La municipalidad bajo la administración de Fernando Negrete, transfirió G. 315 millones de los fondos de Royalties para la realización del Festival del Lago, no contemplado dentro de estos fondos. Foto: Archivo.
Contraloría denuncia millonario daño patrimonial en la comuna de Ypacaraí
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La Contraloría General de la República (CGR) presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el intendente liberal efrainista de Ypacaraí, Fernando Negrete, por presunto daño patrimonial de G. 1.987.000.000. Se encontraron pagos en concepto que no están autorizados por la Ley 3.009/84 de Royalties.
El dinero público habría sido destinado para actividades no relacionadas a los recursos tanto de Royalties como del Fonacide. Una de las transferencias de la cuenta se dio por G. 315.000.000 a la Comisión Municipal del Folclore y Artesanía “Festival del Lago Ypacaraí”, para la realización de dicho evento cultural que no corresponde al uso que deben darse a estos fondos.
El monto del daño patrimonial representaría el 43% del presupuesto ejecutado en el 3er cuatrimestre del 2018, el 1er y 2do cuatrimestre del 2019, que corresponde precisamente a los Royalties y Fonacide, según auditoría de 6 meses.
El Reporte de Indicios de Hechos Punibles contra el Patrimonio, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del organismo de control, denuncia que las cuentas de Fonacide y Alimentación Escolar recibieron depósitos de dinero que no corresponden a transferencias recibidas por el Ministerio de Hacienda, en el 3er cuatrimestre del 2018.
Por otra parte, indica que la administración municipal emitió cheques de la cuenta de Royalties que no fueron expuestos ni rendidos en la planilla de rendición de cuentas de aplicación de fondos, por G. 719.500.000. Estos no corresponden a gastos de los fondos y las operaciones se realizaron sin conocimiento de la Junta Municipal.
También se realizó pago de gastos corrientes con los mismos fondos que no se vinculan al gasto de capital por G. 190.059.206, durante el 3er cuatrimestre del 2018 y el 1er y 2do cuatrimestre del 2019. Además, figura una transferencia en el 2019 por G. 14.092.000, con fondos de royalties a la comisión vecinal Pro Desarrollo Jhugua Jhu Punta, para la iluminación de una cancha en propiedad privada, con cesión de usufructo gratuito destinado para plaza pública en el distrito de Atyrá.
Control
El municipio fue el único del departamento Central en incumplir la presentación en fecha de la rendición de cuentas de ambos fondos. La Contraloría aprobó la realización de una Fiscalización Especial Inmediata a la municipalidad de Ypacaraí.
Miguel Robles, exjefe de Gabinete de Central, se entregó a la justicia
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El exdirector de Gabinete de la Gobernación de Central, Miguel Ángel de la Cruz Robles, se puso a disposición de la justicia este jueves. El mismo está condenado a 10 años de cárcel en el marco de la causa de lesión de confianza por el desvío de recursos de unos G 5.000 millones durante la pandemia en la Gobernación.
En el caso también está condenado exjefe departamental, Hugo Javier González, quien permanece internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional de Itauguá tras ser hallado herido en el piso de su celda en el pabellón La Esperanza del Centro Nacional de Prevenidos, excárcel de Tacumbú.
El hombre se presentó alrededor de las 6:50 de este jueves ante la oficina de guardia del Departamento de Judicial del barrio Trinidad de Asunción, de la Policía Nacional. Robles contaba con una orden de captura para dar cumplimiento con la sentencia firme en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Tras su presentación, se encuentra en el Departamento Judicial de la Policía Nacional y se realizan los trámites administrativos para determinar la penitenciaría donde deberá cumplir la decisión judicial de 10 años de cárcel.
El motivo por el cual se presentó Robles es la decisión del juez Carlos Mendoza, quien ordenó la ejecución de la caución sobre tres inmuebles del condenado por G. 4.735.620.236, ofrecidos como fianza ante la justicia. Esta ejecución se dio en el marco de la intimación realizada el pasado 5 de agosto para que Robles se presente ante la justicia y cumpla con la condena establecida.
Al ordenarse la ejecución de los inmuebles que ha ofrecido el condenado como garantía, el Estado deberá iniciar el litigio para tomar posesión de los mismos y eventualmente llevar a remate.
El órgano extrapoder expuso su hipótesis basada en las diligencias realizadas con la recopilación de informes, testimonios, vídeos y fotografías. Foto: Gentileza
Caso Hugo Javier: la investigación fiscal preliminar apunta a una caída accidental
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El Ministerio Público, a partir de investigaciones preliminares, sostiene la hipótesis de que Hugo Javier González habría sufrido una caída accidental, la noche del domingo 6 de setiembre, en el sanitario de su celda de reclusión en la Penitenciaría Industrial Esperanza, localizada en el barrio Tacumbú de Asunción. El exgobernador de Central resultó con un trauma craneoencefálico y fue internado el lunes en el Hospital Nacional de Itauguá.
El órgano extrapoder manejaría dicha hipótesis de acuerdo a las diligencias realizadas con la recopilación de informes, testimonios, vídeos y fotografías. Entre los elementos considerados por los investigadores se encuentra el desnivel existente en el sanitario, poca iluminación en el sitio, así como la ausencia de heridas defensivas, circunstancias que, de manera preliminar, serían compatibles con la hipótesis de una caída accidental.
No obstante, la Fiscalía no descarta otras hipótesis que puedan surgir durante el avance de las indagaciones. Las diligencias siguen con el fin de esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido y determinar si existió algún otro factor que pudiera haber contribuido al hecho.
A la vez aclara que las conclusiones definitivas dependerán de la valoración integral de los elementos reunidos en la investigación. Gonzaléz actualmente se encuentra en coma inducido en el Hospital Nacional de Itauguá tras ser intervenido quirúrgicamente ayer lunes para la colocación de un catéter dentro del cerebro a través de un orificio en la cavidad craneal.
El catéter permanecerá al menos 48 horas con la finalidad de medir la presión intracraneal. En caso de detectar un aumento de la presión, se dispondrá una cirugía mayor.
“No vamos a apañar a nadie”: el ministro de Justicia promete investigar el caso de Hugo Javier
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Luego de que Hugo Javier González fuera trasladado de urgencia este lunes al Hospital Nacional de Itauguá (HNI), el Ministerio de Justicia informó que dieron participación al Ministerio Público y que no apañarán eventuales irregularidades en el caso.
En principio, ingresó por un presunto accidente cerebrovascular (ACV) y luego se confirmó un traumatismo craneoencefálico, además, de múltiples hematomas y lesiones en varias partes del cuerpo.
El ministro de Justicia Rodrigo Nicora indicó que aún no recibieron un informe detallado sobre la condición de salud de Hugo Javier y que esperan el reporte médico del HNI, ya que hasta el momento solo se manejaba que sufrió un ACV, según el informe del Hospital de Barrio Obrero.
“Se dio aviso e intervención al Ministerio Público, que es muy importante para investigar y tener todos los hechos dilucidados. Aquí no vamos a apañar a nadie si es que hay hechos irregulares y ponemos a disposición todos los elementos necesarios para saber la verdad”, expresó Nicora, en entrevista con la 780 AM.
Afirmó que el hecho se registró cerca de las 23:00 de ayer domingo en el pabellón D en el baño de la celda 2. Tras detectarse sobre su situación, fue llevado hasta la sanidad, donde el médico indicó que debía ser derivado a un centro asistencial y que media hora después ya se encontraba en el hospital de Barrio Obrero.
“Hugo Javier solamente estaba compartiendo prisión con una persona, porque la otra estaba con medidas transitorias. Una vez que la persona privada de libertad, de nombre Juan Antonio Arguello, da aviso, el personal interviniente toma la acción y la posta para que sea atendido”, resaltó.
Aclaró que hay una dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción que, en paralelo al trabajo del Ministerio Público, realizará una serie de preguntas lógicas a los intervinientes y a los que acompañaron a la víctima en ese momento. “Se tienen las imágenes con Hugo Javier que ingresa a su celda, con solamente esa persona que dio la alerta y después cuando ya es retirado del lugar”, puntualizó.
Este lunes se desarrolló una nueva jornada de juicio en contra de Miguel Prieto y sus excolaboradores por lesión de confianza y asociación criminal. Foto: Matias Amarilla
Tía Chela: tribunal desestima a titular de la DNCP y admite a testigos de la defensa
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El tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos, Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, dio continuidad este lunes al juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El tribunal definió sobre los incidentes planteados tanto por el Ministerio Público, parte acusadora, como de la defensa de Prieto y los demás acusados en el caso conocido como Tía Chela.
La acusación es por lesión de confianza y asociación criminal tras el presunto desvío de G. 2.949.650.000 de las arcas municipales con la distribución de kits de alimentos en época de la pandemia, por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este, cuando Prieto era intendente.
Incidentes planteados por el Ministerio Público
Uno de los incidentes planteados por la Fiscalía es una nota del 28 de marzo del 2020, que ya se encontraba en la carpeta fiscal, en este caso se presentó el pedido de solicitar informes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit), sobre el cambio de productos incluidos en el kit de alimentos.
“El tribunal, al haber constatado la existencia de la referida nota, que ya obraba en la carpeta fiscal, no se configura en la circunstancia de hecho nuevo invocado por el Ministerio Público como fundamento de su petición. En consecuencia corresponde rechazar la inclusión de los informes solicitados”, fue la respuesta del tribunal.
Agrega que, “no obstante, si en el transcurso del debate el Tribunal considera necesario de contar con algunos de los dichos informes, pueda disponer la solicitud de los mismos conforme a las facultades que le confiere el artículo 394 del Código Procesal Penal, como medida de mejor proveer”.
El Tribunal de Sentencia resolvió sobre los incidentes presentados por la Fiscalía y la defensa. Foto: Matias Amarilla
Declaración testimonial de Agustín Encina
El tribunal también se expidió sobre el pedido de incluir la declaración testifical del director de la DNCP, Agustín Encina. “Debe señalarse que la prueba testimonial tiene por objeto incorporar al juicio el conocimiento que una persona posee respecto a hechos o circunstancias que ha percibido y que guarda relación con el objeto del proceso. Este tribunal advierte que el Ministerio Público no señaló concretamente hecho u objeto del presente juicio había conocido el señor Agustín Encina, ni que el mismo haya tenido intervención directa en las circunstancias fácticas contenidas de la acusación”, mencionan.
Mientras tanto, el tribunal señala que “al fundamentar su pedido el Ministerio Público sostuvo que su declaración resulta necesaria por tratarse de un testigo calificado y experto que podría responder consultas sobre la pertinencia de la nota del 28 de marzo del 2020 sobre su regularidad o irregularidad y explicar si resulta factible ese tipo de procedimientos en materia de contrataciones públicas. Se rechaza dicha incidencia”.
Incidentes planteados por la defensa
Sobre la inclusión probatoria de 28 enlaces o links correspondientes a publicaciones realizadas en redes sociales que habían sido ofrecidas durante la audiencia preliminar y que no habían sido admitidas por el juzgado penal de Garantías, correspondientes a publicaciones y registros audiovisuales vinculados, entre otros aspectos con la adquisición, preparación y entrega de los kits de alimentos y publicaciones de medios periodísticos, el tribunal considera que corresponde diferir sobre su resolución.
Miguel Prieto y sus excolaboradores están acusados por lesión de confianza y asociación criminal. Foto: Matias Amarilla
Inclusión de testigos
La defensa dividió la solicitud en dos grupos, el primer grupo cuatro personas, “se sustentó en hechos nuevos señalando que dichas personas fueron localizadas pocos días antes del inicio del juicio, las mismas se encuentran individualizadas entre las 25 personas mencionadas en el informe y sus declaraciones permitirían establecer si se recibieron los kits de alimentos, si las firmas obrantes en las planillas les pertenece, y dónde residía al momento de los hechos, así como confrontar tales circunstancias con el contenido del informe”.
Por lo que el tribunal definió que “sus testimonios pueden resultar útiles para el esclarecimiento de los hechos y para la elaboración del elemento probatorio, razón por la cual corresponde admitirlos”. De igual manera admitió los 56 testigos, ofrecidos por la defensa en un segundo grupo, que no fueron admitidos por el juzgado penal de Garantías, fueron seleccionados de una nómina de 126 personas, afectadas a la preparación y distribución y entrega de los kits de alimentos en distintos.
“Será durante el debate del juicio cuando podrá determinarse si resulta necesaria la declaración de los testigos admitidos, pudiendo prescindirse de aquellos cuyos testimonios resulten repetitivos o sobreabundante”, definió el tribunal.
Por otra parte, el tribunal resolvió no hacer lugar al pedido de la defensa, de utilizar las redes sociales del exintendente para la transmisión del juicio, argumentando que los canales institucionales de la Corte y los diferentes medios de comunicación ya están transmitiendo cumpliendo el principio de publicidad.