo el manoseo que pueda sentir la gente en cuanto a sus derechos humanos. Con esta ley buscamos poner un plazo taxativamente”.
Rodríguez remarcó que es consciente que el proyecto “será un motivo de debate en la ciudadanía, con los gremios de abogados, los representantes de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Alguien tiene que ponerse el saco de la responsabilidad y cumplir con lo que la ley dice”.
El parlamentario lamentó que “la prisión preventiva se ha convertido hoy en una constante”. “Nuestra Constitución busca la rehabilitación de las personas una vez que se le dé la pena, es por eso que ponemos los plazos taxativamente en las leyes para que los jueces no puedan decir el día de mañana que no se les dijo que si en ese tiempo no cumplían con el plazo que la causa pueda prescribir, extinguirse”, indicó.
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PLRA: en dos semanas estará la auditoría de la gestión de Efraín Alegre
El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas indicó que la auditoría externa realizada a la gestión administrativa de Efraín Alegre se encuentra en su etapa final y será expuesta a las demás autoridades, afiliados, dirigentes azules y a la ciudadanía en general en menos de dos semanas.
La solicitud de fiscalización fue realizada por convencionales y miembros de la conducción nacional de la agrupación tradicional ante las numerosas irregularidades denunciadas en reiteradas ocasiones y las demandas por falta de pago de las deudas contraídas que generaron embargos y sentencias de llevar a remate locales de comités políticos del PLRA, como el de Capiatá y Ciudad del Este.
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“En esta semana está concluyendo el trabajo que hemos encargado a una consultora bastante reconocida, los trabajos de auditoría empezaron a finales del mes de noviembre y en los primeros días de diciembre del año 2023. En no más de dos semanas se estará presentando oficialmente y públicamente los resultados”, manifestó.
Fleitas dijo que de comprobarse las irregularidades denuncias, no descartan impulsar una denuncia penal contra Alegre. “Nosotros siempre hemos dicho que no apañaremos nada y tampoco vamos a inventar absolutamente nada”, indicó en una entrevista con la 730 AM.
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No obstante, Fleitas sostiene que el principal responsable del colapso financiero del Partido Liberal es Alegre, quien con la finalidad de costear su campaña política a la presidencia de la República en los comicios generales del 2018, violó la Ley del Financiamiento Político.
“Esto ha sido producto de una irresponsabilidad del expresidente Alegre que le sobre endeudó al partido para las elecciones, cuando la ley del financiamiento autorizaba a todos los partidos a gastar hasta un máximo de G. 33 mil millones ¿Qué hizo el expresidente Alegre? Gastó más de G. 56 mil millones por sobre la ley, y por sobre la decisión del directorio que le autorizó a hacer esos gastos sobre el tope máximo”, sentenció.